Lima, 25 de abril, 2018.- El fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar a Alberto Fujimori, los exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, así como al ex director del Programa Nacional de Planificación Familiar, Jorge Parra Vergara; y el ex asesor del sector, Ulises Jorge Aguilar como autores mediatos en los casos de esterilizaciones forzadas de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y otras tres víctimas.
Así, el fiscal resuelve la queja interpuesta ante el archivamiento parcial de estos casos. Asimismo, Landa ordenó denunciar a Fujimori, exministros y exdirectores del programa como co-autores por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y 2164 mujeres más que figuran en la denuncia fiscal.
El fiscal superior Landa también ordena denunciar a Segundo Henry Aliaga Pinedo quien se desempeñó como Director General de la Región Salud IV de Cajamarca y otros coautores mediatos por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos.
Con esta resolución, el Fiscal Landa marca un hito en la lucha contra la impunidad al destacar que la política nacional de esterilizaciones forzadas en agravio de miles de mujeres quechuahablantes, campesinas, indígenas y nativas en extrema pobreza, perpetró graves violaciones a los derechos humanos. Sin duda, esta decisión es un primer paso hacia el cumplimiento de la obligación internacional del Estado de individualización y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa suscrita por el Estado de Perú y la representación de las víctimas sobrevivientes a Mamérita Mestanza (2003).
A partir de ahora y en cumplimiento de las obligaciones del Estado y los derechos de las víctimas, llamamos a las autoridades encargadas, en especial a la Fiscal Marcelita Gutiérrez Vallejos, a continuar la investigación con la debida diligencia y celeridad procesal para garantizar la sanción efectiva de los máximos responsables de esta política.
Las 2166 mujeres que interpusieron denuncia hace 15 años ante el Ministerio Público han obtenido con su valentía y persistencia, un avance en su derecho a Justicia, logrando que ahora el caso pase a investigación judicial.
Reconocemos la lucha de DEMUS, CEJIL, el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), APRODEH y CLADEM, co-peticionarias del caso de Mamérita Mestanza, mujer cajamarquina fallecida a consecuencia de la política fujimorista, cuya familia se mantuvo firme en la búsqueda de justicia y reparación.
Asimismo, reconocemos la persistencia de la sobreviviente Victoria Vigo y los deudos de Celia Ramos, patrocinadas por DEMUS; de Rute Zúñiga -presidenta de la Asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas de Anta (Cusco)-, acompañadas por Hilaria Supa; Esperanza Huayana -presidenta la Asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas de Huancabamba (Piura)-, patrocinadas por el Instituto de Defensa Legal IDL y el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional, las mujeres de Chumbivilcas (Cusco) patrocinadas por Derechos Humanos sin Frontera y a todas las mujeres de otras regiones del Perú donde esta nefasta política de Estado se disfrazó de programa de planificación familiar y vulneró el consentimiento previo, libre e informado de más de 200 mil mujeres. Muchas de ellas aún esperan judicializar sus casos.
CLADEM, DEMUS – Estudio por la Defensa de los Derechos de la Mujer, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro de Derechos Reproductivos (CDR), Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos sin Frontera, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Grupo de reparaciones de esterilizaciones forzadas (GREF), Servicios Educativos Rurales SER, Sección Peruana de Amnistía Internacional, ONAMIAP, Alfombra Roja, Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional y las integrantes de la campaña Somos 2074 y Muchas Más.
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