miércoles, 27 de febrero de 2019

La CIA utiliza a Turquía para presionar ‎a China

‎por Thierry Meyssan

Turquía se había acercado a China para resolver su propia crisis económica. Pero ahora, ‎basándose en información falsa, Ankara denuncia públicamente una represión china ‎sobre los uigures. Parece como si, después de la liquidación de Daesh en Irak y ‎en Siria, Ankara estuviese reanudando las acciones secretas por cuenta de la CIA, ‎ahora en la región china de Xinjiang.‎

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Yihadistas chinos uigures en Siria.‎
Hace varias semanas que la prensa turca viene dedicando espacios a hablar de los uigures, ‎población musulmana de lengua turca en la Républica Popular China. Los partidos políticos de la ‎oposición turca, incluyendo a los kemalistas compiten entre sí sobre cuál de ellos denuncia ‎con más fuerza la represión de los han [1] contra esa minoría y contra ‎su religión.‎ ‎ ‎ Esta efervescencia aparece en Turquía a raíz de:‎
- el informe de la Jamestown Foundation sobre los «73 centros secretos de detención chinos» ‎‎ [2];‎
- la campaña de Radio Free Asia, que ha transmitido numerosas entrevistas de ex prisioneros de ‎los centros chinos y que llegó al extremo de afirmar que China prohibía el Corán (sic) [3];‎
- la campaña, iniciada el 13 de noviembre de 2018 por Estados Unidos y sus aliados en el Consejo ‎de los Derechos Humanos, en Ginebra, sobre la represión contra el islam en China [4];‎
- y la audiencia, organizada en Washington el 28 de noviembre de 2018, por el senador ‎republicano Marco Rubio y el representante, también republicano, Chris Smith, ante la Comisión ‎Conjunta del Congreso y del Ejecutivo para China (Congressional-Executive Commission on China – ‎CECC) sobre «La represión del Partido Comunista Chino contra las Religiones» [5]. En esa audiencia se dijo que entre ‎uno y 3 millones de uigures estaban siendo torturados con electricidad en campamentos de ‎reeducación.‎
Aministía Internacional y Human Rights Watch inmediatamente se hicieron eco de esas ‎acusaciones.‎
‎ ‎ ‎ Fue en ese contexto que Hami Aksoy, el vocero del ministerio de Exteriores de Turquía, publicó –el ‎‎9 de febrero de 2019– un comunicado que denunciaba oficialmente la voluntad de forzar a «identidades étnicas, religiosas y culturales de los turcos uigures» a que ‎adopten características chinas. Ese comunicado denunciaba igualmente la muerte en prisión del conocido poeta Abdurehim Heyit, quien cumplía «8 años» de reclusión ‎‎«por una de sus canciones» [6].‎
Esa actitud de Turquía fue como un trueno en el cielo de las relaciones entre Ankara y Pekín. ‎Desde que el presidente Donald Trump retiró el respaldo estadounidense a la economía turca, ‎Turquía se había vuelto hacia China, en agosto de 2018, y ya no puede vivir sin ella.‎
En la tarde del día siguiente, China publicaba un video donde el poeta “muerto” declaraba: ‎‎«Mi nombre es Abdurehim Heyit. Hoy es 10 de febrero de 2019. Estoy bajo investigación como ‎sospechoso de haber violado leyes nacionales. Estoy en buen estado de salud y nunca he sido ‎sometido a ningún abuso.»‎
Un día después, el 11 de febrero, la portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Hua ‎Chunying, criticaba duramente los «errores» y «la irresponsabilidad» de Turquía [7].‎
Está demostrado que al menos 10 000 uigures implicados en actividades terroristas han sido ‎encarcelados. Pero nada respalda la afirmación sobre la supuesta existencia de entre uno y ‎‎3 millones de prisioneros uigures.‎
El 1º de junio de 2017 y el 13 de diciembre de 2018, el gobierno chino ya había divulgado ‎‎2 documentos, uno sobre Los Derechos Humanos en Xinjiang [8] y ‎otro sobre La Protección de la Cultura y el Desarrollo en Xinjiang [9].‎ ‎ ‎
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Detenidos islamistas en el centro de desradicalización de Lop.‎
Pero el Partido Comunista no sabe cómo lidiar con el islam político. Está abordando este asunto ‎desde su visión de un pasado particular, el de la Revolución Cultural y la ya abrogada prohibición ‎no sólo del islam sino de todas las religiones. Ahora, después de haber establecido una política de ‎libertad en ese aspecto, está viendo resurgir las divisiones de los tiempos de la Guerra Civil, ‎mientras se multiplican los atentados yihadistas [10]. El 1º de febrero de 2018, el Partido Comunista ‎emprendió en materia de religión una nueva política tendiente a asimilar el islam mediante la ‎supresión de ciertas prácticas particulares de esa confesión [11]. ‎Por ejemplo, los miembros del Partido deben dar el ejemplo negándose a consumir alimentos ‎‎halal [12]. Lo cierto es que, a pesar de la aplicación de esa política, en la región de Xinjiang ‎se mantienen abiertas no menos de 24 000 mezquitas para los 13 millones de musulmanes que ‎viven en esa parte de la República Popular China.‎
Hace 25 años que organizaciones uigures pretenden crear un Estado independiente. Primero ‎afirmaron que sería un Estado laico, ahora dicen que sería «islámico» (no en el sentido religioso ‎sino en el sentido político que la Hermandad Musulmana atribuye a ese término) y que ‎lo llamarían Turkestán Oriental, que es la apelación medieval de la región de Xinjiang. ‎Esas organizaciones contaron de inmediato con el apoyo de la CIA contra las autoridades de ‎Pekín.‎
- En 1997 se creó el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (MITO), cuyos miembros iban a ‎formarse en Afganistán, con los talibanes y con ciertos elementos de al-Qaeda. Es un movimiento ‎surgido del islam político con financiamiento directo de la CIA.‎
