El aborto ha sido un tema históricamente incluido en el Código Penal que data de hace casi un siglo y excluido de la agenda pública en este país sudamericano de mayoría católica. El 22 de febrero, sin embargo, irrumpió con la fuerza de un huracán, cuando el gobierno anunció sorpresivamente que habilitaría la discusión en el Congreso.
Fue tres días después de una manifestación en reclamo de la legalización que reunió a miles de mujeres en Buenos Aires, reflejo de un movimiento feminista que ha venido dando claros síntomas de crecimiento en los últimos años.
Entonces, el presidente centroderechista Mauricio Macri manifestó su oposición a la despenalización, aunque dio “libertad de conciencia” a sus legisladores. A partir de allí hubo un debate legislativo en el que expusieron más de 700 personas y una sociedad volcada a la calle como pocas veces.
El resultado fue la aprobación del proyecto el 14 de junio en la Cámara de Diputados, por 129 votos contra 125, y su posterior rechazo en el Senado, el jueves 9, por 38 a 31.
“No sé si en el futuro voy a querer abortar. Pero estoy acá porque creo que la maternidad debe ser deseada y no una obligación”, dijo a IPS la adolescente Violeta García Cesare, de apenas 14 años y que cerca de las 11 de la noche del miércoles 8 aguardaba, a dos cuadras de la sede del legislativo Congreso Nacional, por el resultado de un debate que el Senado había comenzado 14 horas antes.
García había llegado junto a compañeras del Instituto Saint Exupery, un colegio privado de Caballito, típico barrio de clase media de Buenos Aires. “Todos estos meses han sido muy emocionantes. Estoy orgullosa de nuestra lucha”, agregó.
En una noche de invierno en la que el frío, el viento y la lluvia castigaron la capital argentina, decenas de miles de adolescentes y jóvenes como Violeta manifestaron con pañuelos verdes que identifican a la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y cantaron con alegría por la “caída del patriarcado”.
Del otro lado de la plaza del Congreso, y separados por un importante operativo policial, estaban quienes manifestaban con pañuelos azul celeste favor de las dos vidas”. Esta concentración también fue masiva, aunque claramente menos numerosa que la favorable al aborto voluntario, como podía advertirse en los recorridos por la zona.
“Estoy acá porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el bebé que va a nacer”, explicó a IPS el joven Angel Almada, de 17 años, llegado con sus compañeros de la Iglesia de la Restauración, un templo evangélico de José C. Paz, uno de los municipios más pobres del Gran Buenos Aires.
Almada contó que en su colegio durante los últimos meses las autoridades habían prohibido a los alumnos que llevaran pañuelos verdes o celestes, para evitar peleas y discusiones sobre el aborto.
El papel de la Iglesia, justamente, fue muy activo en contra del proyecto de ley en el tramo final, una vez que la iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Un rol activo jugó en esa pelea el argentino papa Francisco, quien simultáneamente con el debate en el Senado se fotografió en El Vaticano con un grupo de argentinos y la bandera celeste con la inscripción “Salvemos las dos vidas”.
Cuando era arzobispo de Buenos Aires, en 2010, el actual pontífice católico había luchado tenazmente contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, que Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar. “Es una pretensión destructiva del plan de Dios”, dijo el entonces cardenal Jorge Bergoglio.
De acuerdo a la Constitución argentina, el proyecto, al haber sido rechazado por el Congreso, no podrá volver a presentarse a un nuevo debate hasta el año que viene.
De todos modos, como la composición del parlamento será la misma, la iniciativa solo tendría oportunidad de prosperar a partir de 2020, cuando se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Sin embargo, antes de fin de mes ingresará al Congreso un proyecto de nuevo Código Penal con el cual el gobierno busca reemplazar al actual, vigente desde 1922.
El texto a ser debatido mantiene el aborto como un delito, pero solo pena al médico o a la persona que lo practique y excluye a la mujer que se someta a él.
Actualmente, el artículo 86 de ese Código Penal permite el aborto solo si hay riesgo para la vida o la salud de la mujer. Además, de acuerdo a la interpretación jurisprudencial que hizo la Corte Suprema de Justicia en 2012, tampoco es punible el aborto realizado a una mujer embarazada como resultado de una violación.
Sin esos eximentes, la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo puede ser castigada hasta con cuatro años de cárcel.
“Hay algunos votos que han sido dirigidos desde un púlpito. Algunos senadores le tienen miedo a la Iglesia, pero estoy convencida de que nosotras ya ganamos. Es solo cuestión de tiempo”, dijo a IPS la socióloga y militante feminista Dora Barrancos, que es una de las directoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Barrancos agregó: “Hoy se impone exigirles a las provincias cuyos senadores votaron en contra de la despenalización del aborto que apliquen la ley vigente y faciliten los abortos en caso de violación o de riesgo para salud o la vida de la madre, ya que muchas ponen trabas”.
El tema también generó división hacia el interior del gobierno. Aunque el propio presidente Macri y algunos de sus principales funcionarios se manifestaron en contra de la legalización, uno de los que lo hizo a favor fue el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.
Rubinstein fue uno de los expositores en el Senado y allí dijo que, si bien es imposible saber cuántos abortos se practican hoy en la Argentina, porque las prácticas son clandestinas, el número no está tan lejos de los 500 mil por año que desde hace tiempo denuncian las organizaciones feministas.
El ministro dijo que, con los datos oficiales de 2016, de 47.000 ingresos en hospitales públicos por complicaciones de abortos, de las cuales 43 terminaron en la muerte de la mujer, se puede estimar que en el país se practican unos 350.000 abortos anuales.
“El debate va a continuar”, reconoció el mismo jueves 9 el propio Macri, quien prometió que el Estado reforzará la entrega gratuita de preservativos, fundamentalmente en el norte del país, la región de mayor pobreza y de índices más altos de embarazos adolescentes.
Edición: Estrella Gutiérrez
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