El 2017 ha sido un año difícil para el sector ambiental en el Perú. El avance de la deforestación, el tráfico de tierras y el incremento de las actividades ilegales como la minería, la tala y el narcotráfico siguen siendo amenazas latentes para el país. Por el lado más optimista, los expertos mencionan, la creación de nuevas áreas protegidas como un aspecto clave que debe resaltarse. Mongabay Latam buscó a un grupo de expertos para encontrar lo bueno, lo malo y lo feo del 2017. Esta es la lista final.
Lo malo del 2017
Los derrames de petróleo, la presencia de minería y tala ilegal en áreas naturales protegidas así como el avance de la deforestación figuran como las principales preocupaciones de los expertos consultados. A ello se debe sumar la percepción de que el Ministerio del Ambiente se ha visto debilitado no solo como actor político, sino como ente rector ambiental.
Bosques, deforestación y criminalidad
Aunque la deforestación ha sido un problema recurrente en el Perú, lo grave este año ha sido la escalada de criminalidad asociada a esta actividad. No solo se ha denunciado violencia en invasiones de terrenos, sino también la presencia de taladores ilegales armados o el asesinato de agricultores.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
A Ráez le preocupan los niveles crecientes de deforestación, así como los incendios forestales que afectaron este año al Perú. También señala que una amenaza gravísima contra los bosques es el tráfico de tierras, “que se ha convertido en una actividad criminal” De hecho, actos registrados en Ucayali que terminaron en la muerte de agricultores o la invasión de un centro de investigación de una universidad en el mismo departamento confirman esta preocupación. Además, continúa el avance de la minería ilegal en la Amazonia, causando una devastación enorme.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y lideresa indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
Ruth Buendía y las comunidades ashaninkas del Ene que ella representa vivieron este año de cerca la violencia de la tala ilegal. Traficantes armados amenazaron y deforestaron terrenos indígenas del VRAEM, exactamente en la comunidad de Meantari. Por eso, para Buendía, uno de los aspectos más negativos del 2017 es que los madereros ilegales y legales sigan extrayendo árboles sin que haya un control estricto por parte de autoridades como Serfor. A ello, agrega, autoridades y funcionaros no siempre hacen cumplir las leyes y muchas veces no se comprometen ni aplican sanciones.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
Para Guzmán lo negativo radica en la deforestación que nuevamente está relacionada con la minería y la tala ilegal y que ponen en riesgo el patrimonio forestal nacional. Dice además que se debe tener una mejor inspección de las tierras agrícolas superpuestas a los recursos forestales y que se debe elegir entre tumbar el bosque para agricultura migratoria o conservarlo para darle un valor agregado.
Iliana Monterroso, investigadora posdoctoral de CIFOR.
Considera como negativa la aprobación de leyes y políticas que no ven a los bosques como áreas que pueden ser desarrolladas de manera diferente a las promovidas a través de las grandes inversiones de infraestructura, minería, agroindustria, extracción de recursos de hidrocarburos, entre otros. “Mientras sigamos viendo al bosque como un área vacía, sin gente, en el que no se genere desarrollo es difícil que se pueda avanzar”.
Juan Carlos Ruíz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
“Se podría decir que 2017 ha sido terrible por el tema de deforestación”, dice Ruiz Molleda y recuerda el caso de Santa Clara de Uchunya, como un ejemplo para entender este problema y el cambio de uso de los bosques sin que las autoridades se pronuncien al respecto. Menciona que en Pucallpa hay corrupción y que prácticamente “es un territorio liberado”. Otra noticia negativa ha sido que Serfor se oponga a que se concluya el proceso de creación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera para darle la razón a una empresa petrolera, que tendría derechos adquiridos.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Para Solano, las imágenes satélites demuestran con claridad el impacto y avance de la tala ilegal, la minería ilegal y la deforestación que siguen aumentando en Perú. “Tiene que ver con permisos de plantaciones que han obtenido áreas con dudosa legalidad”, afirma.
