ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS LLAMA A MOVILIZARSE EL 22 DE AGOSTO Y A PARTICIPAR EN LA II ASAMBLEA NACIONAL DEL 14 DE SETIEMBRE

Por una salida democrática a la crisis: ¡Que se vayan todos! ¡Elecciones ya! ¡Por una nueva Constitución! ¡Solución a las demandas del pueblo peruano! ¡No a la violencia contra la mujer! PRONUNCIAMIENTO A dos años del Bicentenario de nuestra Independencia, vivimos una de las más graves crisis políticas de la República. Se trata de una crisis del régimen político instaurado por la constitución neo liberal de 1993. Cada semana, nuevos episodios dan cuenta de su gravedad y extensión. Las denuncias de casos de corrupción que involucran autoridades, altos funcionarios, jueces y fiscales, periodistas y empresarios se acrecientan. En el Congreso la mayoría encubridora de la corrupción y promotora de la impunidad se atrinchera en sus posiciones de poder a pesar del unánime repudio ciudadano. Muestra de ello es la elección de una Mesa Directiva encabezada por un representante del empresariado reaccionario promotor de la anulación de derechos laborales, discriminadores y hostiles a la igualdad de género, de los pueblos indígenas y originarios, y que descalifica groseramente a sus adversarios políticos. Esta se refleja en la nueva composición de las comisiones de trabajo del Congreso. El Gobierno de Vizcarra y Del Solar, por su parte, intenta cubrir su debilidad política apelando a gestos e iniciativas parciales en el terreno de la reforma política, confrontando al Congreso y siguiendo las principales demandas de la agenda CONFIEP. Por ello promulgaron el Decreto Supremo 345-2018-EF y el DS 237-2019-EF que en nombre de la Productividad y la Competitividad afectan seriamente entre otros los derechos laborales y ambientales; dieron curso a la autorización inicial para el inicio de las obras en Tía María, provocando un conflicto social que involucra no solo al Valle del Tambo sino a toda la Región Arequipa y luego retrocedieron, más recientemente han iniciado el proceso de privatización de las pocas empresas públicas que aún existen y que atienden servicios básicos como Sedapal y otras. (DL 1436 del 2018 y DS 214-2019-EF). Frente a la parálisis económica del país, el gobierno mantiene una errónea política fiscal que prioriza los incentivos a la gran empresa privada y restringe el gasto público. La insistencia en medidas económicas de inspiración neo-liberal, proyecto que comparten el Gobierno y la mayoría parlamentaria, ha llevado a un marcado deterioro de las condiciones de vida de la población. No es casual que en los últimos meses se hayan incrementado justas protestas y movilizaciones de diversos sectores en el campo y la ciudad las mismas que son criminalizados La economía en general está paralizándose, el empleo formal se reduce a un ritmo no visto desde la crisis del 2008-2009, los ingresos de trabajadores y trabajadoras formales e informales han disminuido, los pequeños y medianos productores y productoras agrarios siguen abandonados. El deterioro económico y social es el caldo de cultivo para el incremento de la precariedad, la inseguridad y la violentización de las relaciones cotidianas. Si a esto sumamos además del machismo y conservadurismo con la proliferación de los discursos promotores del odio y la exclusión, no extraña que siga creciendo la cifra de mujeres víctimas de violencia y de feminicidios. Desde los inicios de la crisis en curso, a fines del año 2017, las organizaciones sindicales y populares, los movimientos ciudadanos, colectivos de mujeres, jóvenes, organizaciones indignas y ambientalistas y los movimientos lgtbiq los partidos progresistas, levantamos la demanda de cambios de fondo. Asumiendo que la raíz de la crisis está en el régimen político y económico heredado del fujimorismo y que se sintetiza en la Constitución del 1993, exigimos abrir un proceso que culminaría con una Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Tras la renuncia obligada de PPK levantamos la exigencia de que se vayan todos –Ejecutivo y Parlamento- y se convocase a nuevas elecciones con nuevas reglas. Los intentos de paliar la crisis con medidas parciales no han hecho sino profundizarla. Es por ello que ahora es el mismo Gobierno, dada la presión popular, plantea adelantar las elecciones encontrando una férrea resistencia en las fuerzas políticas comprometidas con la corrupción y la impunidad, en alianza con la Confiep y los sectores conservadores. Constituidos en