PRONUNCIAMIENTO
Durante los últimos días y semanas, las y los peruanos hemos sido testigos de graves las denuncias sobre corrupción que comprometen al renunciante Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski. Las declaraciones de Jorge Barata, principal funcionario de Odebrecht en el Perú, ha implicado también a los ex presidentes Toledo, García, Humala, a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, y a la ex alcaldesa Susana Villarán, entre otras personas. A ello se suma la reciente información emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde se señala los montos de dinero que fueron depositados por la empresa Odebrecht a cuentas de Kuczynski por supuestas asesorías verbales.
Hace algunas horas hemos sido testigos, a través de los #KenjiVideos, del vergonzoso intento de compra de votos congresales para detener la vacancia de Kuczynski, lo que nos devuelve a la década del oprobio de la dictadura fujimorista.
Estos hechos agravan la salud moral del país y atentan contra nuestra frágil democracia. Lo advertimos antes cuando se otorgó el indulto ilegal a Alberto Fujimori, se infringió la ley y se violentó nuevamente a las víctimas con la sola finalidad de evitar la vacancia de PPK. Esto se ha confirmado con la información aparecida sobre el expediente del indulto, el mismo que seguramente será anulado en los próximos días por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La transición democrática que siguió a la dictadura nos planteó el reto de transformar al país, de afirmar la democracia y dar fin a las injusticias, corrupción y envilecimiento que nos impuso la dictadura en los noventas. Esta tarea nunca se cumplió, contrariamente la transición nos impuso un modelo que le otorgó un carácter de legalidad a la corrupción y al saqueó al Estado. Todo esto ha frenado el crecimiento del país y nos ha empobrecido moralmente. Miles de millones de dólares han ido a parar a los bolsillos de la corrupción impidiendo el disfrute de nuestros derechos fundamentales, como son el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, entre otros.
En este contexto existe el riesgo latente de un acuerdo de impunidad entre las distintas fuerzas implicadas en los escándalos de corrupción. La impunidad está avanzando a través del control político del sistema de justicia, con el cuestionamiento del Fiscal de la Nación, el cuestionamiento a miembros del Tribunal Constitucional, y con el cuestionable accionar del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano encargado del nombramiento y evaluación de Jueces y Fiscales.
La renuncia presentada por el Presidente Kuczynski no acaba con la corrupción y el crimen que han penetrado peligrosamente al Estado y a nuestro sistema político. Por ello, los procesos de investigación por actos de corrupción deben profundizarse y sancionar a todos los que resulten responsables.
En estas horas difíciles para el país, demandamos del conjunto de fuerzas democráticas, políticas y sociales, un amplio compromiso que garantice una transición política que produzca una profunda reforma y renovación de nuestro sistema político y nos permita enfrentar y sancionar ejemplarmente la corrupción.
Es momento de organizarse y defender al país, al Perú que queremos, desde todas las redes, espacios e instituciones de sociedad civil, desde todas las organizaciones sociales y políticas del campo y la ciudad, desde todos los colectivos juveniles, feministas, TLGBI, y con todas y todos movilizarnos por el Perú diverso, justo y solidario que soñamos.
MARCHEMOS A NIVEL NACIONAL ESTE JUEVES 22 DE MARZO, DESDE LAS 5:00PM.
En Lima en Plaza San Martín:
Convocatoria del Comando Nacional Unitario de Lucha, de las organizaciones sociales y políticas y de todos los colectivos ciudadanos.
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
- Asociación Nacional de Centros – ANC
- Foro de la Sociedad Civil en Salud – Foro Salud
- Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES
- Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP
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