sábado, 29 de septiembre de 2018

Iniciativas feministas ante la ofensiva neoliberal

Magdalena León T.
ALAI AMLATINA, 28/09/2018.- Los alcances inéditos del protagonismo feminista en Argentina se han hecho visibles a propósito del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y han logrado un eco internacional sin precedentes. Semejante capacidad de convocatoria y movilización social no está, sin embargo, circunscrita o atada a una causa; al contrario, ha sido posible por la convergencia de procesos organizativos y de disputa política y cultural impulsados por las mujeres en tiempos y escenarios diversos, hasta llegar a este momento de presencia capilar del feminismo en todo el tejido social.
Un vector destacado e inmediato sin duda tiene que ver con el rescate del trabajo como eje de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, que tomó la forma de un paro convocado el 8 de marzo de 2017, a su vez expresión de los recorridos previos del movimiento en torno a un tema fundacional del proyecto de transformación feminista. Dicha iniciativa marcó una inflexión por su sentido radical, por propiciar la articulación de agendas y agrupaciones diversas, y en especial porque interpeló a otros actores sociales y políticos a adherir a una propuesta feminista. El llamado al paro se internacionalizó con éxito en 2018 y queda ya como un hito.
El modo como el feminismo aborda el tema del trabajo en las condiciones de asedio neoliberal imperantes en la Argentina de hoy, se muestra en espacios como la Intersindical de Mujeres de Córdoba. Uno de sus encuentros se realizó como parte del Congreso Género y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba, cuya quinta edición en septiembre de 2018 propuso como tema central o desafío ‘Desarticular entramados de exclusión y violencias. Tramar emancipaciones colectivas’. Tal encuentro intersindical en un marco académico no es extraño ni casual, pues la organización de docentes universitarios –ADIUC– es parte de Central de Trabajadores de la Argentina –CTA–, y los empeños de aunar movimiento y pensamiento son comunes, son compartidos por universitarias y trabajadoras.
En la Intersindical de Mujeres de Córdoba están articuladas organizaciones que hacen parte de cuatro centrales obreras –encuentros elusivos entre los hombres de las mismas estructuras–, mujeres de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular –CTEP–, e iniciativas innovadoras como Feministas Trabajando, que asocia trabajadoras autónomas que comparten experiencias y visiones de economía alternativa. Se han juntado para construir una agenda común de defensa del trabajo en sentido amplio, para acordar estrategias colectivas ante problemáticas que se complejizan más según avanza, a su vez, la estrategia neoliberal con su impronta de desempleo, desprotección, flexibilización, precarización generalizada.
Las características y matices de sus experiencias laborales pueden ser bastante diversas, como son las formas de organización económica en que se desenvuelven. Así, están las mujeres que laboran en minoría en espacios masculinizados como la aeronáutica, las que son mayoría en los sindicatos de la televisión pero que sólo ahora buscan estar cabalmente representadas en la dirigencia gremial y con sus agendas propias, las docentes universitarias, las empleadas municipales, las que desde formas cooperativas han incursionado en la producción de bloques para construcción, las que trabajan en gastronomía bajo formas solidarias, las ‘monotributistas’, entre otras.
Se trata de un espectro amplio de condiciones de trabajo, de culturas laborales y organizativas, pero que viven en común los impactos y amenazas de la ofensiva neoliberal en curso. Despidos, recorte e incertidumbre respecto de derechos alcanzados, freno o supresión de programas públicos que precisamente estimularon la creación de asociaciones y cooperativas de mujeres, dificultades en el uso de espacios públicos para ferias. Son problemáticas específicas que hacen parte de los rasgos más sistémicos y complejos del trabajo de las mujeres, como elemento central de una economía capitalista cuyas ‘crisis’ recurrentes ponen al desnudo los subsidios que van desde la esfera de los cuidados y la reproducción hacia la acumulación, la concentración de capital apoyada en políticas de explotación y despojo, la desprotección social y la persistente división sexual del trabajo.
Tratar los temas acuciantes de la coyuntura resulta indisociable del debate sobre las condiciones más estructurales y de fondo en el trabajo de las mujeres. Se alude así al débil reconocimiento de las ‘otras economías’ que desde siempre han sido feminizadas. Esta falta de reconocimiento dificulta lograr condiciones dignas y viables de producción y trabajo, que sean apropiadas a sus dinámicas específicas.  Así también es un obstáculo para hacer sostenible la autogestión, su presencia en espacios públicos, sus redes y vínculos, sus proyectos de transformación integral basados en la solidaridad y otros principios. No faltan como parte de esas condiciones estructurales los comunes problemas frente al cuidado, el machismo y la violencia.
Los siempre presentes temas de la organización combinan los asuntos gremiales de género con nuevos planteamientos. La disputa gremial sigue en pie, en particular en contextos mixtos de trabajo donde las ‘secretarías de género’ resultan indispensables para colocar agenda e impulsar el liderazgo de las mujeres, abrir caminos a unas dirigencias que persisten en la masculinización. Pero se abre paso ya una propuesta más integral de agenda sindical feminista, basada en una interpretación así mismo más integral del trabajo en todas sus formas.
Las mujeres de la economía popular saben que su presencia no sólo ocurre en momentos de crisis como el actual, pues por décadas se encuentran generando trabajo y condiciones de vida en sus comunidades. Nunca hemos estado excluidas del trabajo, dicen, sí del reconocimiento y de los derechos. Por eso afirman que su agenda feminista comprende desde la demanda de reconocimiento gremial –su central está formalmente reconocida como social–, hasta el planteamiento de una salida de la crisis dándole valor a su trabajo e iniciativas.  No se disocia la producción y generación de ingresos del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, se visualizan en conjunto, porque se trata de empoderar a las mujeres dándole valor al trabajo que ya realizan y que en buena medida se relaciona con el autoabastecimiento, con iniciativas de atención colectiva a las necesidades básicas como la alimentación a través de los ‘merenderos’, ferias y otras.
En este encuentro, las mujeres de la Intersindical analizan que el anunciado acuerdo con el FMI, de aprobación inminente, contiene los consabidos elementos de alto endeudamiento, ajuste, privatizaciones, junto con un elemento cosmético de ‘igualdad de género’, pues se han introducido en el texto alusiones al tema, desde un enfoque de ‘sectores vulnerables’, planteando que deberá promoverse el empleo de las mujeres y la equidad salarial. Son menciones retóricas que tratan de disimular el ya conocido impacto de este tipo de políticas de ajuste, ahora recargadas, en el trabajo y condiciones de vida de las mujeres.
Episodios anteriores y contemporáneos dan cuenta de que los impactos más drásticos y regresivos de los acuerdos con el FMI recaen sobre las mujeres, abocadas a más trabajo y responsabilidades en condiciones precarizadas. Ahora además identifican los perjuicios que se generan de cara a procesos de transformación truncados. Se cierran puertas abiertas durante las experiencias progresistas que coadyuvaron, desde diversas políticas e iniciativas, a una búsqueda de cambio económico, justamente a través del reconocimiento e impulso de las formas productivas protagonizadas por mujeres, de sus principios y lógicas como clave para transitar a otro sistema. La falsa promesa de puestos de trabajo se hace a costa de destruir condiciones de producción y de vida que han resistido al dominio corporativo del mercado.
El encuentro entre movimiento sindical y feminismo ha sido siempre necesario pero nunca fácil. En la encrucijada de este tiempo de una ofensiva neoliberal que hasta llega a utilizar como una suerte de escudo su propia interpretación de la ‘igualdad de género’, se avanza sustancialmente en este encuentro que va más allá de la lógica defensiva o reactiva, que asume un horizonte feminista para plantear verdaderas transformaciones en el trabajo, la economía y la sociedad.

