Del régimen del 93 al régimen del 23: Las tres fases de la dictadura

 Por: Laura Arroyo Gárate    22. 08. 2024

Hay dos aspectos claves para entender lo que pasa en el Perú y, más precisamente, a quienes nos gobiernan. Por un lado, el carácter del Régimen (la HIDRA que he descrito en más de una ocasión) y, por otro, el método que sigue el Régimen para perpetuarse hoy y de cara al futuro. Esto segundo es aquello en lo que quiero enfocarme en este artículo.

En el artículo planteo las tres fases en el método del Régimen del 23: Imposición, normalización y constitucionalización. Aquí un breve resumen de lo que detallo con más elementos en el artículo completo cuyo enlace dejo al final.

Fase 1: Imposición

Una fase que vivimos durante los primeros seis meses del gobierno de Dina Boluarte y el régimen que ella preside, pero no dirige. Una imposición que es reflejo directo de la imposición que el Régimen del 93 hizo del modelo neoliberal. La vía es conocida: violencia. Una violencia política, judicial, mediática, policial y militar. El objetivo, lo tuvieron claro, fue sobrevivir al embate del rechazo popular en forma de estallido en el Perú. Lamentablemente, lograron imponerse y en junio de 2023 dieron un giro en el discurso.

Fase 2: Normalización

Esta mañana leía la siempre interesante columna de la historiadora Cecilia Méndez en La República donde habla de los riesgos de normalizar la barbarie haciendo un camino de unión entre el genocidio que está perpetrando el estado de Israel contra el pueblo palestino y lo que ocurre en Perú. No es baladí ni gratuita dicha comparación porque, como bien señala: “Aunque la escala material de la violencia en Gaza y los territorios ilegalmente ocupados por Israel en Palestina no es comparable a la del Perú, la escala moral sí lo es”. A ello yo añadiría que a escala política claro que es comparable porque hablamos de un ecosistema internacional de represión, guerra y auge de los neofascismos donde el Perú no es ajeno.

El Régimen del 23 inició desde junio de 2023 (seis meses después de constituirse como hidra en el poder) un proceso de normalización decidida. Para ello solidificó el pacto entre poderes (Pacto de Régimen). Si bien durante la fase de imposición ese pacto fue espontáneo, pero igual de necesario, en esta segunda fase es resultado de un análisis político: mantener a Boluarte por ser la pieza útil como cara visible de este pacto, pero a la vez recordándole a quién se debe. La normalización del Régimen del 23 contó con el invaluable apoyo del poder mediático y judicial para cimentarse. Y, si bien, el pacto con el sistema judicial se vio por momentos débil en tanto las denuncias por corrupción y procesos por violación de derechos humanos empezaban a sumarse contra el gobierno, ante cada crisis los poderes respondieron consiguiendo más beneficios propios (ministerios, leyes o políticas) a cambio de garantizar a Boluarte la impunidad que necesita. De este modo, ojo, no sólo se buscó normalizar la barbarie en el Perú, sino que se ha normalizado un método: la subyugación de la figura presidencial a los poderes. Si antes teníamos intuiciones, hoy tenemos evidencias. En “La Hidra” que nos gobierna, la cabeza presidencial es la que menos poder tiene.

Fase 3: constitucionalización

Actualmente nos encontramos en un siguiente momento (fase) del Régimen del 23. Buscan constitucionalizarse, es decir, poner todos los candados que les permitan gobernar aún pese a los resultados electorales. Hay muchas formas de intervenir en las elecciones. Si bien los ojos siguen en la cooptación de las instituciones electorales, lo cierto es que no es ese el principal terreno de disputa y los poderes lo saben. Esta tercera fase tiene dos patas concretas: por un lado, la conformación de facto de una Asamblea Constituyente del Régimen y, por otro, en la bestialización como forma válida de hacer política.

Por un lado, una Asamblea constituyente que no fue elegida para ello y con la finalidad de constitucionalizar el poder del Régimen del 23 y sus propios intereses individuales. Por otro, la desfachatez absoluta que no sólo nos habla de impunidad del Régimen del 23, sino también de lo conscientes que son de su debilidad frente al sostenido rechazo popular. Como decíamos al inicio: al estar amenazado, el régimen es más peligroso que nunca. Y por eso no les basta con liberar a Alberto Fujimori, sino que lo encumbran como candidato electoral. No les basta con aprobar una ley de impunidad para criminales de lesa humanidad, sino que nos obligan a pagarle una pensión vitalicia a uno de los íconos de estos crímenes. La bestialización en las formas, discursos, políticas y liderazgos es un rasgo característico de los neofascismos a nivel mundial actualmente. El Régimen del 23, sin duda, a diferencia del del 93 que fue el neoliberalismo en su máxima expresión, es un régimen reaccionario y ultraderechista. Un régimen neofascista dentro de las coordenadas de estas expresiones políticas, económicas y mediáticas en la actualidad.