Áreas naturales protegidas
Aunque el número de áreas naturales protegidas se ha incrementado este año, los expertos se preguntan si existe la capacidad del Estado para poder mantenerlas a salvo de peligros como la minería ilegal o el narcotráfico. De hecho, en algunas reservas ya se ha podido ver el avance de estas actividades ilícitas.
Ernesto Ráez Luna, Miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
La preocupación para el experto son las 18 áreas naturales protegidas afectadas por minería ilegal. Preocupan sobre todo Tambopata y el Parque Nacional Huascarán. “Eso es gravísimo”, afirma Ráez. Un segundo tema es la invasión cocalera al sur del Parque Nacional Bahuaja Sonene, situación que está afectando a la población local, que ya ha solicitado la intervención de fuerzas públicas para que los libere.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y lideresa indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
Lo negativo para Ruth Buendía se vio reflejado en el proyecto de ley presentado por el legislador Carlos Tubino, y aprobado en junio de este año, que propone buscar la interconexión de la provincia de Purús, Ucayali, con el resto del país, norma que pone en riesgo la Reserva Comunal Purús, el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Territorial de Madre de Dios, habitado por pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci). El proyecto ha tenido opinión desfavorable de los ministerios de la Cultura y del Ambiente y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), explica la ambientalista.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
La ausencia de un sistema de protección de áreas de conservación privada es lo negativo para el procurador. “El Estado las reconoce, pero no desarrolla mayores esfuerzos en su conservación”. Guzmán lamenta que esta labor se quede solo en manos de los privados, que no tienen el poder necesario para protegerlas del tráfico de tierras, la minería y la tala ilegal.
Juan Carlos Ruíz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Su mayor preocupación es el caso de Nuevo Lamas, una comunidad kichua en San Martín, cuyo territorio se superpone con el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. En consecuencia se ha titulado solo el 1 % de la propiedad y el 99 % se entregó en sesión de uso. “Hemos planteado una demanda de amparo y hemos pedido consulta previa”, sostuvo el abogado.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
No considera que exista algo negativo, pero cree que se debe potenciar el Sernanp, la autoridad estatal encargada de su gestión. “Es una institución que trabaja con objetivos específicos y sustentados”, dijo.
Biodiversidad amenazada
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Para Ráez se presenta una paradoja en este tema pues el acceso y la calidad de la información sobre temas ambientales ha mejorado mucho y ello permite conocer el verdadero estado de nuestros ecosistemas. “Este año nos dimos cuenta de la gravedad de la contaminación plástica en el mundo”, sostiene. El 2017 ha sido también para Ráez el año de los incendios forestales y del récord en emisiones de gases de efecto invernadero y señala que la aprobación del proyecto de la Hidrovía Amazónica es un serio problema.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y lideresa indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
Sobre este tema, la lideresa indígena es enfática al decir que los ríos cada vez están más contaminados con residuos de las ciudades, relaves mineros, y con químicos provenientes de la elaboración de pasta básica de cocaína en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM. “Estas actividades exterminan los peces de los ríos, aves del bosque y degradan los suelos”, agregó.
Juan Carlos Ruíz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Al abogado de IDL le preocupan los derrames de petróleo que han continuado este año en la Amazonía peruana. Menciona estudios que señalan indicios de contaminación con metales pesados en ríos como consecuencia de estos derrames. “Creo que la mala noticia del año es los derrames de petróleo”, agregó Ruíz, quien sigue de cerca los juicios presentados por comunidades indígenas contra el Estado peruano debido a estos derrames.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
“Ha sido un año de transición sin muchos avances” dice Pedro Solano y explica que el Perú forma parte del Convenio sobre Diversidad Biológica y que está comprometido con cumplir con las metas de Aichi sobre biodiversidad, que son acuerdos de los países para proteger un 17 % de biodiversidad terrestre y un 10 % de biodiversidad marina. “El Perú tiene un grandísimo pendiente en áreas marinas porque no llegamos ni al 1 %”, dice.
