Cuando la moda se apropia de los conocimientos ancestrales: El extractivismo cultural y la desprotección de los saberes indígenas en el Perú

 Por Miriam Tovar (*) y Daniela Pulido (**)

Idehpucp, 11 de diciembre, 2024.- Las recientes declaraciones de la diseñadora Anis Samanez durante el evento «Orígenes 2024» han reabierto un debate sobre cómo la industria de la moda utiliza los diseños y conocimientos de los pueblos indígenas sin una justa retribución. Durante el conversatorio, Samanez compartió su experiencia al intentar acercarse al arte kené de los shipibo-konibo, haciendo comentarios controvertidos sobre la negativa de la comunidad a enseñarle sin compensación económica y expresando que, como peruana nacida en la costa, no debería ser tratada de manera diferente.

Estas afirmaciones, que sugieren que los saberes tradicionales deberían compartirse gratuitamente, revelan un problema más profundo: el extractivismo cultural que caracteriza a la industria de la moda global. Esta práctica implica la apropiación y explotación de conocimientos, técnicas y expresiones ancestrales sin el debido consentimiento, reconocimiento o compensación. El caso es particularmente sensible cuando se trata del arte kené, un diseño que trasciende lo estético al ser una manifestación de la cosmovisión shipibo-konibo, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en 2008.

La presente nota aborda los antecedentes de casos similares relacionados a la apropiación cultural en la industria de la moda peruana, los intentos legislativos por proteger estos conocimientos ancestrales, y analiza el marco normativo actual que busca salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas sobre dichos conocimientos.

Antecedentes

La apropiación indebida del patrimonio cultural de los pueblos indígenas representa una problemática recurrente en el Perú. No hace mucho, en 2018 la empresa nacional textil Kuna fue denunciada por el uso no autorizado de los diseños kené del pueblo shipibo-konibo. Este caso provocó que el Consejo Shipibo Konibo Xetebo (COSHIKOX) se pronunciara públicamente, denunciando la apropiación ilícita del conocimiento ancestral shipibo y exigiendo medidas para la protección de sus conocimientos tradicionales. La situación puso en evidencia la vulnerabilidad del patrimonio cultural indígena frente a una explotación comercial que ni reconoce ni compensa esta cultura.

En respuesta a esta y otras situaciones similares, en octubre de 2018 se presentó el Proyecto de Ley 3546/2018-CR, impulsado por la congresista Tania Pariona Tarqui. Esta iniciativa legislativa buscaba establecer un régimen integral de protección, reconocimiento y promoción de los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. El proyecto contemplaba aspectos fundamentales como el consentimiento informado previo de las comunidades, la distribución justa de beneficios y mecanismos para prevenir la apropiación indebida del patrimonio cultural indígena. Sin embargo, pese a su importancia, la propuesta fue archivada en 2021, dejando un vacío en la protección legal de estas expresiones culturales.

La ausencia de un marco normativo efectivo constituye una de las principales razones por las cuales este problema persiste, permitiendo que las comunidades indígenas sigan enfrentando casos de apropiación cultural en la actualidad. Un ejemplo reciente es el protagonizado por la diseñadora Anis Samanez, que representa un nuevo episodio en la compleja relación entre la industria de la moda y los derechos culturales de los pueblos originarios.

La ausencia de un marco normativo efectivo constituye una de las principales razones por las cuales este problema persiste, permitiendo que las comunidades indígenas sigan enfrentando casos de apropiación cultural en la actualidad.

Normativa nacional e internacional: ¿los saberes tradicionales se encuentran realmente protegidos?

Es fundamental reconocer que toda manifestación de la creatividad e intelecto del ser humano califica bajo el concepto de ‘propiedad intelectual’, un derecho fundamental reconocido por instrumentos fundamentales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 27), la Constitución Política del Perú de 1993 (artículo 2, inciso 8), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 31). Este último instrumento reconoce específicamente el derecho de los pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales, incluyendo el derecho a mantener y desarrollar su propiedad intelectual sobre dicho patrimonio cultural.

En el ámbito internacional, el marco de protección se ha fortalecido significativamente en años recientes. El Tratado de la OMPI sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados de 2024, firmado por el Perú, representa un avance crucial al establecer un sistema obligatorio de divulgación en solicitudes de patentes. Este instrumento exige que se declare el origen de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, y se identifique a los pueblos indígenas involucrados, implementando además mecanismos concretos de protección y sanción contra la apropiación indebida de conocimientos tradicionales. El tratado refleja un reconocimiento creciente de la necesidad de proteger estos conocimientos no solo como propiedad intelectual, sino como elementos fundamentales de la identidad cultural y el desarrollo económico de los pueblos indígenas.

A nivel nacional, el Perú ha desarrollado un marco normativo específico a través de la Ley 27811, que, si bien establece un régimen de protección, se limita exclusivamente a los conocimientos colectivos vinculados a recursos biológicos. Este marco incluye medidas como un sistema de registros administrado por INDECOPI y mecanismos de consentimiento fundamento previo, entre otras disposiciones, todas enfocadas únicamente en recursos biológicos. Además, la ley establece objetivos fundamentales como la promoción del respeto, la preservación y el uso extendido de los conocimientos colectivos indígenas, la garantía del consentimiento fundamentado previo y el fortalecimiento de los mecanismos para compartir equitativamente los beneficios generados colectivamente.

Sin embargo, la realidad demuestra que la protección efectiva de los conocimientos tradicionales sigue siendo insuficiente. Existe una fragmentación significativa en la protección legal, donde solo ciertos tipos específicos de conocimientos (como aquellos vinculados a recursos biológicos) cuentan con mecanismos de protección establecidos, mientras que gran parte del patrimonio cultural y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas permanece sin una protección efectiva. Esta situación se agrava por el hecho de que los mecanismos tradicionales de propiedad intelectual no se ajustan adecuadamente a la naturaleza colectiva y transgeneracional de los conocimientos indígenas.

A nivel nacional, el Perú ha desarrollado un marco normativo específico a través de la Ley 27811, que, si bien establece un régimen de protección, se limita exclusivamente a los conocimientos colectivos vinculados a recursos biológicos.

