por Sandra Cuffe
- David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A., fue capturado el 2 de marzo y se le decretó prisión preventiva el 10 de marzo. Se le acusa de ser autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres.
- Hasta la fecha son nueve personas que esperan desde la cárcel su juicio por el asesinato de Berta Cáceres. La mayoría tiene nexos o con la empresa o con las Fuerzas Armadas de Honduras.
A dos años del asesinato de Berta Cáceres, reconocida activista ambiental, las autoridades hondureñas capturaron el 2 de marzo a David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la defensora indígena y ambiental por el rechazo comunitario a la apropiación de un río del cual depende la población. Castillo es la novena persona capturada en este caso y se le acusa de ser autor intelectual del asesinato.
Las afueras de los juzgados capitalinos se llenaron de nuevo de manifestantes que exigían justicia por la muerte violenta de Cáceres. La audiencia inicial de Castillo Mejía estaba programada para el jueves 8 de marzo, y llegaron organizaciones sociales e indígenas para hacer un plantón. Como era también el Día Internacional de la Mujer, se movilizaron organizaciones de mujeres y feministas, con algunas de las cuales colaboraba Cáceres.
Querían acompañar al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización de base que lideraba Cáceres, y también a sus familiares, relató a Mongabay Latam la coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Yessica Trinidad. Al mismo tiempo que exigían justicia por el asesinato de Berta Cáceres, el objetivo era también demandar la investigación de crímenes y persecución contra otras activistas y lideresas sociales, indígenas y ambientalistas.
“El ambiente estaba un poco tenso”, comentó Trinidad. Llegaron a los juzgados también familiares de Castillo Mejía y partidarios de la empresa hidroeléctrica, lo cual generó algo de inquietud por la cercanía entre los dos lados, pero se mantuvo la calma. “Fue un día lleno de lucha, un día de mucha resistencia”, dijo.
Entre una petición de la defensa y la falta de una sala con capacidad para los observadores internacionales, al final el tribunal se vio obligado a posponer la audiencia inicial de Castillo Mejía para el día siguiente. La audiencia del 9 de marzo duró hasta después de la medianoche y siguió al día siguiente. Concluyó a las siete de la noche del sábado 10 de marzo, cuando se le dictó a Castillo Mejía auto de formal procesamiento y prisión preventiva.
¿Quiénes están detrás del asesinato?
Cáceres era defensora de los derechos indígenas, ambientales y de género, una lideresa reconocida a nivel nacional e internacional. Fue cofundadora y coordinadora del COPINH y su arduo trabajo la hizo merecedora incluso de reconocimientos como el Premio Goldman 2015 para Centro y Sudamérica, por su rol en la lucha comunitaria indígena Lenca para proteger el Río Gualcarque de la represa Agua Zarca. La empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) pretendía construir la hidroeléctrica y en el momento del asesinato de Berta Cáceres, el presidente y representante legal de esta era Castillo Mejía.
Han pasado dos años desde que el 2 de marzo de 2016, a altas horas de la noche y tras años de amenazas, Cáceres fue asesinada a balazos en su casa de La Esperanza, una ciudad situada en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras. Un colega y amigo suyo, Gustavo Castro, coordinador de la organización mexicana Otros Mundos, presenció el asesinato y también fue herido.
Ahora con la captura de Castillo Mejía son nueve los hombres privados de libertad por cargos relacionados con el asesinato y atentado, y más de la mitad de ellos tienen vínculos o con DESA o con las Fuerzas Armadas de Honduras. Así como en el caso de Castillo Mejía, Douglas Bustillo tenía relación con ambas entidades, como militar retirado y como jefe de seguridad de la empresa. Entre los demás imputados que guardan prisión preventiva, Sergio Rodríguez Orellana era el gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA. Mariano Díaz Chávez era militar activo y Henry Hernández Rodríguez ya era militar retirado, ambos con experiencia en fuerzas especiales.
“No es casual que esto pase”, comentó Trinidad. Cáceres había denunciado con nombre y apellido a los ahora procesados con vínculos militares y empresariales, dijo. Ha existido un contubernio entre DESA y las fuerzas de seguridad, y hasta con operadores de justicia en el país, añadió.
En el caso del asesinato de Berta Cáceres, hay indicios de contubernio. En noviembre del año pasado fueron capturados un agente de policía en actividad, el investigador Juan Carlos Cruz, y el expolicía Miguel Arcángel Rosales. Ambos estaban asignados inicialmente a la investigación del asesinato de Cáceres. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia los procesó por presentar pruebas falsas para tratar de desviar el caso.
En cuanto a DESA, Castillo Mejía está acusado a título de autor intelectual del delito de asesinato, según un comunicado emitido por el Ministerio Público tras la captura del ejecutivo por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). “De acuerdo a la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la ATIC, Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesado por el crimen de la ambientalista”, señala el comunicado.
El Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal el 1 de marzo, el día previo a la captura de Castillo Mejía. Solicitó que se emitieran una orden de captura y una alerta migratoria. Al día siguiente fue capturado en el aeropuerto de San Pedro Sula cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Castillo Mejía creó en el 2015 un grupo de WhatsApp con altos ejecutivos de DESA, entre los cuales figuraba Rodríguez Orellana, quien sugirió encaminar acciones contra Cáceres para debilitar el movimiento contra la empresa y su proyecto de represa. De allí, Castillo Mejía empezó a comunicarse con Bustillo, “para que este último comenzara a realizar acciones para ubicar a las personas idóneas para dar muerte a la ofendida”, según el texto elaborado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida. Siguieron las comunicaciones hasta implicar a todos los ahora nueve imputados en el asesinato de Berta Cáceres, indica el documento.
Sin tratar públicamente los detalles concretos de la investigación, DESA culpó a la injerencia extranjera de la captura de Castillo Mejía y exigió su liberación inmediata. “Tanto el Sr. David Castillo, como todos los miembros de DESA están totalmente desvinculados al desafortunado hecho que terminó con la vida de la Sra. Berta Cáceres, y la empresa rechaza totalmente esta decisión que se desprende de presiones internacionales y campañas de desprestigio de diversas ONG hacia la empresa”, aseveró la empresa en un comunicado publicado el mismo 2 de marzo.
La Asociación Hondureña de Energía Renovable hizo eco a DESA y exigió la libertad inmediata de Castillo Mejía. Y la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica se limitó a solicitar que se respete el debido proceso y no se mediatice el caso.
En busca de justicia
El COPINH atribuyó la captura de Castillo Mejía al trabajo y la presión ejercida por organizaciones nacionales e internacionales. Desde el inicio lo habían denunciado, que la junta directiva de DESA, propiedad de la familia Atala, estaba involucrada, indicó la organización en un comunicado ante la noticia de la captura. “El COPINH seguirá denunciando a toda la estructura criminal y asesina detrás del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y de la cual David Castillo es solo una pieza”, afirmó.
DESA y su proyecto Agua Zarca también tienen vínculos más allá de las fronteras de Honduras. Entre el 2011, cuando la empresa firmó el contrato de operación, y el asesinato de Cáceres, en el 2016, la empresa recibió apoyo y financiamiento de instituciones multilaterales y de gobiernos extranjeros: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), y FinnFund. Sin embargo se suspendieron los desembolsos y créditos tras las campañas de presión iniciadas después del asesinato, pero el financiamiento internacional estaba en juego durante el período de planificación del asesinato que establece la investigación.
Debido a esta presión es que hay avances como la captura de Castillo Mejía, según Bertha Zúñiga Cáceres, una de las hijas de Cáceres y la actual coordinadora del COPINH. Se ve que la constante demanda a nivel nacional e internacional para la captura de los autores intelectuales del asesinato de Cáceres ha tenido impacto, pero existe ahora el riesgo de que con la captura de Castillo Mejía se considere una misión cumplida, explicó.
“El temor que se nos despierta es que podría poner un límite a la investigación de la autoría intelectual”, relató Zúñiga Cáceres a Mongabay Latam, antes de la audiencia inicial de Castillo Mejía. “Nosotros siempre hablamos en plural, porque no responde este asesinato a un interés particular. Responde a un interés de una empresa por aplacar la lucha de una comunidad y la lucha de una organización”, comentó.
Cuesta sostener campañas y mantener presión a lo largo de los años, pero se ha logrado en este caso hasta ahora, dijo Zúñiga Cáceres. “Invitamos a seguirnos acompañando, a seguir exigiendo justicia, porque sí creemos que hemos avanzado, que esto no es voluntad del Estado sino que el estado se ve obligado a dar una respuesta a todo ese esfuerzo político”, afirmó.
El camino hacia la justicia no será corto. Los nueve acusados no enfrentarán un mismo proceso. El año pasado se elevó a juicio el caso de los primeros cuatro imputados que se capturaron en mayo del 2016, entre los cuales están el exmilitar y jefe de seguridad Bustillo, el gerente de DESA Rodríguez Orellana, y el militar Díaz. El caso avanza lentamente y todavía está en la etapa de juramentación de peritos.
Los demás imputados que guardan prisión hasta su juicio aún están a la espera de una audiencia preliminar. No obstante, las investigaciones no se han terminado, según un comunicado emitido por el Ministerio Público la noche del 10 de marzo, después de que lograron prisión preventiva para Castillo Mejía.
“El crimen de Berta Isabel Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), continúa en etapa de instrucción en la ATIC, a fin de castigar a otras personas que estarían siendo señaladas a nivel de autores intelectuales del vil hecho”, afirmó.
Mongabay Latam
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