El presidente Martín Vizcarra se comprometió este 28 de julio a liderar la reforma del sistema judicial. “Se ha evidenciado [con los audios] la corrupción, el tráfico de influencias, la existencia de redes articuladas, la presencia de intereses políticos y económico”, enfatizó en su Mensaje a la Nación. Analistas consultados por SEMANAeconómica coinciden en señalar que el discurso apunta a elevar la presión política en el Congreso para concretar la reforma judicial y política planteadas en su discurso. Éstas no serán posibles sin el respaldo de los parlamentarios, especialmente de Fuerza Popular, y de la sociedad.
“El presidente ha tomado la iniciativa y ha hecho evidente que hay una resistencia del Congreso a avanzar. Por lo tanto, respalda la labor de la prensa y convoca a la población a presionar. El discurso ha sido muy bueno por las propuestas que ha planteado en materia de reforma de justicia y también por la iniciativa política. Le está diciendo al país: no esperemos que el Congreso haga todo”, destacó Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.
EL REFERÉNDUM
Durante su Mensaje a la Nación, el mandatario planteó realizar un referéndum para que el sistema de elección de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se haga a través de un concurso público de méritos, y ya no a través de un sistema de representación —que actualmente es definido por la Junta de Fiscales Supremos, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados, otros colegios profesionales y universidades—, y se modifiquen algunos requisitos para ser consejero.
“Me parece una idea interesante y una importante jugada política. Le está diciendo al Congreso que asuma esa reforma”, sostuvo Javier de Belaúnde López de Romaña, exmiembro de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus). Recordó que desde hace años se discute los mecanismos de selección de los integrantes del CNM. La gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el Poder Judicial y varias bancadas han presentado proyectos al respecto.
De otro lado, De Belaúnde sugirió que, tras la reestructuración del CNM, se busque que el sistema de nombramiento de jueces vincule a la Academia Nacional de la Magistratura con el Consejo. “Lo que me parecía importante es que haya un concurso donde se presenten los postulantes y que los candidatos seleccionados vayan a la Academia de la Magistratura, por uno o dos años. Quienes aprueben los cursos accederían a los cargos judiciales, creo que eso prepara mucho mejor a los jueces. La Corte Suprema está más o menos en esa línea”, explicó.
El abogado anotó que la concretización de la reforma del Consejo sigue estando en manos del Congreso. La Constitución contempla que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum.
REFORMA JUDICIAL
El mandatario informó que presentará seis proyectos de ley orientados a reformar el sistema judicial. Una de las iniciativas contempla la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que reemplazaría a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), organismo que según el mandatario “no ha cumplido el rol que las leyes le han encomendado”. Al respecto, los especialistas no descartaron que la nueva autoridad pueda asumir facultades adicionales a las que ya tiene, lo que le permitirá sancionar a jueces supremos.
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“La OCMA solo tiene posibilidades de sancionar a jueces superiores y de primera instancia. En materia de destitución, los jueces supremos son de competencia del CNM. Todo ese régimen disciplinario va a tener que revisarse”, mencionó De Belaúnde, tras destacar que el Ejecutivo propuso una disposición transitoria que permita revisar los nombramientos y ratificaciones que ha hecho el Consejo que presidía Orlando Velásquez, removido por el Congreso.
De las iniciativas que anunció el mandatario para agilizar la carga procesal, los especialistas saludaron la propuesta que plantea que, en un plazo de 15 días, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) presente un plan de descarga de procesos en el sistema de justicia asociados a pensiones. “Eso tiene que ver con un tema de carga procesal, pero también con un tema de justicia con las personas de la tercera edad. No puede ser que la ONP apele todas las resoluciones de los jueces en contra de las personas de tercera edad”, dijo.
En relación al proyecto de ley que busca que las instituciones judiciales divulguen mayor información sobre cómo administran justicia y sobre la trayectoria de los magistrados, De Belaúnde anotó que también sería importante que se haga un índice y se ordene los fallos por temas, como sucesiones o procesos contencioso administrativos, y se haga más entendible la información para la mayoría de personas.
El mandatario también indicó que presentará un proyecto de ley para que se considere un agravante la comisión de delitos si estos son perpetrados por abogados. Gerardo Távara saludó la iniciativa y dijo que actualmente sólo existía agravantes para el caso de funcionarios públicos. Explicó que de aprobarse la ley, un abogado que ofrezca dinero a un juez tendría una mayor sanción.
Respecto al proyecto que modifica la Ley orgánica del Ministerio Público y crea el sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavados de activos y delitos conexos, Távara indicó que la medida se alinea con la disposición que ya existía en el Poder Judicial, ya que replica la especialización en la Fiscalía. “El Poder Judicial no puede actuar mientras la Fiscalía no actúa. Podemos tener un sistema judicial especializado, pero si no tenemos una Fiscalía especializada, se obvia el paso previo. Ésta es una propuesta que viene de las propuesta que presentó la Comisión Presidencial de Integridad que presidió Eduardo Vega. Allí también se hablaba de un sistema especialización”, manifestó Távara. El exintegrante del Ceriajustambién resaltó que se avance hacia la especialización.
Para el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, las iniciativas del mandatario son también un llamado de atención a los Colegios Profesionales de Abogados, quienes en principio deben velar por el correcto ejercicio de la profesión.
Los especialistas coincidieron en que el Mensaje a la Nación, y el anuncio de la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia —que estará integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo— son sólo el comienzo de una reforma que, para concretarse, necesitará de respaldo político y social.
Fuente: semana económica.
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