- En septiembre de 2004, Anwar Yusuf Turani fundó en Washington un «gobierno del Turkestán ‎Oriental en el exilio» que reconstituye la alianza del Kuomintang con el Dalai Lama y Taiwan, ‎como en tiempos de la guerra civil china de 1927-1950.‎
- En noviembre de ese mismo año se crea en Munich un Congreso Mundial Uigur. Rebiya Kadeer ‎se convertirá después en presidente de ese Congreso, que promueve un separatismo étnico.‎
Tanto el «gobierno del Turkestán Oriental en el exilio» como el Congreso Mundial Uigur son ‎financiados por la National Endowment for Democracy (NED), una agencia de los «Cinco Ojos» ‎‎ [13].‎ ‎ ‎ La región de Xinjiang fue teatro de graves desórdenes en febrero de 1997 y en julio de 2009. ‎Los manifestantes abogaban simultáneamente por el separatismo uigur, por el anticomunismo ‎del Kuomintang y el islam político. ‎
Pekín restableció la calma concediendo ciertos privilegios a los uigures, como eximirlos de la ‎política del hijo único, actualmente abandonada para todos los chinos [14].‎
Hoy en día, la inversión del estadounidense Erik Prince, fundador de la firma seguridad privada ‎Blackwater, en asociación con las autoridades de Xinjiang [15] ‎parece contradecir la campaña de Estados Unidos sobre la represión contra los uigures. Pero Erik ‎Prince, además de ser el principal hombre de negocios especializado en la creación de ejércitos ‎privados, es también el hermano de Betsy DeVos, secretaria de Educación de la administración ‎Trump. Los agentes de seguridad de Prince parecen ser más bien mercenarios que trabajan para la ‎milicia han de Xinjiang, denominada Bingtuan.‎
En los años 1990, cuando era el jefe de la Milli Gorus y alcalde de Estambul, el actual presidente ‎de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, garantizaba una base de retaguardia a los movimientos ‎terroristas islamistas, tanto tártaros, como chechenos y uigures [16].‎
Ahora se plantea la cuestión de saber si la declaración turca contra la represión de los uigures ‎no pasa de ser una simple posición expresada para consumo de la opinión turca –para ‎no quedarse atrás en relación con los partidos de oposición– o si es una nueva política del Estado ‎turco, relacionada con las responsabilidades que antes ocupaba el presidente Erdogan en el ‎dispositivo terrorista de la CIA. ‎
El Movimiento Islámico del Turkestán Oriental estuvo muy activo durante la guerra contra Siria, ‎contando además con el respaldo de los servicios secretos turcos (MIT). Hace muchos meses que ‎‎18 000 uigures –entre los que se cuentan al menos 5 000 combatientes yihadistas– viven ‎apartados de otras poblaciones en al-Zambari, ciudad de la gobernación siria de Idlib. Esos uigures ‎se mantienen en al-Zambari, justo en la frontera con Turquía, con el apoyo de fuerzas especiales ‎de Alemania y Francia [17].‎
Mientras la administración Trump sigue enfrascada en su prueba de fuerza comercial con Pekín, ‎todo parece indicar que ha habido una reconciliación entre la CIA y Turquía, lo cual augura ‎nuevas acciones secretas contra China. ‎
[1] Los han son el grupo étnico y cultural mayoritario ‎en China (más del 90% de la población). Son además el grupo étnico más numeroso del mundo ‎‎(cerca del 20% de la población mundial). Nota de la Red Voltaire.
[2] “List of government bids related to re-education facilities”, Jamestown Foundation, 15 de mayo ‎de 2017.
[3] «Afirma ‎Washington que Pekín acaba de prohibir el Corán (sic)», Red Voltaire, 5 de octubre de 2017.
[4] «Occidente ‎asume la defensa de los islamistas chinos», ‎‎Red Voltaire, 16 de noviembre de 2018.
[5] Esa comisión fue ‎creada en 2001 y se compone de 15 miembros: 5 designados por el Senado, 5 designados por la ‎Cámara de Representantes y otros 5 designados por el gobierno federal. La administración no ha ‎designado personalidades para participar en esa comisión.
[6] «La Turquie condamne la Chine», Réseau ‎Voltaire, 9 de febrero de 2019.
[7] “China ‎responds to Turkey”, Voltaire Network, 11 de febrero de 2019.
[8] “Human Rights in Xinjiang – ‎Development and Progress”, Voltaire Network, 1º de junio de 2017.
[9] “Cultural Protection and ‎Development in Xinjiang”, Voltaire Network, 13 de diciembre de 2018.
[11] “China revises regulation on ‎religious affairs”, Voltaire Network, 7 de septiembre de 2017.
[12] Se califican como halal los alimentos considerados aptos para el consumo de los ‎devotos del islam, en oposición a los alimentos y prácticas considerados haram, o sea ‎prohibidos.
[13] Los «Cinco Ojos» son una alianza militar creada durante la Segunda Guerra Mundial entre ‎Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Esa alianza controla el ‎sistema de intercepción de las comunicaciones mundiales conocido como Echelon y las acciones ‎de «promoción de la democracia».
[14] «¿Qué pasa en Xinjiang?», por Domenico Losurdo, Red Voltaire, 12 de julio ‎de 2009.
[15] «El fundador de Blackwater invierte ‎en China», Red Voltaire, 7 de febrero de 2019.
[16] A raíz de su alianza con Rusia, ‎el presidente turco Erdogan ha suspendido su dispositivo de apoyo a los islamistas tártaros y ‎chechenos. Ver «Ucrania y Turquía han creado una brigada internacional islámica contra Rusia», por Thierry Meyssan, Televisión Nacional siria, ‎‎Red Voltaire, 15 de agosto de 2015.
[17] «Los 18 000 uigures de al-Qaeda en Siria», Red Voltaire, 19 de agosto de 2018.

