Autor: Observatorio Administrador
Por Jeshira Castro, docente de la Universidad Católica Santa María
Desde el año 2011 se vienen realizando protestas en el Valle de Tambo, provincia de Islay en Arequipa, en contra del proyecto minero de Tía María. Después de dos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) observados, la desaprobación de los pobladores, agricultores en su mayoría y teniendo en cuenta las constantes protestas, que tuvieron un saldo de siete personas fallecidas, el Estado Peruano, en el año 2015 pone en pausa la decisión respecto de la licencia de construcción hasta que las observaciones sean levantadas. Hace cinco meses la Southern Copper Corporation (SCC) presentó el levantamiento de las observaciones del segundo EIA y es así que el gobierno sin previo diálogo con la población, aprobó la licencia de construcción. Esta decisión a pocos días de que se venza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado hace cuatro años por la empresa, ha alterado los ánimos en la región nuevamente, razón por la cual pobladores y autoridades que se oponen al proyecto han llamado a la movilización y paro desde el 15 de julio, poniendo en peligro la integridad de los pobladores y la paz social.
Es claro que los agricultores, en su gran mayoría, no quieren que Southern opere en la zona, en realidad se han negado de tajo a que se ejecute el proyecto desde el inicio del mismo, nueve años de protestas, idas y venidas dan fe de ello. Las razones son varias: la primera, y puede ser la más importante, es que el valle de Tambo tiene como actividades más importantes la agricultura y la pesca, es un valle productivo y que ha permitido que sus pobladores mantengan una calidad de vida adecuada, ellos no quieren cambiar su estilo de vida, y se sabe que una mina daría un giro de 180°, arruinando sus cultivos, trayendo mayor contaminación y otras actividades que son propias de la actividad minera.
Una segunda razón son los antecedentes de la Empresa Southern Copper Corporation (SCC), que pertenece al Grupo México (GM) es una empresa que tiene una larga trayectoria de violaciones medioambientales y ha sido sancionada en el Perú en variadas ocasiones, además de en México (contaminación de Pasta de Conchos en el 2006 y la contaminación del rio Sonora). Una tercera razón es la inadecuada gestión por parte del Estado, al haber dado la licencia de construcción sin dialogar con los pobladores. Algunos congresistas, entre ellos Marissa Glave afirman que el gobierno se ha apresurado en dar la licencia, sin dialogar con la población para evitar que la empresa tenga que presentar un nuevo EIA y esta sea revisada por el SENACE, y de esta manera ha perdido la oportunidad de alcanzar legitimidad del proyecto y la licencia social, ahora se encuentra frente a una provincia en paro y con el apoyo de gran parte del sur del Perú.
Una mirada cristiana a esta situación nos lleva a reflexionar si es adecuado y necesario una mina en esta zona del país. Desde la encíclica Laudato Si, podemos encontrar algunas pistas de comprensión y por lo tanto, acción frente a lo que sucede en Tía María. Desde el momento en que la población no quiere aceptar la operación minera por temor a la contaminación, y un dudoso EIA se debe aplicar el principio precautorio “si la información objetiva lleva a prever un daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto debería detenerse o modificarse” (LS 186). Esto en bien del respeto por el medio ambiente y por la calidad de vida de los pobladores de la zona.
El Papa Francisco nos recuerda que “la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta” (LS 187) y al parecer es el único criterio que ha mediado la aprobación de la licencia de construcción que ha cedido el Estado y es el argumento más fuerte que tienen aquellos que quieren que la mina opere, cuándo se afirma, por ejemplo, que se prevé una inversión de 500 millones de dólares en este proyecto. Mientras se siga pensando que el bienestar social se alcanza solo con el crecimiento económico, es decir, mientras se mantenga el principio de maximización de la ganancia, poco interesa que se produzca a costa de los recursos futuros o de la salud del ambiente y de la población. Y eso va en contra de la protección del medio ambiente y la defensa de la dignidad humana.
La Iglesia exhorta al diálogo para alcanzar la paz social. En un comunicado del 12 de julio la Conferencia Episcopal Peruana recuerda que el diálogo “es un intercambio recíproco de confianza…que desea el bien de las partes y estrecha vínculos de fraternidad y amistad para avanzar por caminos de justicia y de paz”. Sin embargo, el papa Francisco insiste que este debe darse en las condiciones adecuadas, con todas las partes interesadas “en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y que pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato” (LS 183). Esta situación no se ha dado en el caso de Tía María, no se ha tenido en cuenta la posición de los agricultores de la zona, que lo que más les interesa es proteger sus cultivos y el futuro de sus hijos.
Finalmente la responsabilidad del Estado es velar por el bien común y si bien es cierto la actividad minera es importante para el crecimiento económico, más importante es la lucha contra la corrupción y una adecuada distribución de los recursos. “Si no tenemos estrechez de miradas, podemos descubrir que la diversificación de una producción más innovativa y con menor impacto ambiental, puede ser muy rentable”(LS 191). La productividad en el Valle de Tambo, puede ser mejorada e innovada, y aunque quizás sea a largo plazo, puede resultar muy rentable y con menor impacto ambiental que la operación de una mina.
Desde una mirada de fe, lo más importante es la dignidad de la persona humana, el valor que cada uno de nosotros tiene y el bien común que implica la protección del medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Hoy más que nunca, en el contexto de Sínodo Panamazónico, el papa Francisco nos exhorta a tomar una posición radical frente al grito de la tierra y de los pobres, que claman por justicia. Entonces no hagamos oídos sordos al grito de la tierra, no seamos indiferentes a la realidad de sufrimiento, que exige que tomemos una posición y que, como actores sociales, asumamos nuestro compromiso y responsabilidad en temas tan relevantes como los conflictos socio-ambientales.
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