PRESENTACIÓN
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) tuvo a su cargo, en el marco del Proyecto Pro Integridad, auspiciado por USAID, la implementación de la Diplomatura de Especialización en el Sistema Judicial para resolver casos de corrupción. Este programa buscó incrementar la capacidad de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en el procesamiento y resolución de casos de corrupción de conformidad con el Nuevo Código Procesal Penal en Lima, Callao, y los distritos judiciales de la Amazonía Peruana.
Debe destacarse que los distritos judiciales de la selva peruana no habían tenido previamente la oportunidad de recibir una capacitación semipresencial integral en este tema por lo que el trabajo en estas zonas nos parecía de la mayor importancia y responde a nuestro objetivo institucional de brindar capacitación descentralizada que pueda llegar a la mayor cantidad de rincones del país. Creemos que justamente es en los lugares más alejados donde la falta de control por parte del Estado y la ciudadanía permiten el crecimiento del fenómeno de la corrupción.
En el marco de este esfuerzo de capacitación, ocho especialistas de nuestra casa de estudios brindaron a los participantes de las diplomaturas una comprensión integral de las distintas aristas que componen los delitos contra la administración pú- blica. Cada uno de estos docentes elaboró un material de enseñanza, ahora adaptados a un formato de artículo, y que es precisamente lo que presentamos en esta obra. Esperamos que este trabajo contribuya a comprender mejor la lucha contra la corrupción desde el Poder Judicial y el Ministerio Público lo que, en última instancia, propende al fortalecimiento y vigencia plena de los derechos fundamentales en nuestro país. Elizabeth Salmón Directora IDEHPUCP.
INTRODUCCIÓN
El proyecto Promoción de la Justicia y la Integridad en la Administración Pública (Pro-Integridad), implementado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tiene como propósito apoyar los esfuerzos del Estado peruano para reducir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho mediante actividades de asistencia técnica estrechamente alineadas con la reforma de la justicia penal en el marco del Código Procesal Penal del 2004 aprobado por Decreto Legislativo N° 957 en 2004. En esa línea, uno de sus componentes centrales es incrementar las capacidades de los operadores de justicia que aplican el Código Procesal Penal para procesar delitos cometidos por funcionarios públicos.
Con esta finalidad, en 2013 Pro-Integridad efectuó un diagnóstico de necesidades de capacitación y formuló un plan de capacitación para jueces y fiscales. El diagnóstico tuvo como fuente principal la autoevaluación realizada por jueces y fiscales de los distritos judiciales de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao que aplican el Código Procesal Penal a los casos de corrupción, sobre sus necesidades de capacitación en esta materia. Sobre la base de ese diagnóstico, Pro-Integridad entró en una alianza estratégica con el IDEHPUCP que condujo al desarrollo de la “Diplomatura de Especialización en el sistema judicial para resolver casos de corrupción” que alcanzó a cien jueces y fiscales de los distritos judiciales de Lima, Amazonas, Loreto y San Martín. Uno de los productos valiosos de esta diplomatura son los materiales de enseñanza elaborados por los docentes del IDEHPUCP para el desarrollo de sus asignaturas, los cuales constituyen un valioso material de consulta para todos los operadores del sistema de justicia que atienden casos de corrupción en el marco del Código Procesal Penal.
Este libro sigue la estructura del diseño de la diplomatura y ha sido divido en tres capítulos. El capítulo primero, que contiene la teoría y conceptos generales de los delitos de corrupción de funcionarios, busca motivar la reflexión de los operadores del sistema de administración de justicia respecto al ejercicio ético de su función y el impacto que tiene ésta en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gobernabilidad en nuestro país; brindar una visión integral de los sistemas administrativos de la administración pública y los conocimientos teóricos y prácticos sobre las normas que rigen las contrataciones del Estado; actualizar y reforzar el estudio dogmático de las instituciones propias del derecho penal sustantivo y su aplicación en las figuras penales propias de los delitos de corrupción; así como estudiar y analizar la aplicación de los instrumentos y convenios internacionales en nuestro ordenamiento interno.
El capítulo segundo está referido al proceso penal y los delitos de corrupción. Tiene como objetivo contribuir a mejorar el desempeño práctico de los operadores del sistema de administración de justicia en la aplicación de las técnicas y metodologías de investigación que les permita procesar (investigar y juzgar) con mayor efectividad los delitos de corrupción; reforzar y actualizar los conocimientos relativos a la teoría de la prueba aplicada a los casos de corrupción conforme al nuevo proceso penal, con la finalidad de permitirles una mejor incorporación y valoración de los diferentes tipos de pruebas en este tipo de delitos; fortalecer sus conocimientos prácticos en la aplicación de mecanismos de simplificación procesal, orientados a garantizar una pronta y eficaz respuesta al conflicto penal; y por último, analizar la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil derivada del delito y diferenciar el resarcimiento y la indemnización en la sentencia penal. Finalmente, el capítulo tercero se ocupa de la litigación estratégica y la función jurisdiccional.
Se propone fortalecer los roles que asigna el Código Procesal Penal a los operadores del sistema de justicia; reforzar las técnicas de razonamiento lógico y la argumentación jurídica de los operadores del sistema de justicia en las diferentes etapas del proceso penal; así como mejorar su desempeño práctico en la utilización de las técnicas de litigación oral aplicadas a los casos de corrupción con la finalidad de permitirles mejorar su intervención en las diferentes audiencias que contempla el Código Procesal Penal.
Estamos convencidos de que el material contenido en este libro será estudiado, analizado y discutido no sólo por los jueces y fiscales que vienen procesando los delitos de corrupción con el Código Procesal Penal, sino también por otros operadores del sistema de justicia, todo lo cual redundará en beneficio de sus habilidades para manejar con mejores herramientas la lucha contra la corrupción en la administración pública. Lourdes Rivera-Santander Medina Subdirectora Proyecto Pro-Integridad.
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