Por:
Susana Chávez
En estas últimas semanas, varios colegios profesionales de salud, así como la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecologia (SPOG), se han pronunciado públicamente a través de sendos comunicados. Lamentablemente, no para expresar preocupación frente al monopolio de medicamentos que nos amenaza (Grupo Interbank), sino a preocupaciones de gremios, lejanos del interés ciudadano.
Para mayor información de quienes tienen la gentileza de leerme, esta discusión no es nueva y basta una breve consulta en Google para encontrarse con una resolución del Tribunal Constitucional, en 2007, que declara infundado el pedido del Colegio Médico, para que las obstetrices no sean consideradas de una carrera médica, ni que se llamen “obstetra”, dado que hasta esa época éramos eminentemente una carrera femenina, en la que empezaban a irrumpir también hombres.
Más allá de que siga pensándome a mí misma como obstetriz, reivindicando el origen femenino de mi carrera o que en Argentina nos llamen obstétricas y en Chile Matronas, lo importante es reconocer el enorme aporte que esta profesión tiene en aspectos claves como la reducción de la mortalidad materna, el acceso informado y respetuoso a los métodos anticonceptivos, la prevención del VIH y el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos en general, tanto de mujeres como de hombres, pero también de niñas y adolescentes, así como de adultas/os. Es decir, una formación que se ha ido extendiendo a las necesidades de salud pública y la modernidad, incluyendo el manejo de la tecnología en el control del embarazo y parto y en la propia atención del aborto incompleto, cuyas competencias resultan vitales, para disminuir todas aquellas causas prevenibles de muerte y discapacidad.
Sin embargo, esto que es el eje central de nuestro quehacer no es lo que se discute, sino algo mucho más perverso como es la apropiación de la tecnología, ya no para el diagnóstico correcto y oportuno, sino para el lucro y la mala practica que consiste en sacar la mayor cantidad de dinero a quienes han asumido y lo que es peor, han logrado que la salud sea un tremendo negocio, haciendo del Estado mudo testigo y en espera de la “dizque” autorregulación. Lejos de eso, ahora modelos de “emprendedurismo”, donde médicos, obstetras ofrecen servicios de ecografías múltiples dimensiones, haciendo de algo tan importante como el diagnostico de ecografía que debe ser parte del control prenatal normal, según las recomendaciones de OMS, un asunto suntuoso. Este es a mi modo de ver, el lado más cruel del neoliberalismo que dicho sea de paso, ya no solo afecta a las más pobres, se expande a las clases medias, obligándolas a realizar pagos extras por un diagnóstico de ecografía.
Esta desregulación absoluta de carteles de ecografías que vemos en muchas calles, es el reino de “pepe el vivo” y esta es sin duda, la manzana de la discordia y la mejor salida que se ha propuesto es reducir a las obstetras a los equipos de guardia, negar sus competencias en gestión, y lo que es muy peligroso, atentar contra un recurso humano importante para el país, que debería responder al menos al 85% de las mujeres gestantes, cuyos embarazos no deberían complicarse y de mujeres e hijos que deberían tener derecho a un parto respetuoso y no sobremedicalizado con cesáreas innecesarias. También podría alcanzar a ese 15% de adolescentes, que se ven en el terrible drama de un embarazo no deseado.
Y si alguien cree que estoy en contra de los negocios, nada más alejado de la realidad, estoy en contra de negocios que carecen de estándares éticos y de eso no son ajenos ni médicos ni obstetras, por lo tanto la discusión no debe estar en quienes si y quienes no pueden hacerlo, sino en una necesaria discusión reubicando en el centro nuevamente el derecho a la salud.
Por eso, me resulta tan indigno que congresistas aprovechándose del conflicto de intereses, lleven agua para su molino, proponiendo proyectos que agudicen esta tensión. Llenando para sí, una ganancia impropia a costa de la reducción de competencias que son tan necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la salud.
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En defensa de la ética y la salud públicas
17. 08. 2017
Por:
Carlos Bardález del Águila
Con el escándalo de Carlos Moreno del año pasado y las huelgas en salud de las últimas semanas, se ha evidenciado una grave crisis sectorial, desvaneciéndose el discurso cimentado por sucesivos gobiernos de una reforma de la salud; ostentada tanto por Alan García como Ollanta Humala. Igualmente, el Presidente Kuczynski nos prometió un Sistema Nacional de Salud moderno con acceso universal y la actual ministra de salud anunció la reforma del Seguro Integral de Salud.
