La Demolición de Graña

Edición 2514: jueves, 16 de noviembre de 2017 -Caretas

Fujimorismo hunde a Graña y Montero a pesar de que su secretario general fue protagónico miembro del directorio hasta 2015.

Tuiteó: “Creo en GyM y en sus 50 mil trabajadores. Denunciemos a Odebrecht”. Derecha, Fiscal Castro asegura que sí hay investigación en marcha.

José Graña, expresidente del directorio de Graña y Montero (GyM), quedó muy mal parado en las declaraciones que Marcelo Odebrecht ofreció al Ministerio Público la semana pasada. Según el ex CEO de la empresa brasileña, la constructora peruana no solamente sabía de las coimas que pagó para las obras en las que fueron en consorcio, sino que el propio Graña llegó a conversar los detalles con Odebrecht.

Esta versión confirma la de Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht en el Perú, a partir de la cual el equipo especial  dirigido por el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, inició una investigación reservada.
Hoy el fujimorismo pretende cortar la cabeza del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con el pretexto de que no se iniciaron investigaciones contra las socias peruanas de Odebrecht. Pero CARETAS dio cuenta de los detalles de estas pesquisas en mayo, en su edición 2486. El fin de semana pasado, Sánchez y Castro confirmaron la información de CARETAS 2513: la corroboración con peritajes está por finalizar.

GyM, por su parte, emitió un comunicado el lunes 13 en el que advertía que no había sido formalmente notificada de la misma.

Una fuente de la Fiscalía dice que “no se le notifica porque la indagación de corroboración es en el proceso especial de colaboración –de Jorge Barata- donde Graña y Montero no es parte”.  

José Graña quedó muy mal parado en las respuestas de Marcelo Odebrecht, que reiteró que empresa estaba al tanto de las coimas.

003 RECARGADO
El jueves 9, el actual CEO de Graña y Montero estaba en Toronto, Canadá, cuando pasadas las 11 de la noche el Congreso aprobó la ley de modificatoria al DU 003 incluyendo  a las empresas socias de Odebrecht en la norma.

Augusto Baertl quedó de una pieza al recibir la noticia.  ¿La SUNAT ya les embargó las cuentas? ¡No me digas eso! ¿Quieres que me dé un shock pulmonar?, respondió alarmado por la otra línea.

El Congreso votó para finalmente incluir a las “consorciadas”  en los severos alcances del Decreto de Urgencia 003. Fueron 55 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones. Se exoneró la segunda votación. De ese modo, quienes se asociaron a Odebrecht en proyectos con al menos 5% de participación donde se hubieran comprobado actos de corrupción tendrán que vender sus activos y ya no podrán contratar con el Estado.

Como consecuencia, el viernes 10, el valor de la acción de GyM en la BVL cayó 15%. Baertl tomó el primer avión disponible a Lima, haciendo escala en El Salvador, para llegar a Lima en la madrugada del lunes 13. Ese mismo día, la Superintendencia de Mercado y Valores (SMV) inició un proceso administrativo sancionador contra la compañía  por no cumplir con la entrega de los Estados Financieros Auditados al 21 de diciembre del 2016. Esa misma tarde Baertl convocó al Directorio de Graña y Montero,  al Comité de Riesgos y los abogados para evaluar la delicada situación.  

Extensión del 003 significa sentencia de muerte para la empresa.

Poco tiempo duró el efecto balsámico de las conclusiones de la investigación independiente a cargo del estudio de abogados norteamericano  Simpson Thatcher and Barlett dado a conocer en la Junta General de Accionistas del 2 de noviembre. Según comunicado de la empresa, “la investigación ha finalizado sin que se haya identificado evidencias que lleven a concluir que alguno de los directores, presentes o pasados, ejecutivos o empleados de la compañía, hayan tenido conocimiento o participado en algún acto de corrupción o soborno a funcionarios públicos”.

CHLIMPER EN EL AJO
El secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, salió a declarar a los medios para reiterar que Odebrecht no dijo durante su declaración que hubiera financiado la campaña de Fujimori y confirmó que presentarán una denuncia penal contra El Comercio.

Excongresista Fernán Altuve.

Según Keiko, ECO la ataca para tapar la corrupción de Graña y Montero, pues con 6.17% de la participación, José Graña es el mayor accionista individual del grupo que edita el diario.

Las transcripciones oficiales de la declaración de Odebrecht establecerán si ECO publicó información errada o tendenciosa. Pero la hipótesis de Keiko comienza a quedarse corta porque fueron varios los medios que salieron con una versión similar ese mismo viernes 10.

