
El compañero Manuel Gaspar había recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos; fue citado por la PGR por la lucha que dieron comunidades contra la imposición de una subestación eléctrica en Cuetzalán del Progreso, expresó el MIOCUP en un comunicado en el que repudia el homicidio.
Recuerda que recientemente, desde el CDHAE AC, impulsó la lucha por la clausura de un “relleno sanitario” convertido en basurero y que desde 2015 la presidencia municipal, encabezada por el panista Óscar Paula Cruz, se negó a cerrar a pesar de los señalamientos de mal manejo por instancias ambientales.
Gracias a la movilización de las comunidades, finalmente dicho basurero ha sido clausurado.
“Exigimos una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia. El fiscal tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos”, asevera el MIOCUP.
Fuente: La Jornada

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