El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió solicitar a las autoridades judiciales de los Estados Unidos la extradición activa del ex presidente de la República Alejandro Toledo Manrique, investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado.
Como consecuencia, el referido despacho dispuso formar el cuadernillo de extradición con las copias certificadas de los piezas procesales (documentos del expediente) pertinentes, así como todo antecedente que sirva para el logro de este proceso. El expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia, que revisará el requerimiento, como última instancia a nivel judicial.
En su decisión el juez a cargo del caso, Richard Concepción Carhuancho, invoca el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Señala también que el pedido cumple con el requisito del principio de la doble incriminación, debido a que los hechos fácticos atribuidos califican como delitos tanto en el Perú como en Estados Unidos.
Igualmente, en la resolución indica que los plazos máximos de prescripción de los delitos atribuidos al exmandatario, aún no han prescrito. Esto es, 16 años en el caso de tráfico de influencias, 20 años aplicable al delito de colusión, y 15 años al delito de lavado de activos.
Cabe anotar que el magistrado, en su decisión, establece dos fases respecto a las presuntas actividades ilícitas del expresidente, pues en una primera, refiere, que a finales del año 2004 Alejandro Toledo ofreció favorecer a la empresa Odebrecht para que esta ganara la licitación del tramo 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur Perú-Brasil.
A cambio solicitó inicialmente la suma de US$ 35 millones, pero Odebrecht hizo depósitos de aproximadamente US$ 20 millones en las empresas Trailbrifde Ltd. y Merhav Overseas Limited y Warbury and Co, de propiedad de su amigo Joseph Maiman.
En la segunda fase, señala que Toledo Manrique habría utilizado el dinero de la empresa Ecoteva Consulting Group S.A. para comprar bienes inmuebles y pagar sus hipotecas en Perú, capital que habría provenido de una de las empresas antes mencionadas.
Fuente: Poder Judicial
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