Elecciones y dinero ¿Quién te financia?

por Transparencia Perú

Escribe: Gerardo Távara, Secretario General de Transparencia

La regulación del financiamiento de partidos y campañas electorales constituye un elemento esencial en todo proceso de reforma política. El tema adquiere especial relevancia en un contexto como el peruano marcado por altos niveles de corrupción.

En el marco del Plan 32 de reformas institucionales que Transparencia presentó el 2015, propusimos incrementar las facultades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para calcular los gastos de los partidos en las campañas electorales, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y la aplicación de sanciones drásticas que podrían llegar a la exclusión del registro de organizaciones políticas a los partidos que reciban dinero de procedencia ilegal. Lamentablemente, el Congreso de la República ha ido en la dirección contraria.

Hasta las Elecciones Generales del 2016, los partidos estaban obligados a reportar sus ingresos y gastos en varios momentos durante la campaña electoral; ONPE publicaba dichos reportes y los electores podíamos considerar esa información para decidir nuestro voto. El año pasado, el Congreso aprobó una norma que obliga a bancarizar los aportes mayores a una unidad impositiva tributaria y prohíbe recibir fondos de personas condenadas o con prisión preventiva por delitos de especial gravedad (narcotráfico o lavado de activos, por ejemplo), lo cual está muy bien; sin embargo, la misma ley exime a las organizaciones políticas de informar sus ingresos y gastos durante la campaña, sino hasta cuando el proceso electoral haya concluido. En pocas palabras, “primero te doy la credencial de nueva autoridad y después me rindes cuentas de tus gastos”; y si resulta que no se presentan los informes o se comprueba irregularidades, simplemente se aplica una multa que ONPE nunca ha podido cobrar, es decir “no pasa nada”. Se trata a todas luces de una decisión irresponsable.

Las campañas electorales son cada vez más costosas. Entre el 2006 y el 2016, los gastos totales de campaña se triplicaron –de 22 millones a 65 millones de soles aproximadamente- pero la calidad de la representación política no mejoró. En ese mismo periodo, las fuentes de ingresos se hicieron más difusas y difíciles de controlar: lo recaudado en cócteles, rifas, cenas y demás actividades proselitistas pasaron de 3% a 22% de lo reportado por los partidos políticos. Curiosamente, según dichos reportes la colaboración de militantes y simpatizantes se incrementó al mismo ritmo que la desafección ciudadana frente a los partidos y en el mismo lapso en que Odebrecht y sus aliadas financiaban candidaturas.

Ahora que el Presidente de la República ha propuesto consultar vía referéndum el financiamiento de la política estos datos son especialmente ilustrativos, tanto de la centralidad de la consulta como de las interrogantes que ésta podría incluir. Considero oportuno poner en debate y consultar a la población si se establece o no topes a los gastos de campaña para contener el incremento de los costos electorales. En el Perú tenemos topes para el aporte personal a cada partido, pero podríamos avanzar hacia topes a lo que un partido podría gastar en campaña en proporción -digamos- al total de electores de la circunscripción o al total de votos obtenidos. La pregunta que está a la base es ¿Por qué tienen que ser tan caras las campañas electorales?

También es posible consultar si se permite el aporte privado o si las campañas deben financiarse únicamente con dinero del tesoro público bajo condiciones claramente definidas; condiciones tales como los mencionados topes máximos, la rendición de gastos en tiempo real, el levantamiento del secreto bancario de los candidatos, la presentación de candidaturas limpias de antecedentes judiciales, la aplicación de sanciones políticas y penales por la malversación de estos fondos, la presencia en no menos del 50% de circunscripciones electorales, entre otros requisitos que atiendan a la justificada desconfianza de la población y contribuyan a mejorar la calidad de la representación política. Hay quienes proponen limitar los gastos en contratación de publicidad de radio y televisión, lo que en elecciones presidenciales representa entre 70% y 80% pero en elecciones regionales no supera el 20% o 30%. Por eso, soy partidario de establecer topes al gasto total en campañas electorales por cualquier concepto.

Igualmente, podemos preguntarnos si la responsabilidad del financiamiento ilegal es atribuible solo al candidato –como señala actualmente la ley- o si alcanza también a los directivos de los partidos políticos que son los que dan cabida a los postulantes.

El debate está abierto y las exigencias tienen que ser altas. En cualquier caso, se requiere recuperar e incrementar la transparencia en los gastos de campaña electoral, detener la penetración de intereses ilícitos y evitar que el dinero sea el gran determinante de quién habrá de gobernarnos. En tanto se tomen las decisiones de reforma más adecuadas, los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho y la responsabilidad de preguntarle a cada candidato o candidata que pida nuestro voto: ¿Quién te financia?