Conclusiones

Las comunidades indígenas del Perú, como los shipibo-konibo, continúan enfrentando grandes desafíos para proteger su patrimonio cultural frente a prácticas extractivistas. Es fundamental reconocer que la protección de los conocimientos tradicionales no es una opción, sino un derecho que debe ser respetado y garantizado. Los nuevos marcos normativos, tanto nacionales como internacionales, nos exigen rechazar el extractivismo cultural y construir relaciones verdaderamente equitativas con los pueblos indígenas, lo que implica asegurar no solo el reconocimiento formal de sus derechos, sino también una retribución justa por el uso de sus conocimientos, técnicas y expresiones culturales. Solo así podremos avanzar hacia un modelo que respete genuinamente la diversidad cultural y la dignidad de los pueblos indígenas.

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(*) Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asistente Académica del IDEHPUCP.

(*) (*) Miembro del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.

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Fuente: Publicado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP): https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/cuando-la-moda-se-apropia-de-los-conocimientos-ancestrales-el-extractivismo-cultural-y-la-desproteccion-de-los-saberes-indigenas-en-el-peru/

Ni negreros, ni populistas. un salario mínimo vital justo

 2. 12. 2024

Por: Rudecindo Vega Carreazo

La determinación del salario mínimo vital (SMV) en Perú es, usualmente, una decisión política del gobierno de turno sin importar la tendencia política del mismo; las partes (empleadores y trabajadores) nunca se han puesto de acuerdo, supeditarlo a ello es estancarlo, que no se ajuste ni tenga incrementos. La decisión política de aumentarlo, guste o no, obedece a la falta de acuerdo entre las partes. Asimismo, por más fórmulas que se elaboren para dotarlo de cierta evaluación técnica, resulta también siendo política según los criterios que se seleccionen para elaborar la formula. Así ocurre en el Perú y otros países, determinar el SMV es una decisión política gubernamental, a veces siguiendo una metodología técnica, otras veces tomándola de manera parcial, y muchas veces sin tomarla en cuenta; pero siempre, porque las partes nunca se ponen o pusieron de acuerdo.

En Perú existe una formula regulada desde el año 2007, es una formula parcial, que se ha aplicado parcialmente. En todos los aumentos, la decisión política ha sido determinante. Hoy existe un incremento desatendido hace años, el gobierno, mandándolo al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), ha ganado tiempo a consta de los ingresos y tiempo perdido de los trabajadores. Como siempre ocurre en el CNT, una mecedora paralizante, el aumento fue enviado a revisión técnica y el acuerdo nunca prosperó. Hace tiempo debió ser resuelto por el gobierno, el Ministerio de Trabajo, intencionalmente, la hace larga, para orientar una decisión destinada a la baja, a propiciar un aumento mínimo del mínimo. Para los trabajadores su discurso será que hubo aumentó y para los empresarios que fue mínimo.

Estas semanas han proliferado artículos y mensajes en medios y redes sociales abordando el SMV, para presionar al gobierno y procurar un irrisorio incremento, algunos difunden un estudio del BCR denominado “La actualización del salario mínimo vital en el Perú” (R. Castellares, C. Mendiburu y O. Ghurra), de setiembre último, “casualmente”, coincide con el desacuerdo del CNT; es muy citado, cual “verdad técnica”, para desmerecer el aumento:

El estudio precisa que “tomando como punto de partida el año 2007, cuando se aprobó la fórmula de actualización, la RMV teórica para 2023 sería de S/ 726. La RMV actual de S/ 1 025 excedería en un 41 por ciento a la RMV teórica, lo cual sugiere una sobreestimación en la aplicación de la fórmula. Esto podría deberse a la toma de decisiones influenciadas por factores políticos o por la sobreestimación de datos no observables (productividad)”. Añade, además que la RMV vigente “representa el 40% del producto bruto interno (PBI) mensual por habitante y el 57% del ingreso promedio de los trabajadores dependientes que trabajan a tiempo completo (40 o más horas semanales). Tener una RMV cercana al ingreso promedio podría redundar en mayores niveles de informalidad laboral, menores beneficios sociales y un mayor desempleo de aquellos trabajadores menos calificados.” 

En rigor, el estudio del BCR, afirma que la RMV teóricamente en el Perú debería ser 726 soles y no los 1025 soles efectivos actuales, dando entender que lo efectivo es político y lo teórico es técnico. Volvemos a precisar, la fórmula creada el 2007 y que el BCR utiliza es política, su teorización o tecnicismo son totalmente políticos. Me explico, la fórmula del 2007 para determinar el aumento del SMV se guía, grosso modo, por 2 factores, inflación y productividad. Otros países utilizan otros criterios y nosotros también podríamos diseñar otro tecnicismo y teorización, por ejemplo: relacionar SMV con utilidades de la empresa, con la canasta básica familiar, crecimiento económico, jornada laboral, PBI per cápita, línea de pobreza, etc. La fórmula del 2007 no es una panacea ni teórica ni técnica es una decisión política de ese momento que puede modificarse en la actualidad. 

El BCR se ha erigido en la autoridad de los precios justos, ojalá también aporte para tener SMV justo. Que su aporte de actualizar, a su manera, una fórmula de aumento de la RMV teórica señale que es menor en 41% a la vigente, justo cuando el gobierno debe definir el aumento actual, es jugar en pared, con la agresiva estupidez presidencial de los “10 solcitos para preparar sopa, segundo y postre”. Los 726 soles “descubiertos” por el BCR como RMV teórica, bastan y sobran para alimentar 2 familias. Ojalá el BCR sea proactivo y aporte otra fórmula que contemple el equilibrio entre “equidad (protección contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas) y eficiencia (minimizar distorsiones sobre el mercado laboral)” y, nos permita, un SMV justo, acorde con el crecimiento económico y el empleo decente. 

En Perú el SMV tiene alcance limitado en el mercado laboral: en el mercado formal, los trabajadores tienen remuneraciones por encima del SMV; en el informal (78%) por debajo del SMV. En las economías criminales, mercado negro sin derechos, las remuneraciones son mayores que en el mundo formal. Aumentar el SMV es factor lejano a los grandes gremios empresariales y sindicales, aun cuando ellos centralizan y concentran el debate. Los trabajadores que padecen el SMV, preocupados en su sobrevivencia, no están sindicalizados y los grandes gremios empresariales casi nada tienen que ver con ellos. Debatir sobre el valor del SMV más parece herencia de una vieja confrontación ideológica prolongada desde la guerra fría, que verdadera preocupación por el crecimiento económico con empleo decente en el Perú. Nunca fue ni es una discusión técnica, querer darle cariz teórico o técnico es engañar con fines más perversos que santos.

