Ley 30723 podría llevar al exterminio físico y cultural de los PIACI

Foto: Ministerio de Cultura.

Expertas internacionales de la CIDH y de la ONU manifestaron su rechazo contra la Ley 30723. Exigen que el Estado respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de los PIACI.

Servindi, 14 de febrero, 2018.- Tras la promulgación de la Ley 30723, Antonia Urrejola y Victoria Tauli-Corpuz -relatoras de los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respectivamente- manifestaron su rotundo rechazo contra la norma.

Las expertas internacionales consideran que la cuestionada ley pondría en grave peligro a las áreas naturales protegidas, reservas indígenas y reservas territoriales de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Ambas exigen al Estado respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas.

“Lo contrario podría tener consecuencias irreparables en los derechos individuales y colectivos de estas comunidades, y podría llevar a su exterminio físico y cultural”, se lee en el comunicado difundido por Tauli-Corpuz.

Como se recuerda, la polémica ley declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en Ucayali. Las relatoras recordaron que cualquier proyecto debe pasar por un proceso de consulta previa y que el marco jurídico internacional respalda la vida y derechos de los PIACI.

“En el caso de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, el marco jurídico internacional exige que se tome en cuenta su manifiesto rechazo a la presencia de terceros como afirmaciones de su decisión de permanecer aislados y su no consentimiento para tales intervenciones o proyectos, y se abstengan de llevarlos a cabo”.

Rechazo total

La ley que afectaría las áreas protegidas y los pueblos indígenas también fue observada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), invocando a una movilización contra la “destrucción de pueblos y selvas”.

Asimismo, fue rechaza por el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente (Minam) y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República.