viernes, 22 de febrero de 2019

Un ojo ciego y una mano dura La OEA y la democracia

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Protestas en Haiti
Foto: Resumen Latinoamericano
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento Por el patio trasero 19/02/2019
La Organización de los Estados Americanos (OEA) se creó en 1947-48, pero sus raíces son más antiguas por los esfuerzos de integración regional desde finales del siglo XIX. Al igual que otras organizaciones multilaterales, los dirigentes apoyaron a la organización regional para que pudiera actuar como contrapeso para contener los conflictos internos y como fuerza unificadora para protegerse de las amenazas externas.

Pero la realidad del poder, la hegemonía y los intereses económicos de Estados Unidos en la región han carcomido la misión multilateral de la OEA, desde sus orígenes. De una crisis política a otra, la dirección ha seguido las órdenes de Washington, haciéndose de la vista gorda ante las violaciones a su Carta respaldadas por EEUU, al tiempo que aplica mano dura contra las naciones que desafían los intereses del gobierno de Washington. Esto ha sido especialmente cierto bajo el actual liderazgo del uruguayo Luis Almagro. El intento de instalar a Juan Guaidó como presidente de Venezuela es el último ejemplo, pero el patrón sesgado de la OEA de apoyar fraudes electorales de la derecha mientras opera estrategias de cambio de régimen diseñadas por EEUU contra gobiernos de izquierda, ha dejado una estela sangrienta de malestar social, migración forzada y autoritarismo en todo el continente.

Una trayectoria para socavar la democracia

Cuando Juan Guaidó se declaró presidente de Venezuela en un mitin de calle, el Secretario General de la OEA lo felicitó inmediatamente y trató de cerrar los canales diplomáticos para resolver la crisis política. Sabiendo que no podía obtener suficiente apoyo en una votación de la Asamblea General, Almagro anunció su apoyo personal a Guaidó. Posteriormente obtuvo el reconocimiento de un subgrupo de naciones conocido como el Grupo de Lima, con la importante excepción de México.

Este uso altamente personal del cargo de Secretario General suscitó protestas de las naciones de la Caricom, cuyo líder Timothy Hams le escribió para expresar “nuestra desaprobación y grave preocupación con respecto a la postura que usted como secretario general ha adoptado al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Consideramos esta acción inapropiada por su parte, al no tener la autorización de los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos”1.

Almagro, quien asumió el cargo en 2015, ha sido uno de los líderes más agresivos de la OEA en la representación de los intereses de EEUU, en cuyo transcurso ha violado a menudo la Carta de la OEA. Pero la perversa violación del compromiso de la organización con la democracia a nombre de la democracia no es nueva.