Aumentar el SMV, genera debates políticos, gubernamentales y gremiales, usualmente polariza a empleadores y trabajadores, gremios empresariales y sindicales. Hoy se ha prolongado demasiado el aumento y se alarga el debate para hacer que sea mínimo del mínimo. Lo viví el 2011, cuando desde el Ministerio, decidimos determinar los “alcances técnicos” de la formula del 2007 que sirvió de marco para los aumentos del 2011 y 2012, la presión empresarial para que no prospere, se alargue y sea lo menor posible, fue muy articulada a una presión interna gubernamental, ciertamente, logramos hacer realidad una oferta de campaña y, ciertamente, ellos lograron que sea en 2 tramos, mitad el 2011 y mitad el 2012. Ojalá el Ministerio de Trabajo resuelva pronto el tema, mientras más días pasen, es en desmedro de la acotada clase trabajadora que “vive o sobrevive” con ese SMV. No hay espacio para los negreros que quieren salarios bajos ni para los populistas que quisieran salarios ajenos a nuestra realidad; pero si existe un gigantesco margen para definir un SMV justo.

El LUM otra vez en la mira

 Por: Isabel Coral Cordero/30. 09. 2024

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social-LUM, enfrenta una nueva ofensiva, con el mismo discurso descalificador y la voluntad expresa de deslegitimarla ante la opinión pública, con fecha 19 de setiembre, mediante un oficio la parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, presenta formalmente su petición al Ministerio de Cultura, solicita nada menos que la modificación del guion museográfico del LUM, pide cambios en el recorrido del museo por ofrecer información sesgada, argumenta que la exposición del LUM no incluye los testimonios ni las voces de los actores que lucharon por la paz, como era de esperarse la reacción del ministro fue inmediata, dándole tramite a la solicitud.

Pero este no es un hecho aislado: se trata de un hostigamiento cíclico pero persistente. Inclusive desde su creación, el LUM no estuvo libre de controversias; las mismas que enfrentó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación CVR tuvieron continuidad en el LUM en el mismo sentido. La misma congresista Moyano, con ocasión de la entrega del Informe Final de la CVR, organiza una vigilia en contra, sancionando en una conferencia de prensa que se trata de un evento político y lo único que ha logrado es dividir a la población.

El 17 de mayo de 2018, el General Donayre, también congresista conservador y también detractor de la CVR, trama una visita guiada en el museo, al que asiste disfrazado y camuflado como turista extranjero y termina denunciando a su guía por hacer apología al terrorismo. Difunde un video en los medios de comunicación, acusando al LUM de hacer apología al terrorismo. Desde entonces, la campaña de desprestigio, hostilidad y el terruqueo quedó instalada. El fujimorismo y los sectores conservadores criticaron la supuesta visión parcializada del proceso de violencia política, omitiendo el rol de las FFAA en la lucha antisubversiva y acusándolo de ser un espacio donde se hace apología al terrorismo.

El LUM, fundamentos conceptuales y avances 

El Estado decidió en el 2009 encargar a una Comisión de Alto Nivel la organización y puesta en marcha de un Lugar de la Memoria que albergara la historia de lo sucedido en el periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000. "Este encargo tenía un doble propósito: enfrentar la intolerancia que se tradujo en violencia del terror y dignificar a los miles de víctimas de la violencia". Hemos hecho de esa complejidad precisamente nuestro punto de partida, trabajando para construir un enfoque amplio que exprese el sentir de todos: de quienes fueron víctimas civiles, militares o policías, ya fuera por actos terroristas o por agentes del Estado. Bajo esa mirada, estamos construyendo un espacio vivo, para el recogimiento, la reflexión y el análisis que contribuya a la formación de una ciudadanía que respete los derechos humanos y cuestione la persistencia de la exclusión, la discriminación y la intolerancia en nuestra sociedad". Diego García Sayán, presidente del Proyecto LUM 

El LUM es ya el canal que puede ofrecer a la ciudadanía una presentación del pasado que no es estéril, que es capaz de "albergar la historia de lo sucedido en el periodo de violencia iniciado en 1980" (LMTIS 2012). Hoy quiere ser un espacio dinámico que no pretende consensuar una sola memoria, pero sí, como proyecto cívico y pedagógico cultural, tender puentes entre los diferentes actores, con el fin de generar un espacio que, partiendo del reconocimiento de las experiencias y memorias de los otros, propicie nuevas formas de convivencia y coexistencia social en el presente. Denise Ledgard, directora nacional del LUM.

Las principales autoridades del LUM en el proceso de su construcción, nos cuentan en el libro "Cada uno un lugar de memoria: Fundamentos conceptuales del lugar de la Memoria, la Tolerancia y la inclusión social", trabajado bajo su dirección por Ponciano del Pino y José Carlos Agüero, todo lo complejo que ha sido y es este proceso en el que quisiéramos destacar el carácter altamente plural, participativo y dialogante del mismo y el alto sentido de apertura, movimiento y cambio de los procesos.

Que hay detrás de esta hostilidad y controversia

El fujimorismo y los sectores conservadores quieren intervenir el LUM, quieren coparlo, instrumentalizarlo para sus fines particulares; de no lograrlo, seguramente preferirán desaparecerlo inclusive. Lo hicieron en la dictadura de los 90 y lo están repitiendo en la actualidad. Son ellos los que gobiernan a través del instrumento Dina Boluarte.

Buscan copar, controlar y subordinar entidades del estado, También lo hacen con entidades de la sociedad civil, como las ONG, los productores de cine, los medios de comunicación, los y las líderes y sus organizaciones. Toda acción independiente y de resistencia es contraproducente para sus fines políticos.

En el caso específico del LUM, más aún ahora, después de la desaparición de su líder histórico, están interesados en institucionalizar una memoria edulcorada de su líder y de las Fuerzas del Orden, presentándolos como héroes y a la vez artífices de la paz y el desarrollo. Los salvadores.