Dejo los párrafos finales del artículo para la necesidad de pensar en una alternativa que enfrente no sólo a este Régimen del 23 sino a su método que, como vemos, se está constitucionalizando. La clave, precisamente porque están constitucionalizándose, tiene que ver con la imperiosa necesidad de una Nueva Constitución. Sólo se enfrentará a su Asamblea Constituyente de Régimen, con una Asamblea Constituyente popular y democrática. Creer que la alternativa se encuentra hoy en claves electorales es obviar no sólo el tipo de régimen que tenemos en frente, sino el método que han empleado para subsistir que intento desgranar en este artículo de reflexión a fondo.

Les dejo el texto, que sirva para abrir el debate sobre lo que realmente está en juego y preguntarnos con honestidad, ¿Dónde está realmente el poder en el Perú?

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La nueva ley de impunidad para crímenes de lesa humanidad

 Por: Carlos Rivera Paz 20. 08. 2024

Finalmente, el congreso promulgó la ley 32107, también llamada ley de impunidad. El único objetivo de la ley es liberar a un grupo reducido de militares condenados por casos de graves violaciones a los derechos humanos que los tribunales han calificado como crímenes de lesa humanidad.

Desde la creación del sub sistema penal de derechos humanos por recomendación de la CV -allá por setiembre de 2004- se han emitido 108 sentencias en casos de violaciones a los DDHH perpetradas durante el conflicto armado interno, de las cuales aproximadamente un 60% han sido condenatorias y dentro de éstas últimas en 25 casos los jueces peruanos han calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al derecho internacional. 

Los jueces, ante la evidencia de que se trataban de crímenes horrendos, como la masacre de Accomarca, El Frontón, Cayara, Barrios Altos, el asesinato de Hugo Bustíos o las violaciones sexuales perpetradas en Manta y Vilca o la desaparición forzada de Teófilo Rímac Capcha, han concluido que definitivamente no estamos ante delitos comunes, sino ante eventos delictivos que atentan ciertamente contra las víctimas individuales de aquellos casos, pero también contra la humanidad entera. Por ello, es que recurren al derecho internacional para señalar que las naciones civilizadas desde más de cien años a este tipo de actos inhumanos perpetrados contra la población civil los denominan crímenes de lesa humanidad y, además, la comunidad internacional ha determinado que es una norma de ius cogens, es decir, el derecho imperativo que todas están obligadas a cumplir, el perseguir y sancionar ese tipo de crímenes.

Los que han alentado la promulgación de la ley sostienen que fiscales y jueces al haber calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad han violado el principio de legalidad, al haber procesado y condenado militares por delitos que no estaban vigentes al momento de haber cometido los hechos por los que han sido juzgados. Esto es falso. Lo cierto es que todas las investigaciones y todos los procesos penales han sido abiertos por delitos que están tipificados en la ley penal nacional. Me refiero tanto al código penal de 1924 como al código penal de 1991. Por ello, los delitos que se les ha imputado a los militares que defienden son los de homicidio calificado, lesiones graves, secuestro, desaparición forzada y violación sexual. Todos ellos son delitos que estaban tipificados y sancionados en la ley penal nacional y, consecuentemente, es evidente que los jueces han respetado escrupulosamente el principio de legalidad, sostén fundamental del derecho penal moderno. 

También los que alientan este nuevo mecanismo de impunidad han dicho que los procesos penales se han abierto sobre las normas del Estatuto de Roma, vigente en nuestro sistema legal desde el año 2002, pero eso también es falso. No existe ninguna investigación o proceso penal que haya sido abierto contra algún militar sobre esa disposición internacional. Menos existe alguien que haya sido condenado en base al estatuto de la Corte Penal Internacional.

El hecho es que los jueces peruanos en esos casos han incorporado una calificación complementaria -que proviene del derecho internacional- y han determinado que, por la naturaleza y circunstancias de los hechos, no cabe ninguna duda que nos encontramos ante crímenes que son repudiados por el derecho internacional, esto es, crímenes de lesa humanidad. Esta calificación no tiene un carácter incriminatorio, pero sirve para determinar que los jueces han identificado un elemento de gravedad extrema que merece esa calificación, la cual se incorpora en mérito al derecho internacional consuetudinario.

