Alejandra Dinegro M.
20. 06. 2024
En un acto de insólita irresponsabilidad, dos ministros de Estado han emitido declaraciones que han dejado al país en un estado de perplejidad e indignación. Primero, el ministro de Educación y sus lamentables argumentos al señalar que las violaciones sexuales a menores de edad de la comunidad awajún, son “prácticas culturales”, en lugar de condenar un delito. Segundo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien debería ser la principal aliada de las víctimas, terminó repitiendo los mismos términos de su colega momentáneo.
Estas afirmaciones, que desbordan ignorancia, indolencia y desconexión con la realidad, no solo banalizan un problema gravísimo, sino que pone en evidencia una peligrosa falta de empatía y comprensión hacia la protección de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes de una de las regiones con los mayores índices de violencia sexual a menores de edad en situación de vulnerabilidad.
Un contexto complejo, no una excusa
La realidad en muchas comunidades de la selva peruana es, sin duda, compleja. Factores como el aislamiento geográfico, ausencia del estado, la pobreza, y las dificultades en el acceso a la educación y a la justicia juegan un papel en la perpetuación de círculos viciosos de violencia, pobreza y discriminación. Sin embargo, ninguno de estos factores justifica la violencia sexual. La afirmación de que estas atrocidades podrían ser entendidas como “culturales” no solo es una barbaridad, sino una burla a las víctimas que merecen justicia y protección por parte el principal garante de sus derechos: el Estado peruano.
Rosemary Pioc Tena, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, reveló la semana pasada que más de 500 maestros han sido denunciados por violación sexual contra cientos de estudiantes en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. Exactamente, desde el año 2010 hasta la fecha, se han registrado 524 denuncias de presunta violencia sexual en centros educativos de localidades como Cenepa y Nieva, lo que ha llevado a la transmisión de VIH a algunas de las alumnas afectadas.
En la provincia de Condorcanqui, específicamente, 175 docentes han sido denunciados por estos delitos contra estudiantes wampis de nivel primario y secundario, pero lamentablemente, solo 121 han sido separados de sus cargos en toda la provincia. Asimismo, de las 524 denuncias, solo 49 se encuentran en investigación, y 111 de los docentes han sido destituidos, los demás siguen dictando clases como si nada pasara.
A nivel nacional, durante los primeros cuatro meses de este año, se han registrado más de 80 casos diarios de violencia sexual. Diarios. En el 2023, el 92% de casos de violencia sexual atendidos por los Centros de Emergencia Mujer fueron cometidos hacia niñas, niños y adolescentes.
¿Qué han hecho el sector Educación y Mujer al respecto, todo este tiempo? En la gestión pública se tienen informes, reportes permanentes de las diversas problemáticas, activación de planes de emergencia, además del interés que debería tener un funcionario público para atender los problemas más esenciales de la población. No hay justificación.
El rol de los ministros: proteger, no justificar la violencia
Los ministros tienen la responsabilidad de defender y promover los derechos humanos, especialmente los de los más vulnerables. Al justificar la violencia de esta índole, señalándola como parte de una cultura local, no solo están ignorando su deber, sino que están validando el abuso y contribuyendo a un ciclo de impunidad.
Por eso, es inaceptable que un representante de la educación ignore las leyes y los derechos humanos básicos, y sugiere una falta de compromiso con la creación de un entorno seguro para el aprendizaje. La educación debe ser un pilar de defensa y promoción de la igualdad y la justicia, no un escudo para justificar actos atroces. Este tipo de declaraciones socavan la confianza en el sistema educativo y en la capacidad del ministro para liderar con integridad y responsabilidad.
De igual manera, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha fallado en su deber, exhibiendo una alarmante falta de sensibilidad y conocimiento respecto a los derechos de las mujeres y niñas. Esta visión retrógrada y peligrosamente simplista ignora la realidad de la violencia de género y desestima los esfuerzos de las comunidades indígenas que han denunciado estos abusos. En lugar de proteger y empoderar a las víctimas, la ministra ha optado por excusar a los perpetradores, perpetuando la violencia y la discriminación. La función de la ministra debería ser la de abogar incansablemente por la igualdad y la justicia para todas las mujeres, independientemente de su origen cultural o geográfico. Su incapacidad para reconocer y combatir la violencia contra las niñas y adolescentes es una traición a su cargo y un obstáculo para el avance de los derechos de las mujeres en el país.
Las niñas y adolescentes de la selva, al igual que todos los menores del país, tienen derecho a una vida libre de violencia. Las autoridades deben trabajar para eliminar las barreras que impiden el acceso a la educación, la justicia, y la protección en estas comunidades. Además, es crucial llevar a cabo campañas de sensibilización y educación tanto a nivel local como nacional para erradicar cualquier forma de violencia y promover el respeto por los derechos de los menores.
Los graves errores y omisiones de estos funcionarios son inaceptables y deberían culminar en la renuncia inmediata de ambos. Es más hidalgo dar un paso al costado frente a un error, que mantenerse inmoralmente en un cargo público para el que no son humanamente idóneos.
Un llamado a la acción y reflexión frente a la degradación moral
Las declaraciones de los ministros deben servir como un llamado de atención para toda la sociedad. Es fundamental exigir una respuesta firme del gobierno que rechace categóricamente cualquier justificación de actos de violencia. Esto incluye la implementación de políticas concretas para abordar y prevenir la violencia en todas las comunidades del país, presupuesto idóneo y profesionales calificados.
Necesitamos un liderazgo firmemente comprometido con la erradicación de la violencia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Es crucial que quienes han cometido estos actos atroces sean condenados y llevados ante la justicia. La falta de respuesta del Estado a esta demanda, que define estar entre la vida y la muerte a sus víctimas, no solo refleja una profunda ineficiencia, sino también una degradación de la ética institucional que debería guiar sus acciones.
En lugar de excusar la violencia bajo el pretexto de la cultura, debemos construir una cultura de respeto y protección hacia las niñas, niños y adolescentes. Es imperativo que el Estado tome una postura clara y firme en defensa de los derechos humanos, trabajando en pro de la justicia y la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Y es deber de la sociedad en su conjunto, demandar acciones concretas al respecto. La cultura no puede ser una coartada para la barbarie.