Pueblos indígenas e inseguridad jurídica
La mayoría de expertos coincide en que los pueblos indígenas han librado una batalla dura en el 2017, no solo por la falta de titulación para sus territorios, sino por la aprobación de diversos proyectos para la construcción de carreteras o hidrovías que tendrán un impacto serio en su vida.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Para Solano el gran tema pendiente relacionado con los pueblos indígenas es la falta de titulación de las comunidades. Otra amenaza son los constantes proyectos para hacer carreteras que vulneran fronteras territoriales y zonas indígenas como la Ley 1123, impulsada por el congresista de Fuerza Popular, Glider Ushñahua, que promueve la construcción de vías en la frontera de Ucayali. “Debería llamarse ley de contrabando o de narcotráfico porque facilitará esas actividades”, sostuvo.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
En este tema Ráez es preciso: el proyecto de Ley 1123 que declara como prioridad construir carreteras en zona de fronteras de la región Ucayali ha sido el tema negativo del año, porque las vías que se construyan pasarán por una gran cantidad de pueblos en aislamiento y sin duda tendrán un efecto negativo.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y lideresa indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
La migración de pobladores a la Amazonía para invadir los territorios ancestrales con fines de sembrío ilegal de la hoja de coca, así como para dedicarse a la minería, al tráfico de tierra, a la tala ilegal de bosque y a otras actividades ilícitas es una de las principales y más cotidianas amenazas para los pueblos indígenas. Eso sin mencionar, agrega Buendía, las leyes que de alguna forma afectan a las áreas naturales protegidas.
Juan Carlos Ruíz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Ruiz señala como negativo que por lo menos cuatro mil comunidades nativas no tengan título de propiedad, y que la gran mayoría de estas no estén georreferenciadas. Agrega que son 22 los trámites que deben realizar las comunidades para lograr su titulación. “Es la otra tramitología”. Un segundo tema tiene que ver con contaminación por actividades extractivas y derrames de petróleo, señala el especialista.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
Al procurador ambiental le preocupan las seudocomunidades nativas que utilizan sus recursos de manera indiscriminada. “Tengo el caso de una comunidad en Madre de Dios que aprovecha de manera irracional sus recursos. No está mal que los utilicen, lo preocupante es que lo hagan sin cumplir las leyes”. Señala que dicha comunidad alquila su territorio a extranjeros, chinos y coreanos y a una minera no autorizada. “Aparecen en una zona y la devastan y se retiran, pero te dejan el pasivo. Por ahí va la preocupación de la procuraduría en cuanto al manejo en zonas donde están los pueblos indígenas”.
Políticas ambientales: el rol del Ministerio de Ambiente
Sin duda, uno de los temas que más ha preocupado a los expertos consultados por Mongabay Latam ha sido el rol del Ministerio del Ambiente durante este año y la falta de importancia que ha tenido el tema ambiental en la agenda política nacional.
Carol Mora, especialista legal del Programa Política y Gobernanza Ambiental, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Considera como negativa la aprobación de la norma que modifica los estándares de calidad para el aire, permitiendo un mayor nivel de contaminación por azufre, por ejemplo, en el caso de Doe Run. “Ha sido muy cuestionable porque el derecho ambiental no permite retroceder ni empeorar sus estándares sin un sustento técnico”.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Para Ráez, el Ministerio del Ambiente ha decidido optar por la inexistencia, “ese parece ser el mensaje político y la apuesta del gobierno, limitar al ministerio hasta el punto que sea totalmente inútil”. Asegura que es extremadamente negativa la decisión del gobierno de ampliar, una vez más, los plazos para la formalización de la minería ilegal. “Tienen tres años más, una especie de patente para seguir destruyendo y usufructuando el patrimonio de todos los peruanos”, culmina.