Ciertamente -si bien no se trata de una incriminación, la cual se sostiene en la ley penal nacional- esa calificación complementaria si tiene consecuencias jurídicas y la primera es que los crímenes de lesa humanidad son crímenes imprescriptibles porque así lo determina la costumbre internacional y la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad de 1969, en cuyo artículo 1 se establece que tales delitos tendrán esa condición no importando la fecha de su comisión. 

Si bien se pretende señalar que cuando esta Convención fue ratificada por el Perú el año 2003 el congreso estableció una reserva para señalar que los efectos de dicha norma regían en el Perú desde el momento de la ratificación, pero lo cierto es que ya el 2010 durante el gobierno de Alan García se promulgó el decreto legislativo 1097, que decía lo mismo que el proyecto de Rospigliosi, es decir, que la mencionada Convención solo rige desde el 2003 para adelante, pero en marzo del año 2011 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que declaró inconstitucional la resolución del congreso, estableciendo -además- que según la Convención de Viena ningún estado puede hacer reservas al objeto mismo del tratado. 

Entonces, habiendo sido el sistema de justicia nacional muy respetuoso con los derechos fundamentales de los ahora militares condenados, el objetivo de la norma aparece más claramente definido por un ánimo de impunidad para violadores de derechos humanos. Por ello, es que no solo la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido categóricas en señalar que la promulgación de esta norma rompe con los más elementales obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de respeto al derecho al acceso a la justicia de las víctimas, pero también la Fiscalía de la Nación ha expresado una posición meridianamente clara al señalar que esta ley es una muy grave injerencia y atropello a las funciones jurisdiccionales, ya que rompe el principio de independencia y autonomía de las instituciones del sistema de justicia, porque ahora son los congresistas los que buscan liberar de las condenas a sus clientes políticos, como en este caso son los militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Esto, más allá de que resulte inaceptable en un Estado de derecho, es un dato singular en una democracia que ha sido degradada como la peruana.

Ahora ya sabemos que varios militares se han apurado en presentar pedidos de archivamiento de sus procesos judiciales en mérito a la norma promulgada. Frente a ello serán nuevamente los jueces de la república los que tienen el deber de responder -con el derecho en la mano- ante esta norma que busca impunidad. 

Más de 17 millones de peruanos sufren hambre

Por: Alejandro Narváez Liceras 14. 08. 2024

El tema que nuevamente nos ocupa encoge el alma, estremece el corazón, pero al cual no podemos quedarnos ni indiferentes ni impasibles. Es el elefante en la habitación del que no quieren hablar o se habla apenas. Paradójicamente, en el mundo se producen cada vez más alimentos, sin embargo, millones de seres humanos se van a la cama con el estómago vacío. El gran escándalo del hambre, en palabras de Juan Pablo II, impide vivir dignamente a millones de hombres y mujeres que se levantan cada mañana sin saber si van a comer ese día.

Más concretamente, el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de julio 2024 (FAO, por sus siglas en inglés), revela que aproximadamente el 9% de la población mundial (733 millones de seres humanos) pasaron hambre en 2023. Obviamente, la situación no es la misma en todo el mundo. África tiene el mayor porcentaje de población que se enfrenta al hambre, con un 20.4%. En Asia es del 8.1%, en Oceanía del 7.3% y en América 

Pero, ¿Qué es el hambre? 

Hambre es una palabra que significa muchas cosas al mismo tiempo y ninguna buena. Es también las ganas de comer cada cierta hora. En opinión de la FAO, el hambre “es cuando una persona no consume las calorías necesarias para sus necesidades fisiológicas, su actividad física y mental”. Una persona está en situación de hambre cuando no come lo suficiente para una vida plena y digna. Según la Real Academia Española (RAE), “Hambre es la escasez de alimentos básicos, que causa carestía y miseria generalizada”. Si se relaciona con el concepto de seguridad alimentaria, el hambre entendida así es más visible, más urgente. Afecta biológica y psicológicamente a la persona y a su descendencia. Desafortunadamente, este flagelo condena a millones de personas a vivir vidas peores, a depender de otros, a enfermarse, y finalmente morir por hambre.

