Por Thalif Deen
Reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Yemen, el 2 de agosto de 2018. Crédito: Manuel Elias/UN Photo.
- Arabia Saudita, acusada de bombardear sin piedad objetivos civiles en el atribulado Yemen y de amenazar con ejecutar a defensores de derechos humanos, es cada vez más conocido por ser un paria dentro de la ONU.
El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres no solo condenó los ataques contra civiles, sino que pidió una “pronta investigación imparcial e independiente” sobre algunos de los últimos bombardeos en ese país de Medio Oriente.
Los bombardeos contra civiles también generaron especulaciones sobre si la coalición encabezada por Arabia Saudita no podría terminar en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra.
En el artículo “44 pequeñas tumbas intensifican preguntas sobre el papel de Estados Unidos en Yemen”, The New York Times señala que algunos legisladores del Congreso legislativos de Estados Unidos pidieron a las fuerzas armadas estadounidenses que aclaren su papel en los ataques aéreos en Yemen, “e investiguen si el apoyo para esos ataques podría colocar a los mentores estadounidenses en problemas legales, como crímenes de guerra”
Guterres consideró que Yemen sufre “la peor crisis humanitaria del mundo” con tres de cada cuatro yemeníes con necesidad de asistencia humanitaria. Por ahora, la ONU y sus socios lograron llevar asistencia directa a más de ocho millones de personas este año.
Desde 2014 fallecieron 10.000 personas, la mayoría civiles, desde 2014.
Pero toda acción drástica contra la coalición, o incluso una investigación independiente de la ONU, probablemente se frustre por las potencias occidentales, incluidos tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, proveedores del mercado de armas multimillonario en Arabia Saudita.
Según Amnistía Internacional (AI), los saudíes también quieren condenar a muerte a cinco personas, procesadas por el tribunal contra el terrorismo de Arabia Saudita, incluida Israa al-Ghomgham, la primera mujer en ser ejecutada, y solo por participar en protestas.
¿Si amenazan con ejecutar a una mujer amenazada de terrorismo, quién sigue: menores de edad?
Daniel Balson, director de campaña de AI, dijo a IPS: “Es triste que en Arabia Saudita, los niños y los discapacitados intelectuales no se salvan de ser ejecutados”.
Abdul Kareem Al-Hawaj tenía 16 años cuando participó en manifestaciones contra el gobierno, Abdullah al-Zaher y Dawood al-Marhoon fueron detenidos el 3 de marzo y 22 de mayo cuando tenían 16 y 17 años, respectivamente. Ali al-Nimr tenía 17, cuando lo detuvieron en febrero de 2012.
Esos casos tienen varios elementos en común. Los cuatro son miembros de la minoría chiita, denunciaron confesiones bajo torturas y corren riesgo de ser ejecutados.
Por desgracia, las autoridades saudíes han probado que están dispuestas a asumir un costo político sustancial solo para matar personas.
En enero de 2016, las autoridades saudíes ejecutaron a 47 personas en un solo día a pesar de la condena internacional generalizada. Arabia Saudita está acostumbrada a ejecutar mujeres, en 2017, de hecho, fueron dos.
Los funcionarios estadounidenses deben, junto con sus aliados occidentales, prohibir la venta de armas a ese país, no solo desalentar las ejecuciones, porque causan innumerables muertes civiles en Yemen, opinó Balson, al ser consultado por IPS sobre la permanente relación entre los gobiernos de ambos países.
“No son conjeturas, es un hecho documentado”, precisó.
A fines de 2017, AI documentó que una bomba estadounidense había matado y lesionado menores de edad en Sana. Y este mes, los medios denunciaron que otra bomba estadounidense había dejado decenas de niños muertos.
“Estados Unidos debe comunicar a las autoridades saudíes que el asesinato de niñas y niños, ya sea desde un avión o a manos de un verdugo, es aborrecible”, subrayó.
Hiba Zayadin, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, dijo a IPS que la fiscalía pide la pena de muerte para cinco de los seis activistas en juicio.
“No conocemos a ninguna otra mujer que haya sido condenada a muerte por defender sus derechos laborales, lo que podría sentar un precedente peligroso”, indicó.
“Muestra la determinación de las autoridades saudíes a aplastar todo tipo de disidencia, a la vez que se dice en camino de modernización, moderación y reformas”, arguyó.
Zayadin señaló que es hora de que la comunidad internacional denuncie las violaciones de derechos humanos, que están cada vez más generalizadas en Arabia Saudita, en especial los aliados como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.
“Creemos que las autoridades saudíes responderán a los reclamos de aliados y empresas internacionales, que pretenden invertir en Arabia Saudita, sobre cuestiones de derecho y de liberar a todos los disidentes detenidos de forma injusta”, opinó.
Si las autoridades saudíes están realmente comprometidas con el proceso de reformas, cambiará su posición, y de no hacerlo, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de pedirle que rinda cuentas y cumpla con sus promesas.
Samah Hadid, director de AI para Medio Oriente, dijo que Arabia Saudita es uno de los países con mayor número de ejecuciones, y el mundo no puede seguir ignorando los horribles antecedentes en materia de derechos humanos.
“Pedimos a la comunidad internacional que presione a las autoridades saudíes para que pongan fin a la pena de muerte, cuya aplicación viola los derechos humanos y los estándares internacionales, a menudo después de juicios groseramente injustos y con fines políticos”, explicó.
Mientras, el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, declaró que por lo menos 22 menores yemeníes y cuatro mujeres fueron asesinados el 23 de agosto, cuando huían del distrito de Al Durayhimi, en la gobernación de Hudaydah.
“Esta es la segunda vez en dos semanas que un ataque aéreo de la coalición saudí deja decenas de civiles muertos. Otro ataque aéreo en Al Durayhimi el jueves (23 de agosto) dejó cuatro niños muertos”, añadió.
Lowcok también señaló que estaba “profundamente preocupado” por la proximidad de los ataques contra zonas humanitarias, como centros de salud e infraestructura de agua y saneamiento.
La ONU y sus aliados, precisó, están haciendo todo lo posible por llevar asistencia a la población. Es fundamental que el personal humanitario pueda llegar a la gente que lo necesita para responder a la enorme crisis humanitaria que sufre Yemen.
La gente tiene que poder huir del conflicto de forma voluntaria para llegar hasta la asistencia humanitaria.
“Las partes en conflicto deben respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional y los que tienen incidencia sobre ellas deben asegurarse de hacer todo lo posible para proteger a los civiles”, añadió.
En otro artículo titulado “Comandantes de Estados Unidos buscan claridad en ataque en Yemen”, The New York Times dijo que desde 2015, Estados Unidos colaboró con el reabastecimiento de aviones en vuelo, análisis de inteligencia y aportó otro tipo de asesoramiento militar.
El comandante de las operaciones aéreas de Estados Unidos en Medio Oriente, general Jeffrey Harrigian, también urgió a la coalición saudí a ser más comunicativo sobre el ataque perpetrado a principios de agosto, cuando murieron más de 40 niñas y niños.
“Hay un grado de frustración que debemos reconocer. Necesitan salir a decir qué ocurrió allí”, declaró.
El conflicto en Yemen comenzó en 2014, cuando los rebeldes hutíes, aliados de Irán, se arrogaron el control de la capital y empujaron al gobierno al exilio en Arabia Saudita. Los combates se intensificaron en 2015.
Traducción: Verónica Firme
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