Magdalena León es economista feminista ecuatoriana.

Tierras de comunidades terminarían inundadas con aguas contaminadas

Foto: Red Muqui
Foto: Red Muqui
Servindi, 28 de setiembre, 2018.- Más de 100 comuneros y representantes de 11 comunidades campesinas de las regiones de Pasco y Junín se movilizaron el miercoles 26 frente a las oficinas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Exigen que se anule una resolución que trae como consecuencia la inundación de sus tierras con aguas contaminadas con metales tóxicos provenientes del Lago Chinchaycocha en Junín.
Exigen que se anule una resolución que trae como consecuencia la inundación de sus tierras con aguas contaminadas con metales tóxicos provenientes del Lago Chinchaycocha en Junín.
 
El ANA, al emitir la Resolución No 369-2018-ANA-AAAX MANTARO, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades, ha aprobado un programa de descargas de la represa que se encuentra cerca al Lago Chinchaycocha.
Los pobladores afirman que la medida se adoptó de manera arbitraria, sin considerar el volumen almacenado ni los impactos en las tierras de las comunidades que se usa para la ganadería en época de verano.
Esta resolución aprueba una cuota máxima, o límite de embalse de la represa, de 4,081.5 m.s.n.m. que las comunidades señalan no es sustentable.
Hermógenes Solórzano Bermúdez, fiscal del comité de vigilancia ambiental comunal Chinchaycocha, afirmó que por más de 80 años las comunidades circundantes al Lago Chinchaycocha son inundadas sus tierras anualmente por las aguas provenientes del rio San Juan desde Pasco, aguas que contienen metales pesados, de pasivos mineros de Pasco.
Esta situación se agravaría con la decisión del ANA. Así se estaría contaminando miles de hectáreas de tierras productivas para la ganadería, así como ponen en riesgo el hábitad de miles de especies de aves, y otras especies alto andinas que anidan en el lago.
 Solórzano aseguró que en los alrededores del Lago Chinchaycocha hay pasivos ambientales mineros que pertenecen a la empresa estatal Activos Mineros y que estaban en proceso de remediación.
Con el aumento de descargas se cubriría con agua los pasivos mineros, y los trabajos de remediación no se culminarían.
Los funcionarios del ANA recibieron a un comité de representantes. Solórzano aseveró que se espera que la institución realice los estudios técnicos pertinentes y no los perjudique.
También pide que se investigue a la empresa Electro Perú, hidroeléctrica que opera en la zona y a la que culpan de constantes inundaciones y desviaciones de cauce del río San Juan.
Foto: Red Muqui
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Con información de Gloria Aliaga del área de comunicaciones de Red Muqui / www.muqui.org
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Perú firma Acuerdo de Escazú para proteger a defensores ambientales

Representantes de los gobiernos y la sociedad civil se reunieron para negociar un acuerdo por la democracia ambiental. Foto: CEPAL.
Representantes de los gobiernos y la sociedad civil se reunieron para negociar un acuerdo por la democracia ambiental. Foto: CEPAL.
Servindi, 28 de setiembre, 2018.- Por medio de la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, el Gobierno peruano firmó el último jueves el denominado Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
El también llamado Acuerdo de Escazú es considerado el primer tratado en Latinoamérica que fortalece los derechos ambientales, la garantía al acceso a la información y otorga protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. 
El acuerdo vinculante que Perú firmó en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, contó con el compromiso de doce países de la región: Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Costa Rica, Guyana, México, Panamá, Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador, Brasil y Perú. 
Al concretarse la primera fase, las respectivas legislaturas de estas naciones deberán ratificar el tratado para iniciar la implementación. La vigencia de este instrumento legal dependerá de que 11 de los 24 países que aprobaron el acuerdo lo ratifiquen en sus respectivos estados. 
Según Aída Gamboa Balbín, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) -quien fue enviada especial al evento-, el Acuerdo es importante para la protección de los defensores del ambiente, especialmente para los pueblos indígenas de la Amazonía, pues sufren amenazas por proteger su territorio. 
Asimismo, agregó que el Acuerdo regional fortalecerá la protección de los derechos humanos que el Estado ejecuta con el Plan Nacional de Derechos Humanos y el Pacto de Madre de Dios
Por su lado, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana(AIDESEP), sostuvo que desde su organización divulgará más este instrumento para exigir al Congreso de la República que se firme.

Distanciamiento inesperado

Chile, nación que encabezó la iniciativa, decidió retirarse momentáneamente del pacto ya que estaba estudiando más a fondo las implicancias de juicios entre países por conflictos ambientales. 
La sorpresa internacional no tardó en generarse debido a que, en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, Sebastián Piñera afirmó que incorporaría "políticas de cuidado del ambiente". 

El dato

De acuerdo con el último informe del Global Witness, los 116 ambientalistas asesinados en países latinoamericanos colocan a la región como la más peligrosa para los defensores de la tierra y el ambiente. 
Puede acceder al documento completo del Acuerdo de Escazú en el siguiente enlace

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Docentes sentenciados por violación no podrán trabajar en colegios públicos ni privados

Aclaró el ministro de Educación

ANDINA/Jhony Laurente
ANDINA/Jhony LaurenteANDINA/Jhony Laurente

Los docentes y auxiliares de educación que tengan sentencia por el delito de violación sexual ya no podrán trabajar tanto en colegios públicos como privados que funcionen en el territorio peruano, aclaró el ministro de Educación, Daniel Alfaro.

Precisó que, según la Ley 29988, esta inhabilitación para laborar en puestos docentes y administrativos en instituciones educativas incluye a los profesores y auxiliares que tengan sentencia firme en los delitos de terrorismo,apología del terrorismo y tráfico ilícito de drogas.