La gran paradoja, es que el hambre no es sólo un problema de escasez de alimentos en el mundo, si es que alguna vez pudo haber sido. La FAO estima que a nivel mundial 1300 millones de toneladas de alimentos acaban directamente en la basura cada año, lo cual representa un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano (véase el Índice de desperdicio de alimentos 2024). En dinero esto representa aproximadamente 700 mil millones de dólares en los países desarrollados y 320 mil millones en los países en desarrollo. En América Latina se desperdicia el 34 % de alimentos disponibles, lo que equivale a 130 millones de toneladas por año. Con el agravante, cuando la comida se tira a la basura, el proceso de gestión de estos residuos tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Se estima que esta gestión es responsable del 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. 

Secuelas del hambre

Está demostrado que el hambre produce una serie de secuelas, muchas de ellas irreparables. La desnutrición durante los dos primeros años de vida lastra el desarrollo físico y cognitivo del niño, hipotecando su futuro y, por extensión, el de su comunidad y su país. Disminuye su capacidad física y produce un grave déficit en su aprendizaje. Los que sufren desnutrición tienen su desarrollo truncado. 

El hambre no permite concentrarse, dificulta la retención de conocimientos, debilita la memoria. Y esa dificultad para estudiar lastrará su futuro, recortando su capacidad para ganarse la vida. Es el círculo perverso de la exclusión social, la pobreza y el hambre, que no solo encadenan a quienes la sufren, sino también a las siguientes generaciones. Como bien dice el escritor argentino Martin Caparrós (2015) “el hambre es inhumano porque le quita al hombre lo que es más suyo. Lo que le hace realmente humano. El hambre deshumaniza al hombre cuando, además de su salud, su crecimiento o su potencial desarrollo, le arrebata sus sueños”.

Las peores cifras del hambre en el Perú

El hambre en el Perú está en su punto más alto, como jamás se había visto antes. Es el país que encabeza el ranking de inseguridad alimentarita de América del Sur. El informe anual de la FAO 2024, revela que el 51.7% de la población, es decir, 17,6 millones peruanos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave (2022:16,600 millones). Una persona está en situación de inseguridad alimentaria moderada cuando no tiene dinero para llevar una dieta saludable, no sabe si va a comer durante el día o se queda sin comer ocasionalmente. En cambio, la inseguridad alimentaria grave o crónica, se refiere cuando una persona no consume sus alimentos durante el día o más tiempo. Estas cifras son particularmente dramáticas en las áreas rurales que alcanza al 64.1% de peruanos y en las zonas urbanas llega al 46.8%. 

Ministros y barbarie: la insensible justificación de la violencia

 

Por: 

Alejandra Dinegro M.

20. 06. 2024

En un acto de insólita irresponsabilidad, dos ministros de Estado han emitido declaraciones que han dejado al país en un estado de perplejidad e indignación. Primero, el ministro de Educación y sus lamentables argumentos al señalar que las violaciones sexuales a menores de edad de la comunidad awajún, son “prácticas culturales”, en lugar de condenar un delito. Segundo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien debería ser la principal aliada de las víctimas, terminó repitiendo los mismos términos de su colega momentáneo. 

Estas afirmaciones, que desbordan ignorancia, indolencia y desconexión con la realidad, no solo banalizan un problema gravísimo, sino que pone en evidencia una peligrosa falta de empatía y comprensión hacia la protección de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes de una de las regiones con los mayores índices de violencia sexual a menores de edad en situación de vulnerabilidad. 

Un contexto complejo, no una excusa

La realidad en muchas comunidades de la selva peruana es, sin duda, compleja. Factores como el aislamiento geográfico, ausencia del estado, la pobreza, y las dificultades en el acceso a la educación y a la justicia juegan un papel en la perpetuación de círculos viciosos de violencia, pobreza y discriminación. Sin embargo, ninguno de estos factores justifica la violencia sexual. La afirmación de que estas atrocidades podrían ser entendidas como “culturales” no solo es una barbaridad, sino una burla a las víctimas que merecen justicia y protección por parte el principal garante de sus derechos: el Estado peruano. 

Rosemary Pioc Tena, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, reveló la semana pasada que más de 500 maestros han sido denunciados por violación sexual contra cientos de estudiantes en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. Exactamente, desde el año 2010 hasta la fecha, se han registrado 524 denuncias de presunta violencia sexual en centros educativos de localidades como Cenepa y Nieva, lo que ha llevado a la transmisión de VIH a algunas de las alumnas afectadas. 

En la provincia de Condorcanqui, específicamente, 175 docentes han sido denunciados por estos delitos contra estudiantes wampis de nivel primario y secundario, pero lamentablemente, solo 121 han sido separados de sus cargos en toda la provincia.  Asimismo, de las 524 denuncias, solo 49 se encuentran en investigación, y 111 de los docentes han sido destituidos, los demás siguen dictando clases como si nada pasara. 

