La comisión investigadora sobre los derrames del Oleoducto Norperuano aprobó su informe final en noviembre pasado pero Pleno del Congreso aún no lo discute. Informe halló indicios de corrupción y negligencia en la estatal PetroPerú.
Derrames de petróleo: Congreso aún no debate informe que señala corrupción y negligencia
Vigilante Amazónico, 11 de marzo, 2018.- Pese a que el pasado mes de noviembre la comisión investigadora sobre los derrames del Oleoducto Norperuano aprobó su informe final, éste aún no es debatido por el Pleno del Congreso.
El informe muestra los terribles impactos de decenas de derrames de petróleo para el ambiente y salud de las comunidades indígenas, y encuentra indicios de corrupción y negligencia en la estatal PetroPerú.
Decenas de derrames a lo largo de los años han afectado la salud y ambiente de las comunidades indígenas de la amazonía norte (Foto: PUINAMUDT)
La comisión multipartidaria investigó los derrames ocurridos entre 2008 y 2016. En ese periodo, se produjeron 36 derrames de petróleo, los mismos que vertieron al ambiente un aproximado de 32 mil barriles, de los que se pudo recuperar un 62%.
El área impactada es de 1415 km2, y los derrames afectaron a decenas de comunidades a lo largo de los tres tramos del oleoducto, que une las localidades de San José de Saramuro y Andoas (en Loreto) con la costa peruana.
La comisión concluye que los derrames han afectado gravemente el ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas y la salud de las comunidades.
Además, señala que los impactos no han sido analizados, medidos ni valorizados por parte del Gobierno, y que existe escasa información sobre los impactos en la salud de la población.
Las causas
Durante los últimos años, ante cada nuevo derrame, funcionarios y opinólogos señalaban como responsables a miembros de las propias comunidades indígenas que supuestamente perforaban el ducto para robar petróleo o para sabotear a PetroPerú.
Sin embargo, el informe de la comisión investigadora es claro: NO SE HAN ENCONTRADO indicios razonables que permitan establecer vínculos y responsabilidades en las comunidades nativas frente a los derrames.
Por el contrario, son éstas las mayores perjudicadas por los derrames, porque el agua que consumen y sus fuentes de alimento (pesca, caza y vegetación) se ven contaminados.
De hecho, en muchos de los casos señalados por la empresa como “sabotaje” los responsables nunca fueron identificados, lo que implica un importante vacío que pudo haber sido aprovechado para encubrir posibles errores.
Esto parece haber sucedido en el caso del derrame de Cuninico (2014), cuando PetroPerú reportó un sabotaje pero la OEFA comprobó que fue provocado por falta de mantenimiento.
La comisión encuentra un conjunto de responsabilidades en los funcionarios de PetroPerú. Señala diversas negligencias, como no ejecutar de manera oportuna los compromisos estipulados en su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental en lo referido a las inspecciones de corrosión y pérdida de espesor de los componentes del ducto.
Asimismo, por no ejecutar en su totalidad las actividades predictivas y preventivas de sus planes de mantenimiento; no contar con planes de contingencia actualizados; incumplir con el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos; entre otras.
"Se encontró tramos con 16 años sin mantenimiento", explicó al Vigilante Amazónico Patricia Angulo, asesora del despacho del congresista César Villanueva, quien presidió la comisión investigadora.
Pero lo más grave es que la investigación encuentra indicios de corrupción en relación a la contratación de las empresas encargadas de la remediación.
Petroperú contrató a empresas sin que tuvieran experiencia suficiente, capacidad financiera y tiempo de actividad para brindar servicios de remediación por sumas millonarias, señala la comisión.
"Algunas de estas empresas fueron constituidas solo dos meses antes y empiezan a ganar licitaciones", explica Angulo.
Tabla muestra empresas sin experiencia y las millonarias licitaciones que ganaron a raíz de los continuos derrames
Ante ello, los funcionarios de PetroPerú encargados de atender las emergencias ambientales en los derrames de petróleo del oleoducto, serían presuntamente responsables de concertar contrataciones directas con los representantes legales y dueños de dichas empresas, indica el informe.
Por ello, la comisión presume la posible existencia de un delito de colusión que debe ser investigado a fondo por el Ministerio Público.
El informe concluye que “las empresas antes mencionadas podrían haber tenido los suficientes incentivos económicos para participar directa o indirectamente en los cortes al Oleoducto efectuados entre los años 2014 y 2016, toda vez que al aumentar su frecuencia, sus posibilidades de generar ganancias se incrementaron exponencialmente”.
Graves acusaciones que deberán ser aclaradas por la empresa e investigadas por la Fiscalía. Pero para ello es necesario que los congresistas debatan y aprueben este importante informe. Pese a ello, siguen pasando los meses y la mesa directiva del Parlamento aún no pone el tema en agenda.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones de la comisión, se señala la necesidad de que PetroPerú cuente con una Evaluación Ambiental Estratégica del Oleoducto, así como la urgencia de remediar y recuperar el 100% de las zonas afectadas, lo que debiera ser verificado mediante una auditoría ambiental a cargo de una institución especializada independiente.
Así mismo, recomienda al Ministerio de Salud elaborar un estudio profundo sobre los impactos para la salud de las comunidades afectadas por los derrames.
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Fuente Recibido de Vigilante Amazónico: http://vigilanteamazonico.pe/
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