Chlimper fue miembro del directorio de GyM entre 2006 y 2015. Entre los comités que presidió estuvo nada menos que el de auditoría y procesos. También integró el de ingeniería y construcción. Es decir, la mata del negocio.

Según la declaración de Barata, aunque fueron acordados en 2004, los US$ 20 de millones en sobornos al expresidente Alejandro Toledo se pagaron entre 2006 y 2010. Cuando Chlimper ya era uno de los directores de la socia de Odebrecht.

Salaverry denuncia a fiscal bajo pretexto de ausencia de investigación.

No solo eso. Durante el mismo período, en 2009, se firmó el contrato del Metro de Lima en el que GyM también hizo consorcio con Odebrecht (67% la brasileña, 33% la peruana), que pagó US$ 8 millones para, supuestamente, hacerse de la adjudicación con sus socios.

En febrero de 2012, con Chlimper de director, se firmó “el acuerdo de distribución de resultados” del consorcio, por el cual Odebrecht recibe “un mayor porcentaje” de dividendos que al que correspondía su participación porque tuvo “un papel determinante en la obtención de los resultados del consorcio”. ¿No lo aprobó el directorio? ¡Pero si se enteró hasta el portero!

En febrero, Chlimper tuiteó: “Creo en GyM y en sus 50 mil trabajadores. Denunciemos a Odebrecht”.
¿Pepe Chlimper; la fuerza empresarial y corporativa de FP, dos veces director del BCR; estaba en el directorio de Graña y Montero y se le pasaban las tortugas? Por favor. Un mínimo de decencia.

LENIENCIA URGENTE
Los consorcios que Odebrecht integró con GyM fueron los de las carreteras Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima y el Gasoducto del Sur. JJC Contratistas Generales también participó en la Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3. Era el consorcio Conirsa, que inicialmente se repartía con  60% para Odebrecht, 28% para GyM, 7% para JJC y 5% para Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (Iccgsa). En 2006 los porcentajes se modificaron a 70%, 19%, 7% y 4%. Debido al escándalo, en marzo último JJC puso en venta su participación.

Aunque –aún– no es un proyecto directamente investigado por coimas, en el Gasoducto también se asoció con la española Enagas, que tiene otros proyectos en el Perú. En el Interceptor Norte Odebrecht se asoció con la peruana Compañía San Martín.

Como corresponde, el DU 003 no tiene nombre propio. Si eventualmente se descubren actos de corrupción de otras brasileñas que trabajan en el país, como OAS, Camargo Correa y Andrade Gutierres, la quincha les caerá a ellas y a sus socios.

Este escenario confirma el potencial destructivo del 003 para la economía del Perú. Se trata de una figura inédita, sin antecedentes, que ya hace agua con el proceso de salida de Odebrecht (CARETAS 2513). La interrupción de la cadena de pagos –con la quiebra de 147 de sus proveedores– y la dificultad para vender sus activos –con compradores potenciales que evitan asumir potenciales pasivos penales– evidencian el fracaso.

Como advirtió Mauricio Cruz de Odebrecht a CARETAS, esa empresa “está en proceso de colaboración hace 10 meses y ninguna otra empresa ha colaborado con la justicia peruana”. Claro está, si lo hacen caen en el cepo del 003. Las extranjeras se tienen que ir y las peruanas desaparecen en el intento.

“Saben que significaría su sentencia de muerte”, concluyó Cruz.

El Perú no tiene legislación de criminalidad corporativa, hoy común internacionalmente.

El excongresista Fernán Altuve, quien fuera abogado de Odebrecht y no es precisamente enemigo del fujimorismo, sostiene que “es urgente que se presente un proyecto de ley de leniencia. Así se establece la responsabilidad penal de los individuos y la económica de los accionistas, que se expresa con las multas. De ese modo, los trabajadores siguen trabajando y no se quedan en la calle. Como ocurre en cualquier parte del mundo”.

El colombiano Luis Guillermo Pérez  Casas, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que celebró un seminario esta semana en Lima, considera que el D.U. 003 “es inédito en el mundo, no hemos escuchado de una experiencia así. Por un lado podría especularse que evitará experiencias futuras de corrupción, pero es mucho más complejo cuando son medidas unilaterales de un gobierno que no implican compromisos interestatales. Por otra parte, cuando expulsas a las empresas estás obstaculizando las investigaciones judiciales. ¿De dónde vas a recabar los testimonios que comprometan a los políticos corruptos?”.