El gobierno de Velasco y la reforma agraria

Por:   Fernando Eguren

El período largo de la reforma agraria se inicia a mediados de la década de 1950 y culmina en la década de 1980.

Uno de los primeros actos del gobierno de Manuel Prado (1956-1962) fue la formación de una Comisión por la Reforma Agraria y la Vivienda, presidida por Pedro Beltrán. Quien lo sucedió, Ernesto Alayza Grundy explicó por qué su creación: “El Perú ha llegado a una etapa en la cual son inadecuadas las bases institucionales sobre las cuales ha organizado su sociedad y su Estado.” En efecto: las corrientes industrializadoras que recorrían América Latina requerían poner fin a una estructura agraria manifiestamente obsoleta.  Entre las propuestas planteadas merece destacarse el establecimiento de un límite para la extensión de los predios en 250 hectáreas en la costa; la creación de un impuesto territorial, en forma progresiva, de acuerdo con la extensión, y la entrega de tierras nuevas originadas por el riego de los eriazos de la costa a la pequeña y mediana propiedad.

Un segundo acto fue la promulgación en 1963, por la Junta Militar de Gobierno (1962-1963) de una ley de reforma agraria para ser aplicada en los valles de La Convención y Lares. A fines de los años cincuenta y los primeros años del gobierno de Fernando Belaunde (1963-1968), hubo inten-sas movilizaciones campesinas por la tierra, sobre todo en la sierra y en los mencionados valles. La ley reconoció el derecho de los campesinos sobre las tierras que recuperaron de los hacendados. 

La aprobación de la ley 15037 de Reforma Agraria en 1964 durante el gobierno de Belaunde, fue el tercer acto. Un intento de generalizar la reforma agraria sobre todo el territorio, pero las indecisiones políticas y la oposición parlamentaria  -controlada por la alianza Apra - Unión Nacional Odriísta-, impidió mayores avances.

Es recién el 24 de junio del año 1969 que se inicia, con el gobierno militar del general Juan Velasco, una reforma agraria, la más importante de todas sus reformas. En corto tiempo y de manera incruenta, transformó la economía y la sociedad rurales, con muy importantes impactos sobre toda la sociedad. Además de corregir una situación social y económicamente injusta, la reforma agraria debería impulsar, en palabras de Velasco, “la industria peruana, cuyo futuro depende decisivamente de la creación de un cada vez mayor mercado interno de alto consumo diversificado y, también, del apoyo constructivo del Estado, consciente del inevitable destino industrial de nuestra patria”. 

Se expropiaron los latifundios y muchos predios medianos que habían incurrido en alguna de las causales de expropiación consideradas en la ley. En total, alrededor de diez millones de hectáreas. Las haciendas fueron sustituidas por cooperativas agrarias de producción y otras formas asociativas, y la propiedad fue entregada a los trabajadores. La mayor parte de estas empresas tuvieron corta duración, por problemas de una deficiente gestión y por el escaso apoyo del propio Estado. Fueron liquidadas por los propios cooperativistas y las tierras repartidas en unidades familiares. Una importante excepción fueron las cooperativas azucareras, que continuaron existiendo hasta la segunda mitad de los años noventa, cuando el gobierno de Alberto Fujimori forzó la trasformación de las cooperativas en sociedades mercantiles y facilitó la venta de acciones a inversionistas privados. 

¿Cuáles fueron los principales impactos de la reforma agraria? Es una pregunta difícil de respon-der, tanto por la complejidad de la reforma como porque a casi cincuenta años de haberse iniciado todavía suscita emociones muy encontradas. La producción bajó –no podía ser de otra manera dado los grandes cambios en las formas de producción y de organización. Este es el argumento principal de quienes rechazan cerradamente la reforma. Pero no cabe duda que, con la liquidación de las relaciones serviles y del poder gamonal, allanó el camino para una democratización de la sociedad rural y, con ello, de la sociedad peruana en su conjunto. 

Lamentablemente, desde la década de 1990 la opción de los sucesivos gobiernos ha sido la de una modernización agraria basada en grandes corporaciones agroexportadoras y en la marginación de la agricultura familiar. Aunque con características diferentes a la década de 1970, una nueva reforma del agro se va haciendo necesaria.