Jaime Septién | Dic 27, 2017
¿Salida de la crisis humanitaria y de la bancarrota?
Puerto Rico es desde 1952, oficialmente, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos; también oficialmente es un territorio no incorporado estadounidense con estatus de autogobierno.
Pero, en realidad, o por lo menos para el sacerdote jesuita Jorge Ferrer, director del Instituto de Bioética en el Campus de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico es realmente una colonia de Estados Unidos.
Y debe ya dejar de serlo. O cambiar su estatus, pues la situación económica, humanitaria y medioambiental que dejaron a su paso los ciclones Irma y (sobre todo) María que, según estimaciones oficiales del gobierno de Puerto Rico, generó cerca de 94,000 millones en daños y perjuicios, han ahondado la ya de por sí fortísima crisis de deuda externa de la isla, cercana a los 70,000 millones de dólares.
Estados Unidos, por una intrincada red de controversias jurídicas, no lo está incluyendo en los fondos solicitados por el gobernador Ricardo Rosselló a través de Federal Emergency Management Agency (FEMA).
El fondo de la crisis
Irma y María acabaron con la red eléctrica y la de telecomunicaciones de Puerto Rico. Cerca de 200,000 casa resultaron dañadas. A fines de diciembre no hay un recuento real de familias y empresas sin energía eléctrica. Hay municipios completos y secciones del área metropolitana de la capital que aún no tienen electricidad, y áreas rurales sin servicio de agua potable y la que hay es de muy dudosa calidad.
Investigaciones académicas, como por ejemplo, la del Centro de Investigación del Censo en el Campus Cayey de la Universidad de Puerto Rico estima que el nivel de pobreza ahora puede llegar al 60 por ciento. El desempleo también ha crecido, ya que muchas empresas no han podido reabrir después de la tormenta. Según el Departamento de Trabajo de Puerto Rico, la isla perdió 31.600 puestos de trabajo solo durante el mes de octubre.
Otro tema es el de la emigración de puertorriqueños, principalmente hacia Estados Unidos continental. De 2006 a 2016, la isla perdió más de medio millón de personas, pasando de 3.9 a 3.4 millones de habitantes. El paso de los ciclones hará que otras 400,000 se muden entre 2017 y 2019. Y los que se van son familias y profesionales (por ejemplo, médicos) que reducen la base impositiva y aumentan la pobreza.
¿Es Estados Unidos culpable?
“Si bien la responsabilidad principal de la renovación pertenece al pueblo puertorriqueño, los Estados Unidos continentales tienen su parte de responsabilidad moral por la situación calamitosa de la isla”, escribe el padre Ferrer en su artículo publicado en la revista América de los jesuitas estadounidenses.
En efecto, dice el sacerdote, Puerto Rico “necesita regenerarse” desde la reconstrucción física y financiera, pero, también desde la ética. “Los puertorriqueños debemos asumir la mayor parte de la responsabilidad”, agrega en su nota.
Más adelante, subraya: “Los Estados Unidos invadieron Puerto Rico en 1898, y desde entonces ha mantenido su poder colonial sobre la isla. La ciudadanía estadounidense se otorgó a los residentes de la isla en 1917, pero Washington continúa ejerciendo la plena soberanía sobre Puerto Rico; no votamos por el presidente y solo tenemos un miembro sin voto en el Congreso”.
El padre Ferrer recuerda que si bien es cierto que los puertorriqueños y las compañías estadounidenses y extranjeras que hacen negocios en Puerto Rico no pagan impuestos federales sobre los ingresos generados por fuentes puertorriqueñas (un hecho que sirve para justificar la falta de paridad en los programas federales, sociales o de infraestructura), también lo es que “con pocas excepciones, todos los empleados remunerados en Puerto Rico pagan impuestos federales sobre nómina”.
Tres puntos clave
La pregunta es: ¿cómo puede contribuir Estados Unidos a un futuro sostenible para Puerto Rico? La respuesta que da el sacerdote jesuita es que lo primero de todo sería “crear conciencia en el continente sobre la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos”.
En segundo lugar, la solución a largo plazo, que no reside únicamente en los programas de bienestar social, tan esenciales como podrían ser en la actualidad, sino en el desarrollo económico.
“El desarrollo económico es la base del tercer punto de la agenda: un proceso de descolonización para Puerto Rico, ya sea que signifique ser Estado o independencia. En el siglo XXI, el colonialismo no sirve a los intereses de Puerto Rico o de Estados Unidos”, termina diciendo el padre Ferrer.
ALETEIA
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