La región seguía padeciendo un aumento alarmante del número de amenazas y ataques contra quienes defendían los derechos humanos, lideraban a sus comunidades o ejercían el periodismo.
24/02/2018 12:25
- Por:
- Amnistía Internacional
En su reciente informe 2017-2018, Amnistía Internacional advierte que en América se registra un retroceso en respeto a los Derechos Humanos. Según señala, la discriminación y la desigualdad seguían siendo la norma en todo el continente. La región seguía sufriendo los estragos causados por los altos niveles de violencia, con oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
La violencia extrema y persistente era habitual en países como Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. La violencia en toda la región se veía con frecuencia alimentada por la proliferación de armas pequeñas ilegales y por el crecimiento de la delincuencia común organizada. La violencia contra las personas LGBTI, contra las mujeres y las niñas y contra los pueblos indígenas era generalizada.
En la ciudad de Río de Janeiro, un pico de violencia dio lugar a un notable aumento de los homicidios ilegítimos perpetrados por la policía, dice el informe, que registra también situación de caos, hacinamiento y peligrosidad en las prisiones de Brasil que dejó la muerte de 120 personas recluidas, durante motines que se registraron en enero.
Según un informe de la ONU, América Latina y el Caribe seguía siendo la región más violenta del mundo para las mujeres, pese a las estrictas leyes existentes para hacer frente a esta crisis. La región tenía la tasa de violencia no conyugal contra las mujeres más alta del mundo, y la segunda tasa más alta de violencia conyugal.
México registró una ola de homicidios de periodistas y personas que defendían los derechos humanos. Venezuela afrontaba la peor crisis de derechos humanos de su historia moderna. Los homicidios de líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Colombia dejaron al descubierto las limitaciones de la implementación del proceso de paz en ese país.
Otra situación de precocupación es la situación de vulnerabilidad que padecen los defensores y defensoras de los derechos humanos, víctimas de niveles de violencia cada vez más altos y otros abusos en muchos países. La región seguía padeciendo un aumento alarmante del número de amenazas y ataques contra quienes defendían los derechos humanos, lideraban a sus comunidades o ejercían el periodismo, unas amenazas y ataques que se ejercían mediante, entre otras cosas, el uso indebido del sistema de justicia.
Los pueblos indígenas sufrían discriminación y seguían viendo negados sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido su derecho a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que los afectaban. Fueron pocos los avances de los gobiernos en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
Amnistía Intrernacional señala en su informe que un elevadísimo número de personas en toda la región afrontaba una crisis de derechos humanos cada vez más grave, alimentada por el retroceso de los derechos humanos en la legislación, las políticas y las prácticas, y por el uso creciente de una política de demonización y división. En muchos países había peligro de que la regresión se volviera endémica. Este retroceso agravaba además la desconfianza hacia las autoridades (que se manifestaba en los bajos niveles de participación en elecciones y referéndums) e instituciones como, por ejemplo, los sistemas nacionales de justicia.
En lugar de emplear los derechos humanos como una forma de lograr un futuro más justo y sostenible, muchos gobiernos volvieron a recurrir a tácticas represivas: hacían un uso indebido de las fuerzas de seguridad y los sistemas de justicia para silenciar la disidencia y las críticas, permitían que quedara impune el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, y gobernaban en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación descontroladas sostenidas por la corrupción y por las carencias en materia de rendición de cuentas y justicia.
Decenas de miles de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y hacer frente a los graves daños que sufrieron las infraestructuras en países del Caribe, como República Dominicana y Puerto Rico, tras el paso de dos potentes huracanes, entre otros desastres naturales. En México, dos terremotos devastadores que se cobraron cientos de vidas hicieron peligrar los derechos de la población a la educación y a una vivienda adecuada.
Crisis en Venezuela
Venezuela afrontaba una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente, alimentada por una escalada de violencia promovida por el gobierno. Había protestas crecientes debido al aumento de la inflación y a una crisis humanitaria provocada por la escasez de alimentos y suministros médicos.
Violencia e impunidad en México
Continuó la crisis de derechos humanos en México, agravada por el aumento de la violencia y los homicidios; hubo, en particular, una cifra sin precedentes de homicidios de periodistas. Las detenciones y reclusiones arbitrarias seguían siendo generalizadas y a menudo daban lugar a otras violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales no se investigaban debidamente. Más de 34.000 personas seguían sometidas a desaparición forzada, y abundaban las ejecuciones extrajudiciales. La tortura y otros malos tratos seguían siendo una práctica generalizada a la que recurrían con impunidad y de manera habitual las fuerzas de seguridad para obligar a personas a firmar “confesiones” falsas.
Homicidios ilegítimos
Pese a que la tasa de homicidio cayó en Honduras, suscitaban honda preocupación los altos niveles de violencia e inseguridad. La impunidad imperante debilitaba la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia.
En República Dominicana, que padecía una tasa de homicidio persistentemente alta, se denunciaron decenas de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad. La policía de Jamaica seguía cometiendo con impunidad homicidios ilegítimos, algunos de los cuales podrían haber constituido ejecuciones extrajudiciales.