A nivel nacional, durante los primeros cuatro meses de este año, se han registrado más de 80 casos diarios de violencia sexual. Diarios. En el 2023, el 92% de casos de violencia sexual atendidos por los Centros de Emergencia Mujer fueron cometidos hacia niñas, niños y adolescentes.

¿Qué han hecho el sector Educación y Mujer al respecto, todo este tiempo? En la gestión pública se tienen informes, reportes permanentes de las diversas problemáticas, activación de planes de emergencia, además del interés que debería tener un funcionario público para atender los problemas más esenciales de la población. No hay justificación.

El rol de los ministros: proteger, no justificar la violencia

Los ministros tienen la responsabilidad de defender y promover los derechos humanos, especialmente los de los más vulnerables. Al justificar la violencia de esta índole, señalándola como parte de una cultura local, no solo están ignorando su deber, sino que están validando el abuso y contribuyendo a un ciclo de impunidad.

Por eso, es inaceptable que un representante de la educación ignore las leyes y los derechos humanos básicos, y sugiere una falta de compromiso con la creación de un entorno seguro para el aprendizaje. La educación debe ser un pilar de defensa y promoción de la igualdad y la justicia, no un escudo para justificar actos atroces. Este tipo de declaraciones socavan la confianza en el sistema educativo y en la capacidad del ministro para liderar con integridad y responsabilidad.

De igual manera, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha fallado en su deber, exhibiendo una alarmante falta de sensibilidad y conocimiento respecto a los derechos de las mujeres y niñas. Esta visión retrógrada y peligrosamente simplista ignora la realidad de la violencia de género y desestima los esfuerzos de las comunidades indígenas que han denunciado estos abusos. En lugar de proteger y empoderar a las víctimas, la ministra ha optado por excusar a los perpetradores, perpetuando la violencia y la discriminación. La función de la ministra debería ser la de abogar incansablemente por la igualdad y la justicia para todas las mujeres, independientemente de su origen cultural o geográfico. Su incapacidad para reconocer y combatir la violencia contra las niñas y adolescentes es una traición a su cargo y un obstáculo para el avance de los derechos de las mujeres en el país.

Las niñas y adolescentes de la selva, al igual que todos los menores del país, tienen derecho a una vida libre de violencia. Las autoridades deben trabajar para eliminar las barreras que impiden el acceso a la educación, la justicia, y la protección en estas comunidades. Además, es crucial llevar a cabo campañas de sensibilización y educación tanto a nivel local como nacional para erradicar cualquier forma de violencia y promover el respeto por los derechos de los menores.

Los graves errores y omisiones de estos funcionarios son inaceptables y deberían culminar en la renuncia inmediata de ambos. Es más hidalgo dar un paso al costado frente a un error, que mantenerse inmoralmente en un cargo público para el que no son humanamente idóneos.

Un llamado a la acción y reflexión frente a la degradación moral

Las declaraciones de los ministros deben servir como un llamado de atención para toda la sociedad. Es fundamental exigir una respuesta firme del gobierno que rechace categóricamente cualquier justificación de actos de violencia. Esto incluye la implementación de políticas concretas para abordar y prevenir la violencia en todas las comunidades del país, presupuesto idóneo y profesionales calificados. 

Necesitamos un liderazgo firmemente comprometido con la erradicación de la violencia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Es crucial que quienes han cometido estos actos atroces sean condenados y llevados ante la justicia. La falta de respuesta del Estado a esta demanda, que define estar entre la vida y la muerte a sus víctimas, no solo refleja una profunda ineficiencia, sino también una degradación de la ética institucional que debería guiar sus acciones.

En lugar de excusar la violencia bajo el pretexto de la cultura, debemos construir una cultura de respeto y protección hacia las niñas, niños y adolescentes. Es imperativo que el Estado tome una postura clara y firme en defensa de los derechos humanos, trabajando en pro de la justicia y la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Y es deber de la sociedad en su conjunto, demandar acciones concretas al respecto. La cultura no puede ser una coartada para la barbarie.

Catástrofe

 

10. 06. 2024/Por: Aída García Naranjo Morales

Como si no fuera suficiente con la perpetración de tropelías, daño a la democracia y destrucción, que representa la Contrareforma electoral autoritaria, y la crisis de régimen en curso, el Legislativo se dispone en breve (junio 2024) a garantizar la impunidad de quienes cometieron graves delitos de lesa humanidad, con lo que retrocedemos a los momentos más pérfidos de la dictadura en los que el congreso aprobó una amnistía general que favoreció al siniestro destacamento Colina.  