Asamblea de los Pueblos del Perú, en febrero del 2019, las organizaciones y movimientos que nos hemos movilizado una y otra vez respaldando la lucha anti-corrupción, rechazando a mafiosos y corruptos, así como demandando cambios profundos en la política económica, nos ratificamos en la exigencia de una salida de fondo a la crisis. El Perú requiere una nueva Constitución que garantice todos los derechos para todas y todos, que defienda la Soberanía Nacional y promueva un Desarrollo Sostenible, Diversificado y Equitativo, respetuoso del Medio Ambiente. En esa perspectiva reiteramos la exigencia de adelanto de elecciones Congresales y Presidenciales siempre y cuando estas se efectivicen con nuevas reglas que garanticen la más amplia participación ciudadana, la paridad y alternancia a todo nivel, excluyan a sentenciados y penalicen el financiamiento ilícito de las campañas políticas. Tal como acordamos en nuestro Encuentro fundacional, llamamos a organizar las asambleas sectoriales, regionales y/o provinciales que permitan la coordinación más amplia posible de organizaciones sociales, movimientos, colectivos, partidos políticos progresistas y ciudadanas y ciudadanos para luchar por darle una salida democrática y progresista a la actual crisis histórica que vive nuestro país. De manera simultánea llamamos a luchar por cambios inmediatos en las nefastas políticas del actual Gobierno y por solución a las demandas más sentidas del pueblo peruano. Frente a la crisis el Pueblo exige cambios profundos al modelo económico, político y social del país: Anulación definitiva de la licencia de construcción para Southern en Tía María y solución a las demandas de la Región Moquegua frente a los incumplimientos de Southern en Quellaveco. Derogatoria de los dispositivos anti-laborales contenidos en el D.S. 345-2018 EF y el DS 237-2019-EF en particular los contenidos en el quinto objetivo de dicho plan. Solución integral a las justas demandas de los gremios agrarios. Incremento del presupuesto público del sector, en particular para el financiamiento del Plan Nacional de Promoción de la Agricultura Familiar. Políticas efectivas de protección a las mujeres frente a la violencia. Implementación de la política de Igualdad de Género a todo nivel. Paridad y alternancia en todas las instancias de gobierno del país. Alto a los procesos de privatización de las empresas públicas y los servicios básicos Sedapal y las públicas estratégicas. Derogatoria del DS 214-2019-EF. Un Presupuesto Público 2020 reactivador que apunte a garantizar los derechos integrales de la población y a diversificar la economía; presupuesto financiado por una reforma tributaria que garantice que paguen más los que más ganan sin excepción. Plena vigencia de la libertad de organización y el derecho a la negociación colectiva en el sector público. Aumento del salario mínimo vital y de las pensiones a los afiliados de la ONP. – Que se resuelvan la legislación para las trabajadoras del hogar, trabajadoras de la agro exportación. Apoyo a las plataformas sociales y gremios en conflictos como: la federación minera, sector salud y la coordinadora de Lima norte que lucha por la nulidad de los peajes. Pleno apoyo a la lucha anti-corrupción y a una efectiva reforma del sistema de justicia, y solidaridad plena con los jueces y fiscales honestos. Sanción penal a todos los involucrados en los procesos en curso. Demandamos justicia y reparación a las miles de víctimas y comunidades que a 16 años de la entrega del Informe Final la Comisión de la Verdad que todavía no alcanzan justicia. Corte inmediato de los juicios a los líderes sociales criminalizados por participar en la lucha social en el campo y la ciudad. Exigimos una política exterior soberana, integracionista y opuesta a toda forma de injerencia ajena a la región condenamos el papel del grupo de Lima y la política exterior liderada por el embajador Popolicio. Por estas demandas llamamos a las organizaciones que forman parte de la Asamblea de los Pueblos del Perú, y a las ciudadanas y ciudadanos en general, a movilizarnos de manera conjunta el 22 de agosto en todos los rincones del país. En Lima la concentración será en el Parque Kennedy a partir de las 4:00 pm. Por todo ello, desde el Comité Promotor de la ANP convocamos a la II ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ que se realizará el sábado 14 de setiembre del 2019. Lima, 14 de agosto de 2019 COMITÉ PROMOTOR Fte: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos