El Ejecutivo propuso que Agrobanco se convierta en Mi Agro y otorgue tasas de interés menores a 20%. Para la SBS, tasas menores al 30%, dirigidas al segmento de pequeños agricultores, necesitan un subsidio del Estado.
Tras el envío del proyecto de ley que propone que Agrobanco se convierta en el fondo Mi Agro, una empresa estatal que se enfocará en otorgar créditos a pequeños agricultores mediante empresas del sistema financiero, cooperativas u ONG, diversos miembros de la Comisión Agraria del Congreso cuestionaron la iniciativa y sugirieron que Mi Agro sea supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas del Fondo de Pensiones(SBS), además de la creación de “candados” para evitar futuros riesgos.
“No vamos a permitir que nos tiren la pelota y que destruyan Agrobanco. El proyecto de ley del Ejecutivo, tal como está planteado, no va”, afirmó la congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer. Otros miembros de la bancada fujimorista se sumaron a las críticas y señalaron que Mi Agro no debería asumir los activos y pasivos de Agrobanco. Según cálculos de la SBS, Agrobanco tiene una deuda de más de S/.760 millones, de los cuales alrededor del 60% obedece a la cartera de grandes empresas; y un 20% corresponde a créditos otorgados a agricultores que se vieron afectados por la roya amarilla.
LA SUPERVISIÓN
El proyecto de ley dispone que el Fonafe avale las obligaciones financieras de Mi Agro y propone que la entidad que reemplazaría a Agrobanco ya no esté supervisada por la SBS debido a que no seguirá el modelo de negocio de un banco. Diversos congresistas de Fuerza Popular criticaron dicha propuesta y pidieron que la SBS supervise Mi Agro.
La jefa de la entidad, Socorro Heysen, no se refirió directamente a la posición de la SBS sobre la propuesta legislativa, pero sostuvo que la primera línea de defensa que debe tener Agrobanco es un marco legal que contenga “candados”. “[Es necesario un marco legal] que diga, por ejemplo, la entidad es sólo para pequeños agricultores, que defina en el proyecto qué es pequeño agricultor. Los candados tienen que estar en una ley”, aseguró.
Además, reiteró que la SBS tiene la función de supervisión, mas no define el modelo de negocio en las instituciones financieras. “La SBS, cuando comienza a darse el aceleramiento de la cartera, lo primero que le dijo a Agrobanco es ‘ustedes para dar créditos a este segmento nuevo, deben tener un sistema de gestión de riesgo y no lo tienen'”, recordó la jefa de la superintendencia.
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El gobierno propone que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inyecte S/.100 millones en Mi Agro y se otorguen créditos a “tasas de interés atractivas”, dado que a juicio del ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, las tasas que cobra Agrobanco —de entre 20% y 22%— deberían ser menores. Para la jefa de la SBS, dichas tasas no garantizarían que la nueva entidad pueda “gestionar su riesgo”. “Una tasa municipal tiene una tasa interés promedio de 30%, ése es el tipo de tasa de interés que permite que una entidad gestione su riesgo”, dijo.
Socorro Heysen agregó que si se considera tasas de interés de 20%, se podría evaluar un subsidio, pero eso debería ser pensado como una política de Estado. “Un subsidio podría servir para otorgar tasas menores, pero cuánto podemos pagar los contribuyentes para subsidiar a los pequeños agricultores es una decisión de política pública. Agrobanco es una institución que no se autofinancia, tiene pérdidas recurrentes”, anotó.
COMISIÓN INVESTIGADORA
En la sesión de la Comisión Agraria, se aprobó la conformación de una comisión investigadora que, en líneas generales, evaluará qué factores influyeron en la crisis de Agrobanco y qué papel jugaron los funcionarios públicos que tuvieron una relación directa con el banco. Esta medida tendrá que ser aprobada por el Pleno del Congreso o, en su defecto, la Comisión Permanente.
“Es una situación extraña donde la actuación de la SBS es muy superficial, pese a que hay informes que ameritaban una actuación específica. Lo que ha sucedido en el Agrobanco es un desfalco”, aseguró la congresista fujimorista Úrsula Letona.”Estas deudas se originan por el mal otorgamiento del crédito que se dio en el 2012″, agregó el congresista de Peruanos por el Kambio, Sergio Dávila.
En febrero pasado SEMANAeconómica tuvo acceso a una auditoría interna realizada en Agrobanco, respecto al periodo 2013-2016, en el que se identifica que se aprobaron créditos que no contaban con garantías y que existieron contratos de líneas de crédito que carecían de información relacionada a fechas o lugares. En octubre pasado el banco también interpuso una denuncia penal contra los exmiembros del directorio y otros funcionarios. Todos son acusados de los delitos de fraude, concentración crediticia, obtención fraudulenta de crédito, colusión agravada, falsedad genérica y organización criminal.
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