En Haití, la OEA ha manipulado y socavado sistemáticamente las elecciones a instancias del gobierno de Washington. En 2010, apoyó la imposición de Michel Martelly, proporcionando un barniz para la injerencia abierta de EEUU en las elecciones después del devastador terremoto del 12 de enero. En 2015, la OEA certificó una elección fraudulenta y violenta. La complicidad de la OEA con el plan de EEUU de impedir que los haitianos decidan el futuro de Haití es un factor importante en las actuales protestas contra el presidente Jovenel Moïse, que han llevado a una situación de violencia, escasez e inestabilidad aparentemente permanente.

En Honduras, las acciones de la OEA terminaron por eliminar cualquier esperanza de que pudiera desempeñar el papel de árbitro imparcial. Durante el golpe de Estado de 2009, la organización protestó inicialmente por la destitución militar del presidente constitucional, pero no logró restaurar el orden democrático, a pesar del amplio consenso entre los Estados miembros. Desde entonces, Honduras ha pasado de una crisis a otra. La nación ha sufrido escándalos de corrupción en los regímenes posteriores al golpe, el estado de derecho se ha deteriorado y la violencia estatal y criminal se ha disparado, a menudo combinadas.

En las elecciones de noviembre de 2017, el presidente Juan Orlando Hernández se postuló nuevamente, a pesar de que la constitución hondureña prohíbe explícitamente la reelección, y aparentemente perdió. El gobierno suspendió el conteo de votos y se reinstaló con un cambio de las tendencias que le dio la victoria a Hernández. Con el apoyo de la Embajada de EEUU, Hernández asumió el cargo en medio de protestas generalizadas. La OEA titubeó, negándose primero a validar las elecciones, citando "irregularidades, errores y problemas sistemáticos"2 en el proceso electoral. Sin embargo, finalmente no sólo aceptó a Hernández, sino que tomó medidas para proteger a su gobierno de acusaciones de corrupción y abuso. La oposición acusó a la organización de apoyar la posición de EEUU para mantenerlo en el poder. El contraste entre el apoyo al fraude electoral en Honduras y el intento de derrocamiento del gobierno electo en Venezuela con el pretexto de supuestas irregularidades electorales revela una vez más el sesgo derechista y no pro-democrático de la OEA.

La represión gubernamental de las manifestaciones postelectorales ha dado lugar a múltiples asesinatos de manifestantes de la oposición. Almagro ha contribuido además al fracaso de las instituciones democráticas en Honduras al obstruir las investigaciones anticorrupción llevadas a cabo por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Neutralizada por luchas internas, la falta de fondos y el papel de apoyo de Almagro a la política de EEUU, la MACCIH se ha visto reducida a desactivar en lugar de promover las demandas populares contra la corrupción.

La crisis política hondureña ha obligado a miles de personas a huir y buscar refugio en EEUU, donde muchos tienen familia. La violencia y el éxodo masivo del país son síntomas de esta situación. Mientras las familias hondureñas enfrentan la criminalización e incluso la muerte en el trayecto migratorio, los expertos coinciden en que la única manera de detener el desplazamiento forzado es abordar "las causas profundas de la migración". Almagro y la OEA han jugado un papel importante en generar estas causas, a la vez que han guardado silencio sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte del gobierno de EEUU.

La participación antidemocrática de la OEA en los asuntos internos de las naciones americanas no se detendrá en Venezuela. Los planes de Almagro y Trump para el cambio de régimen en el continente colocan a Cuba como siguiente en la lista. El especialista estadounidense en el derrocamiento violento de gobiernos populares, Elliott Abrams, elogió recientemente a Almagro en un artículo del Consejo de Relaciones Exteriores en que llamó a "poner fin a la revolución" en Cuba3. Abrams es ahora el Enviado Especial de Trump a Venezuela.

La convergencia del regreso de los halcones más sangrientos de Washington, del ascenso del neofascismo y de una OEA que ha perdido toda pretensión de independencia proyecta una peligrosa sombra sobre la región. Si la democracia ha de sobrevivir, las naciones tendrán que volver a las definiciones esenciales y rechazar los programas ideológicos de "promoción de la democracia" que pervierten en lugar de promover la autodeterminación y el gobierno de los pueblos. (Traducción ALAI)

Laura Carlsen, politóloga y periodista mexicana/estadounidense, es Directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México.