Se podría negar estas reformas, pero en realidad han existido políticas públicas consistentes que han configurado nuestro sistema de salud, comprendiendo la: i) mercantilización de la salud; ii) privatización; iii) corrupción, y; iv) debilidad de la autoridad sanitaria y su coaptación por intereses privados. En este sentido, la crisis de la salud es mucho mayor que sus dificultades presupuestales.
La mercantilización, considerar la salud como mercancía y no derecho ciudadano, tiene su hito fundacional en la constitución política de 1993, que restringió los derechos ciudadanos1 y fomentó la “desregulación estatal” y el “libre mercado”. Esta constitución no instauró el derecho a la salud, sólo garantizó el libre acceso a los servicios,2 restringiendo la ciudadanía a una condición de clientes3 y convirtiendo la salud en una mercancía.
Con este amparo y para cubrir déficits presupuestarios, el Ministerio de Salud inició la privatización en salud, autorizando cobros en sus establecimientos y clínicas privadas en los hospitales públicos, normalizando el uso de infraestructura pública para usufructo privado. Asimismo, fue haciéndose común la derivación de pacientes a consultorios privados, socavando la ética profesional. Posteriormente, ello también ocurrió con los seguros privados: el caso de ONCOSALUD y el INEN ha sido el más escandaloso, cuyo director lo era simultáneamente de ONCOSALUD, en un inmoral conflicto de intereses. Así, se sentó las bases para la corrupción sectorial.
En 1997, se promulgó la Ley general de salud 4, estableciendo que “La responsabilidad en salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado”, iniciándose también la privatización de la seguridad social 5, con las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) y la Superintendencia de EPS (SEPS). También se debilitó la autoridad sanitaria, al eliminar las autorizaciones estatales para la apertura de establecimientos de salud 6, posibilitando su funcionamiento sin estándares mínimos y produciendo un crecimiento desregulado del mercado de salud.
Esta reforma tuvo un impulso en el 2009 con la Ley de aseguramiento en salud 7, que estableció un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y trasformó la SEPS en Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA), con competencias en todos los fondos de aseguramiento, pero sin modificar sus atribuciones para la protección de derechos, limitadas a la conciliación y el arbitraje. Ello reafirmaba la debilidad estatal para fiscalizar los seguros privados.
En el 2013 se lanzó la autodenominada reforma de salud, con un conjunto de decretos legislativos, dirigidos a la:
- Conversión de la SUNASA en Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)8 , otorgándole competencias de regulación y sanción de servicios de salud y fondos de aseguramiento, pero sin medidas correctivas para los usuarios.
- Contratación de servicios de salud y albergues privados por el SIS y ESSALUD9, así como farmacias privadas para expendio de medicamentos para el SIS10.
- Creación de redes integradas de atención primaria de la salud, buscando integrar todos los servicios públicos y posibilitando la participación de empresas privadas11.
Con ello se profundizó la privatización, promoviendo el intercambio de servicios con el sector privado y posibilitando concesionar servicios públicos; iniciándose además la coaptación de la autoridad sanitaria por intereses privados, al designarse a Flor de María Philipps12 como superintendente de la SUNASA y SUSALUD, además de miembro del directorio de INDECOPI, en un flagrante conflicto de intereses.13 Ello promovió la actual corrupción y amplió las prácticas abusivas del sector privado. Por ello, actualmente tenemos un sistema bien organizado y perverso para facilitar un desmedido lucro en el negocio de la salud, con múltiples operadores; donde el delito está legalizado y los conflictos de intereses son permitidos, mediante una legalidad impuesta por intereses privados.
1 En la Constitución de 1979 se establecía “el derecho de todos los peruanos a la seguridad social garantizada por el Estado” y que la finalidad de la seguridad social era “cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, muerte, viudez, orfandad y cualquier otra contingencia de ser amparada conforme a ley.”
2 Constitución política del Perú, 1993: Artículo Nº 11.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas.
3 Planas, Pedro: La difícil integración de las ciudadanías en el Perú. En: Repensando la política en el Perú. Red para el desarrollo de las ciencias sociales. Lima, 1999.
4 Ley General de Salud (Ley Nº 26842). Lima, julio de 1997.
5 Ley Nº 267690, Ley de modernización de la seguridad social en salud. Lima, 17 de mayo de 1997.
6 Ley General de Salud (Ley Nº 26842). Lima, julio de 1997. Primera disposición complementaria, transitoria y final: “Los establecimientos a que se refiere el Artículo 37, los establecimientos dedicados a las actividades comprendidas en los Artículos 56, 64, 95, 96 de la presente ley, así como las agencias funerarias, velatorios y demás servicios funerarios relacionados con éstos no requieren de autorización sanitaria para su habilitación o funcionamiento”.