El pleno del Congreso de la República del Perú decidió en primera votación (con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones), el 06 de junio, aprobar el proyecto de ley N° 6951/2023-CR, el cual declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. “De ser aprobada se promovería la impunidad frente a investigaciones y procesos judiciales en curso, entre ellos: Cabitos, Huanta, Manta y Vilca (década de 1980), Rio Chari, Universidad del Centro (década de 1990), Caraqueño-Pativilca, Esterilizaciones Forzadas (donde está siendo investigado/procesado Alberto Fujimori Fujimori), entre otros; sino que incluso anularía las sanciones impuestas a aquellos que ya han sido encontrados culpables de estos hechos, como son los casos Accomarca, Chumbivilcas, Cabitos 83 y Chuschi (1980), Barrios Altos, La Cantuta, Gómez Palomino, Sótanos del SIE (casos durante la dictadura de Fujimori)”. APRODEH, CNDDHH entre otros. (06/06/2024)

La Degradación de la Política

En el 2024 la policrisis continua de mal en peor.  El martes 28 de mayo el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena presentó nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’. Boluarte es señalada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio. La Fiscalía manifiesta en su denuncia constitucional que la presidenta Dina Boluarte habría actuado "dolosamente" al recibir como "donaciones" los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, a cambio de Decretos y leyes otorgando una ampliación presupuestal para su región. El cohecho pasivo impropio trata de un delito previsto en el artículo 394 del Código Penal que podría interpretarse coloquialmente con el término soborno / coima. Estimamos que el proceso no avanzaría en el Congreso. 

Esta es una segunda denuncia constitucional presentada contra la mandataria. La primera fue por las muertes en las protestas sociales. El equipo Especial de Fiscales para casos con victimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) del 2022 y 2023 ha puesto en marcha 62 investigaciones en las que están inmersas 324 personas por las muertes y lesiones ocasionadas a 766 víctimas. Según el informe publicado por este quipo, estos hechos generaron 50 fallecidos y 716 lesionados, lo que subraya la gravedad de la violencia durante el denominado “estallido Social”. Pero estos delitos, tanto de la primera como de la segunda acusación, no están en el artículo 117 de la carta magna, lo cual no permitiría acusarla en funciones.  Por ello la estrategia de Boluarte es durar y buscar impunidad.

Se agrava la crisis de los poderes establecidos

El inicio del mandato de Castillo se da en el contexto de una “crisis destituyente” que diferentes sectores han tipificado como de: democracia de baja intensidad (López) de recesión democrática (Transparencia) y/o vaciamiento democrático (Vergara y Barnechea). Desde el 2021 existe en el Perú un sentimiento de sistema roto (Ipsos Global Advisor - Encuesta de 25 países agosto 2021) la misma que señala que el 60% de la ciudadanía considera que la sociedad está fracturada. 

Pedro Castillo Terrones asumió su mandato presidencial (2021-2022) luego de un quinquenio (2016-2021) de inestabilidad política destituyente. La situación del Perú es de aguda crisis política y de una institucionalidad democrática deteriorada, impredecible, degradada, y que se “desmorona” (Cairo), la misma que se expresa en el último sexenio en el Poder Ejecutivo con 6 presidentes en solo dos periodos constitucionales, amén de los procesados, investigados, condenados, presos y uno suicidado. Ejercieron la función de presidente 6 ciudadanos: Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martin Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Ello, sin considerar la juramentación fallida de Mercedes Araoz. De los 6 presidentes que ejercieron el cargo solo dos fueron electos (PPK y Castillo) y los otros cuatro fueron nombrados por el Congreso.

El saldo de esa crisis del ejecutivo (2016-21) incluye nueve (9) gabinetes ministeriales, un aproximado de 200 ministros (desde PPK a Sagasti) y durante la presidencia de Castillo, en menos de 500 días (497), cinco gabinetes, 78 ministros de Estado y la actual gestión Boluarte, ya con tres (3) gabinetes en un año y medio (el primer gabinete duró solo 11 días). Amén de cambios intrascendentes de ministros. Diez (10) ministros han liderado el sector del interior durante el actual periodo de gobierno de Castillo (7) y de Boluarte (3), pese a la crisis de seguridad, considerada como prioritaria en la agenda pública. En consideración a ello el 92% considera que los ministros del interior fueron escogidos por intereses personales y no por merito o capacidad, según IPSOS 78% de peruanos desaprueba la gestión de Boluarte en materia de seguridad ciudadana.  

