Rudecindo Vega Carreazo
La democracia en el Perú va quedando hueca, vacía, sin contenido, mantiene las formas e instituciones, pero casi todas asaltadas, intervenidas y controladas por el congreso en un país constitucional e históricamente presidencialista; el golpe de estado congresal en cámara lenta se va consumando, no es un golpe clásico, los militares asaltando gobiernos o los propios presidentes asaltando los otros poderes para mantenerse ilegalmente en el poder, hoy es el congreso, repleto de minorías criminales, quien asalta los otros poderes e instituciones estatales, toda la constitucionalidad y legalidad es utilizada para destruir la democracia y el estado de derecho en beneficio de sus fechorías y granjerías. No es un líder (militar o político) quien asalta la presidencia y controla el estado y gobierno, son organizaciones criminales llegadas al congreso que han pactado controlar los otros poderes del estado en beneficio propio, es un golpe de estado, usando al congreso, del crimen organizado en el Perú.
La inutilización o intervención de una timorata y mediocre JNJ, una obsesión de meses del gobierno congresal, se va consumando con la inhabilitación de algunos de sus miembros y el reemplazo por sus suplentes, el congreso inconstitucionalmente suma a su control al organismo autónomo encargado de nombrar, sancionar y ratificar a los jueces, fiscales, Jefe de la ONPE y Jefe del RENIEC; no lo pudo hacer meses atrás, mediante propuestas de reforma constitucional, hoy lo consuma, mediante un sinuoso procedimiento de inhabilitación individual a cada uno de los integrantes de la JNJ hecho en forma simultánea y colectiva. No hay razones jurídicas ni políticas, existen motivos criminales y perversos, revestidos de legalidad, contra los intereses del país, aquellos que llegaron al congreso para traficar y negociar poder, aprendieron que podían copar y controlar todo el poder, hoy lo están haciendo lenta y groseramente contra todo y contra todos.
Las organizaciones criminales que mandan en el congreso hoy controlan a la presidencia de la república, al Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y con el control de la JNJ van, otra vez, por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Jurado Nacional Elecciones, la ONPE y el RENIEC. No sorprenda, que, dentro de poco, cuando las mafias gubernamentales decidan controlar directamente el manejo económico del país, vayan por el Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguros, les será más fácil, porque la designación de sus autoridades pasa necesariamente por el congreso. Las instituciones democráticas están y existen, pero controladas ilegalmente por la voracidad congresal de apropiarse del estado sin haber sido electos para ello.
La separación o equilibrio de poderes, principio fundamental de la democracia republicana ha sido roto; sin ser un país de régimen parlamentario, hoy somos gobernados desde el congreso: han puesto, dan soporte y gobiernan con la presidenta Dina Boluarte; han puesto a los miembros del TC para que emita resoluciones a su favor, han puesto un servil Defensor del Pueblo para desorganizar, generar chongo y confusión institucional; habían pactado y controlaban criminalmente el Ministerio Público y, luego de la suspensión de la Fiscal de la Nación, vuelven por ello; controlarán a la JNJ y mediante ella controlarán a todos los organismos del sistema de justicia y del sistema electoral. Cuando las mafias gubernamentales se disgustan o disputan entre ellas, las contiendas de competencia, son arcaísmo, han sido suplantadas por públicos y desvergonzados ajustes de cuentas entre las organizaciones criminales y sus capos.
Los mandamases de las organizaciones criminales (revestidas como partidos) usualmente no están presentes ni en el gobierno nacional ni en el congreso, como en el mundo de las mafias, mandan, pactan y dirigen desde la sombra, desde ahí copan todo, se reparten y dirigen el país. Los dueños de los “partidos” están fuera del congreso (Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú), ejercen algún cargo regional (APP) o municipal (Renovación Popular) o ejercen roles secundarios o de bajo perfil desde su función parlamentaria (Podemos Perú y Juntos por el Perú); lo que ellos pactan, se reparten y acuerdan en la oscuridad, fuera de las instituciones del estado, sus operadores ejecutan a pie juntillas. Los congresistas que señalan no estar sujetos a mandato imperativo son mandatarios operativos de sus jefes o capos que los lideran. Esos mandamases y dueños de los partidos son los que nos gobiernan desde la sombra, en otras palabras, nuestra democracia formal, abierta y pública es dirigida y gobernada desde la clandestinidad por quienes perdieron o no fueron electos.
Hablar de democracia representativa o representatividad de nuestras autoridades basados en el voto popular es equivoco y carece de sentido, pretender entenderlas desde la legitimidad ciudadana es peor, nuestros “representantes parlamentarios” llegaron por nuestro voto y, en el congreso, dejaron de representarnos para convertirse en operadores de las organizaciones criminales que desde ahí gobiernan. Las categorías constitucionales, jurídicas, políticas para regular el rol de nuestros gobernantes y mandatarios van quedando vacías y huecas como la propia democracia, hasta para comprender la crisis y la realidad peruana actuales hay que complementarlas con conceptos, análisis y esquemas que vienen del mundo criminal. Si a nuestras autoridades electas no les importa el voto ni la protesta popular, menos les importa una encuesta o sondeo de opinión que da cuenta de su no representatividad o legitimidad, la hermosa, descripción de la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” en nuestro Perú ha sido traicionada y abandonada, vamos innovando, en nombre del pueblo y la democracia, el gobierno de las mafias, por las mafias y para las mafias.
La suerte del Perú, nuestra suerte, no está echada ni perdida, hemos superado otras crisis graves y profundas, la actual es diferente y peligrosa, no enfrentamos a políticos ni organizaciones políticas; ni ideologías, doctrinas ni programas que visionan el Perú de diferente manera; enfrentamos a organizaciones criminales que han copado el estado y gobierno en todos sus niveles e instituciones para sus perversiones y mezquindades; a los peruanos que deseamos rescatar nuestra democracia y nuestro país, nos toca unirnos en una amplia y plural coalición democrática para derrotar a esa coalición corrupta y autoritaria que hoy nos gobierna. Es nuestro derecho y deber recuperar nuestro Perú.
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