El caso de nueva corrupción más saltante del siglo XXI es el caso de las constructoras brasileñas. Éstas pagan para lograr cobrar sobrecostos y no para facilitar los procedimientos de administración. En lo que deberá determinarse si fue una política de Estado, o colaboración Estado/Mercado –quien financia las obras de estas constructoras es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, BNDES- las empresas constructoras brasileñas tuvieron como estrategia de negocios, financiar campañas electorales para comprar la buena voluntad de altos funcionarios de gobiernos electos. Además, hacían pagos a ministros, presidentes y jefes de empresas públicas, para facilitar los contratos con ellos. No es delito poner dinero a una campaña política. Sí es delito esconder la mano que pone el dinero. Es delito darle dinero al Presidente para su uso personal a cambio de su anuencia a una obra ejecutada por ellos. Hay países donde las campañas políticas son pagadas por el Estado para evitar que los agentes privados intervengan, sean del narcotráfico o de empresas, u honrados ciudadanos de a pie. En esos casos, cualquier aporte a campaña es delictiva. En los otros casos, donde poner dinero a campaña es legítimo, el problema es si existe una relación entre el auspiciado y la empresa ex ante, y de qué forma actúa el auspiciado frente a la empresa.
El alboroto de las constructoras brasileñas, la más vista siendo Odebrecht, pero son cuatro, es que cobran grandes sobrecostos por obra hecha. Es decir, una carretera cuesta 100 millones de euros y la constructora pasa una segunda factura por otros 30 millones por demoras de obra. Esos 30 son un sobrecosto gratuito. Es lo que se llama un robo, legitimado por una factura. Quien paga la factura es el auspiciado en la campaña electoral. Esto mismo lo hacían constructoras en el Perú de la década de Fujimori. La constructora del ex ministro de economía Camet se revitalizó en la década del 90 con estos sobrepagos gratuitos y facturados. Sin duda, es una práctica generalizada en América Latina.
En todos los países donde estas constructoras brasileñas han actuado, se han hecho investigaciones y de una manera u otra se está llevando a cabo un proceso de limpieza del aparato político involucrado. En Colombia, Odebrecht reconoce las “actuaciones irregulares” de exfuncionarios y desde diciembre del 2016 colabora con la justicia colombiana, para esclarecer pagos por 29 millones de dólares entre el 2009 y 2014. El ex viceministro de Transporte y director del Instituto Nacional de Concesiones (INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura) para la época de la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol aceptó haber recibido un soborno de 6,5 millones de dólares. Hay una veintena de investigados en curso con la ayuda de Brasil y de los testimonios de los funcionarios de las constructoras que están bajo el programa de colaboración eficaz en Brasil. En este programa, los sentenciados en Brasil pueden reducir sus condenas si colaboran en el descubrimiento de la red de corrupción.
En Argentina los pagos sumaron 100 millones en ese periodo y hay un listado de 49 personas involucradas. La investigación avanza con la ayuda de las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht por el programa de colaboración eficaz. Así en todos los países. El más abierto de todos es el Perú donde los involucrados son la candidata a la presidencia Fujimori, quien también esta involucrada en otros delitos de tráfico de influencias y de cohecho. Está encarcelada preventivamente por tres años. Cayeron el presidente Kuczynski, por su vieja relación de negocios con esta empresa brasileña, y el ex presidente Toledo está prófugo con orden de captura por la interpol. El expresidente Kuczynski tiene detención domiciliaria en espera del juicio.
De manera excepcional, no pasa nada en México. De acuerdo con el diario brasileño O Globo, Lozoya, ex presidente de PEMEX habría recibido 10 millones de dólares como soborno desde marzo de 2012, cuando todavía estaba en la campaña de Peña Nieto. Hay otras acusaciones, pero para seguir la lógica de la excepción seguiremos la cronología de este caso:
- La denuncia del caso de sobornos a Emilio Lozoya presidente de Pemex, fue hecha por la diputada Rocío Nahle de MORENA en agosto del 2017.
- La Procuraduría General de la Republica tenía como titular a una persona que fue parte del equipo de transición del entonces candidato del PRI a la presidencia, campaña a la cual se ha denunciado que se inyectaron recursos de Odebrecht donde Lozoya seria intermediario. Éste renunció al cargo el 16 de octubre del 2017.
- En octubre del 2018 obtuvo una suspensión provisional en la que se prohíbe difundir información sobre su persona y que está incluida en las investigaciones de la Procuraduría General de la Republica sobre presuntos sobornos.
- El 31 de octubre, el encargado de la Procuraduría General de la República declaró a la prensa que “en este momento sería un error enjuiciar a los implicados en sobornos en México en el caso Odebrecht porque no se cuenta con suficiente información” (El Universal, 1 de noviembre 2018). La razón por la que no se cuenta con suficiente información es porque Brasil no coopera. La razón por la que no coopera Brasil es “porque en ausencia de un acuerdo reparatorio que nos hubiera entregado de manera mucho más expedita la información financiera que todavía no nos entregan”.
- Continúa “como no firmamos el acuerdo reparatorio, la empresa no nos ha entregado la información como sí la he hecho con otros países”. El acuerdo reparatorio implica que Odebrecht le pague una reparación al Estado afectado a cambio de no quedar inhabilitado. “Eso no lo vamos a permitir”, dijo.
- En noviembre del 2017, un Juez federal otorgó la suspensión definitiva de cualquier acción legal en su contra al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras su defensa conoce a fondo el expediente que se le sigue por el caso Odebrecht.
De este modo, negándose a tener la información que necesitan para el caso y cerrando el camino a que hagan interrogatorios con los testigos claves en Brasil, México tiene un caso que no puede ser investigado por la prensa y sobre el cual no se puede hablar. El juicio no puede avanzar mientras el defensor no se empape bien del caso y puede no hacerlo nunca. Así México se constituye por tanto en una excepción a las investigaciones llevadas a cabo en el continente.
Otros casos mexicanos más recientes locales poco investigados y ya exculpados son Elba Esther Gordillo, Secretaria General del Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Educación, acusada de desvío de fondos públicos; el Gobernador de Veracruz que desvió 30,000 millones de pesos (1,500 millones de dólares), incluyendo recursos de los programas de tratamiento de cáncer infantil y de prevención de VIH (crímenes de lesa humanidad), que recibió 3 años de cárcel, y el presidente Peña Nieto por recibir una casa de la constructora HIGA, socia mexicana de la constructora OHL de España, cosa que aceptó el 22 de agosto del 2018. La denuncia por esta casa le costó a la periodista Carmen Aristegui su espacio radial en Ciudad de México, al inicio del sexenio de Peña Nieto, donde solo le quedó CNN como medio de trasmisión durante su gobierno. Todos son del partido de gobierno, PRI.
Finalmente, México, junto con Siria, tienen el record mundial de asesinatos de periodistas. México se ha constituido como la excepción en la persecución de la corrupción en Latinoamérica. Este es el escenario sobre el cual actuará el nuevo gobierno progresista de López Obrador y su Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
- Oscar Ugarteche: Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, SNI/CONACYT. Coordinador del Observatorio Económico de América latina www.obela.org
https://www.alainet.org/es/articulo/196381
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