La politización del profundo proceso de militarización que hemos experimentado en la última década llegó a su clímax cuando en agosto de 2013 el presidente Juan Orlando Hernández ordenó la creación de la Policía Militar de Orden Público.
De acuerdo con su decreto de creación, esta policía está facultada para actuar en situaciones de emergencia, capturar a personas asociadas con estructuras criminales, realizar tareas de investigación e inteligencia, combatir el contrabando y la defraudación fiscal, y las demás otorgadas a la Policía Nacional.
Desde diversos sectores de la sociedad denunciamos el peligro de una policía militar bajo el mando directo del señor Hernández y su posible utilización para imponer por la fuerza su proyecto continuista en franca violación de la Constitución de la República.
El accionar de la Policía Militar durante las primeras tres noches del estado de sitio declarado por el gobierno de Juan Orlando Hernández para detener las protestas ciudadanas contra el fraude electoral, confirman nuestros temores al respecto.
Se han documentado ingresos en las viviendas para detener personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes a personas detenidas, lanzamiento de bombas lacrimógenas para acallar el cacerolazo, disparos contra manifestantes y ejecuciones arbitrarias, las cuales sumaban hasta hoy 12 personas asesinadas.
Mientras esto ocurre, otras dos instituciones controladas por el presidente Hernández no aparecen con la contundencia exigida en una crisis política y de derechos humanos como esta. Nos referimos al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Policías que aprovechando un estado de sitio y la oscuridad de la noche cometen este tipo de actos no pueden llamarse policías, sino criminales que atentan contra la vida, la integridad, la seguridad y otros derechos humanos cuyo respeto es fundamental para catalogar a un país de democrático.
No cesaremos en nuestras exigencias de justicia porque sabemos perfectamente que estos crímenes tendrán que pagarse tarde o temprano.
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miércoles, 6 de diciembre de 2017
No son policías, son criminales
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