7 Ley Nº 29344; Ley de aseguramiento universal en salud. Lima, 8 de abril de 2009.
8 Decreto Legislativo Nº 1158; Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. Lima, diciembre de 2013.
9 Decreto Legislativo Nº 1163; Decreto legislativo que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del SIS. Lima, diciembre de 2013.
10 Decreto Legislativo Nº 1165; Decreto Legislativo que establece el mecanismo de farmacias inclusivas para mejorar el acceso a medicamentos esenciales a favor de los afiliados al SIS. Lima, diciembre de 2013.
11 Decreto Legislativo Nº 1166; Decreto legislativo que aprueba la conformación y funcionamiento de las redes integradas de atención primaria de la salud. Lima, diciembre de 2013.
12 Antes de asumir estos cargos, ella ocupó la gerencia de Pacífico Seguros y Pacífico Salud EPS, la dirección médica de la clínica Ricardo Palma y gerente administrativa del complejo hospitalario San Pablo.
13 Torres López; Fabiola: Jefa de SUSALUD: clínicas y pacientes se rigen por el libre mercado. Ojo Público. Lima, 17 de junio 2015 (http://ojo-publico.com/69/Jefa-de-Susalud-cl%C3%ADnicas-y-paciente-se-ri...).
2 Constitución política del Perú, 1993: Artículo Nº 11.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas.
3 Planas, Pedro: La difícil integración de las ciudadanías en el Perú. En: Repensando la política en el Perú. Red para el desarrollo de las ciencias sociales. Lima, 1999.
4 Ley General de Salud (Ley Nº 26842). Lima, julio de 1997.
5 Ley Nº 267690, Ley de modernización de la seguridad social en salud. Lima, 17 de mayo de 1997.
6 Ley General de Salud (Ley Nº 26842). Lima, julio de 1997. Primera disposición complementaria, transitoria y final: “Los establecimientos a que se refiere el Artículo 37, los establecimientos dedicados a las actividades comprendidas en los Artículos 56, 64, 95, 96 de la presente ley, así como las agencias funerarias, velatorios y demás servicios funerarios relacionados con éstos no requieren de autorización sanitaria para su habilitación o funcionamiento”.
7 Ley Nº 29344; Ley de aseguramiento universal en salud. Lima, 8 de abril de 2009.
8 Decreto Legislativo Nº 1158; Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. Lima, diciembre de 2013.
9 Decreto Legislativo Nº 1163; Decreto legislativo que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del SIS. Lima, diciembre de 2013.
10 Decreto Legislativo Nº 1165; Decreto Legislativo que establece el mecanismo de farmacias inclusivas para mejorar el acceso a medicamentos esenciales a favor de los afiliados al SIS. Lima, diciembre de 2013.
11 Decreto Legislativo Nº 1166; Decreto legislativo que aprueba la conformación y funcionamiento de las redes integradas de atención primaria de la salud. Lima, diciembre de 2013.
12 Antes de asumir estos cargos, ella ocupó la gerencia de Pacífico Seguros y Pacífico Salud EPS, la dirección médica de la clínica Ricardo Palma y gerente administrativa del complejo hospitalario San Pablo.
13 Torres López; Fabiola: Jefa de SUSALUD: clínicas y pacientes se rigen por el libre mercado. Ojo Público. Lima, 17 de junio 2015 (http://ojo-publico.com/69/Jefa-de-Susalud-cl%C3%ADnicas-y-paciente-se-ri...).
La salud, emergencia global
13. 05. 2016
Por:
Ian Bremmer
El aumento de los problemas crónicos pone en peligro vidas, familias y economías enteras
Lo que empuja a las personas y los Gobiernos a actuar suele ser una crisis, más que un problema enquistado. Esta tendencia va a plantear graves problemas políticos y económicos en materia de salud pública, tanto en países en vías de desarrollo como en los industrializados. Es natural buscar soluciones para enfermedades agudas y contagiosas como el ébola y el zika, pero existen amenazas contra la salud crónicas y no contagiosas que pueden afectar a muchas más vidas, hacer caer Gobiernos y sacudir los mercados, aunque ocupen menos titulares. Y las autoridades mundiales no están actuando con la rapidez ni la eficacia necesarias.