https://www.alainet.org/es/articulo/198300

jueves, 21 de febrero de 2019

La batalla del Papa Francisco contra la cultura del abuso

Sofía Brahm

Análisis previo a la próxima cumbre mundial de obispos que tratará el tema
Son muchos los eventos sin precedentes que muestran la lucha del Papa y de la Iglesia contra los abusos sexuales cometidos contra menores. Esta lucha ha sido un rasgo común de los últimos tres papas. El año 2001 Juan Pablo II, a través de un Motu proprio, agrega el delito de abuso contra un menor de 18 al elenco de los delicta graviora reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Benedicto XVI hizo que las normas contra la pedofilia contenidas en el documento fueran aún más estrictas, por ejemplo, al aumentar el plazo de prescripción de las acusaciones de 10 a 20 años cumplidos los 18 años de la víctima; simplificando los procedimientos, y especificando que "las disposiciones del derecho civil siempre deben seguirse con respecto a la remisión de delitos a las autoridades". En mayo de 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe envió una importante carta circular a todas las conferencias episcopales con el objetivo de "asistir a las conferencias en el desarrollo de Pautas para tratar los casos de abusos sexuales de menores perpetrados por clérigos".
Bergoglio ha continuado con la línea de "tolerancia cero", estableciendo reglas más estrictas en materia de abuso, reuniéndose con víctimas y rechazando a cientos de sacerdotes a través del antiguo Santo Oficio. Poco después de su elección, en julio de 2013, Francisco autoriza una reforma penal (con la ley número VIII) donde introdujo el delito específico de "pornografía infantil". El Papa también ordenó que el personal diplomático de la Santa Sede sea sometido a la jurisdicción del Vaticano. En los temas de abuso el Derecho Canónico está hoy más avanzado que el derecho civil de muchos países, pues tipifica delitos no presentes en diversas legislaciones. Sin embargo todas estas herramientas no siempre son aprovechadas por las distintas iglesias locales.
Continuando con esta lucha, el 22 de marzo de 2014 el Santo Padre establece la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, con un papel asesor. Para integrarla, nombró a algunas víctimas de sacerdotes. El Cardenal Sean O'Malley, O.F.M., Arzobispo de Boston, ejerce como Presidente de la Comisión. Ese mismo año, en septiembre, fue arrestado el arzobispo polaco Jozef Wesolowski, por cargos de pedofilia y posesión de material de pornografía infantil.
El 4 de junio de 2016, con la Carta apostólica en forma Motu Proprio titulada "Como una madre amorosa", Francisco precisa que entre las "razones graves" para la destitución de un obispo, también se considere la "negligencia", en particular en relación a los casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables. Para ello, la carta detalla una serie de procedimientos.
El viaje de enero de 2018 a Chile sin duda constituyó un hito fundamental. La visita apostólica estuvo marcada por la polémica presencia de Juan Barros en los actos oficiales, obispo acusado de haber encubierto al sacerdote Fernando Karadima, este último sentenciado por la Santa Sede como culpable de abusos sexuales violentos a menores. Al principio el Papa había defendido a Barros afirmando que se trataba de calumnias sin evidencia, pero luego, en febrero, confió una investigación al Arzobispo de Malta Charles Scicluna y a Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Tras leer el informe de 2.300 páginas, escrito luego de escuchar 64 testimonios, comprendió que no le habían informado bien: la investigación daba cuenta de una reiterada omisión y falta de respuesta de la iglesia chilena ante denuncias de abusos sexuales. Esto lo hizo cambiar de opinión, el que explicó a través de una carta enviada el 8 de abril a los obispos de Chile, en ella asegura sentir “dolor y vergüenza” y reconoce haber “incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada”. Tras la carta, convocó a Roma a los obispos de Chile para dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita. Antes del encuentro el Papa recibió en la Santa Sede a algunas de las víctimas de abuso.