Hoy en el Perú, solo el 3% de los más pobres apoya a Dina Boluarte. El 90% de los peruanos desaprueba la conducción del gobierno, solo un 5% la aprueba y entre los más pobres (segmentos D y E) solo el 3%. Boluarte se encuentra en su pico más alto de rechazo ciudadano en la percepción sobre su gestión que está considerada “peor que nunca y en que la crisis arecía”, según la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP www.larepublica.pe). Un 72 % de los peruanos considera que la situación económica del país es peor que hace 12 meses y el 55% piensa que la conducción se agravará en el año 2025.

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La madre tierra clama que sus hijos no la destruyan

24. 04. 2024

Por: 

Róger Rumrrill

22 de abril día de la tierra 

El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra que, de acuerdo con la versión bíblica del libro de Génesis, fue la gran y perfecta obra de Dios; esa misma Tierra que los griegos personificaron en Gaia, la diosa suprema y madre de todas diosas y que, para los evolucionistas y darwinistas, luego de miles y millones de años de evolución, dio como resultado final el planeta Tierra y a la especie humana. Ni los creacionistas ni los evolucionistas podrán negar, como dice la misma Biblia en el libro del Antiguo Testamento, en Romanos, capítulo 8 y versículo 22, que “toda la creación gime a una, con dolores de parto” y la ciencia sostiene sin tapujos ni medias tintas que la Tierra está enferma, gravemente enferma.

“Si el planeta Tierra se sometiera a un chequeo anual, similar al examen físico de una persona, nuestro médico diría que la Tierra está realmente muy enferma en este momento y que lo está en muchas áreas o sistemas diferentes, y que esta enfermedad está afectando a las personas que viven en la Tierra”, afirma Yoyeeta Gurta, la copresidenta de Earth Commission y profesora de medio ambiente de la Universidad de Amsterdam, Holanda. De acuerdo a otro experto internacional, Seth Borenstein, la Tierra ya ha pasado siete de los ocho límites establecidos científicamente y ya se encuentra en la “zona de peligro” por el recalentamiento del planeta y por el insaciable e irracional uso y abuso de sus bienes que hace la especie humana.

La Tierra está en la sala de cuidados intensivos

De acuerdo a los científicos, la Tierra está ya en la sala de cuidados intensivos. Las causas de su grave situación de salud, todo el mundo lo sabe. En primer lugar, el uso del petróleo, el carbón y el gas ha calentado la temperatura de la Tierra. En este momento se está a punto de traspasar la barrera de seguridad planetaria que es de 1.5 grados Celsius. Este calentamiento está provocando extremos climáticos en todo el planeta en este momento: escasez y racionamiento de agua en Bogotá; calores infernales en España; inundaciones diluviales en Kazajstán y otras zonas del planeta.

El agua, el único recurso no renovable de la Tierra, es ya el bien de la naturaleza más escaso y motivo de disputas y guerras. Un estudio reciente revela que entre los años 1950-1983 estallaron 1800 conflictos por la posesión del agua y entre 2020-2023 se desataron 200 enfrentamientos por el líquido vital. La escasez de agua es fatal. Cada día mueren 4 mil niños por falta de agua en el mundo. Pero esta escasez, esta sequía se agrava cada día más porque los glaciares, que son los mayores reguladores del agua y de las lluvias, se están secando en todo el planeta. Tanto en el Himalaya, que aporta el agua a los mayores ríos del Asia, como los glaciares de los Andes tropicales, han perdido el 50 por ciento de sus reservas.

El obsceno extractivismo, la colonización de la naturaleza, “la gran desmesura antropocéntrica de la modernidad”, como señala el Papa Francisco en su reciente Encíclica Laudate Deum, están barriendo con los bosques del planeta y de la Amazonía, que son las verdaderas fábricas de agua dulce de la Tierra. Porque los bosques de la cuenca amazónica generan y producen el 30 por ciento del agua dulce del planeta y son el mayor banco genético que aún atesora el 80 por ciento de la diversidad de la Madre Tierra. Pero la extracción aurífera que contamina con el deletéreo mercurio y los combustibles fósiles los ríos, quebradas y lagos y envenena la biomasa pesquera, la flora y la vida humana y las leyes del embudo que promulgan las parásitas y rentistas mayorías congresales están a punto de provocar una debacle ambiental y ecológica en la Amazonía Peruana. A causa de la deforestación planetaria y el desarrollismo fósil que está eliminando de cuajo muchas formas de vida en la Tierra, aproximadamente 1 millón de especies de animales y plantas están al borde de la extinción. Todo ello, pese a que más del 50 por ciento del producto bruto interno (PBI) mundial depende de la naturaleza.

