Después de casi un año de otorgado aquel indulto ilegal a Alberto Fujimori, el Poder Judicial peruano acaba de declararlo nulo. Esto significa que Fujimori deberá regresar a prisión, supuestamente una vez que sea dado de alta de una clínica limeña en la que actualmente se encuentra. Y decimos ‘supuestamente’ porque un grupo de parlamentarios fujimoristas intenta evitarlo mediante una propuesta legislativa.
Pero antes de continuar hay que destacar dos cosas, sin las cuales hubiera sido difícil revocar el indulto otorgado al exdictador. Uno, la respuesta ciudadana, la cual no se hizo esperar, (recordemos que el indulto se dio en vísperas de la navidad del año 2017). Las manifestaciones y marchas se dieron por todo el Perú e, incluso, en el extranjero, contra aquella decisión polémica adoptada por el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien hoy viene siendo investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.
Dos, hay que reconocer la respuesta de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos (casos por los que Fujimori fue condenado a prisión), que fue contundente y ejemplar, por decir lo menos. Y ello no podía ser de otro modo, dado que los deudos de La Cantuta y Barrios Altos vienen dando la batalla ante los tribunales de justicia del Perú y ante la Corte Interamericana desde hace muchos años atrás, con el único objetivo de obtener justicia y reparación. Es decir, tienen experiencia y apoyo legal litigando contra el Estado peruano, por lo que el revés del indulto, –hay que decirlo: producto de una negociación política entre el gobierno del PPK y una facción del fujimorismo– era una cuestión de tiempo.
Pero este acto de justicia alcanzado por los deudos de La Cantuta y Barrios Altos está a punto de ser arrebatado por un grupo de legisladores fujimoristas quienes consideran que Fujimori debe estar libre, a pesar de la gravedad de los delitos que cometió.
En efecto, una facción de congresistas fujimoristas, los autodenominados “Avengers”, acaba de presentar un proyecto de ley (disponible en: www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021) que busca excarcelar al reo Fujimori. Según estos parlamentarios, una persona que mandó a matar a varias personas a través del grupo paramilitar Colina; que ordenó secuestrar a un periodista y a un empresario; que montó un aparato comunicacional para difamar y desprestigiar a sus opositores; que se apropió ilícitamente de miles de millones de soles del fisco, etcétera, debe irse a su casa, bajo el argumento de su avanzada edad (80).
Resulta reprochable esta forma de legislar, a saber: el de dictar leyes con nombre propio. En una democracia se legisla para todos los miembros de una comunidad política. No se legisla para un grupo o persona en particular, pues ello significaría que existen personas o colectivos con más derechos (o privilegios) que otros, lo cual es dañino para una democracia porque rompe el principio de igualdad ante la ley. Y, precisamente, eso es lo que ahora viene ocurriendo en el Perú.
Si uno revisa el proyecto de ley presentado por el congresista “avenger” Clayton Galván, se va a dar cuenta que dicho proyecto contiene requisitos que encaja con el perfil de reo Fujimori: 80 años de edad; condenado por secuestro agravado y homicidio calificado; apellido Fujimori y cuyo indulto acaba de ser declaro nulo por el Poder Judicial. Las demás personas privadas de libertad –por ejemplo, una interna embarazada- no podrán acceder fácilmente al beneficio de la “libertad anticipada”, así existan motivos sobrados para su excarcelación.
De lo anterior podemos decir que no se está legislando para el grueso de la población penal del Perú (compuesta actualmente por 80.000 personas privadas de libertad), la cual vive, según la Defensoría del Pueblo, “bajo condiciones carcelarias infra humanas”, en las que un pequeño espacio para pernoctar puede generar graves conflictos entre los internos, o la represión policial puede quitar vidas humanas, muchas veces sin investigarse y sin sanciones ejemplares para los responsables del hecho.
Y para terminar, hay que señalar la falta de contrapeso entre los poderes del Estado peruano, la cual puede graficarse como una película con pésimo guión y malos actores. El Poder Judicial condena a Fujimori a 25 años de prisión. Después de 12 años de la ejecución de la pena, el Poder Ejecutivo indulta al reo Fujimori. Y luego de transcurrido 10 meses, el Poder Judicial declara nulo dicho indulto. Y antes que Fujimori regrese a prisión, el Poder Legislativo (los “Avengers”, concretamente) presenta un proyecto de ley que busca liberarlo, a costa de afectar la independencia judicial e infringir tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Como puede observarse queda en evidencia una vez más la fragilidad del Poder Judicial peruano, en lo referido al respeto de sus decisiones; así también, queda de manifiesto la injerencia de los otros dos poderes del Estado, que en vez de fortalecer la independencia judicial, lo que hacen es debilitarla, restándole autoridad.
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