10. 06. 2024/Por: Aída García Naranjo Morales
Como si no fuera suficiente con la perpetración de tropelías, daño a la democracia y destrucción, que representa la Contrareforma electoral autoritaria, y la crisis de régimen en curso, el Legislativo se dispone en breve (junio 2024) a garantizar la impunidad de quienes cometieron graves delitos de lesa humanidad, con lo que retrocedemos a los momentos más pérfidos de la dictadura en los que el congreso aprobó una amnistía general que favoreció al siniestro destacamento Colina.
El pleno del Congreso de la República del Perú decidió en primera votación (con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones), el 06 de junio, aprobar el proyecto de ley N° 6951/2023-CR, el cual declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. “De ser aprobada se promovería la impunidad frente a investigaciones y procesos judiciales en curso, entre ellos: Cabitos, Huanta, Manta y Vilca (década de 1980), Rio Chari, Universidad del Centro (década de 1990), Caraqueño-Pativilca, Esterilizaciones Forzadas (donde está siendo investigado/procesado Alberto Fujimori Fujimori), entre otros; sino que incluso anularía las sanciones impuestas a aquellos que ya han sido encontrados culpables de estos hechos, como son los casos Accomarca, Chumbivilcas, Cabitos 83 y Chuschi (1980), Barrios Altos, La Cantuta, Gómez Palomino, Sótanos del SIE (casos durante la dictadura de Fujimori)”. APRODEH, CNDDHH entre otros. (06/06/2024)
La Degradación de la Política
En el 2024 la policrisis continua de mal en peor. El martes 28 de mayo el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena presentó nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’. Boluarte es señalada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio. La Fiscalía manifiesta en su denuncia constitucional que la presidenta Dina Boluarte habría actuado "dolosamente" al recibir como "donaciones" los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, a cambio de Decretos y leyes otorgando una ampliación presupuestal para su región. El cohecho pasivo impropio trata de un delito previsto en el artículo 394 del Código Penal que podría interpretarse coloquialmente con el término soborno / coima. Estimamos que el proceso no avanzaría en el Congreso.
Esta es una segunda denuncia constitucional presentada contra la mandataria. La primera fue por las muertes en las protestas sociales. El equipo Especial de Fiscales para casos con victimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) del 2022 y 2023 ha puesto en marcha 62 investigaciones en las que están inmersas 324 personas por las muertes y lesiones ocasionadas a 766 víctimas. Según el informe publicado por este quipo, estos hechos generaron 50 fallecidos y 716 lesionados, lo que subraya la gravedad de la violencia durante el denominado “estallido Social”. Pero estos delitos, tanto de la primera como de la segunda acusación, no están en el artículo 117 de la carta magna, lo cual no permitiría acusarla en funciones. Por ello la estrategia de Boluarte es durar y buscar impunidad.
Se agrava la crisis de los poderes establecidos
El inicio del mandato de Castillo se da en el contexto de una “crisis destituyente” que diferentes sectores han tipificado como de: democracia de baja intensidad (López) de recesión democrática (Transparencia) y/o vaciamiento democrático (Vergara y Barnechea). Desde el 2021 existe en el Perú un sentimiento de sistema roto (Ipsos Global Advisor - Encuesta de 25 países agosto 2021) la misma que señala que el 60% de la ciudadanía considera que la sociedad está fracturada.
Pedro Castillo Terrones asumió su mandato presidencial (2021-2022) luego de un quinquenio (2016-2021) de inestabilidad política destituyente. La situación del Perú es de aguda crisis política y de una institucionalidad democrática deteriorada, impredecible, degradada, y que se “desmorona” (Cairo), la misma que se expresa en el último sexenio en el Poder Ejecutivo con 6 presidentes en solo dos periodos constitucionales, amén de los procesados, investigados, condenados, presos y uno suicidado. Ejercieron la función de presidente 6 ciudadanos: Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martin Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Ello, sin considerar la juramentación fallida de Mercedes Araoz. De los 6 presidentes que ejercieron el cargo solo dos fueron electos (PPK y Castillo) y los otros cuatro fueron nombrados por el Congreso.
El saldo de esa crisis del ejecutivo (2016-21) incluye nueve (9) gabinetes ministeriales, un aproximado de 200 ministros (desde PPK a Sagasti) y durante la presidencia de Castillo, en menos de 500 días (497), cinco gabinetes, 78 ministros de Estado y la actual gestión Boluarte, ya con tres (3) gabinetes en un año y medio (el primer gabinete duró solo 11 días). Amén de cambios intrascendentes de ministros. Diez (10) ministros han liderado el sector del interior durante el actual periodo de gobierno de Castillo (7) y de Boluarte (3), pese a la crisis de seguridad, considerada como prioritaria en la agenda pública. En consideración a ello el 92% considera que los ministros del interior fueron escogidos por intereses personales y no por merito o capacidad, según IPSOS 78% de peruanos desaprueba la gestión de Boluarte en materia de seguridad ciudadana.
Hoy en el Perú, solo el 3% de los más pobres apoya a Dina Boluarte. El 90% de los peruanos desaprueba la conducción del gobierno, solo un 5% la aprueba y entre los más pobres (segmentos D y E) solo el 3%. Boluarte se encuentra en su pico más alto de rechazo ciudadano en la percepción sobre su gestión que está considerada “peor que nunca y en que la crisis arecía”, según la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP www.larepublica.pe). Un 72 % de los peruanos considera que la situación económica del país es peor que hace 12 meses y el 55% piensa que la conducción se agravará en el año 2025.
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