El Acuerdo de Escazú y los pueblos indígenas de América Latina

Por: Iván Lanegra

19:10 | 28 de agosto de 2020.- Edwin Chota fue un dirigente indígena ashéninka de la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali, no muy lejos de la frontera peruano brasileña y a tres días de camino de Pucallpa. Por una década, Chota lidió con distintas autoridades, nacionales y regionales, exigiendo la titulación de sus tierras. Envió más de cien cartas y denunció -desde 2008 y con lujo de detalles- a las mafias de la tala ilegal que amenazaban sus bosques. El Estado no atendió su reclamo, pues años antes había otorgado concesiones forestales que se superponían con su territorio, sin haberles informado ni escuchado previamente. Así, Edwin Chota y otros tres ciudadanos indígenas fueron asesinados a inicios de setiembre de 2014. Y aunque en agosto de 2015, Saweto recibió finalmente los títulos de las 80,000 hectáreas de su territorio ancestral, los responsables de los crímenes siguen impunes [1].

En la actualidad, el reconocimiento del derecho humano al ambiente alcanza a toda América Latina. Sin embargo, el deterioro ambiental sigue siendo un grave problema en la región, debido a la ausencia de un soporte de políticas públicas eficaces y de alcance universal. Además, Latinoamérica es la región más desigual del mundo [2], condición que constituye un “obstáculo al desarrollo y a la garantía de los derechos y del bienestar de las personas” [3], subsistiendo un déficit en la provisión de los servicios y bienes consustanciales a los derechos de cualquier ciudadano. Ambos factores, la debilidad de las políticas públicas y las múltiples dimensiones de la desigualdad, han limitado la posibilidad de millones de latinoamericanos de gozar de un ambiente adecuado donde vivir.

La situación de los denominados derechos ambientales de acceso (a la información, a la participación y a la justicia ambiental) no es ajena a este patrón. Reconocidos por el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro (1992), los derechos de acceso son piezas claves de un modelo de gobernanza ambiental que entiende que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. En ese sentido, muchos países de la región han desarrollado legislación, entidades públicas y políticas en esta materia. No obstante, para millones de ciudadanos lo anterior sigue siendo una formalidad ineficaz y lejana. Y los frecuentes asesinatos de líderes ambientalistas e indígenas -como fue el caso de Edwin Chota y sus compañeros- es un triste recordatorio de esta situación [4].

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, debe ser comprendido en dicho contexto [5]. Como ha señalado António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, el objeto de este Acuerdo es “luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”.

Los “principales beneficiarios del Acuerdo son los grupos y comunidades más vulnerables”, destaca Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por lo que el nuevo instrumento internacional busca “incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados y de dar voz a quienes no la tienen, sin dejar a nadie atrás” [6]. En ese sentido, es importante aquí citar la definición de “personas o grupos en situación de vulnerabilidad” que recoge el Acuerdo. Este señala que por ellos se entienden “aquellas personas o grupos que encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos en el presente Acuerdo, por las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional de cada Parte y de conformidad con sus obligaciones internacionales” (Artículo 2, literal e).

La situación de los pueblos indígenas en la región no solo es una muestra de la desigualdad descrita, también es resultado de una larga historia de explotación, exclusión y discriminación [7]. Como ha reconocido el Banco Mundial, “la pobreza no es un rasgo natural de los pueblos indígenas, sino un subproducto de la prolongada historia de agresiones externas a sus valores y economías” [8]. La información disponible muestra que la proporción de hogares indígenas latinoamericanos “que viven actualmente en condiciones de pobreza duplica la proporción de hogares no indígenas, mientras que el número de hogares indígenas que vive en condiciones de pobreza extrema es 2,7 veces mayor y tres veces mayor en el caso de las personas que viven con menos de US$1,25 al día” [9]. No hay duda, por lo tanto, que los ciudadanos indígenas constituyen uno de los grupos vulnerables a los que alude el Acuerdo. Por otro lado, como destaca el preámbulo del nuevo instrumento internacional, la diversidad cultural es otra característica de América Latina y el Caribe, lo que nos lleva a considerar también la importancia de incorporar un enfoque intercultural en las políticas ambientales.

El Acuerdo de Escazú, entonces, tiene a los pueblos indígenas como un actor central. A ellos dedica dos referencias explícitas. En la primera, el artículo 5 del Acuerdo, dedicado a la accesibilidad a la información ambiental, establece que

“cada Parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones”. (numeral 4)

Entre dichos grupos vulnerables, señala el Acuerdo, están “los pueblos indígenas y grupos étnicos”, a quienes las partes garantizarán que “reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta” (numeral 5).

La segunda referencia expresa se encuentra en el artículo 7, dedicado a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Su numeral 15 establece que “en la implementación del presente Acuerdo, cada Parte garantizará el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”. Esta disposición es muy importante, pues deja en claro que el Acuerdo de Escazú no afecta la plena vigencia y aplicación de otros instrumentos internacionales que reconocen derechos de los pueblos indígenas, en particular el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La necesidad de adecuar las políticas ambientales en un contexto de diversidad cultural también es reconocida por el Acuerdo. Así, el numeral 9 del artículo 4 (disposiciones generales) indica que cada parte alentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los diversos idiomas usados en cada país. En consonancia, el numeral 6 del artículo 6, referido a la generación y divulgación de información ambiental, señala que las partes procurarán que dicha información sea difundida “en los diversos idiomas usados en el país”, debiendo elaborar formatos alternativos comprensibles para los grupos en situación de vulnerabilidad -que incluye a los pueblos indígenas–, a través de canales de comunicación adecuados.

Del mismo modo, en el numeral 7 del mismo artículo establece que los informes nacionales sobre el estado del medio ambiente “deben redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados considerando las realidades culturales”. En un sentido similar, el numeral 10 del artículo 7, señala que los estados establecerán las condiciones propicias para que la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales sea adecuada a las características culturales del público, mientras que el numeral 11 del mismo artículo indica que “cuando el público directamente afectado hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, la autoridad velará por que se facilite su comprensión y participación”. Asimismo, el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales también es considerado respecto del acceso a la justicia ambiental (artículo 8, numeral 4, inciso d). Finalmente, dentro de las medidas que pueden adoptar los estados en el campo del fortalecimiento de las capacidades (artículo 10) está el contar con “medidas específicas para personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como la interpretación o traducción en idiomas distintos al oficial” (numeral 2, inciso 3).

No debe olvidarse que las referencias a los grupos vulnerables presentes en el texto del Acuerdo incluyen a los pueblos indígenas.  En este orden de ideas, su artículo 4, numeral 5, establece que los estados asegurarán “que se oriente y asista al público —en especial a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad— de forma que se facilite el ejercicio de sus derechos de acceso”. Este principio general es desarrollado respecto del acceso a la información ambiental (artículo 5, numerales 3, 4 y 17), a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (artículo 7, numeral 14), así como al acceso a la justicia ambiental (artículo 8, numeral 5).