No son las únicas heridas que está sufriendo la Tierra, que son también las heridas que sufre el hombre, porque nuestro cuerpo es la miniatura más fiel de la Madre Tierra y sus heridas son, dolorosamente, nuestras heridas. Otras heridas y muertes tienen como causa y origen la contaminación de la atmósfera que ocasiona el fallecimiento de 8.3 millones de personas cada año; el hambre que igualmente mata millones de personas en el mundo.

La Tierra clama por su salvación

La Tierra clama por su salvación, con medidas y decisiones de emergencia vital como cero consumos de combustibles fósiles, cero deforestaciones, detener la acidificación de los océanos ahora convertidos en basureros de plástico, puesta en cuestión y revisión del antropocentrismo por un cosmocentrismo y biocentrismo que reconozca los derechos de la naturaleza. Sin embargo, mientras la Madre Naturaleza clama por su vida, sus hijos, la especie humana, víctimas de la amnesia social, embobados por el mantra del Capitaloceno, en conciliábulo con la “tribu global de los políticos ultras”, (Pablo Stefanoni, dixit), corren a galope desbocado a la destrucción de su hogar, la Tierra.

Por eso, todos los acuerdos de las Conferencias de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COPs), o la mayoría de ellos, son letra muerta o falaces soluciones, como los han calificado los mejores y mayores expertos a los negocios verdes, las soluciones basadas en la naturaleza y el extractivismo verde.

No hay fondos para la vida, pero sí para la muerte

Pero algo peor que eso está ocurriendo en este momento de demencial distopía en el mundo con una guerra global, desigualdad social y colapso ecológico: los fondos para la vida son muy escasos o simplemente no existen. De acuerdo a las Naciones Unidas, se requiere una inversión de 8.1 billones de dólares antes de 2050 para invertir en el clima, evitar la destrucción final de la biodiversidad y detener la degradación de la Tierra. Sin embargo, en la mayoría de nuestros países nada podrá detener la destrucción de la naturaleza no sólo por la vigencia de un extractivismo insaciable e inagotable, sino también porque este extractivismo se nutre de una concepción antropocéntrica y colonial de la economía, la cultura y todo el sistema de vida.

A contracorriente de los saberes, prácticas, ciencia, cosmologías y cosmovisiones indígenas. “Porque en contraste con el antropocentrismo europeo-americano (de larga fecha en la herencia cultural judeocristiana-islámica y científica). Los pueblos indígenas durante milenios construyeron sistemas cosmocéntricos y policéntricos basados en la lógica de la diversidad y en la lógica de la reciprocidad”, escribe el notable antropólogo Stefano Varese.

Pero el dinero escasea o no existe para salvar la vida. Pero sí para la muerte. Sólo en el año 2022, los gastos en armas para la guerra alcanzaron la estratosférica cifra de 2,24 billones de dólares. Estos 2,24 billones equivalen al 2,2 por ciento del PBI mundial. Los 15 principales grupos del complejo militar-industrial, entre ellos Lockheed, RTX (antes Raytheon), Boeing y Northrop, han ganado 764 millones de dólares con las guerras en Ucrania y con el genocidio en Gaza. Sólo en la Unión Europea los gastos en armas este año treparon a 380 mil millones de dólares. Con un gasto de 33 billones anuales en 10 años, se pondría fin al hambre en el mundo, afirma José Graziano da Silva, exdirector de la FAO. También las multinacionales petroleras, las principales contaminadoras del planeta, están haciendo su agosto con la guerra y las sanciones que EE. UU. ha impuesto a Rusia. Según Global Witness, British Petroleum, Shell, Chevron, Exxon Mobil y Total Energie han amasado con la guerra 281 mil millones de dólares.

La Madre Tierra está enfadada con la especie humana

La Madre Naturaleza está enfadada con la especie humana. Porque, como señala Gustavo Duch, “el ser humano es el único animal que se tropieza veintiocho veces con la misma piedra”. “La policrisis que vivimos en todo el planeta es una crisis antropológica: es la crisis de la humanidad que no llega a ser humanidad”, escribe el filósofo Edgar Morin. Es decir, debemos volver a ser humanidad para salvar a la Madre Tierra y sobrevivir como especie humana.

Porque al final de cuentas, nuestro cuerpo es la miniatura más fiel de la Madre Tierra. Si la salvamos a ella, también nos salvamos nosotros de la muerte y la extinción.