Juan Carlos Ruiz Molledo, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Según Ruiz, se ha dado un conjunto de normas que están intentado desarticular la institucionalidad estatal en materia ambiental y existe un intento de desmontar las normas del Ministerio del Ambiente. Explica que con el pretexto de que existen sobrecostos y que por ello se ha detenido la inversión en el país, el gobierno ha ido desmontando y promulgando una serie de normas que generan indefensión en materia indígena y ambiental. “En la región existe una pelea entre todos los países por atraer inversión y compiten para hacer a su nación atractiva, desmontando y desmantelando normas”.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
La desactivación de los altos comisionados no ha sido una decisión acertada para el procurador, pues ellos daban cuenta del avance de toda la estrategia. Añade que las estrategias deben ir mutando con el tiempo y que hay que mejorarlas. “Creo que al quitarle ese peso a esos actores hoy tenemos actores fraccionados”, señala con relación a los altos comisionados.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Considera que el tema ambiental ha tenido poca presencia en el debate político económico, y que ha sido un sector poco visible. En el ámbito internacional el tema ambiental es más relevante para la economía, pero en el Perú está escondido, con poca presencia en medios. Señala que el discurso político está más relacionado con rebajar estándares como el tema del azufre en La Oroya o a ampliar los plazos de formalización minera a pesar de que ya se extendió varias veces.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y lideresa indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
De la misma forma, Buendía, que asistió a la COP 23, que se llevó a cabo en Bonn, sostuvo que en estas reuniones no se están resolviendo con la celeridad que deberían los problemas del cambio climático, principalmente de los países del sur. Sostiene que los acuerdos son retóricos y que los países desarrollados, si realmente desean cambiar el futuro de la especie humana, deben tomar acciones concretas como cambiar su matriz energética y disminuir el uso de los recursos naturales como fuente de acumulación de riqueza, entre otras acciones.
Lo bueno del 2017
La categorización de Tres Cañones como área de conservación regional ha sido una muy buena noticia para los expertos debido a que se trata de un sitio emblemático porque se ubica en la provincia de Espinar, en Cusco, donde también se encuentra el proyecto de gas natural Camisea, pero además se trata de una joya natural con una cultura viva muy rica. Otro tema que destaca es la alianza creada entre las comunidades nativas y el Programa Nacional de Conservación de Bosques para evitar la deforestación de la Amazonía, así como la aprobación de la Estrategia nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre.
Áreas naturales protegidas
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
En esta ocasión, Raéz destaca la creación de varias áreas naturales protegidas durante 2017, como Tres Cañones, en Cusco, y otras 10 más de conservación privada. Resaltó en particular la constitución del área de Conservación Privada Páramos y Bosques Montanos de la Comunidad Campesina San Juan de Sallique, en Cajamarca, que protege un ecosistema muy descuidado en Perú. Rescata también como positivo que este año se consiguió expulsar, prácticamente del todo, a mineros ilegales que habían invadido la Reserva Nacional Tambopata. A ello suma que en el 2017 se aprobó la Estrategia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas contra la minería ilegal.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Solano ha identificado varios hechos positivos, sobre todo en el trabajo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), principalmente del equipo de guarda parques. Coincide con Ráez en lo positivo de la creación del Área de Conservación Regional Tres Cañones y resalta también la lucha del Sernanp y la Marina de Guerra del Perú para recuperar la Reserva Nacional de Tambopata afectada por la minería ilegal. De la misma forma, destaca la iniciativa denominada Patrimonio del Perú, impulsada por la Sernanp, que busca dar sostenibilidad financiera a las áreas naturales protegidas.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
El procurador Guzmán considera que se han redoblado esfuerzos para consolidar la fiscalización en áreas naturales protegidas y que hubo un incremento en los procedimientos administrativos sancionadores dentro de estas zonas, así como en las penas para delitos ambientales, específicamente minería y tala ilegal. “Estamos llegando a lugares que antes no lo hacíamos, donde había delitos y no lo advertíamos”.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y lideresa indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
Para Buendía lo positivo fue que las áreas naturales protegidas en la selva central, como el Parque Nacional Otishi y la Reserva Comunal Asháninka, ubicados en la cordillera de Vilcabamba, no sufrieron ningún atentado en su integridad biológica. En su evaluación no deja de precisar que las áreas naturales protegidas siguen siendo de utilidad para la subsistencia de los pueblos indígenas de manera directa e indirecta.