Es por lo expuesto que las organizaciones indígenas amazónicas más importantes se han pronunciado con mucha claridad a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú, sosteniendo que el mismo permitirá un mejor diálogo sobre cómo se planifican y se extraen los recursos naturales, incorporando a los diversos actores involucrados, siendo un punto clave para monitorear las decisiones que adopta cada gobierno en materia de protección ambiental [10]. El énfasis que pone el Acuerdo en el desarrollo de capacidades (artículo 10) es crucial, pues, como hemos visto, es un factor determinante al momento de hacer efectivos los derechos ambientales, tarea que puede ser apuntalada por la cooperación e intercambio de información entre los estados partes (artículos 11 y 12).

Quienes se oponen a la ratificación de Escazú, en cambio, están dando una señal muy negativa a la sociedad, en un momento que necesita de acuerdos amplios para superar la crisis generada por la pandemia del COVID-19.Por lo que, si no se pone el diálogo por delante, pueden agravarse los conflictos sociales alrededor del aprovechamiento de los recursos en tierras y territorios indígenas, con el lamentable resultado de una mayor violencia y de vulneraciones a los derechos humanos. Como ha afirmado Anita Ramasastry, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, Escazú “no solo ofrece garantías de buena gobernanza medioambiental y de derechos humanos, sino que también es un catalizador del desarrollo sostenible y de la conducta empresarial responsable en la región” [11].

Esperemos que la sensatez prime, y tanto los gobiernos como los parlamentos latinoamericanos comprendan lo urgente de transitar hacia un nuevo modelo de gobernanza ambiental.  “Veo un vacío. Siento un vacío. Sentimos nosotros en Saweto un vacío de las instituciones del gobierno del lado peruano, de nuestro gobierno”, decía Edwin Chota un año antes de su asesinato [12]. Ratificar el Acuerdo de Escazú puede ser un paso importante para llenar este doloroso vacío de nuestra sociedad.

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* Sobre el autor: 

Ivan Lanegra Quispe. Abogado por la PUCP. Profesor de Ciencia Política y Gobierno, de Gestión y Alta Dirección, así como en la especialización en Derecho Ambiental y los Recursos Naturales en la misma universidad. También es profesor de Ciencia Política en la Universidad del Pacífico.  Fue Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, y Adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Ha sido consultor de la OIT, del PNUD, del Banco Mundial y de la CEPAL. Es parte del roaster de expertos para la fase de consulta del MICI del Grupo BID. Presidió el Consejo Técnico-Consultivo del Senace. Fue miembro de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la PCM. Actualmente es el Secretario General de la Asociación Civil Transparencia.

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Referencias:

[1] Véase Zárate, Joseph (2018). Guerras del Interior. Lima: Debate.

Y Luna, Nelly y Castro, Aramís (2020). Saweto: La violencia de la impunidad en la Amazonía. Ojo Público.Recuperado de https://ojo-publico.com/1525/saweto-la-violencia-de-la-impunidad-en-la-amazonia

[2] Banco Mundial (2015). Latinomérica Indígena en el Siglo XXI. Washington, D.C.: Banco Mundial, p. 58.

[3] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019). Panorama Social de América Latina(LC/PUB.2019/22-P/Re v.1). Santiago: CEPAL, p. 21.

[4] Global Witness (2019). ¿Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Recuperado de https://www.globalwitness.org/documents/19767/Enemigos_del_Estado_ZjmrXWS.pdf

[5] Global Witness ha publicado los datos sobre asesinatos de defensores ambientales desde 2012, siendo América Latina la región con las peores cifras en todos los reportes. Para dicha entidad un factor que explica este resultado “es la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la región. Esto significa que hay muchos grupos que trabajan con personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y que monitorean y denuncian los abusos.”

[6] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe(LC/PUB.2018/8/-). Santiago: CEPAL, p. 5-8.

[7] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014). Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Síntesis (LC/L.3893/Rev.1). Santiago: CEPAL, p. 13-14.

[8] Banco Mundial. Op, cit., p. 58.

[9] Banco Mundial. Op, cit., p. 59.

[10] El pronunciamiento puede ser consultado en la siguiente dirección: http://aidesep.org.pe/sites/default/files/media/noticia/Pronunciamiento%20AIDESEP27720_v2%20%281%29.pdf

[11] La declaración puede ser consultada aquí: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26159&LangID=S

[12] El video de la entrevista puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=d6xcXPTlosw

COICA a la ONU: “Dejen los discursos vacíos y comprométanse a mantener, al menos, el 80% de la Amazonia de pie. Solo tenemos 10 años para reforestar”

Con motivo de la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ha enviado una Carta Abierta a los líderes de la ONU: “la tragedia de los incendios en esta época ya se ha convertido en una cruel tradición y nosotros estamos aquí, sin poder respirar entre el humo de los incendios en nuestros bosques o por la intensidad del Covid-19 en nuestros cuerpos”.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de COICA, firma la Carta Abierta a la ONU. Foto: COICA

Por: CAAAP

24 de septiembre de 2020.- La Amazonía grita, ¿ustedes la están escuchando? Así concluye la Carta Abierta enviada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) a los líderes de las Naciones Unidas, que vienen reuniéndose (virtualmente) con motivo de la 75ª Asamblea General. “Les pedimos que dejen los discursos vacíos y que se comprometan a mantener al menos el 80% de la Amazonia de pie y a que se reconozcan nuestros territorios para que podamos salvaguardar al menos la mitad de la tierra en la próxima década. Tenemos solamente 10 años para reforestar y a la vez llegar a la deforestación cero. Será difícil, pero no imposible”, se clama en otro de los párrafos.

En esta carta se piden, además y de forma tajante, acciones concretas y urgentes, así como responsabilidad. Responsabilidad porque estamos en “un punto de no retorno” y lo que viene sufriendo la Panamazonía tiene implicancias directas en la seguridad del clima y en la alimentación mundial. “Sean honestos de una buena vez”, se lee tras pedir que los discursos se sustenten en acciones.

El documento, firmado por José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la COICA, abre las puertas a la esperanza por “iniciar un diálogo constructivo” pues, entre otras muchas situaciones que se viven en la Amazonía, “no deja de ser irónico que en el pulmón del Planeta estemos usando máscaras para lidiar con el humo mientras buscamos controlarlo o buscando tubos de oxígeno para que nuestra gente sobreviva al cruel Covid-19”.

Asimismo, nuevamente y de forma muy directa se le pide a los líderes mundiales que se pare, que se dé marcha atrás, que se cambie el modelo económico depredador que está consumiendo no solo la Amazonía, sino el planeta: “este modelo de desarrollo está devorando la Amazonia y la salud de millones de personas. Las pandemias son solo un síntoma de un Planeta enfermo que necesita sanar. Se hace urgente restablecer el equilibrio y la armonía entre los seres humanos y la selva amazónica, y por ello necesitamos un nuevo acuerdo para la Madre Selva Amazónica para evitar más asesinatos, más deforestación e incendios, y así detener la sexta extinción y las pandemias que se ensañan con millones de vidas. Nosotros somos la Amazonia y sin nuestra cosmovisión el modelo de desarrollo existente es inviable”.

Esta es la carta completa.

Mensaje del Santo Padre con ocasión de la 75 Asamblea general de las Naciones Unidas

 

                                Foto:Vatican News

Escrito por IGLESIA ACTUALIDAD

25 de septiembre de 2020.- Ofrecemos a continuación el texto del videomensaje que el Santo Padre Francisco ha enviado a los participantes en la 75ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene lugar en Nueva York del 21 al 29 de septiembre de 2020:

Videomensaje del Santo Padre  https://youtu.be/jzetoNsAPhg 

Señor presidente,

¡La paz esté con Ustedes!

Saludo cordialmente a Usted, Señor presidente, y a todas las Delegaciones que participan en esta significativa septuagésima quinta Asamblea General de las Naciones Unidas. En particular, extiendo mis saludos al Secretario General, Sr. António Guterres, a los Jefes de Estado y de Gobierno participantes, y a todos aquellos que están siguiendo el Debate General.

El Septuagésimo quinto aniversario de la ONU es una oportunidad para reiterar el deseo de la Santa Sede de que esta Organización sea un verdadero signo e instrumento de unidad entre los Estados y de servicio a la entera familia humana.[1]

Actualmente, nuestro mundo se ve afectado por la pandemia del COVID-19, que ha llevado a la pérdida de muchas vidas. Esta crisis está cambiando nuestra forma de vida, cuestionando nuestros sistemas económicos, sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra fragilidad como criaturas.

La pandemia nos llama, de hecho, «a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección […]: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es».[2] Puede representar una oportunidad real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de una injusta repartición de los recursos. Pero también puede ser una posibilidad para una “retirada defensiva” con características individualistas y elitistas.

Nos enfrentamos, pues, a la elección entre uno de los dos caminos posibles: uno conduce al fortalecimiento del multilateralismo, expresión de una renovada corresponsabilidad mundial, de una solidaridad fundamentada en la justicia y en el cumplimiento de la paz y de la unidad de la familia humana, proyecto de Dios sobre el mundo; el otro, da preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento, dejando afuera los más pobres, los más vulnerables, los habitantes de las periferias existenciales. Y ciertamente será perjudicial para la entera comunidad, causando autolesiones a todos. Y esto no debe prevalecer.

La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de promover la salud pública y de realizar el derecho de toda persona a la atención médica básica.[3] Por tanto, renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos. Y si hay que privilegiar a alguien, que ése sea el más pobre, el más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos.

La crisis actual también nos ha demostrado que la solidaridad no puede ser una palabra o una promesa vacía. Además, nos muestra la importancia de evitar la tentación de superar nuestros límites naturales. «La libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral».[4] También deberíamos tener en cuenta todos estos aspectos en los debates sobre el complejo tema de la inteligencia artificial (IA).

Teniendo esto presente, pienso también en los efectos sobre el trabajo, sector desestabilizado por un mercado laboral cada vez más impulsado por la incertidumbre y la “robotización” generalizada. Es particularmente necesario encontrar nuevas formas de trabajo que sean realmente capaces de satisfacer el potencial humano y que afirmen a la vez nuestra dignidad. Para garantizar un trabajo digno hay que cambiar el paradigma económico dominante que sólo busca ampliar las ganancias de las empresas. El ofrecimiento de trabajo a más personas tendría que ser uno de los principales objetivos de cada empresario, uno de los criterios de éxito de la actividad productiva. El progreso tecnológico es útil y necesario siempre que sirva para hacer que el trabajo de las personas sea más digno, más seguro, menos pesado y agobiante.

Y todo esto requiere un cambio de dirección, y para esto ya tenemos los recursos y tenemos los medios culturales, tecnológicos y tenemos la conciencia social. Sin embargo, este cambio necesita un marco ético más fuerte, capaz de superar la «tan difundida e inconscientemente consolidada “cultura del descarte”».[5]

En el origen de esta cultura del descarte existe una gran falta de respeto por la dignidad humana, una promoción ideológica con visiones reduccionistas de la persona, una negación de la universalidad de sus derechos fundamentales, y un deseo de poder y de control absolutos que domina la sociedad moderna de hoy. Digámoslo por su nombre: esto también es un atentado contra la humanidad.

De hecho, es doloroso ver cuántos derechos fundamentales continúan siendo violados con impunidad. La lista de estas violaciones es muy larga y nos hace llegar la terrible imagen de una humanidad violada, herida, privada de dignidad, de libertad y de la posibilidad de desarrollo. En esta imagen, también los creyentes religiosos continúan sufriendo todo tipo de persecuciones, incluyendo el genocidio debido a sus creencias. También, entre los creyentes religiosos, somos víctimas los cristianos: cuántos sufren alrededor del mundo, a veces obligados a huir de sus tierras ancestrales, aislados de su rica historia y de su cultura.

También debemos admitir que las crisis humanitarias se han convertido en el statu quo, donde los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personales no están garantizados. De hecho, los conflictos en todo el mundo muestran que el uso de armas explosivas, sobretodo en áreas pobladas, tiene un impacto humanitario dramático a largo plazo. En este sentido, las armas convencionales se están volviendo cada vez menos “convencionales” y cada vez más “armas de destrucción masiva”, arruinando ciudades, escuelas, hospitales, sitios religiosos, e infraestructuras y servicios básicos para la población.

Además, muchos se ven obligados a abandonar sus hogares. Con frecuencia, los refugiados, los migrantes y los desplazados internos en los países de origen, tránsito y destino, sufren abandonados, sin oportunidad de mejorar su situación en la vida o en la de su familia. Peor aún, miles son interceptados en el mar y devueltos a la fuerza a campos de detención donde enfrentan torturas y abusos. Muchos son víctimas de la trata, la esclavitud sexual o el trabajo forzado, explotados en labores degradantes, sin un salario justo. ¡Esto que es intolerable, sin embargo, es hoy una realidad que muchos ignoran intencionalmente!

Los tantos esfuerzos internacionales importantes para responder a estas crisis comienzan con una gran promesa, entre ellos los dos Pactos Mundiales sobre Refugiados y para la Migración, pero muchos carecen del apoyo político necesario para tener éxito. Otros fracasan porque los Estados individuales eluden sus responsabilidades y compromisos. Sin embargo, la crisis actual es una oportunidad: es una oportunidad para la ONU, es una oportunidad de generar una sociedad más fraterna y compasiva.

