Por:
Alejandra Dinegro Martínez
Mientras nos distraían con el tema de la llegada de población venezolana a nuestro país. La bancada Fujimorista del Congreso, aprobó el miércoles 21 de febrero (en primera votación) una ley que ha sido bautizada como la “ley del esclavo juvenil”, “la nueva ley pulpín” o “la ley Bartra”. Iniciativa de la autoría de la Congresista Rosa Bartra.
El proyecto fujimorista modifica algunos artículos de esta “Ley de modalidades formativas laborales” (vela por los derechos de las prácticas profesionales, pasantías y capacitaciones) y crea una nueva modalidad formativa a la que denominan “Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”.
El argumento central de la Congresista Bartra es que mediante esta norma, los estudiantes de centros de educación técnico–productiva y de institutos de educación superior tecnológicos, aplicarán sus conocimientos teóricos en la vida real y así terminarán de formarse óptimamente. Lo cierto es que esta nueva norma, es mil veces peor que la derogada Ley Pulpin. Ya que si antes querían quitarnos importantes derechos laborales, ahora, nos quitarán todo.
Lo que ha generado la indignación de tamaña propuesta es el hecho de que los jóvenes “de manera voluntaria” deberán cumplir con 448 horas de “Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”, en máximo 3 años y que por esas funciones realizadas, no habrá pago alguno. En términos criollos, harán trabajar gratis a los estudiantes sin ni siquiera brindarles una propina para los pasajes o la comida.
Inclusive, el carácter voluntario al que alude la norma, es totalmente debatible y no resiste mayor análisis, ni por la propia bancada fujimorista. ¿Qué de voluntario hay, en la capacidad de decisión del estudiante, si el proyecto establece que será parte del programa de la institución educativa, bajo un convenio tripartito (institución educativa, empresa y joven)? En pocas palabras, ¿Cómo decir no, si la institución establece como requisito para egresar, las 448 horas (14 créditos)?
¿En qué se diferencia una situación real de trabajo, de un trabajo real? Ese no el asunto, aquí lo que se tiene es que actualmente hay 400 mil estudiantes técnicos que tendrán que cumplir con 20 horas semanales de trabajo real en una empresa y sin recibir ni un céntimo por las ganancias que genere. Los obligan a pagar “derecho de piso” a cambio de “experiencia laboral”.
A pesar de que en el Perú existe la necesidad de potenciar el sector productivo y por ende, hay una gran demanda de personal técnico calificado, solo 12 de cada 100 jóvenes peruanos entre los 25 y los 34 años estudia y culmina sus estudios técnicos. Sumado a ello, un egresado de instituto técnico en este país sin diversificación productiva, sin industria, sin fábricas, con una mediana empresa liquidada y sometida a los bancos y a la informalidad, engendra trabajos precarios, temporales, en exceso, sin derechos laborales, sin seguridad en el trabajo, sin sindicatos. Si ya la situación de explotación laboral e informalidad, está extendida a todo nivel, esta nueva ley perenniza no solo el brindar mano de obra barata para las empresas, sino que ahora será gratuita. La perennización de la explotación y el enriquecimiento de unos pocos a cuesta del esfuerzo de muchos otros.
Para entender lo que sucede, es necesario conocer la realidad de los jóvenes peruanos y por ende, el de los estudiantes. En el Perú ha ocurrido una notoria modificación de la estructura demográfica que ha dado lugar a un fenómeno que se mantendrá durante algunos años: el bono demográfico. Es así que el 28% de la población es joven, comprendido entre los 15 y 29 años de edad.
Se tiene que el 35.8% de jóvenes peruanos cuenta con educación superior, de los cuales 21.5% con educación superior universitaria y 14.3% con superior no universitaria, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho-2017). De la población ocupada joven, el 78.6% tiene un empleo informal. Según la misma Enaho, es el salario la principal fuente de ingreso de los hogares.
Lo que ignora esta norma, es el sentido de realidad. Los jóvenes, trabajamos y estudiamos porque debemos generarnos ingresos para subsistir, lo cual de por sí ya es inhumano. Muchos de los jóvenes optan por una formación técnica porque es una de las vías más rápidas de obtener trabajo y no esperar egresar 5 años de una universidad, donde muchas veces se termina trabajando en cualquier cosa lejana a lo que estudiamos. Con esta norma, simplemente se le está diciendo al estudiante que hay que pagar para trabajar.
El problema es estructural. Y urgen reformas orientadas a generar políticas públicas orientadas a otorgarle al joven de educación superior técnica y universitaria, las herramientas idóneas para su formación. Pasa por aumentarle el presupuesto al sector educación, mejorando la educación pública, otorgándole un mínimo de calidad, facilitando el acceso a ella para evitar mercantilizar el derecho a educarse. Sin embargo, lo que se percibe, desde hace 27 años, es la concesión funcional del Estado, en materia de salud, educación, servicios, cultura, espacio público, seguridad, entre otros; al mercado. Y por ello no es tirado de los cabellos hablar de una corrupción sistemática que crea un sistema totalmente excluyente para terminar de matar a quienes estorban y no generan ganancias.
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