En la zona norte de Honduras la represión contra líderes populares y defensores y defensoras de derechos humanos se agudiza a tal punto de ser víctimas de exposición pública por grupos desconocidos, quienes han creado mecanismos de divulgación para vincular a personas con el crimen organizado y hasta el narcotráfico.
Ese nuevo mecanismo de miedo empezó en San Juan Pueblo en Atlántida, allí varios líderes sociales fueron expuestos en una hoja volante con acusaciones directas de ser los responsables de causar caos a través de protestas contra el fraude electoral. Las acusaciones fueron emitidas por grupos todavía desconocidos pero llenos de mala intención, quienes buscan crear una campaña de odio y desprestigio contra todo lo que signifique oposición a la dictadura impuesta por Juan Orlando Hernández.
La dinámica se trasladó hasta el Valle de Sula en ciudades como El Progreso y San Manuel, sitios donde en los últimos meses estuvo vigente la lucha por la defensa de la soberanía territorial y también contra el fraude electoral del 26 de noviembre. En la última semana de diciembre de 2017, circuló una hoja con perfiles de líderes sociales y defensores de derechos humanos en la zona.
Entre los perfiles expuestos bajo la acusación de conformar “el eje del mal” y responsabilizarlos de las protestas, saqueos y destrucción de negocios, aparecen: el diputado Bartolo Fuentes, la regidora municipal Araminta Pereira, la integrante de la Mesa Ciudadana de Indignación Karina Flores, el dirigente de los indignados Roberto Rivera, el profesor Néstor Alemán, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) y Radio Progreso, el microempresario Jorge Díaz, el alcalde de San Manuel, Arturo Castro y el dirigente popular Reiniery Godoy.
“Esto es parte de un plan de persecución política en contra de una población que no acepta la imposición de un fraude, y en El Progreso aprovechan la situación para identificar a la gente que se ha opuesto a los peajes”, empezó relatando el diputado Bartolo Fuentes.
Fuentes es del criterio que las personas que están exponiendo en esa hoja han sido dirigentes populares y defensores de derechos humanos que han acuerpado una de las luchas más importantes del país en los últimos meses, la que se centra en contra de la instalación de peajes en las carreteras de Honduras. “Mire el caso del alcalde de San Manuel, en este momento él no ha estado en ninguna protesta, pero sabemos que tuvo una postura firme contra el peaje, eso significa que desde hace mucho tiempo la inteligencia militar nos tiene perfilados y ahora aprovechan la situación para exponernos”.
Para Bartolo es parte de un plan previamente orquestado que pretende en primer momento exponerlos y difamarlos, luego atentar contra sus vidas y que gracias a esa campaña creada en este momento se puedan justificar cualquier atentado.
“Si algo nos sucede esto es parte del Estado de Honduras y de la inteligencia militar”, consideró Fuentes.
Por su parte Karina Flores, integrante de la Mesa de Indignación, una estructura creada para articular la lucha de varias organizaciones contra las políticas del gobierno en la zona norte, dijo que además de preparar el terreno para atentar contra sus vidas, también lo hacen para en un futuro inmediato abrir procesos criminales en su contra. “La justicia está secuestrada, está en manos de la dictadura y ellos sólo responden a sus intereses”.
Luego de circular esta lista con los nombres de estas personas, los afectados y afectadas acudieron a las instalaciones del Ministerio Público en San Pedro Sula, al norte de Honduras, para su sorpresa las instalaciones estaban cerradas, pues el personal de esta institución se encuentra de vacaciones y sólo hay fiscales asignados de turno temporal.
Ante tal escenario, lograron contactar a las autoridades de la Fiscalía de Derechos Humanos, quienes al final los atendieron para tomarles el testimonio. “Mire, tocamos las puertas y están cerradas, y están cerradas para los que defienden los derechos de la gente y para los que se oponen a la dictadura, pero para los opresores está abierta totalmente”, dijo Karina.
Y es que el papel de la justicia hondureña en un momento de crisis post electoral como el que vive Honduras deja mucho que desear, hasta el momento el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, registra más de 30 asesinatos a manos de militares, y a pesar de la solicitud de esta entidad al Ministerio Público para que investigue los sucesos, por el momento no se ha iniciado ninguna investigación contra los responsables de estos crímenes, pero sí se han establecido en contra de manifestantes.
Sólo en el Valle de Sula más de 80 personas enfrentan procesos criminales, de los que 15 están tras las rejas en centros penales en Ilama, Santa Bárbara y en El Progreso, Yoro, por el hecho de participar en protestas contra el fraude electoral.
“La institucionalidad debía funcionar para responder a todo tipo de denuncia en este momento, pero esto demuestra la indefensión en la que está la ciudadanía ante tanta violación a derechos humanos”, dijo el padre Ismael Moreno.
La represión aborda diversos métodos: uno, las campañas de desprestigio y de odio, dos las amenazas directas, tres las agresiones durante desalojos a bala viva y capturas que terminan en procesos criminales, y cuatro asesinatos selectivos de líderes sociales, una prueba de ellos fue el crimen contra un dirigente popular de San Juan Pueblo que el pasado domingo fue asesinado en Esparta en el departamento de Atlántida.
“Vemos esto de gravedad y alto riesgo para las personas que ejercemos el derecho de la libertad de expresión y los que reclaman en contra de la dictadura, es la dinamización de las estructuras de exterminio de escuadrones de la muerte que hubo en los años ochenta y son puestos en marcha por los mismos que lo hicieron en aquel tiempo”, denunció Moreno.
En ese sentido la Coalición contra la Impunidad, está haciendo un trabajo de acompañamiento a personas que han sufrido atentados o amenazas de grupos paramilitares, hasta el momento el registro de esta institución indica que más de cincuenta personas están bajo protección secreta en la zona norte y así poder preservar su vida y la de sus familias.
“Se han reactivado los escuadrones de la muerte en el país, vivimos una situación igual o peor a los años ochenta”, denunció el defensor de derechos humanos e integrante de la Coalición Tomás Zambrano.
Honduras vive momentos tensos, momentos de imposición electoral, militar, asesinatos, amenazas, violaciones a la libertad de expresión que se conjugan con la indefensión de la gente, quienes son las principales víctimas de una institucionalidad disfuncional que sólo responde a los intereses del presidente Juan Orlando Hernández.
No hay comentarios:
Publicar un comentario