Durante tres días, del 14 al 17 de mayo, los 34 obispos chilenos en ejercicio acudieron al Vaticano para escuchar y evaluar los resultados. Francisco les entregó un documento de 10 páginas y, el último día, le dio una carta a cada uno de ellos. Al día siguiente, los prelados le presentaron su dimisión a Bergoglio en un acto sin precedentes: "Hemos puesto nuestros puestos en manos del Santo Padre y dejaremos que él decida libremente por cada uno de nosotros", informaron los obispos en una rueda de prensa desde el Vaticano (hasta la fecha, el Santo Padre ha aceptado la renuncia de 7 de ellos).
En su "Carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile" del 31 de mayo de 2018, Francisco expresa su dolor ante las "atrocidades", afirmando que se debe cambiar el clericalismo, esa mentalidad cerrada que se encuentra en la raíz de los abusos de poder cometidos dentro de la Iglesia.
Pero la falta de respuesta de la iglesia local ante tales crímenes no se trata de un hecho aislado: En Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Australia y Francia han sucedido eventos similares que han llegado a afectar a los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica, siendo acusada de negación y encubrimiento, falta de atención hacia las víctimas y respuestas insuficientes. Estados Unidos ya había vivido una crisis de abusos sexuales cometidos por el clero el año 2002, cuya figura central fue Bernard Law, arzobispo en la Arquidiócesis de Boston acusado de ocultar dichos crímenes. En abril de ese año el Papa Juan Pablo II llamó a los cardenales estadounidenses a Roma y, en diciembre, acepta la renuncia de Law. El año 2018 fue, nuevamente, un año difícil; comenzando en julio por la aceptación de la renuncia de parte del Papa del ex cardenal de Washington, Theodore McCarrick, acusado de abuso sexual. Luego, el Gran Jurado de Pensilvania publicó un Informe sobre el abuso sexual de menores cometidos por miembros del clero católico. En 1.300 páginas se integran 70 años de historia, 300 sacerdotes implicados y más de mil niños abusados en un solo Estado. A ello se le sumó una carta de un ex alto funcionario vaticano que acusa a Donald Wuerl, entonces arzobispo de Washington, de encubrir a su predecesor. Se trata de una acusación bastante dolorosa para la Iglesia pues Wuerl es un cardenal cercano al Papa: es parte del comité del Vaticano encargado de nombrar a los obispos en todo el mundo. Finalmente, en octubre, el Santo Padre aceptó la renuncia del cardenal. Así como sucedió en Chile, el Papa también escribió una carta dirigida a los obispos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos fechada el 1 de enero y publicada el 3 de enero, donde señala que “la lucha contra la cultura del abuso, la herida en la credibilidad, así como el desconcierto, la confusión y el desprestigio en la misión reclaman y nos reclaman una renovada y decidida actitud para resolver el conflicto”.
La publicación del polémico Informe de Pensilvania coincidió con el viaje de Francisco a Irlanda, en agosto de 2018, con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. Este país tuvo diversos escándalos de abuso desde los años 80, los que salieron a la luz pública el año 2009 con dos informes perturbadores. En 2010 el Papa Benedicto XVI convocó a los obispos irlandeses a Roma y publicó una amplia carta pastoral dirigida a todos los católicos del país (19 de marzo de 2010). Luego se estableció una visita apostólica a las diócesis y seminarios de toda Irlanda, que duró desde noviembre de 2010 hasta marzo de 2012 y que daría importantes indicaciones de renovación. El sentimiento de dolor y traición hacia la Iglesia, que se mantiene hasta hoy en un pueblo tradicionalmente católico, sumado a la publicación del informe en Estados Unidos, hizo del tema del abuso un tema central de la visita apostólica de Francisco. En su viaje el Papa expresó en varias ocasiones dolor y vergüenza por tales abusos, se reunió con algunas víctimas, rezó ante el Santísimo en la Procatedral de Santa María de Dublín por todas ellas y en la ceremonia final del Encuentro reemplazó el Acto Penitencial con un pedido de perdón por los abusos sexuales cometido por el clero.
La iglesia australiana fue golpeada fuertemente durante el pontificado de Benedicto XVI. Desde el año 2012 la llamada “Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse” ha realizado una investigación en todo el país, con muchas audiencias, para las cuales se convocó a las más altas autoridades de la Iglesia. El informe final de la Comisión se publicó en 2017 e impactó por la gravedad y cantidad de los casos y situaciones de abuso encontrados, particularmente en las comunidades e instituciones católicas. El Informe contiene una serie de recomendaciones para la Iglesia y un polémico cuestionamiento hacia el secreto de la confesión. A raíz de las investigaciones en mayo de 2018 un arzobispo, Philip Wilson, fue condenado por un tribunal civil por encubrir abusos en los años setenta.