Juan Carlos Ruíz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Para el abogado del Instituto de Derecho Legal (IDL), más bien este ha sido un año de malas noticias en cuanto a áreas naturales protegidas. Considera que lo que se debe impulsar y lo que debe primar es la visión de cogestión y de relación entre los pueblos indígenas y las ANP. “No hay que ver a los pueblos indígenas como invasores y depredadores sino como guardianes”.
Bosques y deforestación
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y líder indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
Lo positivo para Buendía radica en que las comunidades nativas de la selva central están tomando conciencia para dejar de quemar el bosque para la agricultura y más bien están “practicando agricultura sostenible”. Remarcó que este año, siete comunidades nativas de la cuenca del río Ene suscribieron contratos con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, para participar del proyecto de conservación de bosques a cambio de beneficios económicos. “Este programa trabajará con tres comunidades de manera piloto”.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Al igual que la lideresa indígena, Ráez considera que los positivo de este año ha sido el trabajo del Programa Nacional de Conservación de Bosques, por su política constructiva en alianza con las comunidades nativas de la Amazonía. “Es un proceso creado por Antonio Brack y que está siendo bien encaminado”. Agrega que este programa se ha convertido en una fuente oficial de información y de transparencia respecto a los procesos de deforestación en el país.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
El procurador del medio ambiente también considera que lo positivo del año es el trabajo del Programa Nacional de Conservación de Bosques, “una modalidad de conservación que tiene como actores principales a las comunidades nativas”, refiere Guzmán, quien señala que se trata de “un gran esfuerzo” y que los montos de inversión para este programa deben seguir en aumento de tal forma que “se extienda el manto de protección a los bosques”.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
El anuncio que hizo el Poder Judicial de crear el primer juzgado especializado en materia ambiental en Madre de Dios es un tema clave para Solano, puesto que se trata de una región que sufre por tala y minería ilegal. También destaca que la comisión de Medio Ambiente aprobara el dictamen favorable para la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene una relación directa con los bosques. A la lista se suma la aprobación de la Estrategia nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre, un tema clave de la gestión forestal.
Juan Carlos Ruíz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Par Ruiz Molleda el 2017 no ha sido positivo para los bosques y más bien “ha sido terrible por la deforestación”. No obstante, considera un avance que ahora la clasificación de tierras en el caso de la titulación de la comunidad nativa Nuevo Lamas, San Martín, ya no se realice en Lima, sino en la misma región, gracias a la demanda que ganó el Instituto de Derecho Legal en este caso.
Pueblos indígenas en acción
Aunque con dificultades, este año ha tenido avances para los pueblos indígenas en términos de titulación y reconocimiento de sus problemas. Una de sus luchas más importantes se juega en el Poder Judicial donde se juzga la responsabilidad del Estado en los constantes derrames de petróleo de la Amazonía.
Juan Carlos Ruiz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Dos sentencias dictadas por el emblemático caso de los derrames de petróleo en la quebrada de Cuninico fueron positivas para Ruiz Molledo. “Se trataría de un buen precedente” dice con relación a la disposición del Juzgado Mixto de Nauta, Loreto, que ordenó diseñar una estrategia de salud pública y vigilancia ambiental para quienes resultaron afectadas por el derrame del hidrocarburo. Asimismo, hubo una segunda sentencia que dictaminó la nulidad del contrato en el Lote 116 y que ordenó un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas en caso se elabore un nuevo estudio de impacto ambiental.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y lideresa indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
Para la lideresa indígena resultó positivo que la Central Asháninka de Río Ene haya implementado el Sistema de Vigilancia Territorial Integral como un instrumento legal. La decisión se tomó en consenso entre las 18 comunidades que integran la central y sus 33 anexos y permitirá una mejor coordinación para proteger sus territorios de la invasión de taladores ilegales y de los remanentes del terrorismo y narcotráfico que aun permanecen en el VRAEM.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Que continúen los procesos de consulta previa es una buena noticia para Ráez. Cita como ejemplo la consulta sobre la declaración del Área de Conservación Regional Ausangate, en Cusco, que se lleva a cabo en quechua. “Es la número 35, estamos creando casuística importante” señala. Otra buena noticia es el reconocimiento de la existencia de los indígenas Cacataibo en aislamiento. “Esto permite avanzar en el establecimiento y la categorización de una reserva indígena”.
