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La Agencia Espacial Norteamericana ha anunciado que está dispuesta a averiguar, de una forma científicamente rigurosa, si no estamos solos en el universo, esto es, si de verdad existen otras civilizaciones tecnológicas fuera la Tierra.
De hecho, el Congreso de los Estados Unidos pidió a la NASA que reiniciara su búsqueda de otras civilizaciones hace unos meses. El primer paso fue el taller: NASA Technosignatures(tecnofirmas), que se celebró en Houston del 26 al 28 de septiembre de 2018.
¿Qué son las tecnofirmas?
Uno de los anhelos más antiguos y persistentes de la humanidad es saber si hay otras civilizaciones inteligentes por ahí fuera. Aunque puede parecer una posibilidad remota, intentarlo se presume irresistible. Hasta ahora hemos buscado indicios de forma biológica o biofirmas. Pero la NASA considera que hay que ampliar este enfoque. Aquí es donde entran las tecnofirmas.
Las tecnofirmas son simplemente evidencia o huella de tecnología. Son los efectos o la firma del uso tecnológico. El ejemplo más obvio podrían ser las ondas de radio, pero algunos expertos en este campo rechazan este tipo de señales, porque el universo está plagado de ondas de radio producidas por fuentes naturales. Sea como fuere, buscaremos señales de vida lo suficientemente avanzadas como para crear tecnología.
El proyecto SETIde los año 70 inició la búsqueda de civilizaciones extraterrestres, pero la 'caza' se centraba en señales de radio intencionales enviadas por otra civilización. Esta nueva exploración será diferente en alcance, pues las marcas técnicas son las señales involuntarias que proporcionan evidencia de una civilización tecnológica.
¿Qué incluyen las tecnofirmas? Emisiones de láser, indicaciones de megaestructuras masivas como esferas de Dyson o, por desgracia, también atmósferas altamente contaminadas. Sin embargo, en cada uno de estos casos, cualquier firma tecnológica no sea detectada directamente, ya que requerirá algunas técnicas avanzadas de investigación para determinar si lo que los buscadores están detectando son realmente tecnofirmas.
“Gracias al descubrimiento de miles de planetas más allá de nuestro sistema solar, incluidos algunos con similitudes clave con la Tierra, ahora es posible no sólo imaginar el encuentro de vida en otros mundos, sino demostrar científicamente algún día que la vida existe más allá de nuestro planeta sistema solar”, señala la NASA en un comunicado.
Este nuevo esfuerzo viene de la mano de los grandes descubrimientos hechos en los últimos años. Durante mucho tiempo no sabíamos si otras estrellas tenían planetas en sus órbitas, o si nuestro sistema solar era único; pero la misión Kepler modificó nuestra visión del cosmos.
Kepler ha descubierto más de 2.600 exoplanetas y aún sigue mostrándonos nuevos datos sobre el cielo.
Con los datos que tenemos hasta ahora, no hay razón para pensar que los exoplanetas no sean abundantes en toda la galaxia y el universo en general. Los nuevos telescopios, ahora en fase de diseño y construcción, nos permitirán crear imágenes de exoplanetas, estudiar sus atmósferas y detectar potencialmente puntos calientes en sus superficies.
Nadie sabe qué encontraremos, pero es difícil no ilusionarse, aunque sea un poco. Lo que está claro es que hay mucho trabajo por hacer, pero una vez se ponga la máquina en marcha, vislumbramos un futuro muy emocionante. promete ser un esfuerzo muy emocionante.
Referencia: NASA Is Taking a New Look at Searching for Life Beyond Earth. NASA. 2018
Crédito imagen: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), F. Summers, G. Bacon, Z. Levay, and L. Frattare (Viz 3D Team, STScI)
El shihuahuaco es un imponente árbol de corteza rojiza de la Amazonía de Perú. La explotación y destrucción de su hábitat continúan pese a intentos fallidos del Estado por proteger a la especie frente a la presión del comercio de madera. Científicos estiman que si no se toman medidas para su protección la especie podría extinguirse en 10 años. El 2018 se han identificado cerca de 4 mil m3 extraídos ilegalmente
Por Leslie Moreno Custodio
Ojo Público, 2 de octubre, 2018.- Madre de Dios. A orillas del río Las Piedras, en el pequeño puerto de Sabaluyoc, en la región amazónica de Madre de Dios, ubicado en la zona sur oriental del Perú, un grupo de madereros acaba de desembarcar trozas de madera. El cielo se está cubriendo de nubes negras, la tormenta va a empezar y tendrán que esperar a que pase la lluvia para salir por la trocha de tierra y lodo que conecta la zona con la carretera Interoceánica, que une esta parte del país con Brasil.
Una de las mayores amenazas para la Amazonía es la tala ilegal de árboles de más de quinientos años de antigüedad. Una de las especies más acechadas en los últimos años es el shihuahuaco, un imponente árbol de lento crecimiento que en 700 años de existencia alcanza 50 metros de altura y uno de diámetro. Algunos investigadores sostienen que si la presión sobre este árbol continúa, la especie podría estar atravesando sus últimos días.
Pero el shihuahuaco no es la primera víctima de la demanda de madera y la mano del hombre. Antes, la presión comercial puso al borde la extinción a especies como la caoba y el cedro.
TERRITORIO. En lo que va del 2018, Osinfor ha identificado cerca de 4 mil metros cúbicos de shihuahuaco de origen ilegal proveniente de la Amazonía. Foto: Leslie Moreno
Las primeras víctimas
El cedro y la caoba, cuya madera de alta calidad y durabilidad eran extraídas en grandes cantidades por taladores legales e ilegales, fueron incluidas el 2001 en la lista de especies protegidas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés). El Perú suscribió este acuerdo en 1975 y lo mantiene hasta la fecha.
La modificación en el control y comercio internacional del cedro y la caoba entre la década de los 90 y 2000 detuvieron su extinción, aunque sus números se redujeron drásticamente. Actualmente, otras especies, como el shihuahuaco, son las preferidas de taladores ante el desamparo de leyes y medidas que las protejan. El artículo 138 del Reglamento de Gestión Forestal, establece que la clasificación de riesgo de flora silvestre debe actualizarse como máximo cada cuatro años, sin embargo, ninguna modificación se ha realizado desde el 2006.
Daniel Valle, experto peruano en conservación biológica señala que “hoy en día la caoba es escasa y que ahora del mismo modo el shihuahuaco está siendo amenazado”. La ubicación de esta especie varía entre los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) - CITEmadera, detalla que estos tres departamentos concentran más del 60% de empresas y el 79% de facturación en el rubro de silvicultura y extracción de madera.
Con el fin de establecer medidas de protección para el shihuahuaco y otras especies, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) -autoridad peruana adscrita al Ministerio de Agricultura- organizó el 2015 un grupo de trabajo conformado por 99 especialistas de todo el país. El grupo estaba supervisado por el Ministerio de Ambiente (Minam) y tenía como objetivo revisar y actualizar la lista de flora silvestre amenazada. La propuesta final -publicada en setiembre del 2016- incorporó 705 especies, 61 de ellas en peligro crítico y 87 en peligro. El shihuahuaco estaba incluido.
La clasificación de flora silvestre debe actualizarse como máximo cada cuatro años, sin embargo, ninguna modificación se ha dado desde el 2006
La propuesta fue enviada al Serfor, dirigido entonces por la actual ministra del ambiente, Fabiola Muñoz. Sin embargo, la propuesta quedó en el olvido y nunca se oficializó. Ante este silencio, un grupo de expertos reiteró la solicitud para insertar el shihuahuaco en la lista de especies amenazadas y el 29 de noviembre del 2016 envió una carta al Ministerio de Agricultura. “Dadas sus características ecológicas, esta especie es susceptible a la sobreexplotación y eventualmente a la extinción. (…) En el 2013, el volumen extraído de shihuahuaco fue 22 veces al extraído en el 2000”, advirtieron.
A pesar de los pedidos y recomendaciones de los científicos, la categorización nunca fue oficializada. ¿Qué sucedió?
Presiones comerciales
Rodolfo Vásquez, investigador y coordinador científico forestal del estudio realizado, tiene una explicación: “Pesó más la opinión de los empresarios madereros, que la de los científicos. Ellos se opusieron durante la fase de consulta pública [previa a la aprobación del proyecto]. Y finalmente, Serfor desestimó el trabajo que se hizo”, señala .
A fines del 2016 el semanario "Hildebrandt en sus trece" publicó un informe que detallaba las observaciones que Elialdo Motta, responsable de monitoreo de Bozovich Timber Products, subsidiaria de uno de los consorcios madereros más importantes del país, el Grupo Bozovich, realizó al documento del grupo de trabajo. El empresario sostuvo no había estudios cuantitativos que permitan incluir el shihuahuaco en la categoría de especie amenazada.
Consultado sobre el tema, Wilfredo Mendoza, científico y coordinador del estudio dijo a Ojo-Publico.com que esta nueva categoría para el shihuahuaco iba a permitir que “el comercio sea más controlado". El experto explicó que durante las discusiones del grupo de trabajo el punto de quiebre siempre fue la categorización de esta especie, porque es una de las más comercializadas.
Ante el pedido de insistencia del grupo de científicos, Serfor respondió con una carta enviada en enero del 2017. En el documento cuestionan que durante el proceso de categorización se habían detectado vacíos de información que no permitieron sustentar la clasificación de algunas especies. En la carta -firmada por Walter Nalvarte, de la Dirección de Gestión Sostenible del Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre- dicen que el estudio no había realizado el análisis poblacional de la especie, cuando esta evaluación debe ser realizada por Serfor.
"Pesó más la opinión de los madereros que la de los científicos", señala Rodolfo Vásquez, investigador y coordinador científico forestal del estudio
Los integrantes del grupo precisaron que el estudio sistematizó y analizó información de más de treinta años y que fue contrastada con datos de los anuarios forestales oficiales del Ministerio de Agricultura. El Serfor no volvió a responder más y el estudio de los científicos que recomendaba la inclusión del shihuahuaco en la lista de especies amenazadas quedó en el olvido.
De la Amazonía al extranjero
Serfor sostiene que la recategorización de las especies en peligro aún se encuentra en proceso de elaboración. Se están “procesando los aportes de la comunidad científica e información adicional como los primeros resultados de los inventarios nacionales”, respondió la autoridad a Ojo-Publico.com, a través de su oficina de prensa. Sin embargo, el inventario que corresponde a las regiones en las que se encuentra el shihuahuaco (Loreto, Ucayali y Madre de Dios) tiene apenas el 9% de avance del total de la muestra.
En este contexto, la actualización de las nuevas especies impactadas por su alta demanda en el mercado internacional, parece todavía un plan lejano.
De acuerdo a las fiscalizaciones realizadas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), entre el 2009 y 2017 se comercializaron más de 2 millones de metros cúbicos de madera de origen ilegal. Este volumen equivale a 75 mil camiones cargados.
ENVÍOS. Dos de las empresas que realizaron el mayor número de envíos al extranjero entre el 2010 y 2017 están vinculadas a envíos de madera de posible origen ilegal.
Las especies más extraídas por volumen son el tornillo (9%), la lupuna (8,8%), la cumala (8,6%) y en cuarto lugar el shihuahuaco (5,5%). De las supervisiones que la entidad realizó en las áreas concesionadas durante el 2017, más de 23 mil m3 correspondieron al shihuahuaco.
Ojo-Publico.com conoció como parte de esta investigación que las especies más comercializadas al extranjero tienen como principal destino los Estados Unidos, seguido por China, México y República Dominicana. Estas especies llegan al mercado para su uso como muebles, parquet o marcos para puertas.
La tala ilegal de estos árboles no solo amenaza a la especie, sino también a los animales que buscan estos árboles para anidar. En Las Piedras, por ejemplo, ya casi no vuela esplendoroso el águila harpía, una de las aves cazadoras más grandes del mundo y que anida en los árboles más altos. Los visitantes ahora necesitan tener mucha suerte para ver volar a alguno cerca del bosque.
El precio de la impunidad
La trocha de tierra y lodo que hay que atravesar para llegar a la cuenca de Las Piedras es una de las dos rutas para tener contacto con las comunidades indígenas de esta parte del Amazonas. La situación de aislamiento en la que esta y otras comunidades amazónicas viven ha permitido la extracción violenta e impune de madera. El 2014, el líder indígena Edwin Chota fue acribillado en los alrededores de su territorio por denunciar el tráfico de madera. La fiscalía atendió sus denuncias solo después de su asesinato.
Al otro lado de la orilla del río se escucha el sonido de sierras funcionando. Nos dicen que están talando quinilla. La zona no tiene autorización para extraer madera, así que como ocurre con otras especies, estos tablones serán vendidos a través de documentos falsificados que "lavarán" su origen ilegal.
Recientemente, la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios tuvo conocimiento de una denuncia de tala ilegal de shihuahuaco, cedro y lupuna en la cuenca. Los taladores usaron sierras eléctricas de un material especial para derribar estos árboles. Los invasores aprovecharon la poca supervisión en el área para llevarse la madera. Ni la fiscalía ni Osinfor pudieron tomar medidas. Nunca se logró identificar a los responsables.
YINE. Las comunidades indígenas que viven en la Amazonía son amenazadas por los traficantes de madera para no denunciar a los invasores. Foto: Leslie Moreno
Según Osinfor, Madre de Dios es la región con mayor cantidad de supervisores encargados de fiscalizar las concesiones forestales (2.026). Le siguen Loreto (970) y Ucayali (595). Sin embargo, dicen que este número no es suficiente para verificar que la administración y el aprovechamiento de los recursos concesionados sean los que programados en los planes de manejo forestal de las empresas. Las supervisiones implican viajes a zonas del bosque de difícil acceso, a donde muchas veces la única vía para llegar es caminando o en bote.
En la cuenca de Las Piedras no hay señal de celular, ni internet. El único servicio del Estado con el que cuentan los indígenas Yine es un sistema de energía solar por el que deben pagar.
Entre el 2009 y 2017, las fiscalías ambientales y juzgados en todo el país investigaron a casi 8 mil personas por casos relacionados al tráfico ilegal y extracción de madera. Los departamentos con mayor número de personas investigadas fueron Madre de Dios, Lambayeque, San Martín y Ucayali, de acuerdo a la información obtenida y analizada por Ojo-Publico.com. El delito que lidera el ranking de investigaciones en este rubro es contra los bosques o formaciones boscosas, seguido del tráfico ilegal de productos forestales maderables.
De regreso a orillas del río Las Piedras, se escucha el motor de un bote acercándose. Como muchos otros que vimos durante el viaje, estos también llevan madera, pero no desembarcarán en el pequeño puerto, sino unos metros más arriba, donde nadie los vea.
Los pueblos indígenas y garífuna tienen un derecho fundamental: el derecho a la libre determinación, que se expresa concretamente en su facultad de autogobernarse, es decir, en el derecho a poseer, disfrutar y controlar sus tierras y territorios, así como a disponer de los bienes naturales que se encuentran en ellos.
Un elemento esencial de este derecho es que sean consultados y que se obtenga su consentimiento cuando se pretenda desarrollar proyectos de cualquier tipo que puedan modificar jurídica o materialmente sus territorios.
Por tanto, para que el Estado pueda aprobar proyectos de ese tipo tiene la obligación de realizar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe; garantizar la participación de las comunidades en los beneficios razonables; y realizar un estudio previo de impacto ambiental y social con participación de la comunidad.
Sin embargo, el Congreso Nacional está a punto de aprobar una ley sobre consulta que, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no se adecua plenamente a los estándares internacionales señalados anteriormente y su elaboración no aseguró la participación plenamente representativa de los pueblos indígenas y garífuna.
Frente a ello, estos pueblos son titulares de su derecho a la autodeterminación que constituye una poderosa herramienta para establecer un espacio de autonomía para ejercer y gestionar el poder en sus territorios y, en consecuencia, decidir libremente sobre ellos.
Sin ignorar que los pueblos indígenas y garífuna ya han dado pasos importantes en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, es fundamental que continúen auto convocándose para elaborar y aprobar su propia ley de consulta previa, y mediante un acto simbólico sea presentada al Congreso Nacional con el fin de dejar claro los siguientes mensajes.
Primero, que en el marco de su derecho a la autodeterminación se han auto convocado para elaborar y aprobar una ley en materia de consulta previa, libre e informada, la cual regirá de ahora en adelante toda gestión pública o privada que se pretenda realizar en sus territorios.
Segundo, que en dicha ley se establecen los mecanismos tradicionales y culturalmente adecuados para que mediante la toma de decisiones colectivas las comunidades ejerzan su soberanía sobre dichos territorios.
Tercero, que antes de aprobar un proyecto de cualquier tipo que les afecte, el Estado debe respetar y adaptar sus normas y prácticas a los estándares establecidos en esa ley, ya que ellos, los pueblos, son los únicos legitimados para decidir sobre la forma en que el Poder será ejercido en sus territorios.
Los abajo firmantes, redes, radios y organizaciones de comunicación popular y comunitaria de toda América Latina y el Caribe, expresamos nuestra preocupación por la sorpresiva intervención a la Defensoría del Público de la Comunicación Audiovisual Argentina, organismo de indudable aporte a la democratización y respeto al Derecho a la Comunicación, creado en el marco de una normativa ejemplo para nuestro continente y el mundo como es la ley de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 en ese país hermano.
Esperamos que el gobierno y el Congreso de ese país reconsideren esta decisión y garanticen el normal funcionamiento de este organismo, la tranquilidad de sus trabajadores y trabajadoras y el respeto a la misión, objetivos y valores para los que fue creado.
Quito, septiembre 2018
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Hugo Ramírez Huamán Coordinador General ALER 00 593 2 255 9013 La Floresta, Valladolid 511 y Madrid Quito - Ecuador www.aler.org