En Alemania, donde ya existían directrices desde 2002, el tema se puso de manifiesto con el caso del Colegio Canisio, dirigido por los jesuitas. En 2010, el propio rector invitó a exalumnos y familias a denunciar los casos de abuso que hayan ocurrido. La conferencia episcopal reaccionó rápidamente renovando las Pautas y colaborando activamente con las autoridades del país para enfrentar el problema del abuso de menores.
La iglesia francesa, finalmente, también tuvo un duro golpe en 2018, año en que se mantiene un juicio contra el cardenal Philippe Barbarin, el responsable más alto de la jerarquía eclesiástica gala acusado de silenciar casos de curas pederastas y de no reaccionar a tiempo.
En la Carta del Papa al Pueblo de Dios, fechada el 20 de agosto de 2018 y publicada “en respuesta a la crisis de abusos a la que se enfrenta la Iglesia”, el Papa advirtió sobre el daño causado por la omisión de la Iglesia y hace un llamado a una renovada actitud de solidaridad como modo de hacer historia. Ya no se habla solamente de abuso sexual, sino también de abuso de conciencia y de poder. El texto constituye un documento profético, pastoral y concreto, que será tan relevante como la carta enviada por Benedicto XVI a los católicos de Irlanda el año 2010.
El discurso de Navidad del Santo Padre ante la Curia Romana dio fin a un 2018 tormentoso, donde se enfrenta la situación actual con una claridad sorprendente y con una renovada esperanza en el futuro. Como es costumbre, el mensaje de Navidad genera grandes expectativas y ha sido elegido por Francisco como el espacio para marcar las líneas de su ministerio. En el discurso habló sobre las alegrías del 2018 pero también sobre las aflicciones por las que atraviesa la humanidad: inmigrantes que hayan la muerte o las puertas cerradas, pobreza, violencia y “una nueva era de mártires”. Entre estas aflicciones se refirió al “antitestimonio” protagonizado por ministros de la Iglesia y lamentó como estos delitos han deformado el rostro de la Iglesia socavando su credibilidad. Defendió a los periodistas a quienes agradeció por desenmascarar los crímenes y por dar voz a las víctimas. Adicionalmente, dirigiéndose a los abusadores, los conminó a convertirse y entregarse a la justicia. La crisis por la que atraviesa su pontificado está dispuesto a afrontarla de lleno, con “la certeza de que la luz de Dios seguirá brillando a pesar de nuestra miseria humana; la certeza de que la Iglesia saldrá de estas tribulaciones aún más bella, purificada y espléndida”.
Todo este recorrido lo motivó a convocar una cumbre mundial de obispos sobre el tema que tendrá lugar del 21 al 24 de febrero. Se trata de un evento sin precedentes que busca dar un fuerte impulso con nuevos pasos hacia adelante. Si 2018 fue el año de sacar el velo y constatar la existencia de un problema institucional, 2019 empieza como un año para sacar lecciones, reparar heridas, modificar las líneas de acción de las diferentes conferencias episcopales, establecer nuevos lazos de cooperación con autoridades del Estado y de la Sociedad Civil y, sin duda, entregar un nuevo protagonismo al pueblo laico de Dios.
El encuentro pretende lograr que todos los obispos “tengan absolutamente claro lo que se necesita hacer para prevenir y combatir el drama mundial de los abusos a menores" (Oficina de Prensa de la Santa Sede). El Santo Padre ha encomendado Federico Lombardi, la tarea de moderar las sesiones plenarias del encuentro y, para la preparación del mismo, el Comité Organizativo envió una carta a los participantes, subrayando que “el primer paso debe ser reconocer la verdad de lo que ha sucedido”. Por ello se invita a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a las víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países. La carta está acompañada por un cuestionario que pretende ser “una herramienta para que todos los participantes en el encuentro de febrero expresen sus opiniones de manera constructiva y crítica, a medida que progresamos en la identificación de dónde se necesita ayuda para llevar a cabo reformas ahora y en el futuro, y para ayudarnos a tener una visión completa de la situación en la Iglesia”.
humanitas.cl

Crónicas de la Tierra sin Mal : 21 de Febrero Día Internacional de la Lengua Mater...

Crónicas de la Tierra sin Mal : 21 de Febrero Día Internacional de la Lengua Mater...

miércoles, 20 de febrero de 2019

Venezuela: Golpe de Estado en marcha

Osvaldo León
Artículo introductorio de la edición 539 (febrero) de la revistaAmérica Latina en Movimiento, de ALAI: "Por el patio trasero"
ALAI AMLATINA, 20/02/2019.-  Con la mira puesta en el petróleo y demás recursos estratégicos venezolanos, Estados Unidos ha recrudecido sus políticas injerencistas en ese país, blandiendo incluso la amenaza de una intervención armada, con el manido argumento de ser adalid de la democracia, para dar el golpe de gracia al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y al “mal ejemplo” de su proyecto soberano.
Aunque esta argucia debería estar desgastada por lo ocurrido en las ocupaciones bélicas registradas últimamente en países del Medio Oriente ampliado, para no hablar de la larga historia de intervenciones en nuestra región que dejaron una estela de dictaduras, los gobiernos derechistas de la región han cerrado filas con esta arremetida, poniendo en riesgo el compromiso de mantener a Latinoamérica y el Caribe como “Zona de Paz” que fue adoptado por unanimidad en la II Cumbre de la CELAC, el 29 de enero de 2014.
Como para no dejar dudas a dónde van los tiros, la Casa Blanca designó a Elliott Abrams como enviado para "restaurar la democracia" en Venezuela.  Sí, el mismo que durante el gobierno de Reagan participó en la dirección de las operaciones contrainsurgentes en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en los años ’70 y ’80, las cuales se apoyaban en el apuntalamiento de grupos paramilitares y de exterminio en dichos países.
Operaciones silenciosas que salen a luz con el escándalo Irán-Contra nicaragüense, debido a que para financiar a ésta se monta un mecanismo de venta de armas a Irán y de drogas del Cartel de Medellín en Los Ángeles.  En el proceso abierto por estos acontecimientos, Abrams se declara culpable de haber ocultado información, pero George Bush padre al iniciar su gobierno le indulta.  Y es así que, posteriormente, aparece como asesor de seguridad nacional en las guerras en Irak y Afganistán durante la presidencia de George Bush hijo.  Y ahora, como procónsul en la intentona golpista en Venezuela.
En el plano interno, como operador en el tablero intervencionista aparece Juan Guaidó, un político prácticamente desconocido, integrante del partido Voluntad Popular de extrema derecha que entre 2014 y 2017 protagonizó las llamadas “guarimbas”, para propiciar un golpe de Estado por medio de disturbios violentos que dejaron el lamentable saldo de casi 200 personas asesinadas (70% chavistas) y miles de heridos.
De hecho, es un cuadro formado por el Centro para la Acción No Violenta y Estrategias Aplicadas (Canvas, por sus siglas en inglés), que instruye a jóvenes derechistas en las técnicas de los “golpes de estado blandos” formuladas por Gene Sharp, pues “en 2005 fue captado como ‘líder estudiantil’ venezolano para viajar a Belgrado, Serbia, y comenzar a entrenarse para una insurrección”.  Operación financiada “en gran parte a través de National Endowment for Democracy (NED), una creación de la CIA que funciona como el brazo principal del gobierno de Estados Unidos para promover el cambio de régimen”[1].
El 5 de enero, Guaidó es designado presidente de la Asamblea Nacional y 18 días después en un mitin callejero se autoproclama “presidente encargado”.  Washington le reconoce de inmediato y en seguidilla los países que conforman el Grupo de Lima.  Sin embargo, y pese a las presiones de ese país, no logran que suceda lo mismo en la Organización de los Estados Americanos, más allá de que su secretario general, Luis Almagro, por su propia cuenta si lo hace.  Tampoco consiguen que este cometido prospere en la Organización de Naciones Unidas pues en la votación extraordinaria convocada por EE.UU. la mayoría de sus Estados miembros se pronuncia en contra.  Y la Unión Europea no ha fijado una decisión.
Si bien desde que inicia en 1998 el gobierno bolivariano presidido por Hugo Chávez, EEUU mantiene una línea desestabilizadora, que incluye el fallido golpe de Estado en abril de 2002, es a raíz de la caída del precio del petróleo que las sanciones económicas se intensifican –habida cuenta que Venezuela no ha logrado superar el rentismo petrolero– para revertir el proyecto en curso al crear un clima de malestar por la carencia de bienes básicos.
El 9 de marzo de 2015, aduciendo que Venezuela representa un "riesgo extraordinario" para la seguridad de EE.UU., Barack Obama aprueba un primer paquete de medidas, que posteriormente se incrementan bajo el Gobierno de Trump.  Se estima que las pérdidas por las medidas coercitivas unilaterales (embargos comerciales, bloqueos financieros, apropiación de activos, como en el caso de la empresa CITGO, etc.) bordean los 34 mil millones de dólares, que equivalen a 8 años de comida y medicinas para los habitantes de la tierra de Bolívar.
Con este telón de fondo, la intensa campaña mediática global se ha ocupado de ir creando las condiciones psicosociales para la intervención, sobre todo para “posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria por falta de alimentos, agua y medicamentos; hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está ‘cerca del colapso y de implosionar’ demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas”, conforme establece Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de EEUU, en las 12 recomendaciones de la Operación Venezuela Freedom-2 develadas en 2016 [2].
En las circunstancias, esta es la carta que está en juego.  Se trata de un operativo previsto para el 23 de febrero con epicentro en la ciudad colombiana de Cúcuta, bajo la figura de la “ayuda humanitaria” desplegada por la fuerza militar del Comando Sur del Pentágono, con show incluido.  En este punto cabe destacar la posición de la Cruz Roja al señalar que tal operativo carece de todo carácter humanitario, cuanto más que está gestionado por fuerzas militares que amenazan con invadir un territorio soberano.  Como han señalado varios analistas: un Caballo de Troya acompañado de flashes y cámaras para desencadenar un incidente militar de consecuencias inciertas.  Y es que esta es la misma trama seguida en las ocupaciones de Irak, Libia, Siria, entre otras.
Si efectivamente se tratara de una preocupación por las carencias que la población de Venezuela efectivamente padece y no un “cambio de régimen”, bastaría poner fin al bloqueo y sanciones financieras que impiden recibir el pago que le corresponde por sus exportaciones billonarias.  En lugar de abarrotar depósitos en Cúcuta unilateralmente, EE.UU. debería canalizar esos aportes a través de los canales instituidos en la ONU.
La cuestión es que Trump al reconocer (de hecho, designar) al autoproclamado “presidente”, pretende arrogarse potestades que atropellan un principio básico del derecho internacional: la legitimidad del voto popular, que en Venezuela se pronunció a favor de Nicolás Maduro.  En esta línea, busca avanzar en la tramoya del golpe de Estado que está en curso desde hace 20 años, contando con el respaldo de gobiernos de la región que consideran que sus países deben permanecer como patio trasero del vecino del Norte.  Paradójicamente, aunque han demostrado ser incapaces para garantizar derechos sociales básicos, ser proclives a la criminalización de la protesta social, establecer mecanismos de judicialización de la política para anular opositores, entre otras cosillas, ahora pretenden erguirse como tribunos de la democracia para juzgar al gobierno legítimo de Venezuela.  Y entonces cabe la pregunta: ¿con qué calidad moral?
Osvaldo León, comunicólogo ecuatoriano, es director de información de ALAI.
Publicado en la revista de ALAI América Latina en Movimiento, No. 539 (febrero), titulada: "Por el patio traserohttps://www.alainet.org/es/revistas/539