La Voz de SE. En las idas y venidas del Gasoducto Sur Peruano, enfrentar el arbitraje contra Enagás no es el mayor problema. El gobierno no refleja una conducta de credibilidad sobre su licitación.
POR SEMANA ECONÓMICA
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La solicitud de arbitraje internacional iniciada por Enagás para recuperar su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) da paso a una serie de cuestionamientos que el gobierno parece no atreverse a contestar, y que pueden mellar aún en más su credibilidad y las proyecciones de crecimiento del país.
Sin una posición sobre el destino del GSP que logre transparentar la discrepancia que ha sumido al gobierno en lo que sería uno de los arbitrajes más costosos para el país, difícilmente será creíble que el GSP u otros megaproyectos en el Perú vuelvan a atraer a cualquier inversionista.
Una breve revisión de eventos basta para caer en cuenta de que enfrentar el arbitraje contra Enagás no es el mayor problema.
Tras el avance de la investigación Lava Jato en Brasil y sus ramificaciones en el Perú –que la fiscalía aborda con evidente dificultad–, las contingencias legales alrededor del GSP son impredecibles.
Existe todavía una investigación abierta por parte de la fiscalía que involucra un pedido de cárcel para dos exfuncionarios, mientras que otros medios han reportado que la fiscalía habría formalizado una investigación preparatoria contra Jorge Barata por presunta corrupción en el GSP.
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No es menos importante el no haber zanjado la discusión sobre la viabilidad del proyecto, desde la actualización de las reservas hasta la inversión exhorbitante que, se supone, implicaría: más de US$7,000 millones, de recuperabilidad económica y social más que dudosa. Sin el subsidio que se diseñó en el proyecto original, ¿cuál es la nueva rentabilidad del proyecto?
Otra cuestión es la interpretación del contrato de concesión. Desde su resolución, en enero del 2017, la posición del gobierno ha sido confusa e incluso engañosa. En ese entonces, el MEM anunció que habría un nuevo operador en nueve meses. En julio del 2017, ProInversión prorrogó el plazo al primer semestre del 2018 y adelantó que designaría a un valorizador de los bienes. Nada de eso pasó.
Sin embargo, diversos eventos ya daban indicios de que las declaraciones del gobierno no se cumplirían, sin mayor explicación. Ya en enero del 2017, en el Decreto de Urgencia 001-2017, que ordenó al Osinergmin designar un administrador de los bienes, se indicó que el gobierno no tenía marco legal para definir qué acciones tomar ante una concesión terminada antes de entrar en operación.
En octubre de ese año, en el acta de entrega de bienes, el concesionario dejó constancia de su discrepancia sobre el régimen aplicable al contrato resuelto. En términos prácticos, se abrió la posibilidad de iniciar un trato directo. Poco después se revelaría que dicho proceso obedecía a una discrepancia sobre si el Estado debe devolver lo invertido o no al consorcio.
No se ha emitido ningún otro instrumento legal que le permita al Estado definir qué acciones debe tomar ante un caso sin igual como el GSP, pues para el gobierno el contrato no indica nada.
¿Qué espera hacer el MEM cuando reciba la ‘hoja de ruta’ de la consultora Mott MacDonald? Hasta ahora sólo se sabe que al GSP se le ha cambiado de nombre a Sistema Integrado de Transporte de Gas del Perú, y que ya no será íntegramente por ductos. ¿Es creíble que promocionará un proyecto de esta envergadura –que le costó 0.7% de crecimiento al PBI– con la historia sin resolver que le precede?
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