Esto incluye reconsiderar el papel de las instituciones económicas y financieras, como las de Bretton-Woods, que deben responder al rápido aumento de la desigualdad entre los súper ricos y los permanentemente pobres. Un modelo económico que promueva la subsidiariedad, respalde el desarrollo económico a nivel local e invierta en educación e infraestructura que beneficie a las comunidades locales, proporcionará las bases para el mismo éxito económico y a la vez, para renovación de la comunidad y la nación en general. Y aquí renuevo mi llamado para que «considerando las circunstancias […] se afronten – por parte de todos los Países – las grandes necesidades del momento, reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres».[6]

La comunidad internacional tiene que esforzarse para terminar con las injusticias económicas. «Cuando los organismos multilaterales de crédito asesoren a las diferentes naciones, resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la promoción efectiva y protagónica de los más pobres en el entramado social».[7] Tenemos la responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones muy endeudadas.[8]

«Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas».[9] Este es el tiempo propicio para renovar la arquitectura financiera internacional.[10]

Señor presidente,

Recuerdo la ocasión que tuve hace cinco años de dirigirme a la Asamblea General en su septuagésimo aniversario. Mi visita tuvo lugar en un período de un multilateralismo verdaderamente dinámico, un momento prometedor y de gran esperanza, inmediatamente anterior a la adopción de la Agenda 2030. Algunos meses después, también se adoptó el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Sin embargo, debemos admitir honestamente que, si bien se han logrado algunos progresos, la poca capacidad de la comunidad internacional para cumplir sus promesas de hace cinco años me lleva a reiterar que «hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos».[11]

Pienso también en la peligrosa situación en la Amazonía y sus poblaciones indígenas. Ello nos recuerda que la crisis ambiental está indisolublemente ligada a una crisis social y que el cuidado del medio ambiente exige una aproximación integral para combatir la pobreza y combatir la exclusión.[12]

Ciertamente es un paso positivo que la sensibilidad ecológica integral y el deseo de acción hayan crecido. «No debemos cargar a las próximas generaciones con los problemas causados por las anteriores. […] Debemos preguntarnos seriamente si existe – entre nosotros – la voluntad política […] para mitigar los efectos negativos del cambio climático, así como para ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables que son las más afectadas».[13]

La Santa Sede seguirá desempeñando su papel. Como una señal concreta de cuidar nuestra casa común, recientemente ratifiqué la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal.[14]

Señor presidente,

No podemos dejar de notar las devastadoras consecuencias de la crisis del Covid-19 en los niños, comprendiendo los menores migrantes y refugiados no acompañados. La violencia contra los niños, incluido el horrible flagelo del abuso infantil y de la pornografía, también ha aumentado dramáticamente.

Además, millones de niños no pueden regresar a la escuela. En muchas partes del mundo esta situación amenaza un aumento del trabajo infantil, la explotación, el maltratado y la desnutrición. Desafortunadamente, los países y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto como uno de los denominados “servicios esenciales” en la respuesta humanitaria. Es triste ver cuán simple y conveniente se ha vuelto, para algunos, negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido.

Imploro, pues, a las autoridades civiles que presten especial atención a los niños a quienes se les niegan sus derechos y dignidad fundamentales, en particular, su derecho a la vida y a la educación. No puedo evitar recordar el apelo de la joven valiente Malala Yousafzai, quien hace cinco años en la Asamblea General nos recordó que “un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo”.

Los primeros educadores del niño son su mamá y su papá, la familia que la Declaración Universal de los Derechos Humanos describe como «el elemento natural y fundamental de la sociedad».[15] Con demasiada frecuencia, la familia es víctima de colonialismos ideológicos que la hacen vulnerable y terminan por provocar en muchos de sus miembros, especialmente en los más indefensos – niños y ancianos – un sentido de desarraigo y orfandad. La desintegración de la familia se hace eco en la fragmentación social que impide el compromiso para enfrentar enemigos comunes. Es hora de reevaluar y volver a comprometernos con nuestros objetivos.

Y uno de esos objetivos es la promoción de la mujer. Este año se cumple el vigésimo quinto aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer. En todos los niveles de la sociedad las mujeres están jugando un papel importante, con su contribución única, tomando las riendas con gran coraje en servicio del bien común. Sin embargo, muchas mujeres quedan rezagadas: víctimas de la esclavitud, la trata, la violencia, la explotación y los tratos degradantes. A ellas y a aquellas que viven separadas de sus familias, les expreso mi fraternal cercanía a la vez que reitero una mayor decisión y compromiso en la lucha contra estas prácticas perversas que denigran no sólo a las mujeres sino a toda la humanidad que, con su silencio y no actuación efectiva, se hace cómplice.

Señor Presidente,

Debemos preguntarnos si las principales amenazas a la paz y a la seguridad como, la pobreza, las epidemias y el terrorismo, entre otras, pueden ser enfrentadas efectivamente cuando la carrera armamentista, incluyendo las armas nucleares, continúa desperdiciando recursos preciosos que sería mejor utilizar en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para proteger el medio ambiente natural.

Es necesario romper el clima de desconfianza existente. Estamos presenciando una erosión del multilateralismo que resulta todavía más grave a la luz de nuevas formas de tecnología militar,[16] como son los sistemas letales de armas autónomas (LAWS), que están alterando irreversiblemente la naturaleza de la guerra, separándola aún más de la acción humana.

Hay que desmantelar las lógicas perversas que atribuyen a la posesión de armas la seguridad personal y social. Tales lógicas sólo sirven para incrementar las ganancias de la industria bélica, alimentando un clima de desconfianza y de temor entre las personas y los pueblos.

Y en particular, “la disuasión nuclear” fomenta un espíritu de miedo basado en la amenaza de la aniquilación mutua, que termina envenenando las relaciones entre los pueblos y obstruyendo el diálogo.[17] Por eso, es tan importante apoyar los principales instrumentos legales internacionales de desarme nuclear, no proliferación y prohibición. La Santa Sede espera que la próxima Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) resulte en acciones concretas conformes con nuestra intención conjunta «de lograr lo antes posible la cesación de la carrera de armamentos nucleares y de emprender medidas eficaces encaminadas al desarme nuclear».[18]

Además, nuestro mundo en conflicto necesita que la ONU se convierta en un taller para la paz cada vez más eficaz, lo cual requiere que los miembros del Consejo de Seguridad, especialmente los Permanentes, actúen con mayor unidad y determinación. En este sentido, la reciente adopción del alto al fuego global durante la presente crisis, es una medida muy noble, que exige la buena voluntad de todos para su implementación continuada. Y también reitero la importancia de disminuir las sanciones internacionales que dificultan que los Estados brinden el apoyo adecuado a sus poblaciones.

Señor presidente,

De una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores. Por ello, en esta coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa común y proyecto común. Es una tarea compleja, que requiere honestidad y coherencia en el diálogo, a fin de mejorar el multilateralismo y la cooperación entre los Estados. Esta crisis subraya aún más los límites de nuestra autosuficiencia y común fragilidad y nos plantea explicitarnos claramente cómo queremos salir: mejores o peores. Porque repito, de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores.

La pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro, o peor aún, uno contra el otro. Las Naciones Unidas fueron creadas para unir a las naciones, para acercarlas, como un puente entre los pueblos; usémoslo para transformar el desafío que enfrentamos en una oportunidad para construir juntos, una vez más, el futuro que queremos.

¡Y que Dios nos bendiga a todos!

Gracias Señor Presidente.

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[1] Discurso a la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre de 2015; Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de la ONU, 18 de abril de 2008.

[2] Meditación durante el momento extraordinario de oración en tiempo de epidemia, 27 de marzo de 2020.

[3] Cfr Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25.1.

[4] Carta Encíclica Laudato si’, 112.

[5] Discurso a la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre de 2015.

[6] Mensaje Urbi et Orbi, 12 de abril de 2020.

[7] Discurso a los Participantes en el Seminario “Nuevas formas de solidaridad”, 5 de febrero de 2020.

[8] Cfr ibíd.

[9] Ibíd.

[10] Cfr ibíd.

[11] Discurso a la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre de 2015.

[12] Cfr Carta Encíclica Laudato si’, 139.

[13] Mensaje a los participantes en el XXV período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1 de diciembre de 2019.

[14] Cfr Mensaje a la XXXI Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal, 7 de noviembre de 2019.

[15] Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 16.3.

[16] Cfr Discurso sobre las Armas Nucleares, Parque del epicentro de la bomba atómica, Nagasaki, 24 de noviembre de 2019.

[17] Cfr ibíd.

[18] Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, Preámbulo.

“A los seis meses de la Pandemia”: Mensaje del Cardenal Barreto

 

A principios de este año escuchábamos comentarios alarmantes de enfermedad y muertes que provenían de Europa a causa del Covid 19. Veíamos imágenes dramáticas que nos impactaban. La pandemia la observábamos lejos de nosotros.

Pero llegó el domingo 15 de marzo, a las 7 de la noche, cuando el Presidente Martín Vizcarra anunció el aislamiento social obligatorio en todo el Perú. Nos sorprendió a todos. Comenzamos una experiencia inédita en nuestras vidas y en la historia del Perú.

Al escribir estas líneas me sorprendo que llevemos seis meses en situación de confinamiento, con toque de queda y los domingos recluidos en nuestras casas. El contagio de la enfermedad comenzó a expandirse muy rápidamente. Las muertes de personas cercanas y queridas nos afectaban. No podíamos despedirnos de ellas. Nuestro luto y desconsuelo se acrecentaba.

El personal de salud, los miembros de la Policía Nacional del Perú, los servidores públicos continuaron trabajando. Un ejemplo heroico de servicio arriesgando sus vidas. También a ellos les llegó la enfermedad y la muerte.

Después del fuerte impacto emocional, la sociedad, en diversas formas, reaccionó solidariamente. Organizó el reparto de alimentos y comedores con programas de nutrición en los sectores periféricos de nuestras ciudades y poblaciones rurales. Después, ante la aguda escasez de oxígeno, se dieron numerosas iniciativas de la sociedad civil, de la Iglesia Católica y de las comunidades de fe, para conseguir Plantas generadoras de oxígeno medicinal que han invadido nuestro territorio nacional. Nunca imaginamos que esta pandemia iba a durar y hacernos sufrir tanto. Sin embargo los creyentes en Jesús creemos que todo sufrimiento unido al de Jesús nos lleva a resucitar a una vida nueva. Éste es el tiempo propicio para convertirnos personal y comunitariamente para despertar, levantarnos y ponernos a caminar juntos. El sufrimiento purifica nuestras intenciones y nos da la oportunidad experimentar una vida de resucitado al servicio de los demás.

Cuando empezábamos a despertar, como familia peruana, a fin de articular las numerosas muestras de solidaridad ante la actual crisis humanitaria; cuando nos estábamos ‘contagiando’ el entusiasmo, unos a otros, con la iniciativa pastoral de la Conferencia Episcopal Peruana RESUCITA PERÚ AHORA (RPA), lanzada el jueves 20 de agosto pasado, nos viene una tempestad política que a todos nos afecta, especialmente a aquellos que están sufriendo la pérdida de seres queridos, a los enfermos, a los desempleados, a los pobres y excluidos de nuestra sociedad.

Esta desestabilizante circunstancia política nos hace mirar a dos ‘palacios’ emblemáticos de nuestra democracia en el País: el Legislativo y el Ejecutivo. ¿Motivo? Un posible signo de corrupción. Confiamos en los organismos competentes investiguen el hecho.

La denuncia realizada nos deja perplejos. El desconcierto nos abruma aún más porque estamos sumidos en una pandemia que nos desborda. Nos preguntamos si RPA, esa luz de esperanza que veíamos al final del túnel, ¿era una simple ilusión?

Nos anima a seguir caminando juntos en la lucha frontal contra la corrupción que el Congreso de la República haya aprobado, por amplia mayoría, la reforma constitucional para impedir el acceso a aquellos sentenciados en primera instancia en las próximas elecciones generales.

En estos meses de confinamiento han mostrado que cualquier caso de corrupción se debe investigar, de manera eficaz y exhaustiva, sin afectar el orden democrático, la estabilidad social y política de nuestra Patria. Así, con serenidad y firmeza de espíritu participamos, con mayor ahínco, en la iniciativa RPA para vencer al Covid 19 y otras pandemias destructivas que afectan gravemente a nuestra sociedad como son la pobreza, la corrupción generalizada, la indiferencia y discriminación social.

No podemos olvidar a los más de treinta mil fallecidos. Miramos con ternura y compasión a los muchos miles de enfermos, desempleados, a los que padecen hambre, abandono y dolor.   

Desde esta mirada que nos sobrecoge y golpea, sentimos la necesidad de amar y servir a todos, incluidos los enemigos, que desean desestabilizar nuestras vidas y las de la sociedad. Sin duda es difícil hacerlo en la práctica y por eso mismo podemos decir que es un arte que se puede aprender y mejorar con respeto y dedicación.

El Papa Francisco el 27 de marzo 2020 en la Jornada de oración en tiempos de pandemia afirmó que “la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad”

Desde el comienzo de la pandemia la sociedad civil ha tenido y sigue teniendo gestos y acciones de solidaridad. El Poder Ejecutivo, los empresarios, las Comunidades de Fe, las organizaciones populares y diversas Instituciones públicas y privadas cumplieron su misión de servicio a los afectados.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados en estos seis meses todos reconocemos la necesidad urgente de articular estos esfuerzos en un cauce común que RPA ofrece. Nos alegra que el Poder Ejecutivo ofrezca la Estrategia Nacional frente al Covid 19 y que la sociedad civil organizada desde RPA apoye, de manera dialogante y armónica a la pronta superación del Covid 19 en nuestro País.

De esta forma el protagonismo es del conjunto de la comunidad nacional, privilegiando a las comunidades nativas de nuestra Amazonía, las poblaciones rurales y periféricas de las ciudades.

La conjunción de voluntades hace más eficaz toda acción que beneficie al bien común y así se muestra la fuerza de la solidaridad efectiva frente al Covid 19 en una primera instancia. Igualmente en este proceso de resurrección del País avanzamos hacia la consolidación de una sociedad con principios y valores éticos donde se respete la dignidad de toda persona humana.

En estos meses muchas personas se preocupan de los demás, de las familias que no tienen lo suficiente para vivir, de los desempleados, en los ancianos que viven en soledad, en los enfermos en los hospitales o en las casas. Hay personas que rezan y tratan de hacer llegar alguna ayuda… Esta es una buena señal que debemos mantener. No se trata solo de repartir sino de compartir la vida y la esperanza de resucitar. Damos gracias a Dios por despertar estos sentimientos en los corazones de muchos para ponerse al servicio de los demás, comenzando por nuestras propias familias.

RPA es la expresión del amor verdadero que se traduce en un servicio articulado incluyendo a todas las personas e instituciones que están en nuestro territorio. Este amor y servicio a la persona humana y al bien común nos hace fecundos y libres para animarnos mutuamente a transformar nuestra sociedad peruana. El Coronavirus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales, políticas, económicas, religiosas. Por eso la solidaridad igualmente no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales, políticas, económicas, religiosas.

Esta iniciativa pastoral RPA, ha despertado una ola de esperanza en la fuerza de la vida que supera toda adversidad. Y esta fuerza es expansiva, inclusiva y contagiante porque es la expresión de un amor que cura, sana y nos hace bien a todos. Nos transforma en personas para los demás.

Hoy cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir la vida para que vivamos con dignidad y justicia, nosotros y las generaciones futuras en nuestra Patria (Cfr.Deuteronomio 30, 19) Cuando elegimos la vida buscamos privilegiar a la persona humana y al bien común. Es decir que nuestros intereses pasan a un segundo plano porque “los otros”, los pobres, los descartables y excluidos, los que sufren, son los primeros en nuestra vida.  

Esta búsqueda del bien común nos exige la participación de todos. Como nos dice el Papa Francisco: “Si cada uno pone de su parte, y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel familiar, comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente”.

Nuestra mirada está puesta en Jesús resucitado presente en cada hermano y hermana, especialmente en los pobres y excluidos de la sociedad; en los enfermos y encarcelados; en los que lloran y viven tristes; en los que han perdido la esperanza.

Cuando dejamos de mirar a Jesús resucitado nos hundimos como el apóstol Pedro que caminaba sobre las aguas, invitado por Jesús, de pronto se comenzó a hundir y le gritó: “Sálvame Señor”. Y Jesús le tendió la mano y lo salvó. Ese grito brota incontenible desde la gran familia peruana: ¡Sálvanos Señor! Que nos hundimos en este mar agitado de nuestra vida social donde se experimenta la desesperación, el desánimo, el cansancio, los signos de enfermedad, muerte y corrupción.

Elegir la vida es una decisión consciente y libre de cada uno de nosotros. No podemos dejar que las circunstancias adversas nos desvíen del camino solidario de RPA y nos hundan en las aguas profundas y destructivas del miedo, la desesperación.

Somos familia “de todas las sangres”, de culturas milenarias y diversidad de razas que están presentes en el territorio nacional donde el 63% es amazónico. Y es en la familia donde experimentamos las esperanzas y alegrías de la vida, como también las angustias y tristezas. Sigamos caminando juntos asumiendo la responsabilidad de sumar no restar, unir, no dividir, en este tiempo oportuno para testimoniar con nuestras vidas y acciones la esperanza cierta que nos ofrece RESUCITA PERÚ AHORA.

Cardenal Pedro Barreto Jimeno, S.J.
Arzobispo Metropolitano de Huancayo

https://www.arzobispadodelima.org/2020/09/13/a-los-seis-meses-de-la-pandemia-mensaje-del-cardenal-barreto/ 

¿Cómo reparar el impacto de los pasivos ambientales en los PP. II.?

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Foto: IDL

Servindi, 11 de setiembre, 2020.- La legislación peruana sobre pasivos ambientales no ha logrado incorporar la perspectiva de daño y reparación con un enfoque étnico diferencial a pesar que afecta derechos fundamentales de los pueblos originarios del Perú.

Si bien se ha emitido recientemente el Decreto de Urgencia 022-2020 para fortalecer la identificación y gestión de pasivos ambientales la norma deja intacto el problema de la reparación de los pasivos ambientales.

Menos aún, se acerca al tema de la rehabilitación o restauración ecológica para una efectiva protección del medio ambiente lo que constituye temas de agenda pendiente en material ambiental y derechos humanos e indígenas.  

Así lo sostienen Julio Mejía y Juan Carlos Ruiz en un artículo en el que explican la necesidad de esfuerzos enfocados en una gestión integral de las áreas donde existe la necesidad y urgencia de reparación.

En muchos casos se trata de daños ambientales provocados por actividades extractivas que han ocsionado pérdida espiritual, social, cultural y patrimonial a los pueblos y comunidades circundantes.

Existe una huella de 8500 pasivos ambientales dejados por la antigua minería, la mayoría ubicados en Áncash, Cajamarca y Puno. Solo en Lima hay 693 de éstos pasivos.

En el caso de los pasivos ambientales generados por las actividades de hidrocarburos existe un inventario de más de 3000 pasivos, aún existen muchos más por identificar, según indica la Defensoría del Pueblo.

- Como se observó, las medidas de reparación pueden tener una amplia gama de posibilidades que pueden ir desde la implementación de medidas simbólicas hasta pecuniarias como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción, y las garantías de no repetición.

 

¿Cómo reparar el impacto de los pasivos ambientales en los pueblos indígenas?

Por Julio César Mejía Tapia y Juan Carlos Ruiz Molleda*

IDL, 11 de setiembre, 2020.- Recientemente se ha emitido el Decreto de Urgencia No 022-2020 (1) para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales. Si bien la norma nos parece positiva, deja sin resolver un problema que venimos arrastrando: la falta de reparación de los pasivos ambientales dejados por actividades extractivas realizados en territorios de pueblos indígenas. El problema es que los pueblos indígenas no tienen acceso a la reparación de estos pasivos, pues carecen de recursos para contratar estudios de abogados para exigir la reparación de los pasivos ambientales y la indemnización equitativa de la cual habla el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT.

¿Qué dice el D.U. No 022-2020?

- ¿Cómo se identifican a los responsables de los pasivos ambientales? Para la identificación del responsable se considerará la siguiente información:1. El instrumento de gestión ambiental aprobado; 2. La información que registre SUNARP, SUNAT, INDECOPI y SEACE; 3. Otro documento público o privado que permita la identificación del responsable.

- ¿Cuándo se inicia la gestión de los pasivos ambientales? Una vez aprobado el instrumento de gestión ambiental, el responsable inicia las acciones para la gestión del respectivo pasivo ambiental.

- ¿Quién asume el pasivo ambiental cuando no se encuentra al responsable? En los casos en los que no sea posible identificar a los responsables de la generación de los pasivos ambientales, las autoridades competentes asumen su gestión, sin perjuicio del derecho de repetición que puede ejercer contra dichos responsables. Es decir, el Estado asume su remediación.

- ¿Qué pasos seguirá el Estado para gestionar los pasivos ambientales? Como se señaló, es el Estado quien asume la gestión de los pasivos ambientales cuando no se pueda identificar a los responsables. Para ello la autoridad competente deberá realizar lo siguiente:

1. Determinar el órgano, unidad orgánica u organismo público adscrito encargado de la gestión del pasivo ambiental.
2. Elaborar el instrumento de gestión ambiental a través de un tercero.
3. Presentar el instrumento de gestión ambiental ante la autoridad ambiental sectorial competente para su evaluación y aprobación.
4. Ejecutar las acciones contenidas en el instrumento de gestión ambiental aprobado.