Experiencia en esto tienen; como nos cuenta Jo-Marie, la propia Martha fue la operadora de la instrumentalización de la memoria de María Elena: "Al mismo tiempo, el Estado trató de apoderarse de la memoria de Moyano, y lo desplegó como un elemento legitimador de sus políticas". En esta nueva narrativa, enfatiza la condición de María Elena como víctima de Sendero Luminoso, ignora sus críticas a la política neoliberal de Fujimori, y silencia su activismo e ideales de izquierda.

En el marco de la ceremonia por el 21 aniversario de la entrega del informe de la CVR en el que recibió un merecido homenaje, Salomón Lerner Febres, ex presidente de la CVR, nos recuerda la importancia de seguir construyendo la memoria histórica para evitar que las atrocidades del pasado se repitan, El LUM encarna el espíritu de la CVR donde se conserva no solo la memoria de lo que vivió el país, sino también la esperanza de que, al recordar, se pueda construir un futuro mejor y más justo.

Cecilia Méndez, en su artículo ¿Maquillando la memoria del dictador?, refiere que "con el auge del neoliberalismo hemos perdido el análisis objetivo de los hechos". Se vienen duras batallas por la verdad en la memoria. Vale, pues, recordar que la historia rigurosamente investigada y documentada es el mejor antídoto contra el mito".

Si bien, a pesar de las campañas de desprestigio, acusaciones inconsistentes y las controversias interesadas, el LUM es un referente en el trabajo por la memoria, la inclusión y los DDHH, y la sociedad respalda y acompaña. Estamos también conscientes de que los tiempos son difíciles; la dictadura y el auge del conservadurismo no constituyen el escenario coherente para avanzar. Efectivamente, hay mucho por hacer. Aquí estaremos afirmando nuestro compromiso con el rescate y fortalecimiento de la democracia, la verdad en la memoria y la defensa de los DDHH. 

Partidos políticos y precariedad democrática

Por: Francisco Vizconde/ 9. 09. 2024

Después del retiro del gobierno militar de Francisco Morales (1978), la democracia peruana subsiste en condiciones de riesgo por la precariedad de los partidos políticos, la extendida corrupción, el poco compromiso por una visión compartida de país, una creciente desconfianza de la población hacia la política y el incremento de la inseguridad ciudadana.

La crisis política en el Perú es la crisis del régimen político; es decir, de la democracia y sus actores y la forma de relacionamiento entre Estado y sociedad. En cuatro décadas, el país no pudo construir una ruta de continuidades tangibles que permita superar esa condena de ser país de posibilidades. La democracia se estancó a medio camino y sobre ese estado de cosas sin terminar, los sucesivos gobiernos acometieron ensayos políticos y económicos al ritmo del Consenso de Washington (neoliberalismo) que solo aportaron a la crisis recurrente; no es que el país no haya tenido experiencias positivas y exitosas, pero no han sido ni son suficientes, como una mayor motivación por el conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos y algunos progresos en materia económica.

Inconclusa transición democrática

Una importante tragedia del Perú de los últimos tiempos es la inconclusa transición democrática. La reforma agraria velasquista, que liquidó a la oligarquía en las relaciones de poder y en la estructura social, tuvo impactos extraordinarios en la condición social de los campesinos y en la cultura popular. Esta dinámica incorporó también reacciones de la población urbana sobre sus derechos por servicios y en los trabajadores asalariados por mejores condiciones laborales y económicas que confluyeron en grandes movilizaciones por la democracia (1977 – 1978), logrando el regreso de los militares a los cuarteles y la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución de 1979.

Este proceso de acumulación social y política por la democracia y el desarrollo de la ciudadanía no culminó por el cambio de la Constitución de 1979 por la de 1993, que inició un escenario económico y social de apertura ilimitada al mercado, poco desarrollo del aparato productivo en favor de la economía extractivista (formal e ilegal), servicios públicos de baja calidad, apropiación privada del Estado por grandes grupos empresariales, que en conjunto han estimulado el retraso del mercado nacional, el crecimiento de la informalidad y mayores desigualdades. En lo político, la Constitución de 1993 inició un régimen de componendas favorable a la corrupción, violación de los derechos y control del sistema de partidos.

El terrorismo fue el pretexto del régimen fujimorista para su ruta de continuidad (con fraudulentas reelecciones) de mayor liberalización del mercado.

Estas tres dinámicas abonaron a la frágil democracia que en cuatro décadas no ha completado la organización de la vida social, política y económica del país que convoque, atraiga, afirme el sentido de pertenencia ciudadana de peruanos y peruanas (57% quiere irse del país). Los intentos de profundizar y culminar la transición democrática (gobierno de Valentín Paniagua, normatividad de la regionalización y descentralización, Referéndum de diciembre 2018) han sido episódicos porque fueron impulsados por clases “dirigentes” caracterizadas por su precariedad democrática. Como expresión tenemos el poco compromiso de las clases políticas y empresariales por una visión de desarrollo compartida y convocante, así como las crisis recurrentes del régimen político y de los partidos políticos, los cuales son escuelas de prácticas muy poco democráticas, cuyos liderazgos son herederos y actores de esta transición democrática inconclusa (completarla será asunto de otro sistema de partidos y nuevas representaciones políticas).

Podemos añadir, el nefasto rol del sistema de corrupción que se ha enraizado en ámbitos del Estado en conexión con grupos de grandes empresarios, la arremetida de la minería ilegal, el incremento de la inseguridad ciudadana y todo ello favorecido por el pacto mafioso Ejecutivo – Legislativo.

Las pocas movilizaciones ciudadanas por derechos específicos no han logrado la construcción de un bloque social que cambie la correlación de fuerzas políticas que se construyó desde el cambio de la Constitución de 1979, aunque sí han sido una expresión de los sectores democráticos que fueron la voz social pública de la disolución del Congreso efectuada por el Gobierno de Martín Vizcarra, contra el irrisorio momento de Merino en el Gobierno, contra Dina Boluarte y su danza fúnebre de medio centenar de asesinados.

Científicos peruanos estudian la genética de alpacas para mejorar la calidad de su fibra

 La Organización de las Naciones Unidas declaró el 2024 como el Año Internacional de los Camélidos

(Agraria.pe) Cada 1 de agosto se celebra el Día Nacional de la Alpaca, con el objetivo de difundir la importancia de uno de los dos camélidos sudamericanos domésticos del mundo, en donde Perú destaca como el primer productor de su fibra, al contar con el 87% de la población mundial, superando los 4.3 millones de ejemplares. En este contexto, un equipo de científicos de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) impulsa un proyecto de secuenciación genética con 1,500 alpacas en Puno con el propósito de optimizar la calidad de su fibra y fortalecer la industria textil peruana.