El aumento de los problemas crónicos de salud pone en peligro vidas, familias y economías enteras. Un informe reciente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos calcula que “el coste para la productividad [de las enfermedades no transmisibles] es alto en todos los países examinados (una media del 6,5% del PIB), y se prevé un incremento en casi todos”. Se refiere a los trabajadores que faltan porque están enfermos, trabajan sin estar a pleno rendimiento o tienen que jubilarse prematuramente por problemas de salud.
Aun así, los Gobiernos y las organizaciones internacionales de salud suelen dedicar su atención y sus recursos a enfermedades agudas y contagiosas como el zika, que asustan y son noticia, sobre todo cuando empiezan a afectar a los países ricos. Pero los problemas crónicos y asociados al estilo de vida, como la diabetes, las enfermedades coronarias, la hipertensión y el cáncer, tienen una repercusión mucho más profunda y duradera en la salud física y económica de un país. Al no haber una crisis ni interés mediático, se ocupan menos de ellos. Y los enormes recortes presupuestarios en la OMS no ayudan.
Aun así, los Gobiernos y las organizaciones internacionales de salud suelen dedicar su atención y sus recursos a enfermedades agudas y contagiosas como el zika, que asustan y son noticia, sobre todo cuando empiezan a afectar a los países ricos. Pero los problemas crónicos y asociados al estilo de vida, como la diabetes, las enfermedades coronarias, la hipertensión y el cáncer, tienen una repercusión mucho más profunda y duradera en la salud física y económica de un país. Al no haber una crisis ni interés mediático, se ocupan menos de ellos. Y los enormes recortes presupuestarios en la OMS no ayudan.
Como es lógico, los países en vías de desarrollo serán los que más sufran las consecuencias políticas y económicas del aumento de enfermedades no transmisibles. Cuando su población sale de la pobreza, cambia su dieta y su estilo de vida y envejece, empieza a desarrollar las enfermedades crónicas del mundo desarrollado. La diabetes, por ejemplo, empieza a preocupar más que la malaria.
Sin embargo, los costes de las políticas sanitarias hacen que sea muy arriesgado introducir cambios. Son países en los que la gente gasta en medicina casi tanto como en alimentos. Se calcula que, cada año, el gasto sanitario hace que 150 millones de personas vuelvan a caer en la pobreza.
Los Gobiernos deben empezar a tomar medidas. Construir infraestructuras sanitarias cuesta tiempo. En el próximo decenio, a medida que los ciudadanos salgan de la pobreza, las clases medias crezcan y aumenten las expectativas de mejores servicios, los Gobiernos que estén retrasados en la creación de una buena red sanitaria se arriesgarán a la inestabilidad.
Por ejemplo, en Brasil, que ya cuenta con una clase media inquieta, se ha hecho poco para mejorar la sanidad desde el Gobierno de Cardoso, en los años noventa, aparte de importar a médicos cubanos. En Arabia Saudí, las medidas de austeridad para contrarrestar la bajada de los precios del petróleo dificultarán el papel tradicional del Gobierno como proveedor de valiosos servicios a su gente.
Turquía es una excepción. El presidente Erdogan y el partido AKP han establecido un programa de salud bien pensado y dotado. Por su parte, China es consciente de la necesidad de asignar recursos a mejorar las infraestructuras médicas y la asistencia sanitaria para más gente. El Gobierno de Xi Jinping se toma la reforma sanitaria en serio, pero, hasta ahora, casi todas sus medidas se han centrado en el acceso a los medicamentos y la rebaja de costes para los consumidores, más que en ampliar la cobertura y abordar el aumento de las enfermedades crónicas.
Existen algunos motivos para el optimismo. Incluso los Gobiernos que no invierten lo suficiente en la formación de médicos y la construcción de hospitales y residencias sí están ocupándose de mejorar la calidad del aire, el agua y el tratamiento de residuos, y eso mejorará la salud de la población, aunque sea de forma indirecta. Pero esos cambios no bastan para satisfacer la demanda creciente, en muchos países, de una red social sanitaria hasta ahora inexistente.
Los Gobiernos no suelen actuar hasta que no se sienten obligados a hacerlo. Pero el aumento de los problemas crónicos de salud en los países en desarrollo es una tormenta que ya asoma en el horizonte.
Ian Bremmer es presidente de Eurasia Group, la consultora de riesgos políticos globales. @ianbremmer. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Tomado de El País
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