- ¿Cómo se financiará los pasivos ambientales asumidos por el Estado? Antes de la emisión del D.U. Nº 022-2020 las obligaciones que el Estado asumía eran financiadas por el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM). Sin embargo, este fue absorbido por el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) quien se encargará de la búsqueda de recursos provenientes de la cooperación financiera internacional, donaciones y otros mecanismos de financiamiento para la atención de los pasivos ambientales.

- Nuestras críticas al D.U. No 022-2020

- Omite abordar los pasivos ambientales como un daño que supone detrimento cultural, espiritual, social y patrimonial a los pueblos indígenas.

El artículo 4 del referido decreto- de forma similar a la legislación sectorial- define los pasivos ambientales de esta manera:

“Los pasivos ambientales son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, sitios contaminados y restos o depósitos de residuos, ubicados en el territorio nacional, incluyendo al zócalo marino, producidos por el desarrollo de actividades productivas, extractivas o de servicios, abandonadas; que afectan de manera real, potencial o permanente la salud de las personas, la calidad ambiental y/o la funcionalidad del ecosistema. (…) . Las autoridades sectoriales pueden precisar la definición de pasivos ambientales de acuerdo con la naturaleza y características propias de cada actividad sectorial, la cual debe ser concordante con lo establecido en el presente Decreto de Urgencia.”

Esta definición omite abordar los pasivos ambientales como un daño que supone detrimento cultural, espiritual, social, patrimonial, etcétera. Este decreto, al igual que la legislación sobre el tema, no encauza la perspectiva de reparación, a pesar de que un pasivo ambiental conlleva la afectación de uno o varios derechos fundamentales. En ese sentido, Beristaín Martín (2009) desarrolla la reparación como respuesta al daño en los casos ambientales (dicho daño es individual, colectivo y ecológico).

Para Martín las reparaciones son el conjunto de acciones que pueden garantizar los derechos de las víctimas, compensar las pérdidas, dignificar a las personas y comunidades afectadas y restituir, en la medida de lo posible, la situación anterior a las violaciones, promover la rehabilitación y evitar la repetición de los hechos. Es importante señalar que la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición constituyen medidas de reparación.

El Tribunal Constitucional exige la reparación integral de daños y que se proporcione asistencia legal a los afectados.

 

Un acercamiento a esta perspectiva para entender los pasivos ambientales como daños que deben ser reparados integralmente puede verse en la Sentencia del TC N° 00001-2012-PI, fundamento 54, (Caso Conga):

“En tal sentido, si la actividad empresarial genera daños estos no solo deben ser sancionado por la Administración, sino que deben generar una reparación directa, justa y proporcionada, a las personas directamente afectadas. Ello implica no solamente esperar, en virtud de la autonomía de la persona, a que demandas de indemnización sean interpuestas. Como la realidad lo ha demostrada en varias ocasiones, la desesperación de los ciudadanos, de la mano de otras circunstancias tales como bajos ingresos o desconocimiento de sus derechos, genera en ocasiones, que estos no hagan valer sus derechos en forma idónea. En tal sentido, es deber del Estado, brindar la estructura y presupuesto adecuado para que se brinde la orientación legal adecuada a fin de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Así, poner a disposición de los ciudadanos no solo información sino asistencia legal gratuita en los casos en donde los bajos ingresos de los pobladores así lo demanden. Por su parte, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de considerar los daños provocados de manera integral a fin de, si es que se determinara fehacientemente, ordenar el pago indemnizatorio proporcional a los daños sufridos”. (Énfasis nuestro).

Así, el TC entiende que cuando se generen daños, éstos deben generar una reparación directa, justa y proporcionada a las personas directamente afectadas; y cuando las victimas recurran ante el órgano de justicia, los operadores deben cumplir con el deber de considerar los daños provocados de manera integral.

Excluye de su aplicación a las actividades mineras y petroleras

 

El presente decreto de urgencia excluye las actividades de los subsectores de minería e hidrocarburos, centrándose en los pasivos ambientales generados por actividades productivas, extractivas o de servicios. Este decreto, como la mayoría de legislación sobre pasivos ambientales, no ha logrado incorporar la perspectiva de daño y reparación con un enfoque étnico diferencial, es decir, que tome en cuenta la peculiaridad de cada pueblo originario en el Perú; tampoco ha guiado sus esfuerzos en una gestión integral de las áreas donde existe la necesidad y urgencia de reparación, atendiendo a la pérdida espiritual, social, cultural y patrimonial. No se entiende tampoco el criterio de urgencia que se adopta, ya que creemos que los subsectores minería e hidrocarburos exigen pronta atención y fortalecimiento de la gestión de los mismos.

¿Tienen los pueblos indígenas el derecho a la reparación de los pasivos ambientales ubicados en sus territorios?

 

Los pueblos indígenas que viven en zonas impactadas por pasivos ambientales tienen derecho, no sólo a la reparación del derecho violado, sino que gozan del derecho a saber quién o quiénes son los responsables de estos pasivos ambientales, quiénes lo permitieron; así como saber la magnitud de los daños y los impactos generados en su hábitat y el por qué el Estado no asumió su función de garante de los derechos fundamentales.

El derecho a la reparación está reconocido en todo derecho fundamental

Todo derecho fundamental tiene como contenido constitucional implícito el derecho a la reparación del derecho violado. El fundamento normativo de esta obligación de restituir la violación del derecho se encuentra en la obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales (dimensión objetiva), a la cual hace referencia el artículo 44 de la Constitución. Esta obligación se concreta en impedir la afectación de los derechos, y si esta violación se ha verificado, en garantizar su reparación. Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Velásquez Rodríguez, el Estado tiene la obligación de:

“(…) organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos (…) y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos” (párrafo 164).

Ciertamente, en caso de irreversibilidad del derecho violado, procede la indemnización. Esta restitución solo será posible si es que es reversible la violación; de lo contrario, se deberá recurrir al derecho a la indemnización.

En efecto, el derecho 28.1 de la propia DNUDPI señala claramente que cuando la reparación y/o restitución ello no sea posible, procede la indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido dañados.

El derecho fundamental a disfrutar un ambiente adecuado y equilibrado como fundamento de la obligación de reparación de los pasivos ambientales.

 

Este derecho está reconocido de manera general en el artículo 2 inciso 22 de la Constitución y en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador; y de manera específica en lo que atañe a los pueblos indígenas, en el artículo 7.4 del Convenio 169 de la OIT, que precisa: “Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”.

También tenemos el artículo 4.1 del mencionado Convenio que precisa: “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar (…) el medio ambiente de los pueblos interesados (indígenas)”; y el artículo 29.1 de la DNUDPI, reconoce que “los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos”. Añadiendo esta disposición que “los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación”.

Más concretamente, el fundamento de esta obligación de reparación estaría contenido dentro de la obligación estatal de preservar el medio ambiente (STC N° 3510-2003-AA, fundamento 2.d). Según el Tribunal Constitucional (TC):

«El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado, entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute» (3510-2003-AA, fundamento 2.d). Añade en otra oportunidad que «El artículo 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo…» (3510-2003-AA, fundamento 2.f).

Posteriormente, en la sentencia del expediente N° 00012-2019-PI/TC, fundamento 67, señala que:

“El uso sostenible obliga a la tarea de rehabilitar aquellas zonas que hubieren resultado afectadas por actividades humanas destructoras del ambiente y, específicamente, de sus recursos naturales. Por ende, el Estado se encuentra obligado a promover y aceptar únicamente la utilización de tecnologías que garanticen la continuidad y calidad de dichos recursos, evitando que su uso no sostenido los extinga o deprede.”

Con lo dicho, siendo el cuidado del medio ambiente un derecho fundamental, exige el deber de reparación cuando éste es dañado.

El deber de mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-23/17, párrafo 172, ha interpretado que los Estados parte deben asegurar que se tomen las medidas apropiadas para mitigar el daño, valiéndose para ello de la mejor tecnología y ciencia disponible, las mismas que se deben tomar inmediatamente, incluso si se desconoce cuál es el origen de la contaminación. Un ejemplo de las medidas señaladas son las siguientes:

“(i) limpieza y restauración dentro de la jurisdicción del Estado de origen; (ii) contener el ámbito geográfico del daño y prevenir, de ser posible, que afecte otros Estados; (iii) recabar toda la información necesaria del incidente y el peligro de daño existente; (iv) en casos de emergencia respecto a una actividad que puede producir un daño significativo al medio ambiente de otro Estado, el Estado de origen debe, sin demora y de la forma más rápida posible a su disposición, notificar al Estado que posiblemente se vea afectado por el daño; (v) una vez notificados, los Estados afectados o potencialmente afectados deben tomar todas las medidas posibles para mitigar y de ser posible eliminar las consecuencias del daño, y (vi) en caso de emergencia, además se debe informar a las personas que puedan resultar afectadas.”

Esta responsabilidad estatal se fundamenta en que los daños ambientales pueden afectar todos los derechos humanos, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio sano y adecuado para el desarrollo de la vida en forma individual y colectiva.

El parámetro para evaluar el impacto de los pasivos ambientales en los pueblos indígenas

Para finalizar fijamos como parámetro lo que la Corte Constitucional de la Republica de Colombia ha denominado como etno-reparaciones. En el caso fumigación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea de glifosato (Sentencia T-080/17), se configuró una especie de daño inmaterial que hacía imposible asignar un equivalente monetario preciso, y teniendo en cuenta los valores afectados de orden cultural y religioso, se estimó necesario acudir a la modalidad de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha descrito como “(…) la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos”.

Señaló también que tanto los tribunales internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la academia y organizaciones no gubernamentales han ido construyendo un procedimiento y una serie de criterios para determinar e implementar medidas de reparación a comunidades étnicas (etno-reparación) basadas en el Convenio 169 de la OIT. Los profesores César Rodríguez Garavito y Yukyan Lam han sintetizado dichos planteamientos en cuatro criterios. A saber:

“1) A lo largo de todo el proceso de determinación de las medidas de etno-reparación, es necesario consultar con el grupo étnico que, a su vez, debe retener cierto nivel de control sobre su implementación; 2) las medidas de reparación tienen que respetar la identidad cultural particular del grupo étnico; 3) las etno-reparaciones siempre deben tomar en cuenta la dimensión colectiva de las violaciones y las medidas de reparación; 4) para que las reparaciones sean eficaces, la determinación de las medidas de reparación debe partir de lo específico y debe ser enfocada hacia la satisfacción de las necesidades del grupo étnico”.

En la Sentencia T-733-17, La Corte Constitucional colombiana advierte que los perjuicios derivados de daños ambientales requieren la adopción de medidas de reparación que tuvieran una dimensión colectiva, para lograr una verdadera reparación integral. En ese sentido, refirió:

“La operatividad de los diferentes mecanismos de reparación (reparación in natura, indemnización y satisfacción) debe corresponderse con la doctrina que busca la reparación integral, pero no la reparación ilimitada, lo que ha sido una constante cuando se trata de reparar los perjuicios ocasionados como consecuencia de daños ambientales, ya que por su dimensión se exige utilizar no sólo la indemnización como mecanismo, sino que puede contarse con medidas que con carácter colectivo tengan la virtud de constituirse en una reparación in natura, o en una reparación por equivalente y de carácter colectivo, como la pedida en la demanda de reubicación, e incluso cabía el establecimiento de un “Fondo Especial” con el que se debía buscar que los recursos públicos fueran canalizados para mejorar las condiciones de vida, ambientales y sanitarias de los miembros del grupo afectado (o de los afectados), de manera que se atendiera no sólo la problemática actual, sino aquella que de manera continuada pueda persistir por la propia naturaleza de los daños ambientales, ya que muchos de sus efectos no se manifiestan temporal y espacialmente en un solo momento, y demandarán una atención a medio y largo plazo”.

Palabras finales

- Los pasivos ambientales vulneran derechos fundamentales. Lamentablemente, en la actualidad la legislación peruana sobre pasivos ambientales no ha logrado incorporar la perspectiva de daño y reparación con un enfoque étnico diferencial que tome en cuenta la peculiaridad de cada pueblo originario en el Perú, ni mucho menos logra un acercamiento al tema de rehabilitación o restauración ecológica para una efectiva protección del medio ambiente.

- Se necesita que los esfuerzos estén enfocados en una gestión integral de las áreas donde existe la necesidad y urgencia de reparación, atendiendo a la pérdida espiritual, social, cultural y patrimonial que han sufrido los pueblos originarios circundantes por el daño ambiental producido debido a diversas actividades como las extractivas, cuya huella son 8500 pasivos ambientales de la antigua minería. La mayoría de ellos están ubicados en Áncash, Cajamarca y Puno. En Lima, hay 693 de éstos. En el caso de los pasivos ambientales de hidrocarburos, aunque se encuentran inventariados más de 3000, aún existen muchos más por identificar, según la Defensoría del Pueblo.

- Como se observó, las medidas de reparación pueden tener una amplia gama de posibilidades que pueden ir desde la implementación de medidas simbólicas hasta pecuniarias (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición), a fin de proteger los derechos fundamentales de los pueblos étnicos, en particular, su derecho a la supervivencia física, cultural y espiritual.

- Atendiendo a esto, las medidas de reparación, así como todas las medidas que puedan afectar a los pueblos originarios (art. 6º Convenio 169 de la OIT), tienen que ser consultadas con ellos. La identidad cultural de la comunidad debe guiar la determinación de las medidas de reparación, así como su forma de implementación.

Nota:

(1) El Decreto puede verse aquí: https://bit.ly/2ZwUr1D

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*Julio César Mejía Tapia es investigador y representante de Naturaleza y Etnoderechos (NAED) y Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado y coordinador del área de Justicia Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL)

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Fuente: IDL: https://bit.ly/3m9MOIl