La Voz de SE. Los ejecutivos de las asociadas de Odebrecht, cuya detención preventiva se aprobó el domingo, deben explicar los supuestos “riesgos adicionales” asumidos por Odebrecht.
La Fiscalía finalmente amplió la investigación preparatoria seguida al expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Interoceánica a ejecutivos de empresas socias de Odebrecht: José Graña Miró Quesada y Hernando Graña, expresidente y exdirector del Grupo Graña y Montero (G&M), Gonzalo Ferraro, exgerente de desarrollo de negocios de G&M; Fernando Camet, presidente de JJ Camet; y Fernando Castillo, presidente ejecutivo de ICCGSA; y pidió la prisión preventiva de todos ellos. La madrugada del lunes, el juez de investigación preparatoria declaró fundado el pedido contra cuatro de ellos. A Ferraro se le impuso un arresto domiciliario por motivos de salud.
Las investigaciones fiscales —en éste y en otros casos, incluso de políticos criticables (SE 1591)— no permiten presumir culpabilidades (SE 1595, 1596), pero los hechos que salen a la luz moldean la percepción pública sobre la responsabilidad de los involucrados. Y en este caso la inclinación de la balanza hoy no parece favorecerlos.
artículo relacionado
Una explicación particularmente necesaria es la cesión de utilidades a Odebrecht. Según la Fiscalía, los S/.41 millones cedidos por las tres empresas por supuestos “riesgos adicionales” asumidos por Odebrecht, esconderían en realidad parte del pago del soborno al expresidente, Alejandro Toledo. Una cesión de utilidades sería “una práctica normal en la industria”, argumentó Augusto Baertl, actual presidente de G&M, a semanaeconomica.com hace un mes. Con todo respeto por el ingeniero Baertl, cuya honorabilidad no está ni ha estado nunca en duda, si ese es el estándar de la industria, se trata de una industria poco transparente en el mejor de los casos, y abiertamente corrupta en el peor. Tal vez por eso no abundan las constructoras que cotizan en bolsa, como lo hace G&M (nada menos que en Nueva York), con todas las exigencias de transparencia que ello supone. Lo cierto es que para que una cesión de ese tipo no levante sospechas de corrupción tendría que estar sustentada en un inventario pormenorizado de los “riesgos adicionales” a ser compensados, con el detalle de sus respectivos costos.
Ni las empresas ni los (ex)ejecutivos investigados han hecho público tal inventario, y el pedido de detención del Ministerio Públicosugiere o que éste o no existe o no resulta convincente. Incluso más allá de las implicaciones penales, esa información tendría que conocerse para cumplir siquiera con los deberes fiduciarios de cualquier empresa hacia sus accionistas (que están lejos de ser solamente los señores que dan nombre a la compañía, e incluyen en el caso de G&M a miles de aportantes a las AFP). Ellos son en última instancia los dueños de esos recursos.
Todo lo anterior, por cierto, no justifica inducir la quiebra de estas empresas, como parece pretender el Congreso de la República al modificar el DU 003 (SE 1595, Sectores y Empresas), alejándose de lo que han hecho otros países sin comprometer su estrategia anticorrupción. Sin embargo, la opinión pública y los mercados tienen motivos de sobra para sospechar que algo esconden quienes tomaron la decisión de ceder —al parecer, despreocupadamente— sus utilidades a Odebrecht, si es que ellos no transparentan el detalle que justifique centavo a centavo dicha cesión. Ciertamente, no bastan las auditorías a pedido de parte porque ellas tampoco han echado luz sobre el misterioso detalle de los supuestos “riesgos adicionales”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario