Imagen: Derechos Humanos Sin Fronteras
Servindi, 27 de noviembre, 2017.- Jaime César Borda Pari, de la organización Derechos Humanos sin Fronteras, denunció que actualmente persiste la criminalización de la protesta social, la Policía Nacional del Perú sigue brindando servicios a empresas mineras bajo una nueva figura y los “estados de emergencia” se han vuelto normales en ciertas localidades andinas.
Borda Parí quien fue golpeado y detenido conjuntamente a otros líderes sociales, durante el conflicto en Espinar del 2012, informó que, el proceso judicial afrontó injustamente, ya fue archivado a la fecha.
Sin embargo, la demanda contra el Estado peruano emprendida a su favor en la vía judicial peruana no ha tenido avance alguno debido a que "no se puede identificar a los autores".
No obstante, las demandas planteadas en la Corte de Londres sí han tenido respuesta en comparación con el sistema nacional donde existe un claro favoritismo del Poder Judicial a favor de uno de los actores.
En efecto, pese a que la sede judicial de Ica resolviera a favor de los dirigentes de Espinar que fueron procesados conjuntamente a Oscar Mollohuanca, ésta ha sido apelada por el procurador.
En la actualidad, se prevé que al menos 120 líderes sociales se encuentran denunciados por participar en movilizaciones y protestas contra las empresas extractivas.
En tal sentido, la lógica de criminalización de protesta social continúa siendo parte de una política represiva del actual gobierno, y el pueblo de Apurímac vive en "Estado de emergencia" y sin garantías constitucionales.
Convenio Policía Nacional-Mineras
El comunicador ambientalista también dio cuenta a Servindi Noticias sobre la situación de los convenios celebrados entre la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras.
Dichos convenios fueron revelados el 2016 tras la muerte del comunero Quintino Cereceda en las Bambas, a insistencia de Derechos humanos Sin Fronteras, mediante la vía judicial.
Borda Pari, lamentó que los compromisos del entonces Ministro del Interior Carlos Basombrío, de transparentar los tratos de las empresas extractivas con la Policía Nacional, nunca se dieron, y solo han cambiado la figura.
Por ahora existe una petición ante las instancias supranacionales y una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, donde se cuestiona y denuncia la desnaturalización de la función policial.
Organizaciones sociales
Jaime Borda, conocedor de las comunidades indígenas de las provincias altas del Cusco. dijo que pese a las iniciativas de articulación de las organizaciones sociales de Espinar, Chumbivilcas, Paruro y Cotabambas, ésta falta fortalecerse.
"Lamentablemente, está pasando como normal la declaratoria de estados de emergencia", y en los “distritos mineros” se vive como en la época del terrorismo, aseveró.
La medida de estado de excepción, en los distritos de Challhuahuacho, Mara, en Apurímac y, Capacmarca, en Cusco, que mantiene inmovilizada a las poblaciones afectadas por la minería, en el fondo "son para garantizar el traslado de mineral de las empresas Antapacay y Hudbay" sentenció Borda Pari.
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