 | por Transparencia Perú |
Escribe: Rafael Roncagliolo, ex Ministro de Relaciones Exteriores, fundador y directivo de la Asociación Civil Transparencia.
La corrupción sistemática y generalizada que se develó en el año 2000 era inédita en el Perú, por el volumen de los delitos y por su costo en términos de desvío de fondos públicos a intereses privados, ilícitos e ilegítimos. Resulta notable que, contra lo que el país entero esperaba, la corrupción no terminó con el régimen de entonces, sino que vino a reproducirse con nuevas manifestaciones y a escala supranacional.
El 21 de diciembre del 2016 una corte de Nueva York anunció que Odebrecht había reconocido haber pagado sobornos por 29 millones de dólares en el Perú, entre 2005 y 2014. Empezaba en el país el caso Lava Jato, considerado, por su volumen, el mayor caso de corrupción descubierto en el Brasil y en América Latina.
Por si no fuera suficiente golpe a la moral de los peruanos, hace un par de semanas se descubrieron irregularidades en la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), que ensombrecen las inminentes elecciones regionales y municipales de este año. En esta operación vuelven a aparecer con los mismos nombres y rostros quienes operaron al servicio de la red de Montesinos en el 2000.
Y al borde de la última semana, el Instituto de Defensa Legal (IDL) proporciona información sobre una red de corrupción que involucra a magistrados del poder Judicial y miembros del controvertido Consejo Nacional de la Magistratura creado también en la década de 1990.
Aparece ineludible que el Congreso decida el cese de los miembros de dicho Consejo y que el Poder Judicial investigue y adopte las sanciones correspondientes.
Todo ello es indispensable, pero no suficiente. El Presidente de la República ha decidido avanzar en la Reforma Integral de la Justicia. El Presidente hace suya la demanda de organizaciones sociales como la Asociación Civil Transparencia y asume un desafío pendiente desde la época del Acuerdo Nacional en el 2002, pasando por la primera formulación del Acuerdo Nacional por la Justicia y por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Justicia (CERIAJUS) del 2004.
Esta tarea es ciclópea. Los elementos corruptos en la administración de justicia han manipulado procesos que han permitido amasar injustificables fortunas a presidentes, hijos y secretarios de presidentes; no sólo a funcionarios de segunda fila. Amén de beneficiar incluso a violadores de menores de edad. Aparece un grueso cordón umbilical que une a la corrupción con dirigentes y organizaciones políticas.
En el pasado, ya casi remoto, la legítima ambición de los dirigentes políticos estaba motivada, sobre todo, por el prestigio y el poder, no tanto por el dinero. Esto es lo que ha cambiado como parte de un cambio cultural mayor que reemplaza y confunde la ética del servicio público con el negocio privado. La mercantilización de la política, junto con el ánimo excluyente de los partidos dominantes, lleva a defender la corrupción, como se ha hecho en estos mismos días, condenado la difusión de las grabaciones en vez de sus contenidos.
Felizmente que también se han fortalecido, por contraste, el periodismo independiente y de investigación y asociaciones de la sociedad organizada, como el IDL y Transparencia, que vienen siendo portadoras de estas demandas desde el final del siglo pasado.
La Comisión Consultiva de Reforma del Sistema de Justicia, que acaba de crearse, encara el principal desafío político y moral que hoy sacude el país. Su membresía garantiza rectitud y sabiduría. Pero no debe olvidarse que es una Comisión Consultiva. Cualesquiera que sean, sus recomendaciones deberán traducirse en decisiones políticas y normativas. Habrá que superar los obstáculos que pudieran provenir de los beneficiados y cómplices de la corrupción.
Fuente y foto: La Republica
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