Al respecto Alfaro informó que el Ministerio de Educación (Minedu) ha procedido las últimas dos semanas a destituir a 583 docentes y administrativos de colegios públicos, con el propósito de garantizar la seguridad de los escolares.


Explicó que el Minedu está generado mecanismos con los colegios privadospara que ellos también puedan cruzar información con la base de datos de dicho portafolio a fin de evitar que estos profesores sentenciados trabajen en sus aulas.

“Por su puesto, los colegios privados que contraten a estos profesoresrecibirán las sanciones correspondientes”, manifestó Alfaro en declaraciones a la Agencia Andina.

Señaló que la protección de nuestras niñas y niños es una política de Estado y con ese fin el Minedu ha aprobado lineamientos para promover la convivencia escolar y prevenir la violencia en las escuelas.

Para ello, indicó que se han aprobado protocolos de atención de la violencia escolar y guías para que los directores de instituciones educativas cuenten con herramientas para prevenir y atender casos de violencia sexual y se han contratado 237 psicólogos para las 220 UGEL de todo el país.

Tolerancia cero con los agresores sexuales, condenar la violencia sexual debe ser un compromiso de todos”, sostuvo.

El titular de Educación manifestó que la infraestructura emocional es uno de los lineamientos básicos de su gestión porque “queremos escuelas seguras y libres de violencia y la realidad nos exige acciones contundentes para proteger a nuestros niños y adolescentes”.

En otro momento, dijo que se han contratado 180 abogados para fortalecer el trabajo de las comisiones permanentes de procesos administrativos disciplinarios para que los expedientes estén mejor elaborados de modo que los maestros investigados por delitos sexuales sean debidamente sancionados y apartados definitivamente de las aulas.

Alfaro refirió que este mes el Minedu ha iniciado la campaña nacional “Sácale tarjeta roja a la violencia” e hizo un llamado a reportar los casos de violencia escolar en el portal Síseve del ministerio.

AGENCIA ANDINA

Junín: Morococha, un conflicto latente que podría reactivarse por indiferencia de Chinalco [VIDEO]

Pobladores  no logran entablar el diálogo con la empresa minera Chinalco para reinstalarse en Carhuacoto y abandonar Morococha Antigua.
Pobladores realizaron ayer un paro preventivo.
Pobladores de Morococha Antigua, realizaron ayer un paro preventivo de 24 horas, para que la empresa minera Chinalco S.A.C respete las treinta y cuatro hectáreas de terreno de Morococha Antigua, hasta que se entable diálogo con las familias que habitan en este sector, y se garantice el respeto de sus derechos al ser reasentados, la firma del Convenio Marco y fiscalización ambiental.
El paro sería consecuencia de la demolición de la Municipalidad de Morococha, ejecutada por órdenes de la empresa minera Chinalco y las detonaciones que realiza cerca del lugar en donde viven, acción que alarmó a los pobladores, quienes temen que en los próximos días se proceda a la demolición de sus viviendas.
Este hecho se produjo a pesar del compromiso de no hostigamiento que tuvo Chinalco con el Ministerio de Energía y Minas, que se realizó en el marco de una reunión desarrollada el cuatro y cinco de junio de este año.
Sin embargo, Elvis Atachaua Ursua, secretario del Frente Amplio por la Defensa de Morocha, aclaró que la empresa hasta el momento no ha dialogado ni atendido los requerimientos de los pobladores para ser reasentado y que poco han hecho las entidades como Defensoría del Pueblo y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para solucionar el conflicto. Por lo que advirtió que radicalizaran sus medidas de no hallar solución. 
Elvis Atachaua, agregó  que el 29 de mayo presentaron una acción de amparo para la disolución de la Resolución 130 en la que la Superintendencia de Bienes Estatales transfiere a Activos Mineros S.A.C. la totalidad de Morococha por 5millones 900  la misma que vende estos terrenos Chinalco, y que este aun continua en proceso por lo que no se retirarán.
Por otro lado, Luis Samaniego Riquez encargado de la Comisión de Ecología de la Pastoral Social de la Dignidad Humana, mencionó que oficialmente estas hectáreas le corresponden a Chinalco, pero que los pobladores exigen el reconocimiento sus derechos en la compra de sus terrenos a un precio justo, para que puedan reinstalarse, ya sea en Morococha Nueva (Carhuacoto) o en otra parte de la región.
Asimismo, aclaró que la empresa no ha cumplido con el compromiso de negociar pacíficamente con los pobladores, ni de firmar el Convenio Marco y mucho menos, de realizar los estudios de impacto ambiental en el sector lo que agravó la situación.

viernes, 28 de septiembre de 2018

Por decisión del ANA, tierras de comunidades terminarían inundadas con aguas contaminadas con metales.