Protestas
Las autoridades de varios países, incluidos Colombia, Paraguay y Puerto Rico, respondieron a las protestas con un uso innecesario y excesivo de la fuerza.
En Nicaragua, agentes de policía impidieron a comunidades rurales y pueblos indígenas participar en manifestaciones pacíficas contra la construcción del Gran Canal Interoceánico.
En Argentina, la policía detuvo de manera arbitraria a más de 30 personas en la capital, Buenos Aires, por participar en una manifestación tras la muerte del activista Santiago Maldonado.
Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad
La impunidad seguía siendo generalizada y factor clave en los abusos y violaciones de los derechos humanos en muchos países.
La impunidad y la corrupción que imperaban en Guatemala erosionaban la confianza pública en las autoridades y obstaculizaban el acceso a la justicia.
La impunidad por las violaciones de derechos humanos, tanto las perpetradas durante como las cometidas en el pasado, seguía suscitando preocupación en Chile. El archivo por parte de las autoridades de una investigación sobre el presunto secuestro y tortura del líder mapuche Víctor Queipul Hueiquil transmitió un aterrador mensaje a quienes defendían los derechos humanos en todo el país, ya que parecía no haberse llevado a cabo una investigación exhaustiva e imparcial.
En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto por razones de salud al expresidente Alberto Fujimori, que en 2009 había sido condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos por sus subordinados.
En Uruguay, defensores y defensoras de los derechos humanos que investigaban las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1973-1985) denunciaron haber recibido amenazas de muerte, cuyo origen no se investigó.
Con todo, se produjeron algunos avances. En Argentina, 29 personas fueron condenadas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar (1976-1983), y un tribunal federal dictó una sentencia histórica por la que condenaba a cadena perpetua a cuatro exmiembros del poder judicial por contribuir a la comisión de crímenes de lesa humanidad durante aquellos años.
En Bolivia se creó una Comisión de la Verdad para investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares, entre 1964 y 1982.
Se registraron avances en el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) y se envió a juicio a cinco exmiembros de las fuerzas armadas por cargos de crímenes contra la humanidad, violación y desaparición forzada.
Violencia contra los pueblos indígenas
Continuaban las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en países como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú.
Se seguía criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades empleaban procedimientos penales para hostigarlos; hubo denuncias de ataques policiales, que incluían palizas e intimidación. Rafael Nahuel, de la comunidad mapuche, murió de manera violenta en noviembre durante un desalojo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.
En Colombia, una ola de homicidios de indígenas pertenecientes a comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado puso de relieve las limitaciones en la aplicación del acuerdo de paz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó las distintas formas de discriminación que afrontaban las mujeres indígenas en las Américas e hizo hincapié en que la marginación política, social y económica de esas mujeres contribuía a su discriminación estructural permanente y las exponía a un mayor riesgo de sufrir violencia.
Derechos sobre la tierra
En Perú se promulgaron nuevas leyes que debilitaron la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos a la tierra y el territorio, y socavaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
En Ecuador se seguía violando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, con situaciones que incluían intrusiones del Estado en los territorios indígenas para la futura extracción de petróleo.
Se seguían negando a los pueblos indígenas de Paraguay sus derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que los afectaban.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala reconoció la falta de consultas previas con el pueblo indígena xinca de Santa Rosa y Jalapa, que se vio negativamente afectado por la actividad minera.
En Brasil, varios conflictos sobre la tierra e invasiones de territorios de pueblos indígenas por parte de madereros y mineros ilegales tuvieron como consecuencia ataques violentos contra comunidades indígenas.
Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos
Los riesgos y peligros extremos que conllevaba defender los derechos humanos quedaron patentes en numerosos países de la región, y los defensores y defensoras de los derechos humanos afrontaban amenazas, hostigamiento y ataques en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay, entre otros lugares.
En México, los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas, ataques y homicidios, y los ataques y la vigilancia digitales eran especialmente frecuentes. A lo largo del año, al menos 12 periodistas murieron violentamente (la cifra más alta registrada desde el año 2000).
Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de la región para quienes defendían los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Desde su asesinato, varios activistas medioambientales y de derechos humanos de Honduras habían sido objeto de hostigamiento y amenazas.
Hubo un incremento del número de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia, especialmente lideresas y líderes comunitarios, defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y personas que hacían campaña en favor del proceso de paz.
En Cuba, un gran número de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos seguían sufriendo hostigamiento, intimidación, despidos de empleos estatales y detenciones arbitrarias, cuyo propósito era silenciar las críticas.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala, y especialmente quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, afrontaban constantes amenazas y ataques y eran objeto de campañas difamatorias.
Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú que confirmaba la absolución de la defensora de los derechos humanos Máxima Acuña Atalaya, tras cinco años de procedimientos judiciales infundados por usurpación de tierras, marcó un hito para los defensores y defensoras medioambientales.
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