Iliana Monterroso, investigadora posdoctoral de CIFOR.
Señala que este año ha sido muy importante en el tema de formalización y titulación de comunidades gracias a los recursos financieros de los que se dispone. “Se han dado avances importantes después de mucho tiempo en que la titulación se había estancado”. Explica que, por ejemplo, durante cinco años no se tituló ninguna comunidad en regiones como Ucayali, y que ahora se habla de 100 comunidades en el proceso.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Sostiene que lo positivo ha sido la tendencia a considerar los derechos territoriales de los pueblos indígenas como una agenda pendiente. “Mi percepción es que se avanzó poco pero que lo hicimos en la dirección correcta”.
Biodiversidad
Ha sido difícil para los expertos encontrar temas positivos o avances en la conservación de la biodiversidad, un tema que en general —según su opinión— ha sido descuidado.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Para Ráez, una de las excepciones positivas relacionadas con este tema ha sido la aprobación de la Estrategia nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre, elaborada entre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Wildlife Conservation Society (WCS). “Se trata de un tema muy descuidado que ha conducido a una tremenda depredación”.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
“El tema de biodiversidad debemos verlo desde varios sectores”, comenta Guzmán. Añade que el Ministerio de Agricultura hizo un buen trabajo preventivo en relación al cuidado de flora y fauna; y que el Ministerio de la Producción también con los estudios hidrobiológicos para los tiempos correctos.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Para el director de SPDA, el 2017 fue un año de transición en el tema de biodiversidad, sin muchos avances.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y lideresa indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
No menciona acciones positivas en relación a la biodiversidad y más bien cree que hay una fuerte degradación de ríos, bosques y suelos.
Juan Carlos Ruíz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
“Quisiera ser optimista pero se han presentado demasiados derrames de petróleo este año”, dice Ruiz Molledo en relación a la biodiversidad.
Políticas ambientales
Carol Mora, especialista legal del Programa Política y Gobernanza Ambiental, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Para Mora lo positivo fue que se cumplieron los tres años de moratoria que se impuso al régimen de fiscalización ambiental, el mismo que impedía a la OEFA aplicar sanciones a las empresas que incumplían las normas ambientales. Prueba de ello fueron los derrames de hidrocarburos en el oleoducto norperuano que el organismos regulador no pudo sancionar. Además, considera alentador que el Congreso de la República no haya presentado un proyecto de ley para ampliar este plazo.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
“No tengo nada que decir en este tema”, señala Ráez, quien sostiene que en Perú se está desbaratando el sector ambiental.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
Para Guzmán la intervención del Estado ha avanzado desde el punto de vista represivo “Las leyes de interdicción contra minería y tala ilegal han sido un mecanismo válido y útil”. Menciona que las leyes represivas permitieron generar controles y de no haberse cambiado las leyes, la deforestación en Madre de Dios sería más crítica. “Creo que estas normas han servido para reprimir la avalancha de la fiebre del oro en Madre de Dios. La tasa era altísima antes de las normas”, confiesa.
Juan Carlos Ruiz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Lo positivo ha sido que finalmente se aceptó que se lleve a cabo la consulta previa para el Plan Nacional de Palma Aceitera, dice Ruiz Molleda.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Solano opina que lo positivo se dio en los programas para residuos sólidos y la disposición de desechos, “un pendiente grande en Perú”, y agregó que espera que se tengan buenos resultados.
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