Al menos 30 casos sobre violación sistemática de derechos humanos a pueblos indígenas fueron expuestos por comunidades de la entidad ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
Entre las violaciones que contiene el documento resaltan el despojo de dichos pueblos, así como el aumento de riesgo a personas indígenas, defensoras del territorio y migración.
En el informe argumentan que estas infracciones remarcan la responsabilidad del Estado mexicano en casos de autonomía, autodeterminación y territorio; impunidad en crímenes de lesa humanidad y falta de justicia a pueblos indígenas; y que el incremento de la violencia e inseguridad están asociadas a delincuencia organizada, según información de La Jornada.
Además, las mujeres y niños indígenas son la población más vulnerable a violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con dicho medio, en conferencia de prensa, representantes de agrupaciones informaron que le pidieron a la relatora una nueva reforma al artículo 2 constitucional, pero retomar y actualizar los conceptos en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación, y en los Acuerdos de San Andrés.
Asimismo, le solicitaron que en su reporte, el cual presentará en septiembre del próximo año, incluya “el derecho a veto como muestra del inalienable derecho a la libre determinación”, y cuando de discutir sobre los derechos de los pueblos indígenas se trate, respetar el derecho a decir no.
Eso incluye estar en contra de proyectos, planes, política de estado o empresas que afecten a los territorios y bienes naturales de las comunidades indígenas.
Por ejemplo, que se desconozca y no se conceda permisos de cambio de usos del suelo y de evaluaciones de impacto ambiental a favor de empresas explotadoras de yacimientos de grava y materiales pétreos o a empresas ecoturísticas.
De igual forma, encargaron a la relatora que “se pronuncie por el derecho a la tierra, al territorio, al agua y a la alimentación de los pueblos, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas”.
Manifestaron que si los pueblos indígenas durante todo este tiempo han resguardo la naturaleza de su territorio, y por tanto, a los ciclos vitales de todo el mundo; entonces, tienen que ser ellos mismos quienes decidan, definan y organicen el futuro de estos pueblos.
A su vez, Indicaron que “es necesario redefinir los términos de la discusión sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en función del sujeto histórico, los indígenas desde sus modos, así como formas de normarse y representarse jurídica y políticamente”.
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