Denominada 'producto bandera' desde 2004, la fibra de alpaca es una de las más finas del mundo y supera en calidad a la de cachemir y a la lana de oveja, por lo que es altamente valorada y solicitada en las tiendas más exclusivas del extranjero por su extrema suavidad, calidad, resistencia y autenticidad. De acuerdo con reportes a nivel nacional, cada año se exporta cerca de  200 millones de dólares en productos basados en fibra, tejidos, prendas y otros artículos derivados de este camélido, principalmente a Estados Unidos, Europa y Asia.

Con el objetivo de seguir impulsando el sector textil peruano, MGI Tech Co., Ltd. (“MGI”), empresa comprometida con la creación de herramientas y tecnologías básicas que impulsan la innovación en las ciencias de la vida, junto a la Universidad Agraria de La Molina (UNALM) e Inca Tops, promueven la investigación genética de 1,500 alpacas de Puno, en las que se estudia su ácido desoxirribonucleico (ADN) para identificar marcadores moleculares en sus genomas, y así optimizar la calidad y finura de su fibra y rescatar sus colores naturales.

En diálogo con la Agencia Andina, el Dr. Gustavo Gutiérrez, docente e investigador de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), quien está a cargo de la extracción del ADN de estas especies, destacó que la implementación de la genómica en la industria alpaquera brinda diversos beneficios, como mejorar la calidad de la fibra de alpaca e impulsar el desarrollo de 120 mil familias de productores de las zonas altoandinas del país.

El Dr. Gustavo Gutiérrez añadió que este proyecto no solo mejora la genética de las alpacas para fortalecer su crianza y producción, sino también aporta con la construcción de conocimiento científico. "El Perú alberga más del 80% de la población mundial. Se han hecho investigaciones con apoyo de afuera, pero es muy poco. Por ello, como país nos corresponde hacer esta contribución desde nuestra institución para ampliar el conocimiento básico y aplicado de la genética de alpacas, e implementarlo en programas de mejora genética de los rebaños. Así, de manera indirecta, también mejoramos los niveles de vida de los criadores de alpacas del Perú", resaltó el investigador de la UNALM.

Tras establecer una alianza estratégica con MGI Tech, los investigadores han asumido el reto de adaptar la fibra de alpaca a los parámetros de calidad que exigen la industrias textil y de la moda a nivel mundial, tales como la comodidad, elasticidad, suavidad, uniformidad y finura. El nivel de este último atributo, según el experto, está asociado a la medulación, un indicador que alude a la presencia de la médula, un canal celular que se encuentra al interior de cada fibra y que, según el volumen que ocupa, incide directamente en el confort y propiedad termorreguladora de la prenda producida.

El ingeniero zootecnista señaló que si bien la tela ya ha logrado niveles aceptables de suavidad en las últimas pruebas de validación, estudios recientes demuestran que la fibra de alpaca gruesa, de menos confort, sigue causando la sensación de picazón o escozor en la piel, cuya intensidad no es la misma para todas las personas.

Por ello, la nueva investigación conjunta se centrará en el análisis del genoma (conjunto completo de ADN en una célula) para rastrear la herencia genética de los caracteres asociados a esta sensación de picazón, con énfasis en la estructura medular que presentan algunas fibras. Para determinar el porcentaje de médulas, el Dr. Gutiérrez indicó que es preciso caracterizar el genoma y genotipo de medición (en este caso, fibras medulares) de una gran población de alpacas.

Aunque la medulación confiere propiedades únicas a la fibra de alpaca, su incidencia es variable. Por lo tanto, su estudio y evaluación se ha vuelto crucial para garantizar el concepto de calidad. Existen 5 tipos de medulación en la fibra de alpaca: la fibra fuertemente medulada, medulada continua, medulada discontinua, medulada fragmentada y finalmente la fibra no medulada.

Recientes investigaciones han demostrado que las fibras fuertemente meduladas reducen el confort y uniformidad del vellón, provocando que las prendas causen picazón, debido a la rigidez que la médula concede a la fibra.

En ese sentido, la investigación liderada por el Dr. Gutiérrez busca reducir al mínimo la incidencia de este tipo de medulación a fin de optimizar la calidad de las fibras de alpaca desde una perspectiva de producción y procesamiento textil.

"Algunas fibras tienen hasta 60 por ciento de medulación y otras poseen un 20% o 30%", dijo Gutiérrez". "La idea es reducir el promedio mediante una selección tradicional de la fibra que, a la fecha, viene funcionando. Hemos podido reducir el promedio hasta cerca de 20%, pero la idea es acelerar el proceso utilizando información genómica para tener, en un corto plazo, fibras con bajo porcentaje medular", añadió.

Para la extracción de ADN de alta calidad orientado al análisis genómico, los investigadores de la UNALM, en colaboración con trabajadores de Inca Tops, recolectan muestras de tejidos sanguíneos y de pelo de alpaca que luego son enviadas a los modernos laboratorios de MGI Tech, en Sao Paulo, Brasil. Allí, con ayuda de máquinas y tecnología de vanguardia, el personal técnico especializado realiza la secuenciación genética, cuyos resultados son proporcionados como 'data cruda' a los investigadores para su posterior análisis e interpretación.

Aunque es difícil precisar en cuánto tiempo se podría reducir el proceso de secuenciación genética, el experto refirió que, en el caso de las alpacas, la mejora genética se observa en los hijos de los ejemplares seleccionados en un intervalo aproximado de 6 a 7 años. En caso de que los resultados de las pruebas recientes sean exitosos, el doctor indicó que su equipo de investigación podrá reducir el tiempo aún más aplicando una moderna técnica biotecnológica denominada Selección Genómica (SG),  por la cual se seleccionan los mejores individuos sobre la base del valor de cría estimado o valor de la progenie (GEBV).