Por decisión del ANA, tierras de comunidades terminarían inundadas con aguas contaminadas con metales

Más de 100 comuneros y representantes de 11 comunidades campesinas de las regiones de Pasco y Junín se movilizaron ayer   frente a las oficinas de la Autoridad Nacional del agua ANA. Exigen que se anule una resolución que trae como consecuencia la inundación de sus tierras con aguas contaminadas con metales tóxicos provenientes del Lago Chinchaycocha en Junín.

El ANA al emitir la Resolución No 369-2018-ANA-AAAX MANTARO, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades, ha aprobado un programa de descargas de la represa que se encuentra cerca al Lago Chinchaycocha. Los pobladores afirman que se hecho de manera arbitraria, sin considerar el volumen almacenado ni los impactos para las tierras de las comunidades que se usa para la ganadería en época de verano. Esta resolución aprueba una cota Máxima, o límite de embalse de la represa, de 4,081.5 msnm que las comunidades señalan no es sustentable.
Hermogenes Solórzano Bermúdez, fiscal del comité de vigilancia ambiental comunal Chinchaycocha, afirmó que por más de 80 años las comunidades circundantes al Lago Chinchaycocha son inundadas sus tierras anualmente por las aguas provenientes es del rio San Juan desde Pasco, aguas que contienen metales pesados, de pasivos mineros de Pasco. Esta situación se agravaría con la decisión del ANA. Así se estaría contaminando miles de hectárea de tierras productivas para la ganadería, así como ponen en riesgo el habitad de miles de especies de aves, y otras especies alto andinas que anidan en el lago.
Solórzano aseguró que en los alrededores del Lago Chinchaycocha hay pasivos ambientales mineros que pertenecen a la empresa estatal Activos Mineros y que estaban en proceso de remediación. Con el aumento de descargas se cubriría con agua los pasivos mineros, y los trabajos de remediación no se culminarían.
Los funcionarios del ANA recibieron a un comité de representantes. Solórzano aseveró que se espera que la Institución realice los estudios técnicos pertinentes y no los perjudique. También pide que se investigue a la empresa Electro Perú, hidroeléctrica que opera en la zona y a la que culpan de constantes inundaciones y desviaciones de cauce del río San Juan.

Modificado por última vez en Jueves, 27 Septiembre 2018 18:04
MUQUI - Red de Propuesta y Acción

Fuerza Popular blindó a César Hinostroza en caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

Los legisladores fujimoristas solicitaron excluir de la investigación a César Hinostroza Pariachi.
Con 8 votos a favor y 18 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la República blindó al destituido juez César Hinostroza, al no considerarlo como parte de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Es así que los legisladores de Fuerza Popular rechazaron acusar a César Hinostroza Pariachi como uno de los líderes de la conocida organización criminal 'Los Cuellos blancos del Puerto'.
Cabe resaltar que en un principio fueron 19 los votos en contra. Sin embargo, el congresista Juan Sheput (Peruanos Por el Kambio) decidió cambiar su voto al final de la sesión parlamentaria, quedando con 18 votos encabezados por Fuerza Popular, quienes consideraron al suspendido juez César Hinostroza inocente del presunto delito de liderar la organización criminal.

La votación del polémico blindaje fue la siguiente
Votos en contra:
- Leyla Chihuán
- Segundo Tapia
- Yeni Vilcatoma
- Percy Alcalá
- Alejandra Aramayo
- Tamar Arimbogo
- Rosa Bartra
- Karina Beteta
- Úrsula Letona
- Milagros Salazar
- Freddy Sarmiento
- César Segura
- Milagros Takayama
- Miguel Castro
- Nelly Cuadros
- Carlos Dominguez
- Mártires Lizana
- Mario Mantilla
Votos a favor:
- Jorge Meléndez
- Edyson Morales
- César Vasquez
- Richard Acuña
- Horacio Zeballos 
- Velásquez Quesquén
- Oracio Pacori
- Juan Sheput
Se pronuncian en Twitter
Diversos legisladores se pronunciaron en contra de la decisión tomada por Fuerza Popular. Oracio Pacori quien estuvo presente en la Comisión Permanente expresó su inconformidad tras la votación de los congresistas fujimoristas.