La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, pidió hoy al Gobierno de Ecuador anteponer los derechos de estas comunidades frente a los beneficios económicos por la extracción de recursos.
Tauli-Corpuz concluyó este jueves una misión de once días en Ecuador y en una rueda de prensa en Quito instó al Gobierno de Lenín Moreno a tomar “medidas urgentes” para proteger los derechos internacionales de los pueblos indígenas ya que “la demanda de recursos extractivos y los nuevos proyectos de desarrollo ejercen una presión adicional en sus territorios”.
Según la relatora de la ONU, los indígenas se sienten decepcionados “por la lentitud de los avances en las políticas para defender sus derechos” a sus tierras, territorios y recursos, así como sus instituciones permanentes y a participar y tener autonomía en la toma de decisiones.
“No existen mecanismos adecuados por parte del Estado que garanticen que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos fundamentales”, lamentó Tauli-Corpuz.
La experta filipina en derechos humanos se mostró, no obstante, satisfecha con la iniciativa gubernamental “de establecer un diálogo continuo con los pueblos indígenas” y destacó que Ecuador se encuentra “en un momento decisivo”, tras “una década de retroceso” en la protección de sus privilegios.
Las principales organizaciones indígenas ecuatorianas han criticado que durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) sus derechos se vieron vulnerados y sus dirigentes perseguidos por participar en protestas contra proyectos extractivos en diferentes puntos del país.
La relatora sugirió al actual Ejecutivo llevar a cabo “procesos adecuados de consulta y consentimiento libre, previo e informado, reconocer la autonomía y la justicia indígena y tomar medidas urgentes para reconstruir las instituciones de salud y educación intercultural”.
En este sentido, la representante de la ONU criticó que los recursos económicos que el Gobierno da a la Secretaría de Interculturalidad, que fomenta la educación intercultural y bilingüe de los pueblos indígenas, son “mínimos” y que este año incluso “se han reducido”.
“El Gobierno debe ampliar la revitalización de los centros educativos bilingües de las comunidades indígenas, como han hecho ya algunos pueblos de la frontera norte, que son un ejemplo a seguir para los demás”, puntualizó.
Tauli-Corpuz también recomendó que las autoridades de justicia indígena y ordinaria mantengan un diálogo “productivo” para acabar con la criminalización de los pueblos nativos, y que se desarrollen las medidas legislativas necesarias para coordinarlas.
Igualmente, comentó que existen “múltiples discriminaciones” hacia las indígenas por su condición aborigen y muchas de ellas en la pobreza, y alertó de la “creciente existencia de prostitución y tráfico de personas” en los territorios próximos a las zonas de explotación de recursos.
“No se pueden defender los principios constitucionales sin el total reconocimiento de los derechos de los indígenas de acuerdo al Derecho Internacional, y no se puede conseguir la protección de los derechos de la naturaleza sin defender a quienes protegen la naturaleza”, concluyó.
El informe final elaborado por la relatora especial será presentado en septiembre de 2019 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque las recomendaciones ya fueron entregadas hoy a la Cancillería ecuatoriana en un reporte preliminar. EFE (I)
DE ECUADOR
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