"En nuestro caso, la selección genómica consiste en identificar al mejor padre y a la mejor madre con base en una estimación de su mérito genético", explicó el investigador. "Este valor depende de características como el diámetro de fibra, que buscamos si queremos afinar la fibra. Buscamos valores que sean menores. Si es negativo es mejor porque eso indica que el animal tiene un valor genético para afinar la fibra. Si queremos incrementar por decir el peso de vellón del animal, buscamos animales que tengan valores positivos y valores altos", añadió.

Tras el proceso de esquila, que consiste en cortar la fibra de la alpaca cuando ha alcanzado una longitud adecuada, se calcula el diámetro de fibra de cada ejemplar y se recopila información sobre el peso de vellón, lo que permite trazar una genealogía de los camélidos, es decir, el estudio y seguimiento de su ascendencia y descendencia. Luego, a través de métodos estadísticos, se calcula el valor de mérito genético y se seleccionan los animales de menor valor para el diámetro de fibra y los de mayor valor para el peso del vellón.

"Uno pone estos valores en una especie de índice y ubica los mejores animales y los aparea. Para esta metodología hay que esperar que el animal llegue a la primera o segunda esquila, que tarda, después de nacido el animal, entre 1 a 2 años. La selección genómica nos permitiría tener una estimación de este valor de mérito genético a una edad muy temprana del alpaca, básicamente hasta apenas nace. Así se puede acelerar la selección y acortar el intervalo generacional que es bastante alto en la alpaca en comparación con otras especies ganaderas", explicó.

Antes de aplicar la técnica de Selección Genómica, el investigador de la UNALM señaló que se deben implementar registros de caracteres productivos (diámetro de fibra, peso de vellón, etc.) y genealogía de los animales en más rebaños a nivel nacional, con el objetivo de acelerar el desarrollo de su tecnología, y reforzar la confiabilidad y validez de las metodologías de investigación que han elaborado.

Por otro lado, el Dr. Gutiérrez resaltó la importancia estratégica de América Latina en la intensificación de los estudios de secuenciación genética en alpacas: "Básicamente, para la alpaca dentro de su país debería potenciar e invertir más en generar conocimiento básico y desarrollo de tecnologías".

¿Cómo se recolectan las muestras de ADN?

Los investigadores usan kits comerciales para extraer el ADN y luego evaluar su calidad bajo criterios como una buena concentración e índice de integridad. El primero es una medida de la cantidad de ADN en un microlitro de solución, que implica la separación del ADN de los componentes de la reacción in vitro, o de los fragmentos de gel de agarosa. En tanto, la integridad se define como la ausencia de roturas tanto de una o dos hebras como de la ausencia de modificaciones de nucleótidos en el ADN

Un requisito para el análisis genómico es que el material genético debe permanecer íntegro, es decir, sus cadenas que se enroscan y forman un espiral parecido a una escalera de caracol deben estar juntas en todo momento. Una vez enviados al laboratorio de Sao Paulo, el personal técnico realiza una secuenciación de baja profundidad del ADN con diversos equipos, principalmente los secuenciadores de ADN, que ayudan a determinar el orden de los cuatro componentes básicos químicos, llamados ('bases') que forman la molécula de ADN: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C).

La secuenciación del genoma de baja cobertura se refiere a la secuenciación de un genoma a una profundidad relativamente baja, lo que generalmente resulta en una cobertura incompleta de todo el genoma.

El protocolo de secuenciación genética también incluye la creación de una biblioteca de ADN, que consisten en una colección de clones de vectores que contienen fragmentos de DNA y es diseñada de tal manera que, mediante un determinado sistema de selección, se pueden llegar a separar los clones de interés. En otras palabras, se trata de una representación de todo el conjunto de ADN.

Para garantizar una buena integridad y concentración del ADN, se debe cumplir con un estricto protocolo de seguridad desde la extracción del tejido hasta la refrigeración para su conservación, debido a la distancia entre Puno y Lima, donde se encuentra el campus de la UNALM.

En cuanto al índice de integridad, el doctor indicó que su equipo de investigación sigue afinando algunas técnicas para lograr secuenciar un ADN más puro, entre ellas: lavados; centrifugación y una serie de reactivos químicos que incluyen mezclas con detergentes, proteínas o enzimas. "Como se sabe, el ADN está dentro del ADN nuclear. Por ello, primero hay que romperla para liberar las células, y luego rompemos la membrana celular y la membrana nuclear. En palabras sencillas, el ADN tiene proteínas que le ayudan a estar empaquetado. Entonces, hay que quitar las proteínas y disolverlas para que solo quede el ADN solo purificado", explicó el doctor.

Tanto en laboratorios de la UNALM como en los de instituciones aliadas, los investigadores trabajan con pequeños volúmenes de material genético—del orden de 100 microlitros, en promedio—, por lo que precisan de los siguientes instrumentos: centrífugas, microcentrífugas, micropipetas (para absorber y transferir pequeños volúmenes de líquidos), un vortex (para mezclar los reactivos químicos con el ADN), y un termoblock (un equipo para calentar muestras en diferentes contenedores o tubos sin utilizar líquidos).

Para garantizar la calidad del ADN se utilizó el NanoDrop One, un espectrofotómetro UV-VIS de barrido espectral. Este instrumento está basado en fluorometría, un método de análisis por el cual se mide la intensidad de la radiación que emite un material fluorescente al ser excitado con luz ultravioleta.

Por otro lado, para medir la integridad del ADN se ha empezado a usar recientemente un TapeStation, una plataforma de electroforesis automatizada económica y de bajo rendimiento para el control de calidad de muestras de ácidos nucleicos. Este dispositivo ofrece una alternativa automatizada a la electroforesis en gel tradicional, lo que permite a los investigadores analizar la cantidad y el tamaño de muestras de ADN o ARN de tan solo unos pocos microlitros.

A la fecha, la investigación se viene realizando en la Facultad de Zootecnia de la UNALM, en colaboración con el Programa de Mejoramiento animal y el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, con el fin de promover acciones conjuntas para incrementar el conocimiento sobre la genética de la fibra de alpaca y otros recursos naturales del Perú.

Una investigación de largo aliento

Además del trabajo con MGI Tech e Inca Tops, el Dr. Gutiérrez resaltó que, desde hace más de una década, los investigadores de la UNALM, en colaboración con universidades e instituciones públicas, impulsan el estudio de la genética de las alpacas recolectando muestras en diferentes departamentos del país, como Puno, Arequipa, Junín y Pasco. Entre estos aliados enfocados en el desarrollo agrario destacan el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, la Universidad de Minessota, la Universidad de Texas A&M y la Universidad Estatal de Iowa.

El objetivo de estas investigaciones preliminares fue obtener mayor información sobre la genómica de las alpacas y, sobre todo, descubrir una gran cantidad de marcadores moleculares que permitan conocer la herencia de algunos caracteres de importancia genómica, como el diámetro de fibra.

Objetivos a futuro

La investigación conjunta con MGI inició en junio del 2024 y continuará hasta marzo del 2025 en los distritos de Melgar y Ñuñoa de la provincia de Melgar, Puno, bajo los 4.000 m s. n. m. La recolección de las muestras de las alpacas está a cargo de Inca Tops y su Estación Científica Pacomarca, la cual es la más avanzada a nivel mundial en esta materia.

Durante los próximos meses, los investigadores se enfocarán en identificar las regiones genómicas asociadas al porcentaje de fibras medulares, así como los cromosomas donde se ubican, a fin de presentar la propuesta de un programa de selección genómica de las alpacas. Dado que los resultados de la investigación tardarán años, el objetivo de los científicos de la UNALM es seguir desarrollando su proyecto conjunto con Inca Tops hasta llegar a un nivel de aplicación más alto que permita su escalamiento industrial en diferentes regiones del país.

 

Del régimen del 93 al régimen del 23: Las tres fases de la dictadura

 Por: Laura Arroyo Gárate    22. 08. 2024

Hay dos aspectos claves para entender lo que pasa en el Perú y, más precisamente, a quienes nos gobiernan. Por un lado, el carácter del Régimen (la HIDRA que he descrito en más de una ocasión) y, por otro, el método que sigue el Régimen para perpetuarse hoy y de cara al futuro. Esto segundo es aquello en lo que quiero enfocarme en este artículo.

En el artículo planteo las tres fases en el método del Régimen del 23: Imposición, normalización y constitucionalización. Aquí un breve resumen de lo que detallo con más elementos en el artículo completo cuyo enlace dejo al final.

Fase 1: Imposición

Una fase que vivimos durante los primeros seis meses del gobierno de Dina Boluarte y el régimen que ella preside, pero no dirige. Una imposición que es reflejo directo de la imposición que el Régimen del 93 hizo del modelo neoliberal. La vía es conocida: violencia. Una violencia política, judicial, mediática, policial y militar. El objetivo, lo tuvieron claro, fue sobrevivir al embate del rechazo popular en forma de estallido en el Perú. Lamentablemente, lograron imponerse y en junio de 2023 dieron un giro en el discurso.

Fase 2: Normalización

Esta mañana leía la siempre interesante columna de la historiadora Cecilia Méndez en La República donde habla de los riesgos de normalizar la barbarie haciendo un camino de unión entre el genocidio que está perpetrando el estado de Israel contra el pueblo palestino y lo que ocurre en Perú. No es baladí ni gratuita dicha comparación porque, como bien señala: “Aunque la escala material de la violencia en Gaza y los territorios ilegalmente ocupados por Israel en Palestina no es comparable a la del Perú, la escala moral sí lo es”. A ello yo añadiría que a escala política claro que es comparable porque hablamos de un ecosistema internacional de represión, guerra y auge de los neofascismos donde el Perú no es ajeno.

El Régimen del 23 inició desde junio de 2023 (seis meses después de constituirse como hidra en el poder) un proceso de normalización decidida. Para ello solidificó el pacto entre poderes (Pacto de Régimen). Si bien durante la fase de imposición ese pacto fue espontáneo, pero igual de necesario, en esta segunda fase es resultado de un análisis político: mantener a Boluarte por ser la pieza útil como cara visible de este pacto, pero a la vez recordándole a quién se debe. La normalización del Régimen del 23 contó con el invaluable apoyo del poder mediático y judicial para cimentarse. Y, si bien, el pacto con el sistema judicial se vio por momentos débil en tanto las denuncias por corrupción y procesos por violación de derechos humanos empezaban a sumarse contra el gobierno, ante cada crisis los poderes respondieron consiguiendo más beneficios propios (ministerios, leyes o políticas) a cambio de garantizar a Boluarte la impunidad que necesita. De este modo, ojo, no sólo se buscó normalizar la barbarie en el Perú, sino que se ha normalizado un método: la subyugación de la figura presidencial a los poderes. Si antes teníamos intuiciones, hoy tenemos evidencias. En “La Hidra” que nos gobierna, la cabeza presidencial es la que menos poder tiene.

Fase 3: constitucionalización

Actualmente nos encontramos en un siguiente momento (fase) del Régimen del 23. Buscan constitucionalizarse, es decir, poner todos los candados que les permitan gobernar aún pese a los resultados electorales. Hay muchas formas de intervenir en las elecciones. Si bien los ojos siguen en la cooptación de las instituciones electorales, lo cierto es que no es ese el principal terreno de disputa y los poderes lo saben. Esta tercera fase tiene dos patas concretas: por un lado, la conformación de facto de una Asamblea Constituyente del Régimen y, por otro, en la bestialización como forma válida de hacer política.

Por un lado, una Asamblea constituyente que no fue elegida para ello y con la finalidad de constitucionalizar el poder del Régimen del 23 y sus propios intereses individuales. Por otro, la desfachatez absoluta que no sólo nos habla de impunidad del Régimen del 23, sino también de lo conscientes que son de su debilidad frente al sostenido rechazo popular. Como decíamos al inicio: al estar amenazado, el régimen es más peligroso que nunca. Y por eso no les basta con liberar a Alberto Fujimori, sino que lo encumbran como candidato electoral. No les basta con aprobar una ley de impunidad para criminales de lesa humanidad, sino que nos obligan a pagarle una pensión vitalicia a uno de los íconos de estos crímenes. La bestialización en las formas, discursos, políticas y liderazgos es un rasgo característico de los neofascismos a nivel mundial actualmente. El Régimen del 23, sin duda, a diferencia del del 93 que fue el neoliberalismo en su máxima expresión, es un régimen reaccionario y ultraderechista. Un régimen neofascista dentro de las coordenadas de estas expresiones políticas, económicas y mediáticas en la actualidad.

Dejo los párrafos finales del artículo para la necesidad de pensar en una alternativa que enfrente no sólo a este Régimen del 23 sino a su método que, como vemos, se está constitucionalizando. La clave, precisamente porque están constitucionalizándose, tiene que ver con la imperiosa necesidad de una Nueva Constitución. Sólo se enfrentará a su Asamblea Constituyente de Régimen, con una Asamblea Constituyente popular y democrática. Creer que la alternativa se encuentra hoy en claves electorales es obviar no sólo el tipo de régimen que tenemos en frente, sino el método que han empleado para subsistir que intento desgranar en este artículo de reflexión a fondo.

Les dejo el texto, que sirva para abrir el debate sobre lo que realmente está en juego y preguntarnos con honestidad, ¿Dónde está realmente el poder en el Perú?

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La nueva ley de impunidad para crímenes de lesa humanidad

 Por: Carlos Rivera Paz 20. 08. 2024

Finalmente, el congreso promulgó la ley 32107, también llamada ley de impunidad. El único objetivo de la ley es liberar a un grupo reducido de militares condenados por casos de graves violaciones a los derechos humanos que los tribunales han calificado como crímenes de lesa humanidad.

Desde la creación del sub sistema penal de derechos humanos por recomendación de la CV -allá por setiembre de 2004- se han emitido 108 sentencias en casos de violaciones a los DDHH perpetradas durante el conflicto armado interno, de las cuales aproximadamente un 60% han sido condenatorias y dentro de éstas últimas en 25 casos los jueces peruanos han calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al derecho internacional. 

Los jueces, ante la evidencia de que se trataban de crímenes horrendos, como la masacre de Accomarca, El Frontón, Cayara, Barrios Altos, el asesinato de Hugo Bustíos o las violaciones sexuales perpetradas en Manta y Vilca o la desaparición forzada de Teófilo Rímac Capcha, han concluido que definitivamente no estamos ante delitos comunes, sino ante eventos delictivos que atentan ciertamente contra las víctimas individuales de aquellos casos, pero también contra la humanidad entera. Por ello, es que recurren al derecho internacional para señalar que las naciones civilizadas desde más de cien años a este tipo de actos inhumanos perpetrados contra la población civil los denominan crímenes de lesa humanidad y, además, la comunidad internacional ha determinado que es una norma de ius cogens, es decir, el derecho imperativo que todas están obligadas a cumplir, el perseguir y sancionar ese tipo de crímenes.

Los que han alentado la promulgación de la ley sostienen que fiscales y jueces al haber calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad han violado el principio de legalidad, al haber procesado y condenado militares por delitos que no estaban vigentes al momento de haber cometido los hechos por los que han sido juzgados. Esto es falso. Lo cierto es que todas las investigaciones y todos los procesos penales han sido abiertos por delitos que están tipificados en la ley penal nacional. Me refiero tanto al código penal de 1924 como al código penal de 1991. Por ello, los delitos que se les ha imputado a los militares que defienden son los de homicidio calificado, lesiones graves, secuestro, desaparición forzada y violación sexual. Todos ellos son delitos que estaban tipificados y sancionados en la ley penal nacional y, consecuentemente, es evidente que los jueces han respetado escrupulosamente el principio de legalidad, sostén fundamental del derecho penal moderno. 

También los que alientan este nuevo mecanismo de impunidad han dicho que los procesos penales se han abierto sobre las normas del Estatuto de Roma, vigente en nuestro sistema legal desde el año 2002, pero eso también es falso. No existe ninguna investigación o proceso penal que haya sido abierto contra algún militar sobre esa disposición internacional. Menos existe alguien que haya sido condenado en base al estatuto de la Corte Penal Internacional.

El hecho es que los jueces peruanos en esos casos han incorporado una calificación complementaria -que proviene del derecho internacional- y han determinado que, por la naturaleza y circunstancias de los hechos, no cabe ninguna duda que nos encontramos ante crímenes que son repudiados por el derecho internacional, esto es, crímenes de lesa humanidad. Esta calificación no tiene un carácter incriminatorio, pero sirve para determinar que los jueces han identificado un elemento de gravedad extrema que merece esa calificación, la cual se incorpora en mérito al derecho internacional consuetudinario.

Ciertamente -si bien no se trata de una incriminación, la cual se sostiene en la ley penal nacional- esa calificación complementaria si tiene consecuencias jurídicas y la primera es que los crímenes de lesa humanidad son crímenes imprescriptibles porque así lo determina la costumbre internacional y la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad de 1969, en cuyo artículo 1 se establece que tales delitos tendrán esa condición no importando la fecha de su comisión. 

Si bien se pretende señalar que cuando esta Convención fue ratificada por el Perú el año 2003 el congreso estableció una reserva para señalar que los efectos de dicha norma regían en el Perú desde el momento de la ratificación, pero lo cierto es que ya el 2010 durante el gobierno de Alan García se promulgó el decreto legislativo 1097, que decía lo mismo que el proyecto de Rospigliosi, es decir, que la mencionada Convención solo rige desde el 2003 para adelante, pero en marzo del año 2011 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que declaró inconstitucional la resolución del congreso, estableciendo -además- que según la Convención de Viena ningún estado puede hacer reservas al objeto mismo del tratado. 

Entonces, habiendo sido el sistema de justicia nacional muy respetuoso con los derechos fundamentales de los ahora militares condenados, el objetivo de la norma aparece más claramente definido por un ánimo de impunidad para violadores de derechos humanos. Por ello, es que no solo la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido categóricas en señalar que la promulgación de esta norma rompe con los más elementales obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de respeto al derecho al acceso a la justicia de las víctimas, pero también la Fiscalía de la Nación ha expresado una posición meridianamente clara al señalar que esta ley es una muy grave injerencia y atropello a las funciones jurisdiccionales, ya que rompe el principio de independencia y autonomía de las instituciones del sistema de justicia, porque ahora son los congresistas los que buscan liberar de las condenas a sus clientes políticos, como en este caso son los militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Esto, más allá de que resulte inaceptable en un Estado de derecho, es un dato singular en una democracia que ha sido degradada como la peruana.

Ahora ya sabemos que varios militares se han apurado en presentar pedidos de archivamiento de sus procesos judiciales en mérito a la norma promulgada. Frente a ello serán nuevamente los jueces de la república los que tienen el deber de responder -con el derecho en la mano- ante esta norma que busca impunidad.